{{1.}} Desde marzo de 2001 el gobierno mexicano extendió una invitación abierta a los mecanismos internacionales de derechos humanos. A pesar
de que México ha recibido un gran número de relatores y relatoras y que ha sido objeto de numerosas recomendaciones, éstas no se han traducido en acciones concretas por parte del Estado mexicano, ni tampoco han hecho que los derechos humanos se conviertan en prioridad dentro de las políticas públicas.
Es notorio, además, el desconocimiento de estas recomendaciones entre los funcionarios públicos federales, y más aún a nivel estatal y/o municipal. La actual administración no ha mostrado interés real por el tema de los derechos humanos ni por resolver las problemáticas estructurales que ocasionan las violaciones a los derechos humanos.
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