La forma es fondo. Esto ha quedado demostrado en el amplio debate teórico y empírico sobre el quehacer de los jueces. En los últimos 15 años la discusión académica en torno a lo que se conoce como {procedural fairness o procedural justice} (justicia por procedimiento), ha demostrado
que el proceso a través del cual los jueces llegan a sus decisiones influye en el resultado y percepción social de las mismas. Uno de los grandes hallazgos de este debate es que la aceptación social y la percepción de justicia que se tenga de las decisiones judiciales no sólo dependen del contenido de las mismas, también están correlacionadas positivamente con la forma o proceso
a través del cual los jueces llegan a ellas. En la medida en que el proceso se percibe como legítimo las sentencias serán más aceptables por el público, aunque lo legítimo no tiene necesariamente que ser lo correcto.1 Cómo se logran sentencias jurídicamente sólidas y argumentadas con contundencia es un tema que queda fuera del alcance de este texto.

En el caso de órganos jurisdiccionales colegiados, el proceso tiene una estrecha relación con la capacidad de estos órganos de influir tanto en la sociedad como en el propio aparato de justicia. Desde esta perspectiva, vale la pena estudiar el caso de nuestra Suprema Corte, en particular la forma en la que opera el Pleno de dicho órgano jurisdiccional.

El punto de partida del análisis es que la forma a través de la cual los 11 ministros llegan a su veredicto final, cualquiera que éste sea, afecta lo que se decide. En este artículo queremos analizar el proceso de decisión de la Corte y la forma en que éste afecta las sentencias y su legitimidad. Nuestro ensayo se centrará en el proceso de decisión del Pleno de la Corte, ya que en el caso de las Salas dicho proceso tiene algunas características particulares que impiden generalizar nuestras conclusiones a ese ámbito.

El proceso de decisión del Pleno de la Corte tiene tres características
centrales que la distinguen de la mayoría de las cortes supremas y tribunales constitucionales: 1) asignación de casos a partir de un sistema aleatorio; 2) amplia publicidad del debate y deliberación entre los ministros y, 3) audiencias informales privadas entre ministros
y quejosos (el conocido “alegato de oído o de oreja”). Estas tres características, en nuestra opinión, impactan negativamente en la calidad, claridad y legitimidad de las sentencias de nuestro máximo tribunal. A continuación analizaremos
cada una de estas tres características por separado y haremos una comparación con lo que sucede en otras tradiciones
jurídicas, en particular la de Estados Unidos, dado que su Suprema Corte fue inspiración
clara de nuestra Suprema Corte,2 y es la más antigua y estudiada del mundo.

Asignación de casos con base en la suerte
o el azar

En 2007 el Pleno realizó 122 sesiones públicas en las que resolvió
313 asuntos.3

Los asuntos que llegan al Pleno son asignados a un determinado
ministro a partir de una lista preestablecida. Dicha lista determina un orden secuencial entre ministros. El ministro
al que le “toca” el asunto tiene que elaborar el proyecto de sentencia que en su momento discutirán los 11 ministros.

Este mecanismo asegura una distribución equitativa de número
de asuntos a resolver por cada ministro, aunque no necesariamente
garantiza la equidad en la importancia o grado de dificultad que los casos conllevan. A un ministro le pueden tocar, por azar, los asuntos más controversiales o complejos, mientras que a otro los casos triviales o irrelevantes.

A cambio de esta equidad en el número de asuntos a resolver,
y aleatoriedad en su importancia, el método de asignación inhibe o dificulta el consenso entre los ministros respecto al sentido final de la sentencia. Cuando se asigna un asunto a un ministro determinado con bases aleatorias no es relevante la posición jurídica del ministro respecto del caso a resolver. Tampoco lo es el grado de acuerdo o discrepancia que existe entre los miembros del tribunal. El ministro que proyecta la sentencia puede estar con la mayoría o simplemente estar en minoría. El proceso ni siquiera permite saber esto ex ante. Es decir, el ministro elabora su proyecto sin conocer previamente la opinión jurídica de sus compañeros
de tribunal.

Un mecanismo de esta naturaleza
tiene cierta lógica desde la vieja y superada concepción formalista respecto a la naturaleza
de la función jurisdiccional.
Desde esta concepción, la función del juez es simplemente
la de aplicar al caso concreto el derecho preexistente, el cual siempre es claro, unívoco e incontrovertible.
El derecho se entiende como el álgebra y, por tanto, la labor jurisdiccional consiste simplemente en despejar
una ecuación. En este sentido,
no es relevante la posición jurídica del ministro respecto del asunto a resolver. Cualquiera
que fuese el ministro que proyectara el asunto llegaría a un veredicto final similar. Por tanto, el proceso de asignación de casos lo único que tiene que garantizar es que las cargas de trabajo entre los ministros sean lo más equitativas posibles.

Sin embargo, todos sabemos que el derecho, más aún en el ámbito constitucional, rara vez es claro, unívoco e incontrovertible.
Prueba de ello son los frecuentes votos concurrentes y disidentes de los propios ministros. Cada uno de los miembros del máximo tribunal tiene ineludiblemente su propia ideología,
sus prejuicios, su forma de entender la Constitución y su manera particular de concebir y desempeñar la función de juez constitucional. En la medida en que estas divergencias ideológicas y conceptuales entre los ministros encuentren puntos de consenso y de unidad, las decisiones de la Corte tendrán mayor claridad, contundencia y grado de autoridad hacia el futuro.4

Las decisiones de la Corte que se toman por una estrecha minoría y en donde existen varios votos concurrentes y disidentes
sólo reflejan las distintas posiciones jurídicas e ideológicas
de los miembros que la integran.5 Con ello, la fuerza y autoridad del órgano jurisdiccional como tal se diluye. Este tipo de sentencias constata que los ministros no logran ponerse
de acuerdo sobre el sentido y alcance de los preceptos constitucionales en cuestión. Por tanto, la función de la Corte de establecer los criterios de interpretación constitucional vinculantes
para el resto de los tribunales y con ello impactar en la futura acción de gobierno se ve disminuida.6

Un ejemplo paradigmático de decisiones divididas fue el caso de la controversia constitucional en materia energética. En ese asunto las Cámaras de Senadores y Diputados promovieron
una controversia demandando la invalidez de los artículos
126 y 135 del Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Dichos preceptos reglamentaban la venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tratándose de proyectos de autoabastecimiento y cogeneración de electricidad. El argumento central de la demanda era que el reglamento iba más allá de la ley y que, por tanto, el Ejecutivo había invadido las competencias del Congreso.

La sentencia final fue particularmente dividida: ocho ministros
estimaron que el reglamento violaba la Constitución, sin embargo, cinco de ellos consideraron que era inconstitucional
por violar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, mientras que los otros tres estimaron que la inconstitucionalidad
obedecía a una invasión de competencias por parte del Ejecutivo al Congreso. Finalmente, tres ministros emitieron votos disidentes y desestimaron la inconstitucionalidad de los artículos del reglamento impugnados.

Una decisión constitucional dividida crea incertidumbre jurídica debido a la impredictibilidad sobre lo que los ministros
harán en el futuro en casos análogos o similares. Dicha incertidumbre, en el caso de la sentencia en materia energética,
generó que los inversionistas extranjeros fueran más cautos en su decisión de seguir invirtiendo en México, y que el Legislativo y el Ejecutivo continuaran debatiendo hasta hoy cuáles son los límites constitucionales de la regulación en materia
de generación eléctrica. Una decisión por consenso de la Suprema Corte habría mandado una señal mucho más clara de dónde nos encontramos en la materia, con lo cual la Corte hubiese desempeñado mejor la función de máximo árbitro en asuntos constitucionales.

En sentido opuesto a la controversia en materia energética estuvo la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Medios.
En este caso, los ministros calibraron con inteligencia la necesidad de emitir una decisión prácticamente por unanimidad.
Ello, además de resolver el problema más obvio (la necesidad de contar con ocho de 10 votos para invalidar los preceptos de la ley en cuestión dado que el impedimento del ministro José Ramón Cossío lo excusó de participar en este caso), también atendió otro problema menos evidente: el peso de la autoridad de la Suprema Corte para resolver una disputa que involucraba a grupos tan poderosos. El hecho de que los ministros de la Corte pudiesen hacer a un lado sus discrepancias
y emitir una sentencia en la que se escuchara una sola voz, “la voz de la Suprema Corte”, dotó a dicha decisión de la contundencia política y jurídica que requería.

Lo que sucedió con la Ley de Medios no es la práctica común de nuestra Suprema Corte. La mayoría de las decisiones que, por su relevancia, han sido materia de amplia difusión mediática,
muestran una Corte dividida, en donde la opinión jurídica de cada uno de sus miembros cuenta más que la autoridad del órgano en su conjunto. Así, por ejemplo, la controversia constitucional
sobre la facultad de veto del presidente tratándose del Presupuesto de Egresos fue resuelta a favor del presidente
por seis votos contra cinco; la controversia constitucional que interpuso la Asamblea Legislativa del DF en contra de la decisión de la Cámara de Diputados relativa al desafuero de López Obrador fue resuelta en contra de la Asamblea por siete votos contra cuatro; el caso de Lydia Cacho y el gobernador de Puebla fue una decisión dividida de seis contra cuatro (con la ausencia del ministro Fernando Franco), y el asunto relativo al ejercicio de la facultad de investigación de la Corte en relación a los hechos sucedidos el 10 de junio de 1971 conocidos como “El Halconazo”, fue una decisión de siete votos contra cuatro en el sentido que no procedía dicha investigación.

Enfrentar el fenómeno de “decisiones divididas” es más complicado dado el propio proceso de asignación de casos. Éste refleja, a su vez, la dificultad que tienen los ministros para hacerse cargo de las diferencias ideológicas, jurídicas y conceptuales que existen entre ellos.

El método de asignar casos en nuestra Corte contrasta con la forma en la que opera el tribunal supremo norteamericano y algunos tribunales constitucionales europeos. En el caso de los de Estados Unidos, el proceso para asignar asuntos busca ayudar a mantener unida a la mayoría. Para ello, todos los Justices tienen que estudiar el asunto y asistir a la audiencia oral en donde las partes plantean sus principales argumentos y los {Justices}, a su vez, les formulan preguntas a los litigantes. Una vez terminada la audiencia, los {Justices} se reúnen a puerta cerrada para conocer la posición jurídica de cada uno de ellos y determinar en qué sentido quiere que se proyecte el asunto la mayoría de los miembros del tribunal. El proyecto de sentencia
se le asigna a uno de los {Justices} que se encuentran en la mayoría. El presidente de la Corte lo asigna si está dentro de la mayoría. Lo hace de forma discrecional. De no estar el presidente
del lado de la mayoría, esta responsabilidad le compete al {Justice} con más antigüedad que se encuentre en la mayoría. Este método es una de las fuentes de poder del presidente de la Corte. Él decide quién redacta la sentencia. Puede ser también fuente de manipulación en algunos casos en que el presidente de la Corte se ponga por razones estratégicas del lado de la mayoría para poder él asignar casos importantes a sus aliados o a él mismo y asuntos aburridos y triviales a sus adversarios.

A pesar de estos problemas, este método ayuda a iniciar la discusión en el sentido en que, en principio, se inclina la mayoría. Esto también puede permitir, sobre todo en los casos importantes, que el responsable de elaborar la sentencia vaya buscando una redacción que cuente con el apoyo de sus pares. Para ello los borradores del proyecto circulan ampliamente entre los ministros que están con la mayoría. Así, a través del sistema de asignación de casos, la Corte Suprema de Estados Unidos busca incentivar consensos entre sus miembros y generar
decisiones que reflejen la “opinión del tribunal” y no los puntos de vista particulares de cada uno de sus jueces. Ello forma parte intrínseca de su autoridad y legitimidad.

Ello no quiere decir que el método lleve necesariamente al consenso. La Corte Suprema de Estados Unidos también emite decisiones divididas y esto depende mucho de la composición de la Corte. Recientemente, de hecho, la división entre conservadores
y liberales es tan fuerte y polarizada que la mayoría de los casos se resuelven cinco a cuatro y el método de asignación de casos a la presunta mayoría ayuda muy poco. Un {Justice}, Kennedy, termina por decidir, al ser el llamado {swing vote}. Esta división ideológica tan clara entre los ministros está deslegitimando
sus decisiones y haciendo evidente cuál política es la naturaleza de las mismas. Por lo mismo ha hecho evidente la importancia que tiene la nominación de {Justices} por parte del presidente, quizás una de las decisiones clave que toma durante su mandato.7

Sin embargo, vale destacar dos cosas: a) el sistema de asignación
en función de dónde está la mayoría ayuda a encontrar consensos en ciertos casos y contextos y, b) la opinión pública y el debate académico son muy críticos ante decisiones muy divididas de la Corte Suprema, ya que hace evidente la politización
de este cuerpo y su operación con base en principios ideológicos más que jurídicos.

Amplia publicidad del debate y proceso
de deliberación de los ministros

De acuerdo al artículo 94 de la Constitución, “las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público”. Este precepto, desde hace muchos años, fue interpretado por la Corte en el sentido que era obligatorio hacer público el proceso
de deliberación entre los ministros. Cualquier ciudadano puede sentarse a escuchar la sesión del Pleno en el recinto donde se está llevando a cabo.

Esta publicidad de las sesiones del Pleno adquirió una dimensión
espectacular cuando, en 2006, la Corte optó por difundir sus sesiones a través de la televisión y, además, dar acceso irrestricto, vía internet, a las versiones estenográficas de las mismas. Por tanto, hoy en día, cualquier persona puede, a través de ambos mecanismos, conocer y analizar palabra por palabra lo que los ministros discutieron y la forma en que cada uno de ellos abordó la cuestión constitucional controvertida.

Además, desde 1995, la Corte suspendió la práctica de sesiones
privadas previas en la que los ministros solían decidir lo más importante, haciendo de la pública un mero ejercicio de relaciones públicas ante el escaso auditorio y la prensa. Ahora, hasta donde se puede apreciar, los ministros suelen llegar a la sesión sin acuerdos previos.

La publicidad del proceso de deliberación y, más significativo aún, con un amplísimo nivel de difusión, puede haber servido, en un momento de transición, para que la Corte adquiriera una mayor visibilidad pública. Sin embargo, no es posible ignorar los costos y problemas que ello está generando. El primero y más obvio es la clara distancia que existe entre lo discutido y la redacción final de la sentencia. Ello genera confusión en el debate público respecto a las razones que da la Corte para alcanzar
su decisión. Mientras que en el proceso de deliberación de cualquier órgano jurisdiccional colegiado lo que existe es la confrontación de los distintos puntos de vista de los miembros
que lo integran (en este caso los de los 11 ministros), una sentencia es la traducción de esos puntos de vista en una serie de argumentos jurídicos concatenados y ordenados de manera lógica y comprensible que relajan “la voz” del tribunal.

La amplia publicidad del proceso de deliberación ha hecho que esta distinción entre el proceso de deliberación y la sentencia
final se haya desdibujado casi por completo. La opinión pública e inclusive el debate académico tienden a analizar el trabajo de la Corte a través de las versiones estenográficas o del debate televisivo de las sesiones del Pleno, y no a partir de la llamada sentencia engrosada, siendo ésta la que tiene valor jurídico. Desde esa perspectiva, el análisis se centra en dos aspectos principalmente: 1) el sentido final de la decisión y, 2) lo que expresó cada ministro durante el debate.

Dado lo anterior, la autoridad de la Corte y su impacto en la vida pública del país tienden a diluirse.8

La experiencia exitosa de la jurisdicción constitucional en otros países ha demostrado que la fuerza e impacto de un tribunal constitucional radica principalmente en su capacidad para ir definiendo, casuísticamente, el sentido y alcance de los principios y valores que subyacen en el texto constitucional. Ello lo hace a través de los razonamientos jurídicos de sus sentencias. Lo que termina teniendo impacto hacia futuro en el quehacer público y la vida ordinaria de los ciudadanos son dichos razonamientos y no tanto el resultado concreto de cada caso. Dicho de otra forma, es menos relevante hacia el futuro que el tribunal haya invalidado o no determinada ley; lo que cuenta, sobre todo, son las razones que haya dado para llegar a ese veredicto, pues en esas razones se encuentra la construcción
del sentido y alcance de los preceptos constitucionales que definen los límites jurídicos del quehacer público. El hecho
de que en México se analice la labor de la Corte desde las versiones estenográficas o el debate televisivo coloca en un segundo plano muy remoto la construcción del significado de los preceptos constitucionales que están en los argumentos vertidos en sus sentencias.9

El segundo problema que se deriva de esta amplia publicidad
de su proceso de deliberación es que inhibe la calidad del debate jurídico entre los ministros. De hecho, en varias sesiones del Pleno, lo que se puede observar es que los ministros
llegan con una ponencia escrita sobre su punto de vista del asunto y que gran tiempo de la sesión consiste en la lectura pública de dichos documentos. El debate del Pleno es entendido
menos como una discusión jurídica entre pares que buscan encontrar una buena solución al caso que tienen enfrente y más como un foro académico en donde cada ministro externa su propio punto de vista sobre el asunto. Seguramente tener enfrente una cámara de televisión acentúa el impulso de cada uno por hacer notar su individualidad y dificulta la posibilidad
de que alguno de ellos rectifique o modifique su posición en aras de alcanzar una decisión que sume voluntades. Finalmente,
en el peor de los casos, la televisión y las versiones estenográficas exhiben, innecesariamente, a los ministros que pueden no llegar bien preparados a la sesión o que no han analizado con todo detalle el proyecto de sentencia, lo cual se comprende dada la gran carga de trabajo que tienen.

El carácter público del proceso de deliberación de la Corte mexicana es atípico. Los tribunales constitucionales europeos y la Corte Suprema de Estados Unidos discuten sus decisiones
a puerta cerrada. Nadie conoce el proceso de deliberación de los máximos jueces constitucionales; lo único que se hace público es la sentencia.

En el caso de Estados Unidos en el salón donde discuten los {Justices} sólo entran ellos. No pueden entrar ni sus asistentes.
La idea es dejar a los nueve {Justices} deliberar con toda libertad: que unos y otros se traten de convencer sobre las bondades de sus argumentos o posiciones, que nadie pierda cara porque modificó su argumento o cambió de posición, que abiertamente se discutan las dimensiones políticas, sociales o económicas que plantean los asuntos, así como las ventajas que tiene para la Corte resolver en uno u otro sentido.10

El punto central es que un espacio de deliberación privado es fundamental para que los jueces constitucionales puedan encontrar soluciones jurídicas correctas. Si bien los secretarios proyectistas de la Corte Suprema ({clercks}) pueden enterarse, si sus jefes se los cuentan, cómo está el equilibrio de fuerzas al interior del tribunal, ello no suele filtrarse a la opinión pública. El proceso está diseñado para que no se conozcan los argumentos
parciales e imprecisos con los que se va construyendo la decisión.

La voz pública de este tipo de tribunales son sus sentencias, que se hacen públicas en forma irrestricta, con todo y los votos concurrentes y disidentes. Es decir, los ciudadanos conocen el producto final del proceso de discusión a través del cual los jueces llegaron a dichos veredictos. Así sucede en todos los países con sistemas de jurisdicción constitucional robustos.

El contraste con el caso mexicano es evidente. Aquí conocemos
mucho mejor el proceso de deliberación y la forma
en que cada ministro abordó el problema constitucional planteado que la sentencia definitiva. Prueba de ello es que el quehacer de la Corte, en términos de la opinión pública, se analiza casi siempre a través de las sesiones del Pleno y no por medio de las sentencias definitivas. Este es el mundo al revés en términos de los asideros de legitimidad y fortaleza de los tribunales constitucionales o cortes supremas en el mundo.

Reuniones en lo oscurito con los quejosos

El tercer problema se refiera a la relación de los ministros con los quejosos. En México, a diferencia de lo que ocurre prácticamente en cualquier democracia consolidada, una de las partes se puede reunir en privado con el juez sin que esté presente la otra y sin que lo sepa. Ello, en nuestro país, forma parte de la “cultura judicial”, al punto que nadie se percata de los problemas que ello plantea en términos de la percepción de los justiciables y de los ciudadanos respecto a la imparcialidad
e incorruptibilidad del juez. Así, los ministros, como el resto de los jueces del país, tienen reuniones privadas en sus oficinas con los quejosos sin que esté presente la contraparte.
Este “cabildeo” de los quejosos, si se puede llamar así, se encuentra debidamente institucionalizado: varios ministros han establecido un día fijo para recibir en sus oficinas a los distintos quejosos.11

La institucionalización en la “nueva” Suprema Corte del denominado “alegato de oreja o de oído” revela que los ministros
no se han hecho cargo cabalmente de la historia autoritaria
que les antecede. Las reglas, formales e informales, que guiaban la relación de los ministros con los quejosos en el contexto de un régimen autoritario no se modificaron con el nuevo contexto político del país.

Aunque hay casos donde los ministros han optado por celebrar
una consulta pública para ver los argumentos de las partes, incluidos ciudadanos interesados en el tema, como se ha visto en la controversia entorno a la despenalización del aborto, son casos excepcionales. Además, ello no implica que quede desterrado el “alegato de oreja”.

En los regímenes democráticos las reuniones privadas entre jueces y justiciables están prohibidas, ya que éstas menoscaban la percepción sobre la incorruptibilidad e imparcialidad de los jueces y, en este sentido, debilitan los cimientos mismos de un Estado de derecho. Tratándose del caso de los máximos jueces del país, resulta aún más delicada esta práctica judicial propia de un régimen autoritario y poco transparente.

De nuevo el contraste con otros países es revelador. Prácticamente
en todos los países en donde existen códigos de ética judicial, está prohibido que el juez se reúna con alguna de las partes en privado. Tal es el caso de Estados Unidos, a nivel federal12 y local, y de muchos otros países, cabe mencionar dos: Honduras13 y Venezuela.14Tratándose de España, Portugal,
Cuba, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, y otros Estados miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, decidieron suscribir en forma conjunta el Código Iberoamericano de Ética Judicial, cuyo artículo 15 expresamente proscribe las reuniones privadas entre juez y parte.15

En claro contraste con nuestro caso, en Estados Unidos, salvo con las excepciones ya notadas, la única parte de un proceso que es pública es el alegato oral de los quejosos. Es el único momento, a la vista de todos, donde se pueden ver los quejosos con los Justices. La menor sospecha de conflicto de interés, como el tener en su portafolio de inversiones acciones de una empresa que tiene un litigio en la Corte, lleva a que los ministros se excusen de participar.16

Los ministros aún no logran hacer de la Corte un órgano con capacidad para articular el sentido y alcance de los preceptos constitucionales hacia la sociedad y el futuro. La forma en la que se toman las decisiones no ayuda. El azar en la asignación de casos y la amplia publicidad del proceso de deliberación incentivan las decisiones divididas y dificultan transmitir a la opinión pública las razones jurídicas que sustentan su veredicto.
Por su parte, las reuniones con los quejosos en privado
dificultan la construcción de una Suprema Corte con la distancia suficiente de los ganadores o perdedores por sus sentencias y donde la imparcialidad e incorruptibilidad de sus miembros esté fuera de toda sospecha. Si nuestra Suprema Corte, como el resto de los tribunales del país, no incorpora a su quehacer institucional algunas de las prácticas más comunes
y aceptadas de las judicaturas en países democráticos, como es la de prohibir reuniones privadas entre alguna de las partes y el juez, verá mucho más difícil la construcción de una legitimidad social más amplia y de largo plazo.

Estas tres características del proceso de decisión de la Corte pueden cambiar si los ministros lo deciden. Por lo que toca al sistema de asignación de casos, cabe destacar que el artículo 14, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
(LOPJF) otorga al presidente de la Corte la facultad para designar al ministro ponente. La lista preestablecida con un orden secuencial entre ministros para asignar casos es una política interna, que, como tal, puede cambiarse a través de los mecanismos internos que tiene la propia Corte. Lo mismo sucede con el “alegato de oído”; esta es una práctica judicial, no una norma legal. Por tanto, bastaría que en el Reglamento Interno de la Corte quedará establecido que dicha práctica está prohibida para que ya no siguiera ocurriendo.

Sin duda, el aspecto que con más dificultad se puede cambiar
es la publicidad del proceso de deliberación. El artículo 94 de la Constitución, así como el artículo 6 de la LOPJF establece que las sesiones del Pleno en donde se resuelven casos concretos
serán públicas por regla general. Buscar la aprobación de reforma constitucional o legal para limitar esta publicidad no parece ser un camino sencillo para la Corte. Sin embargo, dejando las normas como están, la Corte puede actuar en dos direcciones. En primer término, el Canal Judicial puede dejar
de cubrir las sesiones del Pleno y el acceso irrestricto vía internet a las versiones estenográficas puede eliminarse. Con ello se incentivaría a la opinión pública y a los académicos a poner atención a las sentencias de la Corte y no sólo al proceso de deliberación. En segundo lugar, la Corte también podría restablecer la práctica de las sesiones privadas, previas a las públicas, en donde los ministros se pusieran de acuerdo sobre las cuestiones jurídicas más importantes que plantea el asunto. Ambos mecanismos podrían ayudar a generar un debate jurídico
más abierto y de mayor calidad entre los ministros.

Finalmente lo que está en juego es la capacidad de nuestra Suprema Corte de pacificar conflictos constitucionales, a la par de intentar que éstos no se sigan presentando en el futuro.
En ello la Corte se juega su autoridad y legitimidad. El mecanismo para que la Corte desempeñe este papel son sus sentencias, las cuales deben ser claras, sólidas en términos jurídicos y persuasivas en términos argumentativos. Las decisiones
divididas, la tensión entre lo que se dijo en la sesión y lo que dice la sentencia y la sospecha de negociación en lo oscurito inhiben esta función elemental de la justicia constitucional
en un régimen democrático.{{n}}

1 Para una revisión de los estudios y los hallazgos más importantes de este debate sobre {procedural fairness}, véase: Robert J. MacCoun, “Voice, Control and Belonging. The Double-Edged Sword of Procedural Fairness”, {Annual Review of Law and Social Scienc}e, vol. 1, 2005.

2 Hasta en la traducción, no es Corte Suprema, sino la traducción literal de Suprema Corte. Es como si dijéramos Constitucionales Tribunales.

3 Informe de labores del Poder Judicial de la Federación 2007. Ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, 14 de diciembre de 2007.

4 La relevancia de emitir decisiones judiciales lo más unánimes posibles tratándose de los tribunales que funcionan en forma colegiada ha sido ampliamente
analizada por la academia jurídica de Estados Unidos. Sobre el tema, véase, entre otros: J. Davis y W. Reynold, “Judicial Cripples: Plurality Opinions in the Supreme Court”, {Duke Law Journal}, vol. 59, 1974, pp. 59 y ss., así como M. Gerhardt, “The Role of Precedent in Constitutional Decision
Making”, {George Washington Law Review,} vol. 60, 1991, pp. 120 y ss.

5 Además, en el caso mexicano, una minoría estrecha no es suficiente para declarar inconstitucional una norma en el caso de una controversia. En estos casos se requiere una mayoría de ocho de 11. Esto lleva a la paradójica de que hay una mayoría, y el público la registra como tal, pero la norma sigue
siendo constitucional, al no pasar la mayoría calificada establecido.

6 También en la academia jurídica de Estados Unidos ha sido ampliamente discutido y criticado el problema de las decisiones de la Corte Suprema divididas. Véase, entre otros, L. Novak, “The Precedential Value of Supreme
Court Plurality Decisions”, {Columbia Law Review}, vol. 89, 1989, pp. 769 y ss., y M. Thurmon, “When the Court Divides: Reconsidering the Precedential Value in Supreme Court Plurality Decisions”, {Duke Law Journal}, vol. 43, 1992, pp. 448 y ss.

7 Véase Ronald Dworkin, “The Supreme Court Phalanx”, {The New York Review of Books}, vol. 54, núm. 14, septiembre 27, 2007.

8 No pasa desapercibido para los autores que la baja calidad de las sentencias
de la Corte, en términos de su estructura argumentativa y de su innecesaria
excesiva extensión, es un factor que también inhibe que el debate público analice la sentencia engrosada. Sin embargo, nuestro argumento es que la amplia difusión del proceso de deliberación de los ministros, a través de las versiones estenográficas y de la televisión, no puede ser un sustituto de las sentencias ni tampoco un paliativo para que los ministros dejen de atender las deficiencias argumentativas de sus decisiones.

9 Un tema adicional es cómo se argumenta en México. Lo formal tiene preeminencia sobre lo sustantivo. El uso de citas extensas de los textos legales hace las sentencias de muy difícil lectura y más complicado aún traducirlas al gran público.

10 Esto, sin embargo, deja de funcionar cuando la Corte se polariza por razones ideológicas, como sucede en este momento en el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos. Dworkin, {op. cit.}

11 Para quien quiera ahondar sobre esta práctica {sui géneris} de la justicia mexicana, a través de los mecanismos que da la Ley de Transparencia, quizá es posible saber con quién y a qué horas se reúne en privado cada uno de los ministros.

12 {Code of Conduct for United States Judges. Canon 3. A judge should perform
the ruties of the office impartially and diligently… A. Adjudicative Responsibilities… (4) A judge should accord to every person who is legally interested in a proceeding, or the person’s lawyer, full right to be heard according
to law, and, except as authorized by law, neither initiate nor consider ex parte communications on the merits, or procedures affecting the merits, of a pending or impending proceeding. A judge may, however, obtain the advice of a disinterested expert on the law applicable to a proceeding before the judge if the judge gives notice to the parties of the person consulted and the substance of the advice, and affords the parties reasonable opportunity to respond. A judge may, with consent of the parties, confer separately with the parties and their counsel in an effort to mediate or settle pending matters…}

13 Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales. Acuerdo número 558. Artículo 2º. El magistrado o juez debe ejercer su cargo con integridad, por tanto, debe obrar con honestidad, independencia, imparcialidad
y ecuanimidad. A este efecto, deberá: a) abstenerse de conceder audiencias privadas a cualquier persona que pretenda influir en sus decisiones,
afectando su independencia o imparcialidad…

14 Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. Artículo 52. Constituye una grave infracción ética sostener comunicaciones privadas con los jueces, fiscales del Ministerio Publico u otros funcionarios, en ausencia del abogado de la parte contraria, en relación con un juicio pendiente,
o de asunto que se gestione.

15 Código Iberoamericano de Ética Judicial. Artículo 15. El juez debe procurar
no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas.

16 No siempre es así de estricto. No hay regla. Es un asunto moral que depende del ministro. En casos altamente politizados, como en Bush {vs.} Gore nadie se excusa.