Justicia constitucional y democracia

Desde mediados de los noventa algunos autores dan constancia de lo que han denominado una “expansión global” del poder de los jueces.1.En México, en particular, existen condiciones objetivas que explican esta expansión. [[Aqui voy a poner un pie de Nota]] Una de ellas es el proceso de democratización y las sucesivas reformas de 1988 y 1994 al sistema judicial, que crearon una atmósfera adecuada para problematizar el tema de la independencia judicial: 1988 resulta un año bisagra en México por la sospecha de fraude electoral y, al mismo tiempo, la generación de condiciones de competencia política; y por la otra, porque las reformas al poder judicial de 1987, implementadas en 1988, ubican a este último en una relación diferente con el poder político, es decir, convierten a la Corte en un tribunal constitucional.2 Unida a esta condición, comienza a percibirse un papel activo de los tribunales en la medida en que se incrementó el nivel de contenciosidad a partir de las reformas al artículo 105 constitucional, que contempla tanto las acciones de inconstitucionalidad como las controversias constitucionales. Otra condición objetiva es el redimensionamiento del poder judicial a partir de un cuestionamiento a fondo del principio de división de poderes: de un partido hegemónico a un gobierno dividido en las Cámaras, que favorece un mayor equilibrio entre los poderes. Finalmente, compartida por muchos países de América Latina, una creciente desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos que ha reorientado la mirada hacia el poder judicial como un factor de equilibrio para la gobernabilidad democrática.3

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