La democracia y la cuestión social

¿Puede haber democracia sin cohesión social? ¿Puede durar la democracia por un tiempo prolongado en condiciones de aguda desigualdad y pobreza? ¿Puede un gobierno democrático combinar el pluralismo y la gobernabilidad con políticas de Estado dirigidas a construir escenarios institucionales que propicien la equidad y avanzar hacia una sociedad igualitaria?

Estas y preguntas similares embargan hoy el pensamiento social y político latinoamericano, después de década y media de recuperación democrática y de casi dos décadas de crecimiento económico esquivo y mediocre, sin cambios de significación en la distribución del ingreso en beneficio de las capas medias y bajas de la población y con cuotas de pobreza muy altas. Este es el caso de México, en este aspecto tan latinoamericano como el que más.

Los problemas que la desigualdad le plantea a la democracia suelen soslayarse, con el pretexto de que la fase que se vive hoy es de recuperación del crecimiento y de consolidación democrática. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, lo que sobresale es la afirmación de la inequidad, junto con la ineficacia estatal en lo que tocante a la reducción significativa de la pobreza.

No sobra recordarlo: en una escala de 1 a 100, donde 100 representa la desigualdad total, América Latina se ubica en 53.9, cifra bastante más alta que el promedio mundial que se estima en 38. Tal y como lo ha señalado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si el ingreso de América Latina se distribuyera como en el Sudeste Asiático, la pobreza en la región sería hoy un quinto de lo que es.

Por desgracia, esta historia viene de lejos. Sus realidades duras han atravesado los gloriosos momentos de industrialización, acompañaron puntualmente a las dictaduras y dictablandas de los setenta y ochenta del siglo pasado y se incrustaron en el núcleo del reformismo neoliberal. Podría decirse que la desigualdad se convirtió en una cultura, no de la pobreza que estudiaron los antropólogos, sino de la riqueza concentrada que estorba los diseños de los políticos democráticos y constituye un desafío frontal a las normas y formas éticas y políticas que deberían acompañar el desarrollo de la democracia.

El lenguaje democrático es un lenguaje de igualdad ante las leyes y en las urnas. Históricamente, al concretarse este tipo de igualdad, la democracia ha sido la fuente de un discurso mayor, en ambición y alcance, que busca trasladar la igualdad jurídica y política a regímenes organizados para ofrecer, y progresivamente asegurar, dosis crecientes de cohesión social basadas en el acceso igualitario a los bienes básicos de la vida.

La cohesión social nos refiere a la posibilidad institucional, consagrada jurídicamente y en la asignación de los recursos del Estado y en otras medidas de orden público vinculadas a los salarios, sus prestaciones y la seguridad social en general, de “compartir de un modo más amplio los frutos del progreso y brindar a aquellos que hoy están marginados o excluidos acceso a servicios públicos dignos, a una adecuada seguridad social y a una justicia equitativa” (Christopher Patten, 2004, p.xvii).

De esta definición operativa, podemos extraer una primera respuesta a nuestras preguntas: la cohesión social es un fruto del desarrollo democrático de las sociedades, pero a la vez se ha vuelto una condición para que los gobiernos renueven su legitimidad y la democracia se fortalezca.

De aquí la necesidad de entender la relación entre democracia y desigualdad como una ecuación que tiene que resolverse en positivo a favor de la igualdad, como un requisito para que la política produzca una gobernabilidad basada en la legitimidad. No hay leyes de hierro en esta compleja materia, pero cada vez es más claro que en las sociedades modernas la desigualdad deja de ser un fruto del azar o de leyes naturales que explican lo que ocurre con base en argumentos biológicos o culturales, ¡hasta económicos!, para volverse una cuestión fundamentalmente política.

Se trata de una dimensión de la política que para ser eficaz, y racional desde el punto de vista histórico e instrumental, debe ir más allá de la contingencia político-electoral. Tiene que convertirse en un núcleo básico de valores y derechos, cultura cívica y ética pública, que definen el perfil y la morfología de los Estados.

La equidad social no es el fruto obligado de la democracia. Pero, a la vez, la democracia produce en el tiempo los contextos y los discursos que llevan a las fuerzas políticas a convertir a la desigualdad en un “mal público”. Superar este “mal”, construir bienes públicos y plataformas institucionales comprometidas con la búsqueda de la igualdad, se ha vuelto punto de definición del campo democrático.

Quienes adoptan estos objetivos, entienden a la democracia como una construcción social y cultural y no sólo como un método destinado a civilizar la lucha por el poder. La democracia siempre se desdobla y obliga a la toma de partido, y no cabe duda de que los partidos por venir tendrán en sus posturas frente a la desigualdad una seña de identidad primordial.

Nos encontramos, en México y en América Latina, en una coyuntura caracterizada por el choque real y virtual entre democracia y desigualdad. Hoy, se habla con soltura pero con preocupación creciente, de los riesgos de ingobernabilidad en la región y de una pérdida acentuada de cohesión social.

Acosados por tareas formidables de (re)construcción estatal, crecimiento económico, modulación del cambio social y navegación en la globalización, los Estados latinoamericanos se han mostrado débiles para operar como centros articuladores de la energía y el conflicto sociales, mientras que las convulsiones globales debilitan sus capacidades de conducción de las formaciones nacionales. Aún los Estados que en el pasado aparecían como más dispuestos a asumir el reto desarrollista, como los de Brasil o México, ofrecen hoy unos escenarios ominosos de desgarramiento interno.

Así, lo que prima es un malestar que puede desembocar, nos alerta el PNUD, en un descontento con la democracia. El “factor fuga”, de pobres y ricos, tiende a imponerse a la lealtad al sistema político o, como dijera Albert Hirschman, al ejercicio de la voz, y el reflejo de estampida, del sálvese quien pueda, se ha vuelto un resorte poderoso de la conducta colectiva.

En la perspectiva que abre el mensaje internacional de los derechos humanos, y en nuestro caso el de los derechos económicos, sociales y culturales, hay que reconocer que se está frente a una desigualdad institucionalizada, convertida en cultura de elites y de masas. Una desigualdad “que hace metástasis en todo el tejido social e impide o dificulta en extremo los avances democráticos, la eficiencia de los mercados, la efectividad de los Estados, la cultura de la legalidad y, por todo ello, la cohesión social” (K. Bodemer, J. Prats, L. Whitehead, 2004, p.xxv).

De la riqueza y el ingreso, la desigualdad ha pasado a ser de capacidades y oportunidades, de acceso a la justicia, a la educación y la cultura. De aquí la enorme dificultad que encara la misión de crear una ciudadanía que viva en simpatía con la política y le dé contenido popular al sistema político. De aquí también las tendencias a erigir, en la democracia y supuestamente en su defensa, formas oligárquicas de control social y ejercicio del poder y la influencia.

Se trata de una peligrosa combinatoria de poderes fácticos volcados a la toma del centro cultural y social del país, poderes constituidos débiles que parecen dispuestos a operar como tributarios de los primeros, y de unas capas sociales subalternas alejadas de la vida pública y aferradas a la ilusión de que sólo a través de la migración puede llegarse a una vida digna.

De una desigualdad como la descrita no pueden emanar tranquilamente la acción colectiva o el reclamo democrático social. Lo que está a la puerta es la multiplicación del rencor que siempre es la antesala de la violencia y el desaliento.

A la espera del Estado

En el régimen democrático el respeto y la defensa de los derechos humanos se ha vuelto la métrica básica. Los cambios de las últimas décadas han pretendido ver en los derechos humanos un factor de la estabilidad política de las naciones así como un lenguaje común que sustente la idea de que la democracia es ya la lingua franca de la política global.

Como se ha sugerido, hay una pata ausente en la mesa donde quiere servirse el banquete de la globalidad. Se trata de una falla estructural que contamina el orden político y corroe el intercambio social y regional y, desde luego, el que pueda darse entre los grupos organizados de las clases sociales.

La desigualdad se da hoy la mano con una pobreza de masas que es cada día más urbana, y por tanto más “peligrosa” para un régimen que pretende sintonizar la economía y la política nacionales con el orden planetario en supuesta construcción. Que frente al desorden del mundo busca darle al país sostenes sociales y capacidades de conducción política para “navegar” sin encallar en la primera tormenta.

Se trata, entonces, de una desigualdad que debe entenderse, primero que nada, como una variable política y ser sujeta al escrutinio y la acción del Estado. Difícil como es, esta politización de la desigualdad es inevitable; forma parte de las grandes asignaturas pendientes del Estado democrático que se quiere constitucional. Es, en perspectiva al menos, una condición de posibilidad severa para la reproducción del orden democrático y del Estado mismo. Forma parte del reclamo democrático actual.

Los trabajos por venir

En forma telegráfica, termino anotando algunos de los quehaceres más apremiantes del Estado, si quiere responder a este reclamo y tomar conciencia de las implicaciones profundas de los cambios de estructura e instituciones que impulsó.

“Tomar conciencia” para un Estado puede significar muchas cosas. En nuestro caso, implica asumir el compromiso de una reestructuración de organismos, agencias, mentalidades y conductas, orientada a convertirlo en un Estado social. Sólo así podrá internalizar congruentemente el reclamo social, para estar en sintonía con la necesidad urgente de ser, efectivamente, un Estado democrático de derecho.

Para ser un Estado social, democrático y de derecho, el Estado mexicano tiene que ser un “Estado de los derechos”, en condiciones de asegurar una secuencia de políticas sociales que sean compatibles con un crecimiento económico rápido, sostenido, y financieramente sustentable. Es decir, tiene que ser un auténtico “Estado fiscal” cuya legitimidad dependa de una eficiencia y una eficacia comprobadas en materia de contribuciones y asignaciones hacendarias.

Un Estado como el que se requiere para sortear las tormentas globales y las pugnas distributivas que se avecinan, tendrá que forjarse al calor de una confrontación entre la concentración del privilegio a que se ha llegado y el reclamo plebeyo que exige formas tangibles de redistribución social. En este sentido, la noción de derechos fundamentales y, en especial, de derechos económicos, sociales y culturales constitucionales, es tal vez la única vía para erigir un cauce políticamente eficaz para una convulsión social que parece inevitable.

Esta centralización de los derechos sociales podría ser un vector creativo para modular la economía y la política, cuyos actores principales se ven absorbidos por reflejos extremadamente competitivos, incapaces de generar reacciones cooperativas que pudieran sostener y renovar las instituciones estatales de protección de la sociedad y de la naturaleza. A diferencia de lo ocurrido en otras épocas de gran cambio estructural, en la actual puede intentarse, a través del Estado y de una política democrática de derechos, una planeación del reclamo social, destinada a superar la pobreza y la desigualdad y a consolidar y dar rostro humano a la economía globalizada y a la democracia misma. n

Bibliografía
Banco Interamericano de Desarrollo y Comisión Europea, Alfaomega, Bogotá, Colombia.

Bodemer, Klaus, Prats, Joan, Whitehead, Laurence, “Manifiesto de la Red Eurolatinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo ante la Cumbre América Latina-Unión Europea”, en idem.

Jusidman, Clara, “Derechos económicos, sociales y culturales”, en Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (2004), Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, México.

Patten, Christopher, “Europa y América Latina: Democracia, integración y cohesión social”, en Binetti, Carlo, y Carrillo, Fernando (eds.) (2004), ¿Democracia con desigualdad”. Una mirada de Europa hacia América Latina.