Esta pieza periodística basada en las propias investigaciones del autor, a partir de un informe hasta ahora inédito y presentado por la coalición opositora (PRI-PAN-PRD) ante la OEA y la CIDH en agosto del año pasado, es un crudo retrato de la injerencia de grupos criminales en el proceso electoral de 2021.
Uno
El cadáver del candidato de Chiapas Unido a la primera regiduría de Acapetahua, Cipriano Villanueva Ovando, fue encontrado en una carretera solitaria, muy próxima al municipio. Se hallaba recostado sobre un muro de contención y a su alrededor estaban regados cuatro casquillos de 9 milímetros.
Pedro Gutiérrez, precandidato de Morena a la alcaldía de Chilón, también en Chiapas, fue emboscado en un tramo carretero cercano a Suyalá. Viajaba con su esposa, un amigo y su hijo. Al ser tocado por el primer disparo, Gutiérrez perdió el control del volante y la camioneta se fue a un barranco de más de treinta metros de profundidad. La esposa del precandidato logró salir de la unidad y se escondió entre unos matorrales. Vio desde ahí cómo los hombres que los habían emboscado bajaban por la cuesta de la barranca y le prendían fuego a la camioneta. Cuando la policía llegó a aquel punto, los cuerpos ya estaban completamente calcinados.
Bernardino Sánchez López, militante del PRD, trasladaba paquetería electoral rumbo a la región de Soconusco. Lo acompañaban un agente municipal, su yerno, dos de sus hijos y un muchacho de 16 años. A la altura del crucero conocido como La Cumbre, un comando los interceptó y barrió su automóvil con ráfagas de armas largas. Sánchez López perdió la vida al instante. La camioneta que conducía se precipitó a un barranco. Todos los tripulantes murieron. Sólo sobrevivió el muchacho de 16 años, por el cual se conoce lo ocurrido.
Carlos Alfredo Sevilla Cuevas buscaba reelegirse como alcalde de Casimiro Castillo, Jalisco, bajo la bandera de Movimiento Ciudadano. Una mañana salió de su domicilio y se perdió todo contacto con él. Veinticuatro horas más tarde la policía detectó un coche desbarrancado en la carretera a Autlán. Adentro estaba el cuerpo sin vida de Sevilla. Lo habían asesinado a tiros. Una investigación publicada en Los Angeles Times reveló que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, el Mencho, le había prohibido buscar la candidatura. Sevilla Cuevas desestimó la orden e inició su campaña. Al arranque de ésta, desapareció.
Ignacio Sánchez Cordero, aspirante de Morena-PT-PVEM a la presidencia municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, llegó al café La Eneida para sostener, con colaboradores, una reunión de trabajo. Acababa de mandar al hombre que le servía de escolta a sacar dinero de un cajero automático para pagar la cuenta; un individuo, al que los testigos describieron como “vestido con playera azul, pantalón de mezclilla y una gorra”, apareció en el café y le disparó seis veces en el cuerpo. Gatilleros apostados en los alrededores sirvieron de “muro” al asesino. Al aspirante le había confiado un amigo cercano: “Andan buscando al que te mate”. Su esposa, Blanca Merari Tziu, anunció que iba continuar al frente de la campaña que su marido había dejado vacante. La retomó y sólo tres meses después, durante un acto proselitista, fue atacada a tiros por tres sicarios. Para su fortuna, el equipo de seguridad que la rodeaba logró resguardarla y repeler el ataque. Se abrió una balacera que llenó de pavor a la gente que andaba en la calle. Fuentes periodísticas indicaron más tarde que los agresores eran enviados del Cártel de Sinaloa.
El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, llevaba apenas veinte días en campaña. En ese tiempo fue amenazado en tres ocasiones por uno de los grupos que buscan el control de esa región —en la que actúan el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Caborca y el Cártel Jalisco Nueva Generación—. Murrieta había sido procurador de Justicia durante ocho años. Lastimó, durante su gestión, diversos intereses. En Cajeme corría el rumor de que su candidatura iba en contra de los intereses de uno de estos grupos. La mañana en que todo terminó, el exprocurador repartía propaganda electoral frente a un semáforo concurrido. Un hombre que rondaba la esquina desde hacía un rato se le acercó a bordo de un automóvil y abrió fuego contra él en diez ocasiones. Una de las balas le atravesó la cabeza.
Omar Plancarte, candidato del PVEM a la alcaldía de Uruapan, Michoacán, fue secuestrado en su rancho, en Caurio de Guadalupe, por hombres que lo obligaron a abordar un Jetta gris. Tiempo atrás, su apellido había provocado que el Cártel Jalisco secuestrara a dos de sus hijos, bajo el supuesto, equivocado, de que eran familiares de Kike Plancarte, uno de los tétricos fundadores de Los Caballeros Templarios. Los hermanos no volvieron a aparecer. Omar Plancarte se dedicó a buscarlos: en algún momento descubrió que el Cártel Jalisco los mantenía con vida, fabricando drogas en un narcolaboratorio de la zona. Pero luego, todo rastro de ellos se perdió. En una de las estaciones de su búsqueda, Plancarte se acercó a organizaciones de activistas y lentamente incursionó en el campo de la política. Anunció al fin su deseo de contender por la presidencia municipal de Uruapan y denunció la manera en que el crimen organizado asolaba a los aguacateros de la región. Su campaña duró unos días: hombres armados fueron a sacarlo del rancho en el que pensaba descansar un fin de semana. El suyo fue otro rastro que se perdió.
La candidata de Movimiento Ciudadano Alma Rosa Barragán, aspirante a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, anunció en su muro de Facebook que llevaría a cabo un acto de campaña en la colonia El Manguito: “Vengan para que escuchen mis propuestas…”, escribió. En tanto transcurría el acto proselitista, sujetos vestidos con camisetas color naranja descendieron de dos vehículos y una motocicleta y se mezclaron entre la gente. Insensiblemente, se fueron acercando al templete en el que la candidata ofrecía un discurso. El momento trágico quedó registrado en un video: se escuchan al menos once disparos y uno de ellos impacta de modo directo en el pecho de Barragán. “Desde lejos se van acercando; en el rafagueo hay un caos”, sostuvo uno de los testigos. Dos acompañantes de la candidata fueron abatidos por las balas. Ella intentó resguardarse bajo una camioneta, la misma en la que había llegado al mitin, pero no alcanzó a llegar: su cuerpo quedó tendido, de manera dramática, a un lado del vehículo. Movimiento Ciudadano sostuvo que aquel asesinato tenía que ver con la alta probabilidad de que Barragán alcanzara el triunfo. Una investigación federal le confirió, sin embargo, un giro inesperado a la historia: señaló que la candidata era madre del jefe de plaza del Cártel Jalisco en Moroleón, Yuriria, Salvatierra, Maravatío, Jaral del Progreso y Valle de Santiago; que contendía en una de las regiones en las que, dejando un profuso reguero de sangre, se había centrado la pugna por el control ilegal de hidrocarburos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus rivales del Cártel de Santa Rosa de Lima.
El diputado Juan Antonio Acosta Cana, aspirante del PAN a la alcaldía de Juventino Rosas, Guanajuato, salió a hacer ejercicio muy temprano. Acosta había sido alcalde entre 2006 y 2009 y ocupó luego diversos cargos dentro de la administración pública. Era alto, corpulento, fácilmente identificable. Llegaron por atrás y le dieron siete tiros.
En medio de la histórica estela de violencia que ha cimbrado a la entidad, el candidato de Morena a la alcaldía de Abasolo, Guanajuato, Joel Negrete Barrera, publicó en sus redes sociales una carta dirigida al jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, el Marro. En esa carta indicó que era bien sabido que autoridades locales habían respaldado y auspiciado las actividades ilícitas del Marro. “No queda claro cuáles son las razones que lo impulsaron a enfrentarse con sus antiguos aliados con tal fiereza —escribió el candidato—. Pero la población civil no somos responsables de ninguna manera del cambio de actitud de nuestras corruptas autoridades [por lo que] solicito encarecidamente que en su guerra sin cuartel instruya a su gente para que respeten las vidas de inocentes”. Al día siguiente, al llegar la noche, varios hombres irrumpieron en el negocio de Negrete Barrera y lo cosieron a tiros.
En Acuitlapan, un pequeño poblado de poco más de cuatro mil habitantes, situado en el estado de Guerrero, el cadáver del líder comunal Irene Carreño apareció al lado de un mensaje en que se leía: “Para escarmiento”. De la escasa información recabada sobre su asesinato, se desprende que la falta de Carreño era haberse negado a cumplir al pie de la letra las instrucciones dictadas por el jefe de plaza para el día de la votación.
Un comando extrajo a Marilú Martínez de su propia casa, en Cutzamala de Pinzón, estado de Guerrero, llevándose también a sus dos hijos y a otras cuatro personas de su planilla. Martínez había lanzado su candidatura como alcaldesa bajo los colores de Movimiento Ciudadano. “Recibí noticias de que fue secuestrada por un grupo armado”, escribió en su cuenta de Twitter el dirigente nacional de ese partido, Clemente Castañeda. La candidata acababa de cerrar su campaña con la afirmación de que en el municipio 153 localidades la respaldaban. Quienes se la llevaron la mantuvieron oculta durante dos días en algún lugar de la sierra. A sus colaboradores, en cambio, decidieron retenerlos hasta el día de la elección. Reportes de inteligencia cruzados entre el gobierno federal y el gobierno estatal indicaron que tras el plagio se escondía el enfrentamiento de dos grupos criminales peleados a muerte; señalaron que Marilú Martínez era hija de uno de los jefes de estos grupos: Fausto Martínez, conocido como el Mejoral. El secuestro había corrido a manos de La Familia Michoacana y su líder local, José Pineda González, asesino de políticos y destructor de pueblos, quien apoyaba la llegada al poder de la candidata priista Rosa Jaimes.
La candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Badiraguato, Sinaloa, Guadalupe Iribe, recibió varios mensajes del crimen organizado para que “se bajara” de la campaña. Uno de sus operadores fue secuestrado: enviados del Cártel de Sinaloa amenazaron con matarlo e ir por el resto de sus colaboradores. Gente cercana a la candidata relató que, a través de un “enlace”, Iribe concertó una entrevista con la madre del Chapo Guzmán —abuela de los actuales directores del cártel: los Chapitos Ovidio, Jesús Alfredo y Archibaldo Guzmán—. La intención era pedirle a la mujer que intercediera ante sus nietos para que la dejaran continuar con la campaña. La respuesta fue afirmativa: “La política es de los políticos. Nosotros no nos metemos”, le hicieron saber a través del “enlace”. En la madrugada del día de la elección, sin embargo, hombres armados irrumpieron en los domicilios de cinco miembros del equipo, los golpearon e intimidaron; más tarde secuestraron al hermano de la candidata. En una entrevista de radio, Iribe declaró: “Hace media hora ‘levantaron’ a mi hermano. Un grupo de hombres armados llegó en tres vehículos y se lo llevó. Yo lo único que pido es que me devuelvan a mi hermano, yo no quiero la candidatura a presidenta municipal, yo me deslindo, no quiero ser presidenta, quiero tener a mi hermano y a mi equipo. Si el estar bien significa que deje la candidatura, pues la dejo”. La candidata se encerró en su domicilio y dejó de contestar el teléfono. Había recibido la orden de quedarse en su casa “si es que quería volver a ver con vida a su hermano”.
En los meses que precedieron a las elecciones del 6 de junio de 2021, y en los días que vinieron después, la violencia y la coerción criminal estuvieron presentes como nunca antes en unos comicios celebrados en México.
Candidatos y familiares de éstos fueron asesinados. Grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna. Las amenazas se hicieron extensivas a la poselección, mediante una impuesta ley del silencio sobre todo lo que había ocurrido.
Miles de ciudadanos, víctimas de esa violencia, se vieron obligados a callar. Sus abogados les aconsejaron guardar silencio, abstenerse de ir a los juzgados. Las amenazas, los homicidios, los secuestros, la coacción violenta y la selección de las candidaturas por parte del crimen organizado estuvieron presentes durante todo el proceso, y en las horas llenas de zozobra que se vivieron en amplias regiones del país el día mismo de la jornada electoral. En todas esas regiones el crimen organizado apoyó, impuso, impulsó, reprobó y, llegado el caso, asesinó aspirantes y candidatos.
“Fueron ellos los que ganaron las elecciones”, declaró, al filo del 6 de junio, el líder estatal de un partido. A partir de entonces, el silencio cayó sobre los pueblos.
Las páginas anteriores y lo que contaré en adelante viene de mis propias investigaciones, a partir del informe de hechos hasta ahora inédito que los partidos de la coalición opositora (PRI-PAN-PRD) presentaron en agosto del año pasado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A través de testimonios de cientos de militantes, del acopio de más de 1200 notas y crónicas periodísticas locales y nacionales, de las denuncias recogidas en redes sociales, de versiones ofrecidas, en fin, por ciudadanos, políticos y autoridades, el informe converge en el hecho mayor que México tuvo el 6 de junio de 2021: unas elecciones intervenidas, como nunca antes, por el crimen organizado.1
Dos
También a Zudikey Rodríguez, la velocista olímpica que decidió lanzarse como candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, en el Estado de México, la privaron de la libertad unos días antes de las elecciones. En las encuestas, Zudikey estaba a sólo dos puntos de Michelle Núñez, postulada por Morena. La candidata creía que en cuestión de días los números iban a emparejarse. Entonces, a la vista de cientos de personas, en pleno mitin político, un grupo de desconocidos la subió a una camioneta.
Se supo más tarde que Zudikey fue trasladada a Tejupilco. En una brecha, a bordo de un vehículo blindado y con la mirada turbia a causa del alcohol, la aguardaba uno de los jefes de La Familia Michoacana, el grupo que controla no sólo el trasiego y la venta de droga, sino que se ha metido en un vasto abanico de actividades criminales: cobra comisión por la venta de gas, por la venta de pollo, por la venta de papas fritas y de cocacolas en las misceláneas. Tiene bajo cuerda a los locatarios de los mercados, al ramo de la construcción, a los operadores del transporte público, a los gasolineros, a los restauranteros, a los hoteleros y a los profesionistas.
“Me ordenaron matarte, pero te voy a perdonar la vida. Sólo te pido que te escondas y te ‘bajes’ de la campaña”, le dijo aquel jefe criminal (según una versión: Johnny Hurtado Olascoaga, el Pez; de acuerdo con otra: Medardo Hernández Vera, conocido como Lalo Mantecas).
Zudikey preguntó si querían que se fuera del país. Le dijeron que sólo bastaba con que se encerrara en su casa hasta que el proceso electoral hubiese terminado.
Así que cerró su casa de campaña y canceló los eventos que ya tenía programados. Detectó que no dejaban de vigilarla, que La Familia Michoacana había tendido un cerco alrededor de su domicilio. Pidió auxilio al presidente de su partido y a varios empresarios que poseen casas de descanso en Valle de Bravo (algunos de ellos, los más prominentes del país). Fuerzas federales diseñaron un operativo de extracción y la condujeron, sana y salva, a Ciudad de México.
El triunfo favoreció a la candidata de Morena por sólo 333 votos.
En el mismo municipio, también el candidato del Verde Ecologista fue “levantado” y llevado ante la presencia de un jefe criminal. “De una vez te digo: vas a perder la elección”.
Un año después de aquellos sucesos se ha documentado que Valle de Bravo, el mayor polo turístico del Edomex, vive una de sus peores crisis de seguridad. La Familia controla hasta las actividades comerciales más nimias, obliga a los comerciantes a surtirse con un mismo proveedor e impone sobreprecios a determinados productos.
Según el informe entregado a la OEA y a la CIDH por la oposición aliancista, los líderes de ese grupo se involucraron directamente en el proceso electoral para favorecer a la candidata que hoy gobierna. Con anterioridad habían inyectado recursos en campañas electorales. Lo inédito ahora fue que le despejaran el camino de la forma en que lo hicieron a un candidato específico.
En el Estado de México, candidatos a alcaldías y diputaciones locales fueron amenazados, presionados o agredidos por el crimen organizado. Las peores cosas ocurrieron al sur de la entidad, en los municipios de Tlalmanalco, Tlatlaya, Temascaltepec, Valle de Bravo, Amatepec, Tejupilco, Sultepec, Luvianos, Ixtapan del Oro y Zacualcan de Amilpas.
En todas esas regiones, aplastando la voluntad y la libertad de al menos 400 000 habitantes (los que de acuerdo con el Inegi habitan estos municipios), los grupos criminales “impidieron actos políticos, prohibieron el registro de candidatos de diversos partidos, amenazaron, agredieron y obligaron a los aspirantes a abandonar las campañas”. Intimidaron, sobre todo, a la población.
Candidatos a diversos cargos renunciaron a la pretensión de gobernar. Un aspirante de Movimiento Ciudadano (pidió que su nombre no fuera mencionado) fue golpeado y arrojado a una barranca. La orden que recibió: “Dejas la campaña ya”.
Los testimonios recogidos el día de la jornada por medios de comunicación nacionales indican que varios partidos se quedaron sin representantes, pues a éstos les impidieron entrar a las casillas a tomar sus puestos; que grupos de sicarios cambiaron los votos o rellenaron las urnas. Candidatos aliancistas de Tlalmanalco, Tejupilco, Sultepec, Metepec, Ixtapan de la Sal y Temascaltepec fueron hostigados o amenazados de muerte.
Zudikey Rodríguez optó por el silencio. Lo mismo hicieron otros candidatos, a fin de proteger su integridad y la de los suyos. Es posible tejer sus historias, sin embargo, por lo que se publicó en los medios, por lo que dijeron en voz baja sus cercanos, por lo que revelaron miembros de instancias gubernamentales de seguridad.
“Los criminales ganaron todo. Como nunca antes, ahora todo es de ellos”, declaró un dirigente estatal.
Tres
Días antes de la elección del 6 de junio, líderes de organizaciones y comisarios de las zonas rurales de Taxco, Guerrero, fueron sacados de sus domicilios y trasladados al municipio de Tetipac. Ahí, un jefe criminal aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación les indicó que 72 horas antes de las elecciones les haría saber por qué candidato tendrían que votar, ellos, sus agremiados y los habitantes de sus comunidades.
Sicarios del cártel estarían apostados en las casillas de la región para “verificar” que los votantes cumplieran con la orden. Los ciudadanos tendrían que mostrar la boleta marcada, antes de ingresarla en las urnas.
Todo esto se supo porque un bloque de transportistas decidió alzar la voz.
Los criminales entregaron a los dirigentes de los tablajeros, los carniceros, los panaderos, los tortilleros, los tianguistas de plata y los conductores de camiones materialistas, números telefónicos a los que sus agremiados tendrían que enviar fotografías con la boleta electoral marcada.
Todo sucedió como si ya estuviera escrito. El candidato favorecido por el Cártel Jalisco obtuvo el triunfo en Taxco por poco más de 2000 votos. Según el informe de los aliancistas, en algunas comunidades la participación fue de 80 % de la lista nominal: no existen precedentes de una votación así.
Historias semejantes se repitieron en Pilcaya, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, Tlalchapa, Arcelia, San Miguel Totolapan, Zirándaro, Tixtla, Atoyac de Álvarez, San Marcos Guerrero, Cocula, Petatlán, Cochoapa el Grande, Huamuxtitlán, Tlalixtaquilla, Copalillo, Iguala, Ometepec y Chilapa, donde sólo contendieron “los permitidos” por el Cártel Jalisco y La Familia Michoacana.
“Allá se les tiene que pedir permiso a los que mandan para moverse. Es una zona de miedo”, se quejó en una rueda de prensa Adrián Wences Carrasco, dirigente en Guerrero de Movimiento Ciudadano.
Un candidato que prefirió retirarse de la contienda, declaró: “En Guerrero, simplemente se te acercan pacíficamente y te dan dos opciones, o te ‘bajas’ de la candidatura o te ‘bajan’, y ese ‘te bajan’ es que ‘te dan piso’ o, para decirlo de una forma clara, te asesinan”.
Era el caso de Michoacán, en donde la jornada electoral en una casilla del municipio de Múgica comenzó con el grito: “¿Quiénes hijos de la chingada son los representantes del PRD? Se me van a chingar a su madre de aquí, no queremos a ningún miembro del PRD […] Si valoran su vida, se largan”.
Hombres armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto con pasamontañas, habían tomado el control del lugar.
De los reportes entregados ese día a los comités distritales, se desprende que aquella mañana hubo en Michoacán un operativo a gran escala por parte del crimen organizado. El objetivo era asegurar el triunfo de Morena, de acuerdo con información aportada por funcionarios y representantes del PRD —cuyo nombre consta en las actas, pero se omitió del informe por razones de seguridad.
En otra casilla de Múgica, hombres armados introdujeron en las urnas más de cuatrocientas boletas marcadas a favor de Morena y de su candidato, Alfredo Ramírez Bedolla. “¡Ay de ustedes si dicen algo!”, les advirtieron. Ese día se levantaron en el municipio más de sesenta reportes, más o menos en los mismos términos: “Miren, hijos de la chingada, suspendan todo, desde este momento los que quieran votar van a votar por el candidato de Morena” (en todos esos casos, los representantes tuvieron el valor de firmar sus reportes).
Pasó lo mismo en casillas de Gabriel Zamora, La Huacana, Salvador Escalante, Régules, Lázaro Cárdenas, Lombardía y Zitácuaro: “A la chingada de aquí. Ya nadie va a votar. Se acabó la elección, se van tranquilitos todos a sus casas. Me firman los representantes de los partidos y se me van rápido. Si se les ocurre ir de chismosos… van a ver las consecuencias”. “Ya llegaron sus jefes. Se va a hacer lo que nosotros digamos. Todos le van a tachar por Morena y después se salen sin hacer ningún pinche mitote”.
El presidente del consejo distrital del INE, Francisco Javier Rincón, también tuvo el valor de denunciar que civiles armados habían obligado a ciudadanos en Lázaro Cárdenas y La Huacana “a emitir su voto de manera pública en favor del candidato de Morena”.
Poco antes de las elecciones habían abandonado la campaña los candidatos de Briseñas, Cotija, Tangamandapio, la propia Huacana, así como Aguililla. “Nos ha tocado que tenemos candidatos muy fuertes y de la noche a la mañana me dicen que siempre no van”, declaró el presidente estatal del Verde Ecologista, Ernesto Núñez. “Me dicen los aspirantes que ya los fueron a inhibir entre avisos, ‘saluditos’ y mensajes”.
Atentados, tiros, bombas molotov lanzadas a vehículos: un clima de terrorismo electoral cundió en el estado en aquellos días. Lo ilustra el caso de Maribel Juárez, candidata a la alcaldía de Angamacutiro, quien debió hacer campaña rodeada por nueve escoltas y, además de un atentado contra su padre, debió sufrir la ejecución de su hermano Érik. Al final le dejaron una amenaza en el baño de su oficina: “Maribel te vas a morir el mismo día que Érik, perra”.
El día de la elección, el candidato de Morena obtuvo 654 837 votos. Su competidor más cercano, 614 576. En Múgica y Lázaro Cárdenas, Ramírez Bedolla apabulló con una diferencia de 54 354 votos, una cifra que es “notablemente superior al margen de 40 261 sufragios con los cuales Ramírez Bedolla ganó la elección en todo el estado”, denunciaron los aliancistas.
En Michoacán, el crimen organizado fue el gran elector.
Cuatro
Según el informe, el 6 de junio de 2021 sucedieron las elecciones de los muertos, los amenazados, los secuestrados y los “permitidos”. En ese proceso se cometieron 1066 delitos y agresiones. Hubo 102 homicidios dolosos (de políticos, desde luego) y 48 intentos de asesinato. En el 66 % de los casos, los agresores eran parte de comandos fuertemente armados. La violencia en contra de aspirantes y candidatos sumó un total de 693 víctimas: 68 % más que en las elecciones presidenciales de 2018. La ola de sangre se extendió por 570 municipios de los 32 estados, con 20 capitales incluidas (los datos son de Etellekt).
Entre otras cosas, se registraron daños a la propiedad, robos con o sin violencia, atentados contra familiares de los candidatos (que dejaron 41 víctimas mortales), privaciones ilegales de la libertad y agresiones incluso contra oficinas partidistas.
Veracruz registró el mayor número de eventos de violencia política. De acuerdo con la consultora Lantia Intelligence, en ese estado, que registró un incremento de 280 % de los delitos, en relación con los cometidos durante el proceso de 2018, “la violencia política-electoral fue un mecanismo empleado por las organizaciones criminales para controlar carteras clave de la administración local y consolidar su presencia territorial”. La inmersión en el infierno veracruzano enchina la piel:
La madrugada del 2 de abril, los restos de Gonzalo Elías Zopiyactle, esposo de la candidata a la alcaldía de Mixtla, aparecieron junto a un mensaje del crimen organizado: “Esto apenas empieza”.
Era cierto, pues la cadena de muertes, de secuestros, de agresiones no paró en el estado.
La misma intromisión a gran escala del crimen organizado se reportó en Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas y Morelos, entre otros estados. Se trató de las elecciones más violentas que el país ha vivido a lo largo de su historia. Pero tal vez esta intromisión encontró su forma más visible y descarnada el día en que en Sinaloa el cártel de ese mismo nombre se robó la elección.
Horas antes de que arrancara la jornada electoral, camionetas del crimen organizado circularon sin pudor por calles de Culiacán. En la madrugada del 5 de junio fue secuestrado el secretario de Organización del PRI, José Alberto Salas Beltrán, quien poseía los datos de la estructura electoral del partido y la lista de las tareas que cada integrante iba a emprender.
Con la información obtenida tras el secuestro de Salas, el Cártel de Sinaloa inició la cacería de colaboradores y operadores del candidato priista, Faustino Hernández. “Te cerraban el paso varias camionetas, te apuntaban a la cara cinco, seis hombres armados, te subían a golpes e improperios a la parte trasera de sus vehículos y te cubrían la cara con ‘cinta canela’”, relató una de las víctimas.
Un reportaje publicado en el semanario Ríodoce relata que los operadores del PRI fueron llevados a casas de seguridad, con los ojos vendados y las manos atadas detrás de la espalda.
En medio de una tremenda violencia física y verbal, los “levantados” fueron interrogados: “¿Quién es tu jefe? ¿Con quién estabas? ¿A dónde ibas? ¿Quién te está esperando? Dime nombres o no la cuentas”.
Esa noche, el Cártel de Sinaloa recorrió Culiacán para desactivar por completo la estructura de Hernández. Los sicarios se lanzaron sobre “jefes de sección, jefes de colonia, líderes de zona, representantes generales… Mucha gente recibió llamadas y mensajes en los que les decían: ‘Déjate de pendejadas. Mañana no te quiero ver en la calle’”.
Otra de las víctimas le contó de manera anónima al periodista Ismael Bojórquez que el objetivo de la operación era hacer ganar al candidato de Morena a la gubernatura del estado, Rubén Rocha Moya: “Si no gana Rocha, los vamos a matar”. La operación tenía como fin, asimismo, asegurar el triunfo del candidato a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.
De acuerdo con Ríodoce, al advertir que sus colaboradores habían sido “levantados”, el candidato priista Faustino Hernández comentó: “Si me hubieran dicho, yo me bajo [de la contienda]”.
Hernández había tenido que pedir la venia de Ismael “el Mayo” Zambada antes de lanzar su candidatura. A la fracción del Cártel de Sinaloa que dirigen los hijos del Chapo la decisión no le gustó. La noche anterior a la jornada electoral se desató el operativo que le iba a permitir al cártel robarse la elección.
Los operadores fueron abandonados, con vendas en los ojos, una hora antes del cierre de casillas, en una carretera próxima a Culiacán.
La operación se extendió a Concordia, Badiraguato, Escuinapa, Guasave, Cosalá, Guamuchil, El Fuerte, Elota y Los Mochis. En esos municipios, sicarios encapuchados y con armas largas recorrieron zonas urbanas y rurales, perpetraron “levantones”, amenazaron a funcionarios y votantes, se robaron las urnas y la paquetería electoral, y cometieron, incluso, varios asesinatos. Hubo amenazas directas, realizadas por teléfono, a los presidentes de casilla. La orden era cerrarlas o atenerse a las consecuencias.
La candidata del PRI a la alcaldía de Concordia fue obligada a renunciar. Al candidato del PRD por el mismo municipio “lo cachetearon en su casa, le ordenaron que abandonara la campaña y que se fuera de Concordia”.
En Guasave, una regidora y cuatro funcionarios, entre ellos el director de Ingresos del Ayuntamiento, fueron secuestrados.
Salvo la candidata a diputada Paola Gárate, que no encontró eco alguno, ninguna de las víctimas quiso denunciar. No hubo un solo abogado que estuviera dispuesto a denunciar los hechos ante un tribunal. El gobernador Quirino Ordaz —actual embajador de México en España— envió la indicación de que, “por seguridad”, era mejor darle vuelta a la página. Se pidió callar y quedaron sin justicia quienes esa noche fueron víctimas de delitos. Rocha Moya y Estrada Ferreiro obtuvieron el triunfo. Ese día votó el narco.
El informe concluye que todos los principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana, que México firmó el 11 de septiembre de 2001, fueron arrollados durante esas elecciones. A resultas de ese proceso teñido de sangre y violencia, regiones enteras del país quedaron bajo el control del crimen organizado. Emergió un nuevo México. Un México en donde los candidatos “permitidos”, más que responder a sus votantes o a partido político alguno, deben responder a los señores que el 6 de junio condujeron la elección del narco.
Héctor de Mauleón
Escritor y periodista. Publica la columna “En tercera persona” en El Universal.
1 El informe completo puede consultarse en: https://bit.ly/3SFIQai.