¿Cuantos seres vivos hay en el planeta Tierra? Incontables billones de entre 10 y 30 millones de especies, todas diferentes entre sí, todas con denominadores comunes, entre ellos uno elemental: dependen del agua para vivir. Entre todas las especies hay solo una, el Homo sapiens —7.4 mil millones de individuos—, que ha transformado el hábitat de la mayoría de las demás y afectado su acceso al agua.

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Ilustraciones: Kathia Recio

Desde el origen de la humanidad el agua ha sido un factor decisivo en la ubicación de los grupos humanos sobre el territorio y ha permeado las relaciones humanas, tejiendo estrechas redes de convivencia y de conflicto. Estamos acostumbrados a ver un planeta azul y a pensar que hay en él agua de sobra. Hasta hace poco fuimos educados con la falsa idea de que el agua es un recurso natural renovable ilimitado; que basta domar el ciclo hidrológico en beneficio de los humanos mediante la ingeniería y sus innovaciones tecnológicas. Ciudades enteras se han construido a lo largo de la historia drenando y desecando lagos, y abusando de la extracción del agua de los acuíferos. Se ha fomentado el crecimiento de megalópolis y se cultivan alimentos desperdiciando millones de litros de agua. Se interrumpe el flujo de los ríos para construir presas, se destruyen manglares y humedales para establecer pastizales y cultivos. Se deforestan selvas y bosques y se usan los ríos como drenajes de desechos urbanos. Con el tiempo, ¡oh sorpresa!, empieza a faltar agua y descubrimos que su calidad es cada vez peor. Entonces nos preocupamos. A veces demasiado tarde.

La intervención de las sociedades humanas sobre el ciclo natural del agua no es reciente, pero nunca ha tenido consecuencias tan severas como hoy. Es un problema lleno de inequidades y contradicciones: exceso de agua en algunas regiones frente a la escasez de otras; derroche del recurso en unos sectores mientras otros apenas tienen lo indispensable para sobrevivir; competencia por el uso del agua entre la demanda urbana, la agrícola y la industrial, entre habitantes de la parte alta de las cuencas y los que viven abajo; desigualdades entre los que contaminan y los que sufren de la contaminación; contradicción entre la necesidad de conservar los ecosistemas naturales y la producción de alimentos y el desarrollo; injusticia de quienes viven en el presente hacia los que vivirán en el futuro.

Las inercias son enormes y es muy difícil frenarlas o reorientarlas. Pero ante la crisis del agua no hay otra opción: debemos actuar con urgencia. Es difícil y costoso, sin duda, y muchas de las correcciones necesarias verán sus impactos en el futuro. Nadie, o casi nadie, está dispuesto a asumir los costos políticos y económicos de las decisiones de fondo, y se siguen postergando las acciones de largo plazo. Actuar hoy es difícil y costoso, pero mañana será mucho peor.

¿En dónde perdimos el rumbo? ¿Qué hacer para retomarlo? ¿Estamos a tiempo? Abordo en este texto, desde la perspectiva ambiental, algunos de los principales problemas sobre el agua y su gestión en México y su posible corrección. Pero como no es un problema sólo de los mexicanos ya que el ciclo hidrológico no conoce fronteras geopolíticas, empiezo con un breve diagnóstico del contexto global.

 

El agua es un elemento renovable del planeta y un componente clave de sus ecosistemas. Una manera sencilla de explicar el ciclo del agua es la siguiente: el agua se precipita de las nubes en forma de lluvia, granizo o nieve; se filtra en la tierra y se almacena en los acuíferos, o escurre por los ríos, formando lagos durante su flujo, hasta desembocar en los mares o en cuerpos de agua interiores en el caso de las cuencas endorreicas. Gran parte del líquido se evapora: aproximadamente dos tercios. Otra parte se absorbe en la vegetación y luego se transpira, en forma de gas, se condensa en las nubes y se vuelve a precipitar.

El planeta Tierra se ve azul desde el espacio porque tiene tres cuartas partes cubiertas de agua. Pero el 97.5% de este líquido es salado, concentrado en los océanos. Sólo el 2.5% restante es agua dulce. Del total del agua dulce, 68.9% está congelada en los polos, un 30.8% es agua subterránea y sólo 0.3% es superficial, localizada en lagos, lagunas, ríos y humedales. Los lagos más grandes del mundo son el Baikal en Asia Central, el Tanganica y Nyasa o Malawi en África, y el Superior en Canadá–Estados Unidos. Los ríos más caudalosos son el Amazonas, el Congo y el Mississippi (Carabias y Landa, 2004).

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El agua es indispensable no sólo para la supervivencia de los seres humanos, como para el resto de los seres vivos, sino también para el desarrollo y bienestar de las sociedades. La usamos para beber, producir y cocinar alimentos, para la limpieza personal, para la navegación, para la producción de electricidad y para la industria. Es, además, el sustrato de la producción de las pesquerías de agua dulce, y el medio de acarreo de nutrientes para las pesquerías marinas, entre muchos otros beneficios y usos.

Es un recurso natural renovable, pero para completar su ciclo de renovación el agua requiere de los ecosistemas. Cuando alteramos la naturaleza y sobrepasamos los umbrales del funcionamiento sano de los ecosistemas el recurso escasea o se agota. Es indispensable el servicio ecosistémico, un bien que beneficia a los humanos, generado a partir del funcionamiento de la naturaleza.

Del agua dulce total del planeta, tanto subterránea como superficial, sólo 0.6% está disponible para consumo humano. Dicho de otra forma, a pesar de que el agua del que dependemos los humanos se limita a una cantidad extremadamente pequeña del total del agua del globo (0.014%), tenemos la soberbia de dañarla y desperdiciarla.

Lo paradójico es que, no obstante su escasez, este líquido vital puede ser suficiente para todos los seres vivos que ocupamos el planeta, incluyendo a los 7.4 mil millones de consumidores humanos, y los que se acumularán en las siguientes tres décadas, antes de que la población se estabilice, hacia 2050, en los nueve o 10 mil millones de personas. Pero esta disponibilidad futura del agua, una buena noticia, no podrá alcanzarse si mantenemos las actuales formas irracionales de uso de los ecosistemas y si no se modifican los fuertes desequilibrios entre los usos del agua y su oferta natural (Perevochtchikova, 2016).

 

El agua se distribuye de manera muy desigual en el planeta tanto en una dimensión territorial como temporal. El continente americano tiene 47% del agua del mundo, Asia 32%, África 9%, Europa 7% y Australia y Oceanía 6%. Sin embargo, la población en estos continentes se distribuye de otra forma: América: 14%, Asia: 57%, África: 14%, Europa: 10% y Australia y Oceanía: 5%. En América y África hay un número similar de personas, pero en América hay cinco veces más agua que en África. Asia, con solo dos tercios del agua que tiene América, tiene una población cuatro veces mayor. Estas comparaciones gruesas dan una idea de las diferencias entre regiones en el planeta. Si lo analizamos a la escala de países, Canadá es el que tiene más agua, 99.7 metros cúbicos por habitante al año, mientras que la India sólo tiene 2.3.

Pero los promedios oscurecen la realidad. A pesar de que, bien utilizada, el agua dulce disponible podría satisfacer la demanda de todos los habitantes del planeta, esto no ocurre en los hechos. Hay al menos mil millones de personas que carecen de agua potable y más de dos mil millones no tienen infraestructura de saneamiento. 80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo se debe al agua contaminada; 40% de las personas vive en condiciones de estrés hídrico; 70% del agua utilizada es para la agricultura y más de la mitad se pierde por fugas.

La población que aún no cuenta con acceso al agua necesaria para una vida digna es de mil millones de personas. En los siguientes 35 años se añadirán 2.5 mil millones más. Es decir, que en los siguientes años alrededor de 3.5 mil millones de personas adicionales demandarán infraestructura de agua potable, recolección y saneamiento. Además, será necesario casi duplicar la producción de alimentos, tanto para la nueva población, como para la que vive en condiciones de pobreza alimentaria, lo cual también incrementará la demanda de agua. Se estima que ya estamos utilizando casi la mitad de toda el agua accesible del planeta. Pero si las tendencias se mantienen como están, en 2050, 60% de la población vivirá en condiciones de estrés hídrico, con las consecuentes afectaciones de salud pública, incremento de conflictos y desestabilización social, todo ello agravado por los efectos del cambio climático.

Se registran ya situaciones críticas severas, como la del río Ganges, que está seco varios días al año siendo la fuente principal de agua para el sur de Asia, zona densamente poblada que crece rápidamente. El río Amarillo, en China, está seco hasta una tercera parte del año, siendo una cuenca clave de producción de alimentos.

Ante estas cifras lacerantes, en su reunión de septiembre 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, definiendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo número seis establece el compromiso de “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”; otros objetivos incorporan al agua de manera transversal. Alcanzar estas metas va a implicar esfuerzos mayúsculos de todas las naciones; es indispensable actuar a la brevedad.

 

Por su ubicación geográfica, su historia geológica, su accidentada topografía y su colindancia con océanos y mares, en México están presentes todos los climas del mundo y todos los tipos de ecosistemas, excepto los del frío extremo. Es una situación privilegiada que sólo se comparte con China y que no hemos sabido aprovechar.

En el territorio mexicano se precipitan anualmente mil 489 kilómetros cúbicos de agua, de la cual se evapotranspira 73.2% y regresa a la atmósfera. Un 22.1% conforma los escurrimientos superficiales en arroyos y ríos, y 4.7% se infiltra y recarga los acuíferos. El volumen nacional de agua superficial se incrementa 14% gracias a las importaciones provenientes de agua fronterizas. Se estima que la disponibilidad natural media anual de agua, o agua renovable, es de 459 kilómetros cúbicos, cantidad suficiente para atender a la población nacional. Sin embargo, las formas de uso y gestión del agua han colocado al país en una situación crítica cuyos síntomas visibles son un importante deterioro ambiental, carencias significativas en amplios sectores de la población, competencia entre sectores por el agua y conflictos sociales, locales y regionales. Lo más grave es que, con las tendencias actuales, estamos hipotecando el bienestar y desarrollo de las futuras generaciones.

Nuevamente, los datos nacionales no expresan la verdadera situación del país. Las características naturales hacen que el agua se distribuya de manera muy desigual en el territorio. En la región centro, norte y noroeste, que abarca alrededor de dos terceras partes del territorio nacional y donde predominan los climas áridos y semiáridos, escurre el 32% de las aguas superficiales. Los ecosistemas que allí se desarrollan son los desiertos, los semidesérticos, o las selvas muy secas. Por contraste, en la zona sur y sureste escurre el 68% del agua superficial. Ahí los climas cálidos y húmedos permiten la presencia de las selvas tropicales. En las montañas muy húmedas se establecen los bosques mesófilos y en las menos húmedas los bosques de coníferas y encinos.

Las diferencias naturales en la distribución del agua se magnifican por la desigualdad del desarrollo regional y de la ocupación territorial en el país. En la región centro, norte, noroeste, que sólo cuenta con 32% del agua superficial, se ubica el 77% de la población nacional y se concentra el 86% del producto interno bruto. En la región sur sureste, con 68% de los escurrimientos, se ubica sólo 23% de la población y se genera 14% de PIB. La disponibilidad media de agua por habitante al año en la primera región es de dos mil metros cúbicos, mientras en la segunda llega a ser de 14 mil metros cúbicos. Más evidente aún es la diferencia entre entidades federativas. Por ejemplo, Tabasco recibe 13 veces más precipitación que Baja California Sur (Conagua, 2001).

Debido a estas desigualdades naturales, sociales y económicas, el índice de presión (disponibilidad natural de agua entre el número de habitantes) en la región centro, norte y noroeste es de 44%, cifra considerada por los estándares de la ONU como presión alta urgida de una administración cuidadosa. La gestión del agua en el país debe reconocer estas profundas asimetrías regionales.

 

Del agua total disponible en México (459 kilómetros cúbicos) se extrae para distintos usos 17.4%, equivalente a 80 kilómetros cúbicos. De éstos, 30 kilómetros cúbicos provienen de agua subterránea y 50 kilómetros cúbicos de aguas superficiales (37% y 63% de la extracción total respectivamente) (Semarnat, 2010). Cabe hacer notar que los 30 kilómetros cúbicos de agua subterránea que se extraen de los acuíferos representan más de 35% del total de la recarga anual, lo cual, según los estándares internacionales, es una situación de presión entre media y alta que debe ser modificada para evitar una situación crítica. Del agua total extraída (80 kilómetros cúbicos), 77% (61.6 kilómetros cúbicos) se utiliza para la agricultura de riego, 14% (11.2 kilómetros cúbicos) para el abastecimiento público, 5% (cuatro kilómetros cúbicos) para las termoeléctricas y 4% (3.2 kilómetros cúbicos) para la industria (Semarnat, 2010).

Según la fuente de origen, 63% del agua de riego proviene de aguas superficiales y 37% de aguas subterráneas. En el caso de las ciudades, 70% proviene de aguas subterráneas. Dicho de otra forma forma, 70% del agua subterránea utilizada se destina al riego y 30% a las ciudades.

De modo que la mayoría de los recursos hídricos utilizados en el país se destinan a irrigar 6.5 millones de hectáreas de cultivos. El mal estado de los sistemas de riego provoca que entre 40% y 50% de este volumen se pierda por fugas: entre 25 y 30 kilómetros cúbicos. Es inconcebible que las fugas agrícolas sean mucho más del doble que la cantidad total de agua destinada al abasto púbico y a casi ocho veces lo que necesita la industria. La suma de la demanda del abasto público y de industria (14.4 kilómetros cúbicos) equivale a la mitad de lo que la agricultura desperdicia. En la condición de escasez que vive en el norte y en el noroeste del país, donde se ubican las tierras de riego, esta situación es simplemente insosteniblee. A esto se suma el hecho de que la mayor parte del agua proviene de acuíferos sobreexplotados.

Los acuíferos indispensables para el bienestar y desarrollo de las zonas norte, noroeste y centro de México, se están sobreexplotando por un mal uso del agua de riego. La situación se agravará porque se trata de regiones en las que se proyecta un crecimiento económico y poblacional significativo en los siguientes años. Los procesos convergentes de cambio climático llevarán a la región a una condición de mayor sequía. Pese a estos riesgos inminentes, no se está analizando la relación entre el agua y la producción de alimentos, y su impacto ambiental, económico y social. Mucho menos se están adoptando medidas preventivas. ¿Cuánto más alimento se puede producir en esta región y cuáles son los productos más viables y estratégicos? La respuesta no debe depender de las fuerzas del mercado, sino de la planeación del crecimiento en función del agua disponible, subterránea y superficial, sin alterar los ecosistemas. La región está llegando a un estrés hídrico y para revertir la tendencia de deterioro se requiere un impulso serio en la investigación que nos permita entender, entre otros procesos, el funcionamiento y condición de los acuíferos, sus interconexiones y delimitación (Carrillo, 2016; Llanos et al., 2016); desarrollar tecnologías más eficientes de riego; conocer cultivos y variedades menos demandantes de agua con base en el conocimiento tradicional acumulado durante milenios.

El agua destinada al abastecimiento público no ha logrado la cobertura universal de los servicios, pese a que desde 2012 la Constitución consagró el acceso al agua como un derecho humano, junto con el deber del Estado de garantizar su uso equitativo y sustentable. En 2015 la cobertura de agua potable era de 92.5% (95% en zonas urbanas, 83% en rurales), la de alcantarillado de 91% (93% en las zonas urbanas, 73% en las rurales). Aquí se pierde también cerca de 40% del flujo por fugas en las redes de distribución urbanas. Se estima que la población urbana llegará a ser 90% de la población total del país hacia 2050 (entre 126 y 135 millones de habitantes). La demanda de agua en las ciudades seguirá incrementándose, al igual que los conflictos entre sectores y entre regiones.

El principal problema vinculado al uso industrial del agua es que, por falta de planeación regional, las industrias compiten por el recurso en regiones de escasez. La falta de tratamiento de las aguas residuales provoca la contaminación de los cuerpos de agua, con severos impactos a la salud humana y a los ecosistemas. El principio de “quien contamina paga”, establecido en la legislación para desincentivar las descargas de residuos industriales y fomentar su tratamiento, no ha sido eficaz. El bajo costo que implica hacer las descargas es parte de la planeación financiera de las industrias. Peor aún: las multas y las mordidas o mordidas suelen ser calculadas como parte de los costos de operación.

 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) obliga a que las concesiones y asignaciones de aprovechamiento se otorguen en función de la disponibilidad del líquido. Su artículo 3° fracción LIV define el “Uso Ambiental” o “Uso para conservación ecológica” como “El caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema”.

No hay mediciones suficientes para cumplir con estas disposiciones legales. Tampoco hay la verificación y el monitoreo necesarios para garantizar que la extracción sea sustentable, es decir, que no se extraiga agua más allá de los umbrales necesarios para que los ecosistemas se mantengan sanos y se conserve el ciclo hidrológico (Carabias y Landa 2004; Llanos et al. 2016). No es raro que se otorguen concesiones hasta por el 100% del escurrimiento. En solo cinco años, entre 2009 y 2014, el volumen concesionado de fuentes superficiales aumentó en 64%. La falta de cumplimiento de la ley afecta severamente tanto a los ecosistemas terrestres y humedales, como a los acuíferos.

Hay que añadir que el agua que se concesiona para riego no se mide y no se paga. Por ello, con mucha facilidad, las tierras de riego quedan largo tiempo con una capa de agua que, al evaporarse, deja sales almacenadas en el suelo, que al cabo de un tiempo pierden su fertilidad por la salinización. La agricultura de riego juega un papel importante en la economía: aporta alrededor de una cuarta parte de los alimentos básicos del país. Pero no se consideran al evaluarla las externalidades ambientales negativas que produce. Esta riqueza se genera a costa del suelo y del agua del futuro.

Una manifestación es que de los 653 acuíferos registrados, 106 están sobreexplotados. La cifra ha crecido aceleradamente en los últimos 40 años. En 1974 se reportaron 32 acuíferos sobreexplotados, en 1981 fueron 38, en 1985 subieron a 80, en 2000 a 98 y en 2013 a 106 (Semarnat, 2010). 58% del agua subterránea que se utiliza proviene de estos acuíferos sobreexplotados, lo cual pone en riesgo el abastecimiento futuro.

En muchos casos la extracción de agua de los acuíferos altera su estructura. Los materiales geológicos que los componen se pueden llegar a compactar, eliminando los espacios que antes acumulaban agua. La pérdida de esta capacidad de almacenamiento es irreversible y muy cara, pues con ella se pierden enormes espacios de almacenamiento natural que eventualmente habrá que sustituir con tecnología de alto costo ambiental y económico. Es el caso, entre otros, del Valle de México, cuyo bombeo de agua excede la recarga natural en una variación de 50% a 80%, lo que ha producido una caída en los espejos de agua, la compactación del acuífero, hundimientos del suelo y daños a las estructuras superficiales (Carrillo 2016).

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Otro factor del deterioro es la contaminación, tanto por descargas industriales y domésticas, como por los escurrimientos cargados con agroquímicos. Solo 35% de las descargas domésticas reciben tratamiento y 18% de las industriales. El resultado es que sólo 27% de las cuencas están en calidad aceptable o excelente, 45% están poco contaminadas y 25% contaminadas y altamente contaminadas.

Las descargas de la industria contienen 1.5 veces más de DBO (demanda bioquímica de oxigeno) que la de los centros de población, además de contaminantes químicos peligrosos. Las industrias más contaminantes son la azucarera, la alcoholera, la de papel y celulosa, la química, la petrolera, la alimentaria y agropecuaria (particularmente la porcícola y el café), así como los giros de minería, metalmecánica y textil.

La deforestación de los ecosistemas naturales, además de la pérdida de biodiversidad que esto implica, afecta al ciclo hidrológico, ya que disminuye la evapotranspiración y la infiltración del agua al subsuelo por la falta de la vegetación. Además, los escurrimientos sin vegetación erosionan el suelo y los sedimentos se acumulan en los cuerpos de agua, azolvándolos y disminuyendo el caudal de los ríos. Más de la mitad de la superficie del país ha perdido su vegetación original y 45% presenta algún grado de erosión.

 

Desde hace casi un siglo los problemas vinculados al agua se atienden con soluciones basadas en la tecnología ingenieril: construcción de infraestructura hidráulica, presas, bordos, tubos, bombas. La administración del agua ha sido acaparada por ingenieros que han logrado proveer agua a la mayoría de los mexicanos y contribuido a la producción de alimentos, no poca cosa, pero no han reconocido suficientemente el valor ambiental del agua y esto implica riesgos para el futuro. Las políticas públicas no incorporan al agua como un elemento transversal de la vida, del desarrollo y del bienestar, es decir, como un recurso ambiental, económico y social. No considerar el volumen necesario para mantener el medio ambiente sano ha sido, históricamente, la base de la crisis del agua, que compromete la seguridad hídrica y el acceso equitativo a ella. La situación se agrava por el cambio climático, la extracción ilegal y la falta de información, entre otros factores (Llanos et al. 2016).

Se han creado instituciones responsables del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas hídricas, que incluyen a diversos sectores y órdenes de gobierno y en los que incluso participan representantes de los usuarios y de la sociedad. Pienso en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), su Consejo Técnico, los Organismos de Cuenca, los Consejos de Cuenca. Pero la realidad es que estos órganos no asumen a fondo su función de entender y analizar las relación del agua con la conservación de los ecosistemas naturales, con la seguridad alimentaria y energética, con la ocupación territorial y el crecimiento urbano e industrial, con el logro de las metas de bienestar, entre otras vinculaciones indispensables para planear el manejo integral de las cuencas. La ubicación de la Conagua como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales constituye un avance muy importante para la gestión integral del agua. Pero ha sido poco fomentada la sinergia entre los sectores hídrico y ambiental.

Las cuencas se administran sólo desde la perspectiva de agua, como si fuera el único recurso importante de estos territorios, y no se considera la presencia del resto de los ecosistemas naturales, de los asentamientos humanos y de los sistemas productivos, ni los impactos de éstos dos últimos en la cuenca. Aunque hay instrumentos legales de planeación para atender integralmente estos territorios, como el ordenamiento ecológico territorial, éstos no se incluyen en las estrategias de las políticas hídricas.

No menos grave es la falta de continuidad de mediciones, monitoreo, evaluaciones y proyecciones, así como la poca transparencia de la información que se genera en las instancias gubernamentales responsables de la gestión del agua, lo cual no ayuda a la toma de decisiones informadas e incluyentes a todos los niveles.

 

El país no está cumpliendo con los derechos humanos consagrados en la Constitución de acceso universal al agua y de un medio ambiente sano. Tampoco el Estado cumple con su deber de garantizar el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Las tendencias de uso del agua están alterando el ciclo hidrológico y generando un importante deterioro en los ecosistemas naturales, indispensables para mantener la biodiversidad, el bienestar y el desarrollo presente y futuro. Un cambio de visión en la gestión del agua es indispensable para conciliar estos derechos y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU.

 Una premisa ineludible, piso básico de entendimiento, es que el agua constituye un elemento clave de los ecosistemas terrestres y acuático. Su renovabilidad está sujeta a que el ciclo hidrológico funcione adecuadamente, lo cual requiere, como condición sine qua non, de los ecosistemas naturales.

 Por ello, la política hídrica debe regirse por los principios de sustentabilidad ambiental que implican: 1) limitar la extracción del recurso hídrico a la capacidad de renovación de los cuerpos de agua; 2) limitar las descargas de aguas residuales a la capacidad de asimilación de esos mismos cuerpos; 3) proteger los ecosistemas naturales vinculados al ciclo hidrológico y detener la deforestación.

Hay algunos instrumentos legales para ejercer estos principios, pero son insuficientes, inconexos o, simplemente, no se aplican. Entre ellos está la obligación del Estado de medir el volumen necesario para la conservación ecológica del agua, a partir de lo cual puede calcularse el potencial de extracción y distribuir los excedentes para uso público, producción de alimentos y otros usos productivos y recreativos. La medición del caudal ecológico está establecida en la norma oficial mexicana (NMX-AA-159_SCFI-2012) y es obligación del Estado mexicano que todas las cuencas tengan definido su caudal ecológico. Sin embargo, en muy pocas cuencas se ha cumplido con este mandato legal. El caudal ecológico es una condición para poder decretar las reservas nacionales de agua y con ello proteger los ecosistemas acuáticos y terrestres vinculados al ciclo hidrológico (Barrios et al., 2015).

En el caso de las descargas de aguas residuales que contaminan los cuerpos de agua debe modificarse la normatividad para endurecer los parámetros, incrementar el pago de derechos y las multas para desalentar que ocurran dichas descargas y fomentar su tratamiento.

Para lograr el acceso universal al agua potable y al saneamiento es necesario ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, de alcantarillado y del saneamiento mismo. Para abastecer la demanda creciente de las ciudades es indispensable construir infraestructura para el reuso del agua, como ocurre en la mayoría de las grandes ciudades de los países desarrollados. Será necesario incrementar los recursos económicos para estas obras hidráulicas, por medio de innovaciones financieras, y garantizar que el Estado se haga responsable del abastecimiento de agua para la población que vive en condiciones de marginación.

En cuanto al uso del agua para riego es necesario ajustar las concesiones a la disponibilidad real, fomentar el uso eficiente del agua en los sistemas de riego para la producción agrícola y cultivar productos menos demandantes de agua en zonas de escasez de este líquido.

Es necesario también fortalecer las capacidades nacionales para afrontar los riesgos ante los fenómenos hidrometeorológicos extremos, mediante sistemas de información meteorológica, planes preventivos y de contingencias. Hay, sobre todo, que ordenar los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

El cuidado del ciclo hidrológico requiere de la protección de los ecosistemas de las cuencas y, muy especialmente, de la vegetación ribereña de ríos y lagos o, en su caso, de su restauración. La legislación y las políticas de conservación contemplan instrumentos tales como las áreas naturales protegidas, las regiones hidrológicas prioritarias, las áreas de protección forestal, las zonas de restauración ecológica. La aplicación de todos estos instrumentos debe alinearse en el territorio bajo una lógica de manejo integral de las cuencas.

Es necesario articular los planes de manejo integral de las cuencas con los ordenamientos ecológicos de esos territorios, mediante mecanismos de planeación participativa y de toma de decisiones incluyentes, transparentes y con rendición de cuentas, así como tener claros los mecanismos de resolución de conflictos.

La formulación de políticas públicas modernas para la gestión del agua requiere de formas novedosas de gobernanza en las que, sin perder la función rectora del Estado sobre el agua, estén presentes los tres órdenes de gobierno, se promueva la organización responsable y el compromiso de la sociedad, se incluya a los usuarios en la toma de decisiones, actúen de manera coordinada y planeada los distintos sectores involucrados, se fomente una cultura respetuosa del agua y, sobre todo, se construya una política de Estado, de largo plazo, que promueva el bienestar de las presentes generaciones y tenga un compromiso intergeneracional con las que vienen.

Bibliografía

Barrios et al., Programa Nacional de Reservas de Agua en México: Experiencias de caudal ecológico y la asignación de agua al ambiente, Banco Interamericano de Desarrollo, 2015.

Carabias, J. y R. Landa, Agua, medio ambiente y sociedad, Colegio de México, 2004.

Carrillo, J., “Conflictos por el agua subterránea”, en: J.O. Moncada Maya y A. López López (coords.), Geografía de México. Una reflexión espacial contemporánea, Instituto de Geografía, UNAM, 2016.

Conagua, Plan Nacional Hidráulico 2001-2006, 2001.

Perevochtchikova, M., “Problemática socioambiental de la disponibilidad y la gestión del agua superficial, en: J.O. Moncada Maya y A. López López (coords.), Geografía de México. Una reflexión espacial contemporánea, Instituto de Geografía, UNAM, 2016.

Llanos, M. et al., Análisis y propuestas para la conservación de la biodiversidad en México 1995-2017, Ciudad de México, 2017.

Semarnat, Estadística del agua en México, 2010 www.conagua.gob.mx

 

Julia Carabias
Doctora en ciencias. Profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es coordinadora del libro Conservación y desarrollo sustentable en la Selva Lacandona. 25 años de actividades y experiencias.

 

8 comentarios en “Agua para principiantes

  1. Excelente articulo! Creo que el principal problema de México son el gobierno y la ideología nacional. Sin un Estado adulto, maduro, sano, inteligente y libre de corrupción es imposible que pueda lograrse una correcta transformación de la sociedad y con ello una mejor administración y respeto por los recursos naturales de esté país.

  2. La Dra Carabias ya fué funcionaria pública en en estos temas a nivel nacional. No sé si se dió cuenta del grado de corrupción y de disfuncionalidad existente en las instancias de gobierno encargadas del tema agua. Que hizo ella al respecto en su gestión??. En cuanto al agua para la agricultura, porque no se cobra volúmetricamente?? Asi como se cobra en las casas. Faltan reglas y gobernanza en general mas que técnica. En fin es un tema amplio y similar a todos los problemas de México.

  3. Excelente artículo, Julia. Coincido con muchas de tus apreciaciones, pero por mi (de)formación profesional me parece que es lamentable que solo dediques dos párrafos al problema de la contaminación del agua, y eso solo para enfatizar el problema de las descargas que aumentan la demanda bioquimica de oxígeno (DBO) y solo menionas de pasada las “sustancias químicas peligrosas. Estas últimas son el verdadero problema, y no la DBO. Hay sustancias químicas que pueden persistir décadas en el ambiente, y ocasionar serios problemas a la salud, tanto humana como ambiental. Los esfuerzos que se hacen en el país para monitorear, y controlar o eliminar su uso son mínimas. Un ejemplo particularmente preocupante son los resíduos de medicamentos, pues estos son compuestos diseñados para tener una actividad biológica, y desgraciadamente las plantas de tratamiento de aguas negras no están diseñadas para eliminarlos (además de la baja cobertura de saneamiento que tenemos). Así, estamos contaminando nuestras aguas con antibióticos, antidepresivos, hormonas, y un largo etcétera.
    Ojalá haya políticas para eliminar estas sustancias, además de los agroquímicos, metales y metaloides, y otro largo etc.
    Saludos cordiales,
    Gerardo Gold

  4. Un segundo comentario es que parte del problema con el agua ha sido, desde mi punto de vista, el excesivo énfasis en la llamada “agenda verde”, que tiene que ver con especies y áreas protegidas. Estos aspectos son muy importantes, pero se han atendido de manera casi exclusiva, desatendiendo de manera proporcional la “agenda gris”, que tiene que ver con la contaminación. De nuevo, el problema no es la DBO, sino las sustancias tóxicas y persistentes.
    Un ejemplo ilustrativo es la poca atencieon que le ha dado México a los acuerdos que tienen que ver con los contaminantes orgánicos persistentes (COP), y los acuerdos internacionales alrededor de ellos, como los convenios de Estocolmo, Rotterdam y Montreal por no hablar de la iniciativa SAICM. Por ejemplo, hasta hace unos cuantos años (espero que la situación haya cambiado pero lo dudo mucho) México “cumplía” con los compromisos de monitoreo del convenio de Estocolmo analizando una muestra (si, leiste bien, una muestra) de leche materna compuesta mezclando la leche de 50 (o 100, no recuerdo bien) mujeres lactantes. Eso es lo mínimo que pide el convenio, y ya te imaginarás la panorámica nacional que nos da ver un número al año.
    Hemos hecho muy poco respecto a estos problemas, y creo que además de los otros problemas que mencionas, debe dársele atención urgente. Nuestra salud, y la de los ambientes que nos rodean, están en peligro.
    Saludos cordiales,
    Gerardo

  5. En la llamada Región Lagunera (Coah-Dgo) desde hace años hemos venido denunciando la criminal sobreexplotación de nuestro acuífero (o acuíferos) por parte de los grandes productores de leche ya que para mantener los forrajes que requiere éste tipo de explotación, se requieren muy grandes volúmenes de agua. CONAGUA ha sido totalmente ineficaz o abiertamente cómplice ya que no ejerce las medidas que está obligada tomar para que haya una explotación racional de éste recurso vital. Según la propia CONAGUA , el acuífero lagunero recibe anualmente 620 mm3 vía corrientes subterráneas y se le extraen 1,100 mm3 por año. El espejo del agua baja 3-3.5 mts. anuales. Los concesionarios no cuentan con medidores volumétricos ni un sistema de inspección que los obligue a sujetarse a la extracción del volumen de agua autorizado. Cada concesionario extrae lo que se le viene en gana. Por otra parte, las profundidades a las que actualmente se realiza el bombeo, hace que el agua acarree sustancias peligrosas para la salud humana, especialmente el arsénico. Esta situación de alta gravedad para la región se ha denunciado muchísimo pero no se le hace ningún caso por parte ni de las autoridades del agua, ni las municipales, ni las estatales y desde luego de CONAGUA. ¿Que hay que hacer para salvar a nuestra región?

  6. Conforme leía me llenaba de una opresiva sensación de vivir dentro de una novela de Kafka, con un presente caótico y un futuro ominoso. Una de las muchas conclusiones del excelente artículo de la Dra. Carabias es que la solución del problema del agua en el mundo no solo no parece tener fin, sino que se agudiza día a día y esta en el muy corto plazo a punto de convertirse en una tragedia mundial, si es que no ya lo es. otra conclusión podría ser ponerse a llorar y esperar la llegada de la catástrofe. Una más, la que yo prefiero, es ponerme a trabajar, desde ya para resolver este enorme problema…..como lo dijera, el que lo dijo…un largo camino (y este parece interminable), comienza con el primer paso…

  7. El excelente artículo de la Dra. Carabias, y los comentarios todos buenos, creo que un excelente trabajo no debe manosearse y decir por que cuando tuviste la oportunidad de hacer algo, o lo hiciste, desafortunadamente vivimos en México y que se podría hacer mucho desde las educaciones básicas del país, crear en las unidad habitacionales sistemas para limpiar el agua y hacerla potable, captar el agua de lluvia en un gran almacén para hacerla potable, no debemos dejar que el futuro nos alcance, no permitir que el agua se vuelva el problema del petroleo en manos de unos pocos,

  8. mexico, ha tenido la suerte de tener grandes cantidades de AGUA en particular por las lluvias en que nos vemos favorecidos, y este recurso es un gran tesoro, es momento de aprender a capar, almacenar y administrar este valioso recurso, es una cuestión de cultura cívica, política y económica, sin agua no somos nada, hay que empezar a generar esta cultura e información del cuidado del agua, su servidor capto mucha agua de lluvia la cual también administro, yo creo que es un buen principio guardar el agua en temporada de lluvia, ya que derivado de los diversos problemas sociales, que vivimos en la actualidad, la EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA DE NUESTRA CIUDAD, nos ha rebasado en diversas formas y una de ellas, tema delicado es la disposición, de agua potable, estamos a TIEMPO, los invito a guardar el agua de lluvia, yo pago 40 pesos bimestrales por concepto de agua y somo mas de doce personas en mi domicilio, gracias. y desde luego agradezco a nexos y su autora por este articulo tan valioso.