En términos estrictamente normativos, los últimos veinte años han sido cruciales en la inclusión de conceptos que visibilizan el llamado “trabajo del hogar" en la ley. Producto de las luchas feministas y del derecho internacional de los derechos humanos, actualmente el 72% de las entidades federativas tienen una disposición legal específica en la que reconocen que las tareas domésticas y de cuidado realizadas por alguno de los cónyuges constituyen una contribución económica a la familia.1 No obstante el innegable avance frente al silencio previo, esta conceptualización resulta totalmente insuficiente para garantizar que quienes realizan estas actividades, obtengan su valoración y justa retribución. En otras palabras, sigue siendo un mal negocio dedicarse al hogar en nuestro país y la ley hace (muy) poco para evitar que así sea. Esta condición, además, afecta más a las mujeres que a los hombres, por ser quienes asumen estas tareas en mayor medida.

domestico

De un análisis de las legislaciones civiles y familiares locales advertimos que existen apenas tres consecuencias jurídicas concretas atadas al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado en la materia: 1) la presunción de necesitar alimentos del cónyuge que se dedicó al hogar; 2) la subsistencia de la obligación alimentaria entre ex cónyuges en caso de necesidad de aquel que realizó estas tareas; y 3) el mecanismo compensatorio consistente en la posibilidad de reclamar al ex cónyuge, en el caso de haberse casado bajo el régimen de separación de bienes, un resarcimiento o una indemnización por las labores desempeñadas. Al margen de las dificultades intrínsecas de acceder a tribunales para hacerlos valer, los efectos previstos distan de ofrecer una solución jurídica real para quienes han sufrido un perjuicio económico derivado de asumir el cuidado del hogar y, en su caso, de los hijos, adultos mayores o personas con discapacidad.

En efecto, a pesar de que 23 de los 32 códigos reconocen la dedicación al hogar como contribución económica, sólo 13 establecen la presunción de necesitar alimentos por esa razón2 y únicamente 16 prevén que aquel que haya realizado estas tareas podrá exigir alimentos temporalmente a su ex cónyuge en caso de divorcio.3 En el primer supuesto, la importancia de la presunción radica en que facilita la carga probatoria del acreedor alimenticio en un procedimiento jurisdiccional, lo que resulta muy positivo al tratarse de actividades que se realizan en la esfera privada y que son producto de un acuerdo privado (y a veces hasta implícito), lo que dificulta su demostración. En el segundo, la posibilidad de reclamar una pensión alimenticia alivia la necesidad y el eventual empobrecimiento del cónyuge que asumió determinadas cargas domésticas y familiares en detrimento de su desarrollo en el mercado laboral remunerado. Ambas medidas legislativas son deseables a fin de articular de forma efectiva la valoración del trabajo del hogar en el matrimonio y, sin embargo, la mitad de las entidades federativas guardan silencio al respecto.

Como tercer supuesto, encontramos la figura de la “compensación” o indemnización”, introducida en el Código Civil para el Distrito Federal en el año dos mil ante la preocupación legislativa por la inequidad que puede surgir del régimen económico de separación de bienes en el matrimonio en el caso de un divorcio.4 Este mecanismo permite al cónyuge que haya desempeñado labores preponderantemente enfocadas al hogar o al cuidado de los hijos demandar un resarcimiento del otro cónyuge que, debido al apoyo que recibió, pudo desarrollarse en el mercado laboral convencional y por ello adquirió bienes. Actualmente son 21 entidades federativas las que prevén esta figura, bajo muy diversas modalidades, con el propósito de reconocer el costo de oportunidad de dedicar tiempo y esfuerzo a un trabajo que no está remunerado.5 Sin embargo, ¿qué hay de la otra tercera parte de las entidades federativas que nada prevé? ¿Cómo juega ese silencio en la articulación de una demanda que busque la valoración y retribución de esas funciones en el matrimonio?

La evidencia indica, entonces, que si bien la mayoría de nuestros códigos civiles y familiares establece que el cuidado del hogar y la atención de los hijos en el matrimonio deben considerarse como contribución económica, ello no se traduce normativamente en herramientas jurídicas concretas que den cauce y garanticen el derecho a ser recompensado por el desempeño de esa labor. Menos retórica y más sustancia sería la previsión en todas y cada una de las entidades federativas de una acción específica de alimentos (ya no basada en un modelo de dependencia o de sanción para el cónyuge “culpable” de la ruptura, sino de reconocimiento puntual del trabajo realizado) y de mecanismos compensatorios diseñados explícitamente para corregir la desproporción económica que genera la división de tareas al interior de la familia. Pero incluso esas medidas no bastan.

Lo que más llama nuestra atención no es tanto lo que dicen los códigos sino lo que callan. En efecto, el rasgo común de las legislaciones civiles y familiares en nuestro país es que el reconocimiento del trabajo del hogar —así sea meramente retórico— se da en el marco del matrimonio (como si únicamente las personas casadas realizaran esas tareas), y además parte de la premisa falsa de que el único que se beneficia es el otro cónyuge (cuando el beneficio trasciende incluso la familia, pues el Estado se ve liberado de realizar esas funciones). Por ejemplo, solamente de forma excepcional se reconoce explícitamente el trabajo del hogar en el concubinato.6 Únicamente cuatro entidades federativas prevén un mecanismo compensatorio a favor del concubino que realizó las labores domésticas y de cuidado en la familia.7 ¿Por qué se requeriría estar casado para reconocer este tipo de labores y atribuirles consecuencias jurídicas? ¿Qué sucede con las familias que se organizan fuera del matrimonio o incluso del concubinato? ¿Qué alternativas hay para las personas que, sin ser cónyuges o concubinos, realizan estas funciones en el núcleo familiar? ¿Qué pasa con los abuelos, tíos, sobrinos, hijos o cualquier otra persona que hace ese trabajo día con día? Pareciera que, al menos para la ley, su chamba no vale. Es más, ni siquiera “existe” en los códigos civiles y familiares.

Es por ello que debe traerse a la discusión sobre el trabajo del hogar una dimensión más estructural. ¿Por qué la valoración y el resarcimiento de las labores realizadas deben provenir necesariamente de la pareja, cuando toda la familia y la sociedad se han visto beneficiadas? ¿Cuál debería ser el papel del Estado, que se ve aliviado de sus funciones ante la privatización del cuidado de los dependientes? ¿Qué previsiones de seguridad social garantizarían un trato más justo a quienes cuidan? Mientras no se piense el trabajo del hogar desde el marco de corresponsabilidad social con un rol central del Estado y la ley no vaya más allá de condescendencias retóricas, cuidar implicará perder. 

Por el contexto legal actual, que empobrece a quienes le apuestan al bienestar de la familia y que afecta desproporcionadamente a las mujeres por ser quienes más dedican su tiempo a ello,  #nosotras paramos. 

 

Luz Helena Orozco y Villa

Diana Bernal Villalobos


1 Baja California en el artículo 161 del Código Civil y 31 de la Ley de la Familia; Chiapas en el 161 del Código Civil; Chihuahua en el 156 de su Código Civil; Ciudad de México en el 164 bis del Código Civil; Coahuila en el 151 de la Ley de la Familia; Durango en el 159 bis del Código Civil; Estado de México en el 4.18 del Código Civil; Guanajuato en el 161 del Código Civil; Guerrero en el 425 bis del Código Civil; Hidalgo en el 46 de la Ley de la Familia; Michoacán en el 152 del Código Familiar; Morelos en el 87 del Código Familiar; Nayarit en el 162-A del Código Civil; Nuevo León en el 164 del Código Civil; Oaxaca en el 163 del Código Civil; Querétaro en el 156 del Código Civil; Quintana Roo en el 708 del Código Civil; San Luis Potosí en el 32 del Código Familiar; Sinaloa en el 69 del Código Familiar; Sonora en el 27 del Código Familiar; Tamaulipas en el 20 de la Ley del Desarrollo de la Familia; Yucatán en el artículo 65 del Código Familiar y Zacatecas en el artículo 126 del Código Familiar.

2 Baja California en el artículo 308 de su Código Civil; Ciudad de México en el 311 bis del Código Civil; Colima en el 306-1 del Código Civil; Durango en el 311 bis del Código Civil; Estado de México en el 4.127 del Código Civil; Guanajuato en el 365-A del Código Civil; Nuevo León en el 281 del Código Civil; Oaxaca en el 163 del Código Civil; Quintana Roo en el 849 bis del Código Civil; Tabasco en el 167 del Código Civil, Veracruz en el artículo 233 bis del Código Civil; Yucatán en el 30 del Código Familiar; Zacatecas en el 256 del Código Familiar.

3 Aguascalientes en el artículo 296 del Código Civil; Chiapas en el 284 del Código Civil; Ciudad de México en el 288 del Código Civil; Coahuila en el 238 de la Ley de la Familia; Colima en el 287 del Código Civil; Estado de México en el 4.109 del Código Civil; Guerrero en el 7 de la Ley del Divorcio; Michoacán en el 273 del Código Civil;  Nuevo León en el 279 del Código Civil; Puebla en el 819 del Código Civil; Quintana Roo en el 819 del Código Civil; Sinaloa en el 192 del Código Familiar; Tabasco en el 285 del Código Civil; Tamaulipas en el 264 del Código Civil; Tlaxcala en el 134 del Código Civil y Yucatán en el 200 del Código Familiar.

4 El legislador dio por hecho, además, que la cuestión está solucionada tratándose de matrimonios celebrados por sociedad conyugal.

5 Aguascalientes en el artículo 289 del Código Civil; Baja California en el 279 bis del Código Civil; Baja California Sur en el 305-A del Código Civil; Chiapas en el 287 bis del Código Civil; Ciudad de México en el 267 del Código Civil; Coahuila en el 239 de la Ley de la Familia; Colima en el 287 bis del Código Civil; Guanajuato en el 342-A del Código Civil; Guerrero en el 7 bis de la Ley del Divorcio; Jalisco en el 417 bis del Código Civil; Michoacán en el 258 del Código Familiar; Nayarit en el 281-A del Código Civil; Nuevo León en el 288 del Código Civil; Puebla en el 443 del Código Civil; Querétaro en el 268 del Código Civil; Quintana Roo en el 822 bis del Código Civil; San Luis Potosí en el 90 del Código Familiar; Sinaloa en el 127 del Código Familiar; Sonora en el 93 del Código Familiar; Tamaulipas en los artículos 20 de la Ley de Desarrollo Familiar y 249 del Código Civil; Yucatán en los 119 y 192 del Código Familiar; Zacatecas en el 140 del Código Familiar.

6 Yucatán es la única entidad federativa que otorga un reconocimiento económico expreso al trabajo del hogar realizado en el concubinato, en el artículo 213 del Código de Familia para la entidad.

7 Chiapas en el 287 ter del Código Civil, Sinaloa en el 174 del Código Familiar, Sonora en el 199 del Código de Familia y Zacatecas en el 140 del Código Familiar.

 

2 comentarios en “Cuando cuidar empobrece (y la ley lo permite)

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