Durante las primeras semanas de su presidencia, Donald Trump aprovechó la ventaja que le daba el no tener un gabinete en funciones. Esto le permitió firmar órdenes ejecutivas sin consultarlas con las oficinas del gobierno que estarían encargadas de ejecutarlas o defenderlas ante los tribunales. La respuesta más fácil por parte de sus críticos fue ver esta falta de consulta como evidencia de su ineptitud. Se ha dicho que Trump actúa como un niño, o que lo impulsan urgencias nocturnas, iras matutinas o lo que sea que esté viendo en la televisión en ese momento, pero que en todo caso carece de un plan. La suspensión temporal de la orden que restringía la entrada de ciudadanos de siete países mayormente musulmanes por parte de una corte federal sería una prueba de la ineptitud y desorientación del nuevo gobierno.


Esto podrá ser un consuelo para la oposición pero no es un problema para Trump. Como la mayoría de quienes lo respaldan, tanto aquellos que lo rodean en la Casa Blanca como sus seguidores más marginalizados políticamente, Trump cree que un gobierno programático que respeta división de poderes y la existencia de una prensa independiente es una maldición para la nación y un obstáculo para la libertad y la prosperidad. Siguiendo una antigua tradición antiparlamentaria que identifica la deliberación y las políticas consensuadas a través de instituciones, el trumpismo propone la política como delegación del poder en el líder populista.  Por lo tanto, y aunque aquellos que están en el gobierno no lo digan en voz alta, los trumpistas como todos los populistas creen que un gobierno que hace un trabajo súbito, directo y sin precauciones es un buen gobierno porque se mueve hacia la disolución de las viejas formas dialoguistas y pausadas de hacer política. Esta es, en pocas palabras, la esencia de la antipolítica del populismo. Según esta visión de la política, no es necesario que exista una mediación institucional relevante entre el líder y su gente, puesto que los seguidores del presidente representan a todo el pueblo. En el caso de Trump el pueblo representa la extraña metamorfosis de la minoría electoral que lo vota y así, ideológicamente, se transforma en la totalidad del pueblo y la nación norteamericanos. Es decir, los que quieren a Trump son el único y verdadero pueblo, y según esta visión profundamente maniquea, el resto son ingenuos o peor aún traidores.

ofensiva

Ilustración: David Peón


Los republicanos que dominan el congreso parecen estar de acuerdo, o si están en desacuerdo no quieren demostrarlo a pesar de que todavía tienen algo que ganar de un estado que funcione adecuadamente. Ciertos temas clave de la vieja ideología republicana así lo requieren: el aparato militar, el sistema carcelario, la restricción de los derechos de las mujeres y las personas de sexualidad no normativa sobre sus propios cuerpos, la acumulación de inteligencia sobre ciudadanos y extranjeros, y la expulsión de estos últimos cuando no tengan papeles.

Nada de esto es totalmente nuevo. Sin ir más lejos, durante las últimas décadas del siglo pasado nuestra América Latina fue un laboratorio  de un gran experimento basado en la hipótesis neoliberal de que un estado débil era mejor que un estado fuerte. Y también en nuestra región esa idea fue presentada, en algunos casos, en forma de discursos populistas. Los pobres resultados del experimento, en términos de crecimiento e igualdad, no han sido suficientes hasta ahora para eliminar totalmente la idea de que un mal estado es un buen estado. Los gobiernos de Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos Menen en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, y otros, incluyendo Chile y México, creían que la privatización de bienes públicos, la reducción del gasto social, el socavar la educación pública y la abrogación de reglamentos eventualmente llevaría al crecimiento macroeconómico. Con su control de dos de los poderes del estado, el ejecutivo y el legislativo, y quizás muy pronto del tercero, con el nombramiento de un nuevo juez en la suprema corte, el trumpismo parece decidido a continuar con este experimento en los Estados Unidos. Un ejemplo es el de su énfasis en eliminar estructuras regulatorias para la industria bancaria la protección del medio ambiente, y la privatización de la educación.

De todas formas, entender a Trump y su círculo inmediato de asesores como simples ideólogos neoliberales pierde de vista algo muy importante: entre los muchos rasgos que comparten con ejemplos históricos del fascismo y del populismo está el deseo de crear un vínculo directo entre el líder y el pueblo y consolidar su poder indefinidamente. Al fin y al cabo, los populistas neoliberales latinoamericanos constantemente tuvieron que enfrentar la oposición electoral y de movimientos laborales, estudiantiles y de otros grupos de la sociedad civil. Y todos ellos eventualmente crearon las condiciones para la emergencia de nuevos liderazgos populistas de carácter nacionalista y de “izquierda”, como los Kirchners en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador. Como otros regímenes que aspiran a un control de tipo más autoritario, el gobierno de Trump intenta llevar los aspectos más participativos del populismo hacia su propia negación.  Para volver a decirlo de otro modo:  pesar de no haber sido electo por una mayoría de los votantes, su discurso y sus decisiones invocan un supuesto mandato mayoritario. Para justificar este argumento, Trump ha citado la ficción de que los votos que dieron la mayoría a Hillary Clinton fueron depositados por votantes ilegales –una manera apenas velada, en la visión racista de los la sociedad norteamericana que comparte con muchos de sus seguidores, de decir que no fueron “verdaderos” votantes blancos los que apoyaron a su rival. A pesar de no tener un mandato como resultado de las elecciones, ese razonamiento le ha permitido desafiar viejos paradigmas del estado norteamericano sobre relaciones exteriores, división de poderes, migración, tolerancia y libertad de expresión.

Trump y su círculo íntimo usaron estas semanas sin un gabinete completo en operación para consolidar su control sobre los sectores del estado que consideran más valiosos para sus fines. Estos serán útiles en la lucha contra los enemigos que han identificado como la amenaza más inmediata contra su poder: periodistas, jueces, servidores públicos de carrera o electos que desafían órdenes que consideran ilegales, los distintos grupos de manifestantes que emergieron en las calles del país después de la elección, los inmigrantes, las universidades y la comunidad científica. Los cuatro primeros grupos ya han sido objeto de amenazas desde la Casa Blanca, lo cual no es sorprendente puesto que continúa con la extrema retórica populista usada en la campaña. Mirando a la cámara con la ausencia de dudas que los fascistas y populistas ven como una virtud, el asesor presidencial Stephen Miller afirmó que las decisiones de Trump “no serán cuestionadas.” Trump ha llamado a los medios informativos “enemigos del pueblo”. Estas amenazas no se han traducido en hechos todavía, salvo por la decisión, enteramente legal, de despedir a la procuradora general de la nación en funciones, Sally Yates, por negarse a defender la orden ejecutiva anti musulmana mencionada arriba.

No es posible excluir la posibilidad de que en los próximos meses, como muchas veces ha sucedido en particular en la historia de los populismos de derecha, la violencia verbal se convierta en violencia física. Las primeras manifestaciones, sin embargo, no han venido a través de agentes estatales sino de parte de seguidores no oficiales de Trump. Incendios en iglesias afroamericanas y mezquitas y amenazas de bomba contra sinagogas, profanaciones de tumbas en cementerios judíos, podrían ser prolegómenos de una violencia mayor todavía anónima pero no por ello menos infame. Trump resistió lo más que pudo hasta que, probablemente impulsado por su familia, emitió una condena contra los ataques a un cementerio judío en Missouri. Grupos neonazis de extrema derecha y voceros del Ku Kux Klan no ven a Trump como un presidente que los represente directamente, pero han celebrado su llegada como una oportunidad para aumentar su influencia. Las dictaduras que empezaron en Alemania en 1933, en Italia en 1922, en Argentina en 1976 fueron precedidas por actos de terrorismo que aparentaban ser espontáneos pero eran llevados a cabo por organizaciones que más adelante aumentarían su poder: la SA y SS en Alemania, los Fasci de Combattimento en Italia, bandas paramilitares en Argentina. Impedir que algo semejante ocurra en los Estados Unidos, mediante investigaciones federales por violaciones contra derechos civiles, por ejemplo, sería una prueba de que el estado de derecho continúa siendo una prioridad para el nuevo gobierno.

Los paralelos históricos tienen un límite. El gobierno de los Estados Unidos tiene un arma que los tres regímenes mencionados arriba no tenían: un extenso, bien financiado, tecnológicamente sofisticado aparato de captura y análisis de datos capaz de identificar y localizar personas u organizaciones con una precisión sin precedentes. Esta arma hace parecer la brutalidad y represión de los movimientos fascistas y las dictaduras militares como una herramienta sin filo, un mazo que deja demasiados daños colaterales. Para entender los efectos de la violencia estatal utilizada en pequeñas dosis podemos mirar a la Rusia de Putin, un régimen al que Trump ha citado muchas veces como un ejemplo de fuerza y que no ha requerido de una movilización popular para intimidar a sus posibles adversarios internos, notablemente periodistas.

La orden ejecutiva para excluir a ciudadanos de siete países y el anuncio del comienzo de la construcción de un muro en la frontera sur señala una ofensiva contra otros enemigos identificados por Trump y su círculo. Hay varios niveles en este ataque. En el más superficial, prevenir ataques terroristas, es una obvia excusa para hacer blanco en los musulmanes de cualquier origen nacional. Los mexicanos, a los que la retórica de Trump ha identificado desde el principio como criminales, son la razón aducida para el muro y las deportaciones masivas. Durante la campaña, ambos grupos eran presentados como los principales obstáculos para que los Estados Unidos volviera a ser un país grandioso. En la visión racializada de esa grandeza que adoptan los seguidores de Trump, musulmanes y mexicanos encabezan una lista de amenazas contra la supremacía blanca que también incluye a los afroamericanos y los judíos. Como en otros países, la aparente simplicidad de la política migratoria (cualquier país tiene derecho a defender sus fronteras) ofrece un vocabulario aceptable para formular el deseo trumpista de integridad racial para el cuerpo nacional.

La retórica y las acciones antiinmigrantes del gobierno de Trump han abierto otra confrontación en un segundo nivel de la ofensiva contra sus enemigos. Varios alcaldes y gobernadores han declarado su oposición contra las órdenes ejecutivas de Trump y han prometido mantener a sus ciudades o estados como santuarios donde las fuerzas locales de policía no cooperarían con la agencia encargada de las deportaciones en el interior del país, Immigration and Customs Enforcement (ICE). Trump ha prometido responder mediante la retención de fondos federales contra estas ciudades. La amenaza no será fácil de cumplir porque muchos de esos fondos son dictados por reglamentaciones establecidas, pero manifiesta una intención que es tan clara como poco sorpresiva. Trump y su círculo buscan debilitar a aquellos dentro del estado que no aceptan la idea de que su voz habla por el pueblo entero. Como un verdadero populista, Trump cree que el triunfo electoral implica una delegación casi absoluta del poder, de tal manera que no se ve a sí mismo como un representante de los ciudadanos sino más bien como el proverbial padre que castiga a sus hijos cuando no se comportan de acuerdo con sus deseos y expectativas.

El problema para esta visión es que Trump perdió el voto popular del 8 de noviembre, fue arrasado en las ciudades, y millones de personas han protestado contra él en las calles del país desde que tomó el cargo. Varios procuradores estatales han demandado al gobierno federal para detener su orden ejecutiva de migración, y continúan como una fuente potencial de investigaciones contra las acciones del gobierno y los conflictos de interés de sus miembros más prominentes. Vale recordar que poco antes de las elecciones Trump tuvo que admitir la derrota ante una acusación del procurador estatal del estado de Nueva York por los fraudes cometidos por la universidad que llevaba su nombre. Como los demócratas han perdido el control del congreso, su bastión más fuerte se reduce a las ciudades y a los estados en ambas costas. Sus gobiernos representan el obstáculo más robusto, dentro del aparato estatal, contra la expansión del poder de la presidencia populista de Trump.

La respuesta pública negativa contra la orden ejecutiva de migración no ha puesto mucho énfasis en un tercer aspecto de la ofensiva inicial del gobierno de Trump contra sus supuestos enemigos: el ataque contra las universidades y la ciencia. El gobierno ordenó a varias agencias cesar en sus reportes habituales sobre cambio climático. Trump nombró a Jerry Falwell Jr., un líder evangélico y presidente de la Liberty University, que se define a sí misma como una institución cristiana, para hacerse cargo de un grupo especial dentro de su gobierno encargado de la educación superior. Las universidades han sido siempre percibidas como bastiones del liberalismo y del pensamiento de izquierda, una visión que obviamente simplifica la diversidad de opiniones que existen en su interior. Las ideologías derechistas y populistas adoptadas por los seguidores de Trump y el partido republicano desde hace tiempo tienen un punto focal en la negación del cambio climático, la teoría de la evolución, la investigación con células madres, los estudios étnicos y de género. Las universidades estatales, aunque también las privadas, han sido objeto de ataques por parte de legislaturas estatales y el congreso federal que incluyen intentos de limitar su financiamiento como una manera de socavar la investigación sobre esos temas, ofrecer definitividad a sus profesores, y aplicar la acción afirmativa en sus procesos de admisiones y su ayuda financiera. Y ahora la amenaza de deportar estudiantes indocumentados y las restricciones de viaje contra ciertos países constituyen un ataque al corazón de la función de las universidades como instituciones de enseñanza e investigación basadas en la discusión sin restricciones preexistentes: si se les quita la capacidad de incorporar estudiantes y profesores de otros países, o los medios para asegurar la educación de los estudiantes que ellas seleccionen independientemente de su estatus migratorio, las universidades de Estados Unidos comenzarán a perder la prominencia de la que ahora gozan en muchos campos del conocimiento, y su capacidad para iniciar la mejor investigación posible sobre los temas que definan esos profesores y estudiantes. Varios movimientos para boicotear congresos celebrados en universidades norteamericanas ya sugieren que la ofensiva del gobierno de Trump contra las universidades encuentra aliados involuntarios fuera del país.

La orden ejecutiva ha sido detenida en los tribunales y ha causado una extensa respuesta pública. El muro todavía no encuentra quién pague por él. Pero la ejecución de esos objetivos es menos importante que el efecto de la ofensiva de Trump en un cuarto nivel, aún menos visible que los anteriores. Nos referimos a la movilización de sectores dentro del estado que están a favor de la visión de Trump. El sindicato de la Border Patrol, por ejemplo, declaró su apoyo a Trump durante la campaña. Ahora puede beneficiarse con mayores recursos dedicados a perseguir inmigrantes en la frontera, incluyendo nuevas contrataciones. Customs and Border Protection es la oficina encargada de ejecutar la orden ejecutiva que impediría la entrada de ciertos extranjeros en los puntos de entrada oficiales, incluyendo aeropuertos. Abundan los testimonios sobre el redoblado celo de sus agentes para detener e interrogar viajeros y, en algunos casos, desobedecer órdenes judiciales para darles acceso a abogados. Un experto Francés en la historia del holocausto estuvo a punto de ser deportado al llegar a Houston, Texas, por decisión de un novato agente de migración. La inexperiencia y los prejuicio a nivel local son reflejo fiel de aquellos que envalentonan y promueven estas conductas de agentes del Estado. Si sumamos a esta obscura discrecionalidad el hecho de que otra orden ejecutiva de Trump amplía la capacidad de estas agencias para deportar a casi cualquier indocumentado (cuando antes debían dar prioridad a los que hubieran sido encontrados culpables de un crimen) el resultado es un capacidad operativa mucho más fuerte para agencias que ya desde tiempos de Obama eran grandes y agresivas en sus funciones represivas. Estas funciones incluyen la de impedir la entrada a ciertos extranjeros de acuerdo a criterios que no son siempre transparentes. Los casos de China, Rusia, Turquía e Israel demuestran que los controles migratorios pueden ser utilizados como una forma de hostigamiento y/o represión contra periodistas y activistas de derechos humanos.

Otros recursos policiales y de inteligencia podrían en el futuro cercano aumentar la dependencia de Trump en estos sectores del estado. El director del Federal Bureau of Investigation (FBI) ya le dio una mano decisiva para ganar las elecciones mediante la publicación de investigaciones sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. La primera incursión de Trump fuera de la Casa Blanca después de asumir el poder fue al cuartel general de la Central Intelligence Agency (CIA), señalando su interés por mejorar una relación que había sido complicada por las investigaciones de diversas agencias de inteligencia sobre los contactos entre su campaña y el gobierno ruso. Tras asumir el cargo, representantes de la Casa Blanca intentaron influir para que el FBI desmintiera una nueva filtración sobre esos contactos. El intento fracasó, demostrando las tensiones de una relación en la que la voluntad disruptiva del nuevo gobierno y su dependencia en las agencias de investigación del estado todavía choca con prácticas y normativas que aún mantienen una separación entre directivas políticas y objetivos estratégicos o judiciales.

La verborrea y activismo que emanan de la Casa Blanca en estos días no son producto de la confusión y la ineptitud. Tampoco es un simple ejercicio de shock neoliberal. Este blitzkrieg de órdenes ejecutivas tiene precedentes en la historia del fascismo y el populismo. En esos movimientos, la voluntad de poder se manifestaba mediante un activismo que se preciaba de ignorar las normas establecidas y que frecuentemente se veía a sí mismo como una forma de guerra. Steve Bannon, la eminencia gris de extrema derecha populista detrás de la retórica antiinmigrante y antimusulmana y de los decretos de Trump, explicó ante una audiencia de republicanos conservadores que el desmantelamiento del “estado administrativo” era parte de una “guerra” que había que pelear para “recuperar” el país. Esto implica una visión de largo plazo de un régimen populista autoritario de carácter nacionalista y larga duración. El país solo les pertenece al líder y a sus seguidores convertidos en el “pueblo.” Para consolidarlo, las herramientas utilizadas para controlar el disenso serían esenciales. No hace falta creer en la existencia de una conspiración para ver que la presidencia de los Estados Unidos tiene enormes recursos, construidos a lo largo de años por presidentes demócratas y republicanos con el consenso del congreso y buena parte de la población, para actuar contra sus enemigos, reales o imaginarios. Los próximos meses nos dirán si estas herramientas van a ser utilizadas contra la sociedad civil.

 

Pablo Piccato
Columbia University.

Federico Finchelstein
New School for Social Research.