Es un lugar común afirmar que la historia la hacen los vencedores. Por mucho tiempo los críticos de la Constitución de 1917, producto de los revolucionarios triunfantes, fueron descalificados como reaccionarios. La carta de Querétaro pronto se convirtió en el estandarte del nuevo Leviatán mexicano. El centenario de la Constitución es, sin embargo, una oportunidad para revisar esas críticas. ¿Eran todas ellas producto de la amargura de la derrota de porfiristas, huertistas y algunos maderistas? ¿Había algo atendible en sus señalamientos? Este ensayo busca dar cuenta de las razones y los argumentos de los primeros enemigos de la Constitución de 1917.

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Ilustración: Víctor Solís

El “almodrote de Querétaro”

Una parte importante de la crítica a la carta que se promulgó el 5 de febrero en Querétaro fue producto de los exiliados que dejaron el país al triunfo de la Revolución. Algunos de ellos eran partidarios del régimen del general Díaz, otros estuvieron al lado del presidente Francisco I. Madero hasta su derrocamiento y finalmente otros más apoyaron el cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno constitucional en 1913. Una parte de ellos se encontró en Estados Unidos en el exilio, desde donde miraban con innegable amargura los acontecimientos de su patria. Muchos de ellos eran prominentes abogados y juristas. El grupo porfirista y huertista fundó una publicación semanal en San Antonio, Texas: la Revista Mexicana, que dirigía el ex ministro huertista Nemesio García Naranjo.1 La nueva Constitución fue un tema recurrente en la publicación entre 1917 y 1919. Podemos identificar dos ejes ideológicos en las críticas. El primero consiste en una defensa del liberalismo decimonónico frente a las innovaciones de la carta de Querétaro. El segundo es la acusación de la Constitución de 1917 de ser el producto del bolchevismo.

 Dos meses después de promulgada, los editores de la Revista tronaban: “podemos afirmar que nada se hará, donde por Congreso se tiene un conglomerado de fracasados, desequilibrados, gente sin conciencia, traidores a sus ideales revolucionarios y a la Patria”. La reivindicación del liberalismo del siglo anterior era aquí explícita: “Quedan pues, frente a frente, los verdaderos liberales, los que no permitirán ni tolerarán otra Constitución que la de 1857; y los falsos liberales tránsfugas, autores de la flamante ‘Constitución de Carranza’. Entre los primeros está el grupo que venera y defiende la legítima Constitución, esa que en la diestra lleva la majestuosa figura del gran Juárez, el tipo puro y clásico de nuestra raza. Entre los segundos, Carranza y su cohorte, es decir, una caricatura ridícula… ¡Combatiremos y no cejaremos hasta conseguir que de nuevo se esculpa, en letras de resplandeciente oro, la gloriosa fecha del 57! Sabremos arrancar, para arrojarla al fondo pantanoso de la ciénaga, esa Constitución de Carranza que pretenden imponernos”.2

El 11 de febrero de 1917, recién promulgada la nueva Constitución, los editores se lamentaban: “el día 5 de febrero, celebraron los carrancistas el sexagésimo aniversario de la Constitución de 1857 con el más horrendo sacrilegio que ha presenciado México. El código de Arriaga y Zarco, Gómez Farías y Guzmán, fue derogado y sustituido por un engendro abominable de Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías”.3 En el primer aniversario de la Constitución, la Revista Mexicana recordó a los prohombres de la Reforma: Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, León Guzmán y Santos Degollado. Y afirmaba: “¿Qué, Vallarta puede compararse con mentecatos que fueron a Querétaro? ¿Qué, el nombre de Arriaga puede pronunciarse sin rubor junto con el de Palavicini? ¿Qué, no hay una inconmensurable distancia entre el Presidente del Constituyente de 57 y el Presidente del Constituyente de 1916-17?”.4

Sin embargo, no todo era invectiva. Los editores del semanario tenían una teoría del desarrollo constitucional del país hasta ese momento. En respuesta a las apologías de la Constitución que se publicaban en la Ciudad de México, los editores de la Revista Mexicana alegaban que “lo que todo mundo anhela en México, es borrar el precedente de que las revoluciones triunfantes, reincidiendo en los errores del pasado, destruyan de una plumada las instituciones del país”.5 La defensa de la carta de 1857 no era un tic. Según los editores de la Revista, esa Constitución era algo que formaba “parte de la República misma”. Se había convertido en un símbolo. No ignoraban, como Emilio Rabasa había señalado cinco años antes en La Constitución y la dictadura, que esa Constitución no había regido en la práctica: “ya sabemos que los espíritus superficiales alegarán que nuestra Carta Magna nunca recibió exacta aplicación y que por lo mismo era aparente el culto que se le tributaba. A esto se puede contestar, que las leyes de todas las Naciones comienzan por aplicarse formalmente; y que, tan sólo a través de los tiempos, después de haber sido meras fórmulas, por luengos años, acaban por imponerse como verdades definitivas. Los dictadores que se someten a las formalidades de la Ley, preparan el reinado de ésta en el porvenir”.6 Así, poco a poco, “a través de los tiempos, las fórmulas fueron adquiriendo vida”. En vista de esta marcha progresiva hacia el imperio efectivo de la leyes, era necesario conservar la vieja Constitución: “si no la podíamos aplicar con exactitud, nuestra obligación consistía en conservarla, cuando menos como una fórmula, para que en el futuro, generaciones más aptas gozasen de los preceptos que las actuales generaciones no habían podido disfrutar… Así nos encontrábamos cuando el Carrancismo se atrevió a tocar con mano sacrílega la obra de los Constituyentes”.

La crítica a la Constitución de 1917 no fue toda anónima. Destacan los casos de algunas figuras que firmaron sus colaboraciones. Querido Moheno (1873-1933), prominente abogado y ex ministro de Huerta, escribió cuatro artículos para el semanario. La estridencia se mezclaba ahí con el análisis. Así comenzaba Moheno su primera colaboración: “por instinto venía yo resistiéndome a conocer ‘el producto’ de la asamblea de Querétaro: algo me advertía que aquello no era para personas decentes. Y en efecto, su lectura me ha valido un día entero de marasmo y jaqueca, como si por espacio de algunas horas se me hubiera obligado a respirar dentro del orinal corrompido de una leprosería”.7 Moheno criticaba el escaso tiempo con el que se formó el proyecto, en comparación con la carta de 1857. También señalaba que el Congreso no había sido representativo. De ahí que “la obra de semejante asamblea, no pudo ser la expresión ni aun aproximada de la voluntad nacional”. El Constituyente había violado los procedimientos de enmienda que la carta de 1857 contemplaba explícitamente: “para que la asamblea de Querétaro pudiera existir, era indispensable, entre otras cosas, que previamente hubiera dejado de regir la Constitución de 1857”. Así, “permitir que una Constitución sea reformada fuera de la misma Constitución, es negarla y desconocerla y barrer hasta los cimientos de la doctrina constitucional”.8

De la misma manera, Moheno criticó la limitación de la libertad religiosa en el nuevo artículo 3: “este no es un artículo que consagre libertades, sino una ley que establece prohibiciones y prohibiciones atentatorias, puesto que con ellas se rebasa el límite del acción del Estado, al intervenir y acondicionar la enseñanza privada”.9 También reparó en un tema central: la naturaleza retroactiva de algunas disposiciones de la nueva Constitución. En efecto, la prohibición de retroactividad prevista en el artículo 14, “es cinismo absoluto, porque esa misma ley, a poco andar, en la fracción VII del artículo 27, previene lo siguiente: ‘se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones de deslinde, concesión, composición, sentencia (¡hasta las sentencias!) transacción, enajenación o remate que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, bosques y aguas, a los condueñazgos (?), rancherías (!), pueblos, congregaciones, tribus (!) y demás corporaciones de población (!!!), que existan todavía desde la ley de 25 de julio de 1856. ¿Hay alguien que supiera jamás de una retroactividad más notoria y brutal?”. Para Moheno eso equivalía llana y simplemente al robo, porque “reconocer, de acuerdo con la conciencia universal, que la confiscación es una forma de robo con violencia y vivir apoderados, contra la voluntad de sus dueños, de millares y millares de inmuebles que valen muchos cientos de millones de pesos, es agregar al feo vicio del robo, la mancha de cobardía”.10 Otras críticas incluían la nueva versión del artículo 29, según la cual la garantía de la vida humana podía suspenderse.11

La discusión entre los exiliados sobre la Constitución de Querétaro se prolongó por más de dos años. En un editorial publicado a principios de 1919 los editores de la Revista Mexicana se preguntaban: “¡Cómo! ¿Aún discutimos cuál es la Ley Fundamental de México?… si el Almodrote es la Ley suprema, hay que someterse a Carranza inmediatamente; si el Código de 1857 es el auténtico, entonces hay que combatir a don Venustiano, como usurpador”. Era claro que entre las disposiciones de la Constitución de 1917 que los exiliados encontraban objetables el artículo 27 tenía un lugar especial: era el artículo “más atentatorio” de ese “código falso”.12

En 1919 otro notable abogado, Jorge Vera Estañol (1873-1958), ex ministro de Huerta, escribió en la Revista Mexicana una serie de artículos críticos de la Constitución de 1917.13 En ellos repitió las consabidas críticas sobre el origen de la carta de Querétaro: “¿Cómo se explica, pues, que haya sido convocada la exótica Asamblea de Querétaro, a quien ni la carta de 1857, ni las proclamas revolucionarias carrancistas, invistieran de soberanía constituyente? Sencillamente como un cuartelazo, concebido, preparado y perpetrado por la casta neo militar de los ciudadanos armados, a efectos de instituir el régimen bolchevique, que no cabía, no podía caber en los generosos amplios y liberales principios de la Constitución de 1857. Ese cuartelazo vicia, de vicio original que no puede curarse, a la Constitución de Querétaro; la hace espuria ante cualquier criterio jurídico, político y aun revolucionario”.14 Para el crítico, la estrategia de limitar la participación en el Congreso Constituyente obedecía a razones políticas e ideológicas. Una minoría utilizaba la exclusión para imponer su proyecto, que no gozaba de amplio apoyo popular. Así, “el proletariado en armas se declaró… el único habilitado para ejercer la ciudadanía, el dueño de la nación, el árbitro de sus destinos”. La implicación era clara: “¡Si la organización de un régimen por las sub-clases sociales en ventaja única de ellas mismas es bolchevique, la Asamblea de Querétaro fue bolchevique!”.15

Vera Estañol criticó el anticlericalismo de la carta de 1917. Así, reconocía: “a fuer de liberales sinceros y de corazón amantes del Estado laico y atentos al progreso y desarrollo de la sociedad en lo temporal, no podemos menos que aplaudir las disposiciones de la Constitución de Querétaro que niegan a los ministros de cualquier culto el voto pasivo, su asociación para fines políticos y el uso del púlpito, del confesionario o de cualquier otro acto religioso, como instrumento de propaganda política… mas para ser consecuentes con el mismo principio de derecho público hay que admitir que en materia de fe, la Iglesia debe ser absolutamente soberana”. Así “la Constitución de 1917 no fue hecha, ni por el pueblo mexicano, ni para el pueblo mexicano”.16

Sorprendentemente, en lo que hace a la actividad económica, los argumentos de Vera Estañol reconocían explícitamente los logros de la carta de 1917. En efecto, “no hay relación económica de hombre a hombre en las colectividades modernas, que subsista orgánicamente y alcance máxima eficacia a no ser que esté basada en la igualdad”.17 Se refería a la igualdad de derechos, ciertamente, pero también reconocía que cuando la Constitución de 1857 había sido sancionada “no habían surgido, al menos en sus manifestaciones críticas, ni el fenómeno del capitalismo, ni los conflictos a que éste ha dado lugar en las sociedades contemporáneas entre el trabajo y el capital”. En este sentido, el crítico no era un ingenuo en términos sociológicos. De ahí que, “en el terreno de los principios, creemos, pues, sinceramente que la Constitución de Querétaro da un gran paso hacia adelante al señalar cierta reglas concernientes a la condición de los trabajadores”. De esta manera, Vera Estañol aprobaba las restricciones al trabajo nocturno para las mujeres, los jóvenes y niños, la limitación de la jornada máxima para los adolescentes, el descanso dominical, “la prescripción de que el salario mínimo, atendiendo a las condiciones de cada región, debe ser bastante para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero”, la igualdad de salario a igualdad de trabajo, independientemente del sexo y la nacionalidad, el derecho de los obreros a unirse o sindicarse, la facultad de declararse en huelga pacífica, etcétera. Para el crítico, “todas estas prevenciones manumiten al trabajo, para hacerlo un factor libre en la producción de la riqueza”.

Sin embargo, para Vera Estañol, el “vicio capital” de la flamante Constitución era que había pecado de radical: “para que el trabajo no sea esclavo, se hace tirano; para que el capital no esclavice, lo tiraniza. La Constitución de Querétaro, en este sentido, revela haber reglamentado las relaciones entre el trabajo y el capital, más que por amor al obrero, por odio al capitalista, y por eso no podemos menos que calificarla de bolchevique”.18 La prohibición de los paros patronales y el reparto de utilidades evidenciaban el aserto. No se trataba sólo de principios abstractos, sino de realidades económicas: “México, poniendo ejemplo al mundo, habrá escrito la más bella página de la literatura romántica, pero habrá hecho aún más precaria la existencia del obrero, pues no hay que olvidar que el capital, cualquiera que sea su nacionalidad, migra hacia las regiones del mundo en que puede realizar mayores provechos y sin capital no hay, en la economía contemporánea, fábricas, ni talleres, ni reproducción progresiva de la riqueza”.19

Varias de las acciones de Carranza posteriores a la promulgación de la Constitución —como la circular de 6 de septiembre de 1917 que declaraba que las empresas que suspendieran sus labores serían sujetas de incautación— confirmaron, a los ojos de Vera Estañol, el carácter bolchevique del régimen. La medida no distinguía entre empresas que brindaran servicios públicos de otros establecimientos. En efecto, “el interés social no exige ni puede exigir, la socialización de toda la propiedad privada, como tampoco la socialización de todas las industrias. Al contrario, el interés social, en tanto que no se trate de empresas directamente obligadas a prestar un servicio público, demanda la libertad económica, la iniciativa individual”.20 Así, “la ley de la libre concurrencia es para estos negocios privados la mejor y más eficaz garantía de su utilidad general; la intervención del Estado, ni teórica ni prácticamente ha podido justificarse”.21 El razonamiento apelaba a los fundamentos económicos de la inversión: “si los particulares no se sienten seguros o no pensarán en aportar sus contingentes de inteligencia, trabajo de coordinación y dinero al planteamiento y prestación de los servicios públicos o entrarán con el ánimo deliberado de obtener desde luego desproporcionadas ganancias para cubrirse eventuales pérdidas en el futuro, lo cual redunda en perjuicio del público al que se trata de servir”.22

El 25 de mayo de 1919 otro exiliado, y prominente abogado huertista, Toribio Esquivel Obregón (1864-1946) publicó en la Revista Mexicana una carta abierta a Venustiano Carranza, intitulada “Hay que restaurar la Constitución”.23 Ahí pedía al Primer Jefe que restaurara la Constitución de 1857 con una carta de reformas similar a la de 1847 respecto a la carta de 1824. Y reconocía que era necesario preservar algunas de las innovaciones de 1917, pues “la Constitución de Querétaro tiene algunos principios que deben conservarse por contener una fórmula acertada para satisfacer necesidades sociales”.24 A esa carta de Esquivel Obregón respondió Vera Estañol el 1 de junio de 1919. Dirigirse a Carranza era inútil para este crítico. “Tengo”, afirmaba, “la arraigada convicción de que el sentir generalizado de cuantos mexicanos han estudiado y meditado a fondo la Constitución de Querétaro, es adverso a ésta”.25 Vera Estañol repetía las acusaciones de que la Constitución de 1917 era espuria porque “el llamado Congreso Constituyente de Querétaro, por su composición, por los términos de la convocatoria de elecciones, por las exclusiones contenidas en ésta y en las leyes electorales ad hoc, y por la presión que se ejerció en los comicios, no representó la opinión pública mexicana, sino solamente los intereses de la facción triunfante”. Sin embargo, el “anatema” principal contra esa carta era que hacía imposible “la armonía interna de la familia mexicana y su convivencia cordial y justa con las naciones extranjeras”.26 El código de Querétaro había derramado y esparcido “tanta hiel y rencores y tanta concupiscencia contra las demás clases sociales y los extranjeros, que en esa viña sólo ha quedado lugar y jugo para la destructora cizaña y semejante código no es, no será nunca, capaz de dar frutos útiles”. Y concluía categórico: “para nosotros Carranza es imposible, mientras personifique el carrancismo, y carrancismo es su Código expoliatorio, bolchevique y bóxer, y sus lugartenientes bóxeres, bolcheviques y expoliadores”.27

Vera Estañol identificó uno de los problemas centrales del código de 1917: la inseguridad de la propiedad. De acuerdo con Vera Estañol, la propiedad colectiva ahogaba la iniciativa individual.28 La propiedad individual era una institución social, pues no se reconocía simplemente porque “sea benéfica a individuos determinados, sino porque es conveniente y ventajosa para toda la sociedad”. La única afectación legítima a la propiedad individual era la afectación por causas de utilidad pública.29

El problema con la Constitución de 1917 era que preveía reglas de expropiación que eran en realidad un mecanismo de confiscación arbitrario. En efecto: “desde el momento en que el poder público esté autorizado a expropiar sin pagar previamente la indemnización, no hay límite posible ni a las declaraciones de utilidad pública, ni a las expropiaciones consiguientes, pues en cambio de bienes real y efectivamente valiosos, el Estado contraerá obligaciones o emitirá papeles de crédito tanto más depreciados cuanto mayor sea su importe”.30

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La incertidumbre en materia agraria era crucial para Vera Estañol. En efecto: el sistema adoptado por la Constitución era “peor, mucho peor”, que el antiguo sistema de tierras comunales, pues por una parte, “se reconoce la existencia de la propiedad individual, y de esa manera no se ponen las tierras todas, bien o mal, al servicio de la comunidad; y por otra parte, se declaran potencialmente socializables todas esas tierras, con lo cual se deprecia su valor, se alejan las oportunidades de operaciones que las dividan y subdividan realmente, se impide la inversión de capitales en su mejoramiento, condición indispensable para que puedan fraccionarse y la agricultura se mantiene estacionaria”. De este ordenamiento se derivaba que “el régimen de la propiedad territorial bajo la Constitución de Querétaro, ni es propiamente individualista, porque no brinda garantía seria al patrimonio privado; ni es tampoco comunista, porque no pone los bienes al servicio directo de la colectividad. Es sencillamente el régimen del despojo institucional, pues consagra, a guisa de sistema constitutivo, el programa de incautaciones y robos que llevaron a cabo los ‘ciudadanos armados’ durante el periodo revolucionario”.31

Vera Estañol reconoció que había un problema agrario —la desigual distribución de la tierra— cuyo origen se hallaba en la Colonia.32 También había una historia de despojos. Era “imperioso dar satisfacción a este reclamo de justicia; pero hay que hacerlo sin minar las dos bases que sustentan el derecho de propiedad: la cosa juzgada y la prescripción; hay que hacerlo sin convertir a los despojados en despojantes”, alegaba.33 Lo que se necesitaba era una reforma que contemplara “un plan, serena y seriamente concebido”, que resolviera el problema a través de “adquisición gradual por compra o expropiación pagadera en efectivo, de tierras adaptables al fraccionamiento; la política de bien meditados contratos de irrigación con el mismo propósito; el mejoramiento de las tierras por obras de este género y construcción de caminos”. En cambio, la Asamblea de Querétaro dio al problema agrario “soluciones en que rivalizan la iniquidad y la estulticia”. Las disposiciones del artículo 27 desconocieron “todo cuanto de garantías de estabilidad han consagrado las instituciones; se anulan todos los actos del poder público consumados desde el 25 de junio de 1856”. De la misma manera, el Ejecutivo federal podía declarar nulas las enajenaciones de tierras hechas por gobiernos “legalmente constituidos desde el año de 1876, y ello sin consideración a que tales enajenaciones se hayan efectuado o no con estricto apego a la ley”. Este ordenamiento jurídico era juzgado severamente: “donde la expoliación es un régimen institucional, no hay propiamente derechos, no hay ley, hay anarquía, y la anarquía no es, no puede ser nunca el fundamento de la tranquilidad y prosperidad del país”.34

Como hemos visto, para los exiliados uno de los aspectos más criticables de la nueva Constitución era la redefinición de los derechos de propiedad. Vera Estañol lo capturó con crudeza en su diatriba contra la Constitución de 1917: “en el problema agrario, como en casi todos los demás, la Constitución de Querétaro, en vez de constructiva, justa y conveniente, es atentatoria, disolvente y destructiva. Ya lo hemos dicho: no es obra nacional; es engendro bolchevique”.35

La Constitución no sólo tenía enemigos porfiristas y huertistas; también los había maderistas y revolucionarios. Mucho antes de que Luis Cabrera rompiera lanzas con la carta de Querétaro, el ex secretario de Relaciones Exteriores (1911-1912) de Madero, Manuel Calero y Sierra (1868-1929) criticó la nueva Constitución.36 El 14 de agosto de 1917 Calero, a la sazón en el exilio debido al cuartelazo de Huerta, le escribió una larga carta personal y confidencial a Venustiano Carranza.37

Calero no regresó al país a la caída de Huerta porque el Primer Jefe, a su triunfo sobre el usurpador, incumplió la promesa del Plan de Guadalupe de restablecer el orden constitucional. “Cuando usted”, afirmaba Calero, “declaró abiertamente su intención de substituir la Constitución legítima por una que conformaría un Congreso a todas luces ilegal, seguí luchando, en mi modesta esfera, por impedir semejante desacato, y consumado éste, continué en mi labor porque se corrigiera lo que yo estimo un gran error político y un injustificable atentado contra los derechos del pueblo y los intereses de la nación”.38

Calero coincidía con muchos de los señalamientos que ya hemos encontrado en los autores de la Revista Mexicana, pero hacía énfasis en el problema económico que enfrentaba el país. Una serie de factores herían de muerte a la economía nacional; de entre ellos el más grave era un “conjunto de disposiciones innovadoras de la Constitución de Querétaro”. La nueva carta desalentaba críticamente las inversiones que el país requería urgentemente. Calero criticaba la no disfrazada aversión del nuevo gobierno a todo lo que era extranjero. El nacionalismo exacerbado era un obstáculo serio al desarrollo. Como un precursor de la globalización, Calero le espetaba al Primer Jefe: “juzgada en su conjunto, puede decirse que la política de boxerismo que establece la Constitución de Querétaro, desconoce el fenómeno de la intensidad cada vez mayor de la vida de relación de todos los pueblos de la tierra… Nuestro país no podrá sustraerse al cosmopolitismo que caracteriza el movimiento comercial moderno, ni mucho menos podrá oponerse a la acción expansiva e invasora de la empresa y el capital norteamericanos”.39

La Constitución de 1917 —“y en especial las disposiciones de su artículo 27 que sancionan colosales despojos”— le habría traído a México “graves conflictos internacionales” de no ser porque la Gran Guerra tenía ocupadas a las grandes potencias. Para Calero, “el artículo 27 es un experimento de socialismo: el Estado erigido en árbitro supremo de la propiedad y dispensador de mercedes a beneficio del hombre y el ciudadano”.40 El potencial opresor de la medida no se le escapaba al crítico. “Cualquiera”, acusaba Calero, “que conozca los elementos sociales y políticos de la población mexicana, tendrá que convenir en que este socialismo sin una base verdaderamente democrática, es la consagración de la tiranía del Estado, o mejor dicho, de una burocracia corrompida y voraz, como son todas las burocracias que ejercen un poder considerable”.41 Este argumento no era necesariamente ideológico, sino más bien sociológico. En efecto: “dar al Estado, es decir, a los funcionarios públicos, el ejercicio supremo de una masa enorme de derechos trascendentales, es suponer un alto desarrollo democrático en el pueblo; pero si éste es indiferente, o ignorante, o tiene el hábito secular de la obediencia, surge entonces… una burocracia tiránica y corrompida, que es el peor azote de una sociedad”.42

La solución, pensaba Calero, era ir “a la base misma del mal” y abrogar la “funesta Constitución de Querétaro”. No era posible la consolidación de un régimen jurídico en México “mientras subsista la Constitución”. Restaurar la carta de 1857 se antojaba factible, pues podría reformarse para incluir en ella “todos los progresos que ha alcanzado la humanidad hasta este siglo”. Concluía Calero de esta manera su misiva: “estoy seguro de que no condenará usted esta carta como la labor de un reaccionario, porque usted sabe que no lo soy, ni lo he sido jamás. Soy enemigo de los procedimientos revolucionarios, pero a la vez, soy un liberal progresista”.

Calero no fue el único maderista crítico de la Constitución de Querétaro. Francisco Viesca Lobatón, secretario privado de Rafael Hernández, ministro de Fomento en el régimen de Madero, escribió una extensa crítica al artículo 27. Este cuestionamiento no surgió del exilio, sino de los empresarios mexicanos preocupados por los efectos de la nueva carta magna. En efecto, en 1917 se publicó un pequeño libro: El artículo 27 constitucional (Constitución de 1917). Dictamen de la Comisión nombrada por el Primer Congreso Nacional de Industriales.43 “Conforme al texto explícito del artículo 27 constitucional”, señalaba, “no hay propiedad privada en México. Los autores concluían que había una imperiosa necesidad “de que se modifique el contenido del artículo 27 constitucional, de acuerdo a los intereses morales, materiales, económicos y sociales que representan las industrias del país”.44

De los críticos de la Constitución en el exilio el más notable fue uno que decidió no hacer su crítica pública: Emilio Rabasa Estebanell (1856-1930). Es una consabida ironía que el constitucionalista más importante de México escribiera tan poco sobre la constitución que cumple 100 años. Hasta hace muy poco se creía que Rabasa sólo había redactado un puñado de textos sobre la Constitución. Después del exilio el jurista escribió unas cuantas cosas sobre aspectos muy concretos del diseño institucional: la inamovilidad de los ministros de la Corte, el régimen electoral y la supresión de la vicepresidencia.45 Ninguno de esos textos es propiamente ideológico. Sin embargo, sí existe por parte de Rabasa una crítica frontal, sin concesiones, a la carta de Querétaro. Como se dio cuenta en estas páginas, en la primavera de 1917 el jurista hizo, a petición de Weetman Pearson, un petrolero inglés, un estudio jurídico del artículo 27 de la nueva Constitución.46 Ese análisis —que Charles A Hale bautizó como el “estudio fantasma”— estuvo perdido cerca de cien años hasta que recientemente fue descubierto. El estudio lleva por título El derecho de propiedad y la Constitución mexicana de 1917 y, como era de esperarse por su origen, el texto no está firmado. El texto está ya disponible en una edición del Fondo de Cultura Económica.47 Un avance fue publicado en enero de 2016 en estas mismas páginas.48 En otro lugar he analizado en detalle el estudio jurídico de Rabasa.49

El estudio hace un análisis de cómo la nueva Constitución afectaba los derechos de propiedad. Repetía muchos de los temas que ya hemos encontrado en este ensayo. Era parte de un clima de opinión. Rabasa identificó el talón de Aquiles del constitucionalismo de Querétaro: la conculcación de los derechos de propiedad. En particular, exploraba qué posibles repercusiones tendría el artículo 27 sobre los contratos existentes en relación al subsuelo. Los derechos de los extranjeros son examinados específicamente. Haciendo eco del alegato de Calero, Rabasa sostenía que la Constitución de 1917 iba en contra del Estado social; era una forma de violentar el progreso civilizatorio alcanzado. Además de las anomalías en su génesis, la Constitución de 1917 en su artículo 27 había desprotegido a la propiedad. Y lo había hecho de una manera bastante peculiar. Había invadido los dominios del derecho civil para redefinir radicalmente el significado de propiedad. Así, “la Constitución mexicana [de 1857] no hablaba en su breve artículo 27 de la propiedad, sino para garantizarla contra el atentado del poder o de las autoridades. Ese artículo, bajo el mismo número, se sustituye en la nueva con todo un tratado que cambia las bases de la propiedad del suelo, del subsuelo y de las aguas”.

 

¿Son los críticos de la Constitución de 1917 una inscripción al margen en la historia del constitucionalismo mexicano? ¿Barruntos de la “reacción mexicana”, como querría Gastón García Cantú? No lo creo. En numerosos aspectos el tiempo parece haberles dado la razón a los críticos de la Constitución. Podemos prescindir de la hiel y la pasión para ver con frialdad los argumentos esbozados por los críticos. No todos llevan el mismo peso. La violación de la Constitución de 1857, necesaria para convocar al Congreso Constituyente de 1916-17, es menos inusual de lo que parece. Los norteamericanos también violaron los artículos de la Confederación para hacer su Constitución federal. Otros puntos, sin embargo, son más atendibles. Los exiliados criticaron el anticlericalismo de la carta de Querétaro. Los saldos humanos de la guerra cristera de los treinta y el fin del jacobinismo revolucionario, que ocurrió finalmente en las reformas de los noventa, parecen señalar lo acertado de esta crítica. De igual manera, el México del siglo XXI —marcado por la globalización de su economía, su diáspora de millones en Estados Unidos, su integración a Norteamérica a través del TLCAN— es simplemente incompatible con la xenofobia y el nacionalismo defensivo original de la Constitución de 1917 y que cuestionaron los exiliados.

Es, sin embargo, en la crítica a los aspectos económicos de la nueva Constitución donde los críticos parecen haber tenido mayor razón. Los cambios sustantivos que sufrió el artículo 27 en 1992 y en 2015 no son una casualidad. Es, sin duda, una ironía histórica que el estudio “fantasma” de Emilio Rabasa reaparezca en nuestra circunstancia actual. La marea ha cambiado. Imaginemos la recepción de este texto hace 30 o 40 años, en pleno auge de populismo echeverrista. Probablemente sería ignorado como la diatriba de un reaccionario resentido.

En muchos sentidos, la historia le ha dado la razón a Rabasa. Los derechos de propiedad, imperfectamente establecidos en la Constitución de 1917, han sido un freno al desarrollo económico del país. En un estudio reciente Melissa Dell, economista de la Universidad de Harvard, encontró que los municipios donde tuvieron lugar acciones revolucionarias —entendidas éstas como el uso de la violencia por parte de los residentes para subvertir al gobierno— son hoy más pobres que aquellos que no la experimentaron. La variable causal no parecería ser el conflicto en sí, sino las soluciones a él, en particular el reparto agrario. En efecto, los municipios donde hubo actividad revolucionaria vieron 22% más de su superficie distribuida a través de la reforma agraria que aquellos municipios aledaños que no la experimentaron. Los municipios que sufrieron actividad revolucionaria son hoy más pobres en un 30% que aquellos municipios vecinos que no la sufrieron. Esos municipios rebeldes son hoy en promedio más rurales y menos industrializados.50 También, han sido menos plurales políticamente en el largo plazo. Han experimentado menos alternancia, en un 33%, en sus presidencias.

Albertus, Díaz-Cayeros, Beatriz Magaloni y Barry Weingast analizaron el impacto económico de la reforma agraria entre 1950 y 1995. Estiman contrafactualmente que el Producto Nacional Bruto per cápita en 1995 habría sido 124% más alto si la reforma no hubiera tenido lugar.51 Los mecanismos causales que vinculan a la reforma agraria con resultados económicos, sociales y políticos específicos son variados. La imposibilidad de dar la tierra en garantía produjo una menor industrialización en el largo plazo y dificultó la inversión en negocios agrícolas productivos. También hizo a los campesinos políticamente dependientes del patronazgo de los corruptos bancos estatales, que eran la única fuente de crédito. Como afirmaban Calero y Rabasa, la estructura de los derechos de propiedad instaurado en la Constitución inhibió el desarrollo económico. El fantasma de una burocracia “corrompida y voraz” se materializó en la política agraria posrevolucionaria, que limitó la independencia política de los campesinos.

Un argumento de los críticos era que el espíritu del artículo 27 estaba fuera de sintonía con el desarrollo civilizacional del país. Las principales características de la reforma agraria fueron: dotaciones colectivas y no individuales, inalienabilidad de la tierra, derechos de propiedad restringidos y supervisión gubernamental de la vida comunitaria. Los constituyentes pretendían regresar en el tiempo. El ejido era el epítome de este anhelo restauracionista. Sin embargo, recientes investigaciones han comenzado a demostrar que el pasado al que pretendían egresar era simplemente inexistente. Así, Emilio Kourí señala: “el ejido de la Revolución tuvo muy poco en común (y en mucho estuvo en fundamental oposición) con las reformas que perseguía el zapatismo. Ese ejido, el moderno, se apoya en nociones preconcebidas sobre la cultura y la historia de las poblaciones rurales de México, nociones que —hoy sabemos— carecen de fundamento”.52

Algunos de los críticos de la Constitución en el exilio tenían pasados cuestionables. Varios —incluido Rabasa— apoyaron a Huerta. Eran, en conjunto, parte de una elite que se había beneficiado del statu quo porfirista. Eran, sobre todo, los derrotados de la historia. Nada de esto los inhabilita como observadores —y a menudo como críticos agudos— del nacimiento de la carta magna de los revolucionarios triunfadores. Y algunos de ellos, qué duda cabe, esbozarían una sonrisa si pudieran contemplar el México de la segunda década del siglo XXI.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.

Agradezco la ayuda a Ignacio Marván y Manuel Patiño. Parte de la investigación se hizo gracias a una beca del Programa de Estancias Cortas de Investigación en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas, en Austin, y la Secretaría de Relaciones Exteriores en octubre de 2015. Este ensayo es una versión abreviada del texto preparado para el libro Cien años. Cien ensayos, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.


1 Sobre este grupo, véase: Javier Garciadiego, Rudos contra científicos. La Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, México, El Colegio de México/UNAM, 1996. Sobre
el liberalismo y la fundación de la Escuela Libre de Derecho, véase: José Antonio Aguilar Rivera, La geometría y el mito, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 98-106.

2 MEYN, “La Constitución de Carranza”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 8 de abril 1917. MEYN era el pseudónimo colectivo para firmar artículos en la revista.

3 “Enfrente del sacrilegio”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 11 de febrero de 1917.

4 “El primer aniversario del almodrote de Querétaro”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 24 de febrero 1918.

5 “Una constitución ilegal”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 15 de abril 1917.

6 Ídem.

7 Querido Moheno, “La Constitución de Querétaro. Primer artículo”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 25 marzo de 1917. Y seguía: “Su lectura trastorna y embrutece… el engendro de Querétaro no sólo es el fruto natural de los padres que lo engendraron, en una orgía de marihuana y tequila, sino el resultado lógico y forzoso de los antecedentes de la obra, estúpida y maligna”.

8 Querido Moheno, “La Constitución de Querétaro. Segundo artículo”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 1 de abril 1917.

9 Ídem.

10 Querido Moheno, “La Constitución de Querétaro. Tercer artículo”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 8 de abril 1917.

11 Querido Moheno, “La Constitución de Querétaro. Cuarto artículo”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 15 de abril 1917.

12 “Ante todo, la Constitución”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 12 enero de 1919.

13 En 1920 Vera Estañol publicó estos ensayos en forma de libro: Al margen de la Constitución de 1917, Los Ángeles, Wayside, 1920. También lo hizo en inglés: Jorge Vera Estañol, Carranza and his Bolshevik Regime, Los Ángeles, Wayside, 1920.

14 Jorge Vera Estañol, “Por qué la Constitución de 1857 es Nacional. Por qué la Constitución de Querétaro es Bolchevique”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 16 de febrero de 1919.

15 Jorge Vera Estañol, “Por qué la Constitución de 1857 es Nacional. Por qué la Constitución de Querétaro es Bolchevique”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 2 de marzo de 1919.

16 Jorge Vera Estañol, “Por qué la Constitución de 1857 es Nacional. Por qué la Constitución de Querétaro es Bolchevique”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 16 de marzo de 1919.

17 Jorge Vera Estañol, “El Bolchevismo de la Constitución Queretana”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 11 de mayo de 1919.

18 Ídem.

19 Ídem.

20 Jorge Vera Estañol, “El Bolchevismo de la Constitución Queretana”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 25 de mayo de 1919.

21 Ídem.

22 Ídem.

23 Toribio Esquivel Obregón, “Hay que restaurar la Constitución. Carta abierta a Venustiano Carranza”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 25 de mayo de 1919.

24 Ídem.

25 Jorge Vera Estañol, “La restauración constitucional”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 1 de junio de 1919.

26 Ídem.

27 Ídem.

28 Jorge Vera Estañol, “El Bolchevismo de la Constitución Queretana”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 22 de junio de 1919.

29 Ídem.

30 Ídem.

31 Ídem.

32 Jorge Vera Estañol, “El Bolchevismo de la Constitución Queretana”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 28 de septiembre de
1919.

33 Jorge Vera Estañol, “El Bolchevismo de la Constitución Queretana”, Revista Mexicana. Semanario Ilustrado, 5 de octubre de 1919.

34 Ídem.

35 Ídem.

36 En 1936 Luis Cabrera fue expulsado de la familia revolucionaria porque se opuso a las reformas constitucionales del periodo cardenista. Veáse: Luis Cabrera, “La Revolución de entonces (y la de ahora)”, en Obras Completas, México, Oasis, 1975, 3:789-820.

37 Agradezco a Ignacio Marván por haber llamado mi atención a este texto.

38 Manuel Calero, “Revolución y Régimen Constitucionalista. Documento 802. El Lic. Manuel Calero expone su posición política frente al Constitucionalismo, y censura la política de D. Venustiano Carranza”, Documentos históricos de la Revolución Mexicana, Revolución y Régimen Constitucionalista, vol. 5, T. I, México, Jus, 1969, pp. 277-296.

39 Ídem.

40 Ídem.

41 Ídem.

42 Ídem.

43 Francisco Viesca Lobatón, et al., El artículo 27 constitucional (Constitución de 1917). Dictamen de la Comisión nombrada por el Primer Congreso Nacional de Industriales, México, Imprenta Escalante, 1917.

44 Ibíd., p. 123.

45 Véase al respecto: José Antonio Aguilar Rivera, “La Constitución y la tiranía: Emilio Rabasa y la Carta de Querétaro de 1917”, Historia Mexicana, núm. 263, vol. LXVI, enero-marzo de 2017.

46 José Antonio Aguilar Rivera, “La imposición legal de la tiranía”, nexos, enero de 2016. Charles A. Hale, Emilio Rabasa and the Survival of Porfirian Liberalism. The Man, his Career, and his Ideas, 1856-1930, Palo Alto, Stanford University Press, 2008, pp. 128-129.

47 Emilio Rabasa, El derecho de propiedad y la Constitución mexicana de 1917 (estudio introductorio de José Antonio Aguilar), México, FCE/SCJN/CIDE, 2017.

48 Emilio Rabasa, “Contra el artículo 27”, nexos, enero de 2016.

49 Para un análisis del estudio de Rabasa véase: José Antonio Aguilar Rivera, “La imposición legal de la tiranía: Emilio Rabasa, el derecho de propiedad y la Constitución de 1917” y José Ramón Cossio, “El artículo 27: entre la civilización y la revolución”, en Rabasa, El derecho de propiedad.

50 Melissa Dell, “Path Dependence in Development: Evidence from the Mexican Revolution”, manuscrito sin publicar, Harvard University, octubre de 2012. El documento se puede
consultar en: http://bit.ly/2ka4gN5

51 Michael Albertus, Alberto Díaz-Cayeros, Beatriz Magaloni y Barry Weingast, “Authoritarian Survival and Pverty Taps: Land Reform in Mexico”, World Development, v. 77, enero de 2016, pp. 154-170.

52 Emilio Kourí, “La invención del ejido”, nexos, enero de 2015.

 

2 comentarios en “La Constitución y sus enemigos

  1. Pregunto que intervencion tuvo el lic rafael marinez carrillo que tambien se tuvo que exiliar en nueva york y fue secretario de gobernacion al principio del regimen de victoriano huerta.que fue excelete abogado

  2. Excelente ensayo, una visión retrospectiva muy ilustrativa de los “vencidos y los vencedrores” que sin duda nos deja muchas lecciones a la luz de nuestra realidad actual; a 100 años de promulgada la Constitución del 17, valdría la pena ahora hacer un ensayo en prospectiva a partir de las más de 600 reformas que se han realizado a la Carta Magna y de los desafíos no solo nacionales, sino extranjeros que enfrenta México. Felicidades!

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