En Nocturno de la democracia mexicana Héctor Aguilar Camín nos ofrece una interpretación de los males que aquejan a nuestra vapuleada democracia, propone un remedio y hace un llamado al debate. Atiendo a su invitación. Nuestra democracia está mal vista y muchas son sus cuitas. Creo que debemos asumir la responsabilidad de defenderla y evitar que se nos venga abajo.

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Ilustraciones: Víctor Solís

A mi manera de ver el diagnóstico que ofrece Aguilar Camín no alivia la inquietud que causa el creciente desapego que nos inspira la democracia, el descrédito de los gobiernos que nos ha traído y la sensación de que navegamos sin rumbo y sin futuro. Para explicar esta desazón él se concentra en la dimensión electoral y partidista de nuestra democracia, como si una nueva reforma electoral, comicios limpios y competidos bastaran para resolver problemas tan complejos como la fragmentación política, la debilidad del presidente de la República y la corrupción. En política no todo son instituciones, también hay procesos, creencias, ideas, personas y contingencias, gatos negros que salen no se sabe bien de dónde, que se cruzan por delante y dan al traste con los proyectos originales.

Para curar las deformidades de nuestra democracia Aguilar Camín propone ¿otra reforma electoral? Entre 1977 y 2013 se introdujeron cuatro diferentes leyes electorales cada una de las cuales fue reformada por lo menos dos veces. Según él las más importantes fueron la LFOPPE de 1977 y el COFIPE corregido en 1996 porque dieron respuesta a la representación de minorías, al principio de equidad y a la imparcialidad de las autoridades electorales. Considera, en cambio, que la legislación actual, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (LEGIPE) de 2013 no puede atacar las debilidades que él señala, y propone modificar algunas de sus disposiciones y hasta un cambio de régimen político. Para Aguilar Camín las heridas de nuestra democracia son autoinfligidas. Me preocupa esta interpretación porque abundan en la historia los ejemplos de democracias derrotadas por una lectura como ésta que centra la mirada en sus instituciones, sin contextualizar sus tropiezos ni mirar a las decisiones de los gobiernos que las dirigían.

Antes de lanzarnos al vacío del financiamiento privado sin límite de campañas electorales, al espejismo simplificador de la segunda vuelta electoral o a la manufactura de la sobrerrepresentación, como propone Aguilar Camín, para enfrentar nuestra desilusión con la democracia, examinemos interpretaciones alternativas para pensar otros remedios a partir de ahí.

Es probable que la LEGIPE no sea apta para enfrentar las fragilidades que Aguilar Camín identifica; pero eso no quiere decir que para superarlas haya que modificar esa ley. Si los problemas planteados en Nocturno fueran de orden electoral tal vez las soluciones también lo serían, pero creo que el origen de los problemas no es la legislación electoral, tal y como lo apunta José Woldenberg en su respuesta a Aguilar Camín. La debilidad del presidente, la fragmentación, la corrupción, los gobiernos improvisados, un proceso de descentralización que derivó en un rosario de vicios, nos refieren a asuntos no electorales. Para mí provienen concretamente de la debilidad del Estado y de la ideología de quienes han gobernado este país desde 1994, que, en mi opinión, tomaron decisiones desfavorables a la consolidación de una democracia medianamente típica.1 Si miramos con más detenimiento a quienes aspiran a gobernar, si los elegimos no tanto porque articulan rechazos, sino porque tienen una visión clara de a dónde quieren llevarnos, aunque en algunos casos coincidamos con ellos y en otros no, entonces quizá podamos salvar a la democracia mexicana.

El esperpento

Retomo la metáfora del esperpento que dicen que es nuestra democracia.

Dicen que el niño está feo, malhecho, deforme y descalcificado. Tiene la mirada opaca y no le crece el pelo, pero nada de eso le viene de nacimiento. Se ha puesto así porque el entorno le ha sido adverso. Al niño lo han descuidado. Han creído que basta con sobrealimentarlo y sólo lo han empachado, no lo sacan al sol, no lo cambian y tampoco lo han vacunado. Lo sorprendente es que pese a todo haya empezado a caminar.

Nuestra democracia empezó a formarse en medio de una severísima crisis financiera, política e internacional (1982). En 1994, en pleno crecimiento sufrió una segunda crisis económica devastadora. Ambos episodios comprometieron dos atribuciones vitales del Estado: su autonomía frente a las elites económicas, nacionales y extranjeras, y la soberanía, esto es, su capacidad de decisión en la geopolítica. El proyecto democratizador fue una alternativa al persistente deterioro del Estado y no el resultado del empuje de una sociedad civil vigorosa. En ese contexto la irrupción del pluralismo político repercutió en el quebranto de la cohesión social. Este efecto tenía que haber sido paliado por el Estado, pero la falta de recursos restringió su capacidad para cumplir sus funciones tradicionales de integración, en tanto que representante de la comunidad nacional. Ninguna institución, desde luego no los partidos y ni siquiera la Iglesia, puede suplir al Estado como referente general de la sociedad.

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Nuestra democracia también ha tenido que sobreponerse al difícil entorno que han construido los liberales en el poder desde finales del siglo XX, pues lo que llamaron reforma del Estado fue en realidad un programa de políticas antiestatistas que le arrebató funciones, limitó su alcance y le restó relevancia política. Los vacíos que quedaron han sido ocupados por una constelación de intereses particulares, desde organizaciones no gubernamentales hasta universidades privadas, aunque destacan las elites económicas y partidistas. Esta evolución nos ha llevado a una situación de instituciones débiles y elites fuertes que se asemeja a la que Benedicte Bull ha descrito para los países centroamericanos, donde las elites controlan los recursos políticos y económicos de la sociedad y someten las instituciones al servicio de sus intereses.2

La continuidad del Estado autoritario no es lo que defiendo, sino que reconozcamos el cambio de paradigma que se ha producido respecto a la relación entre Estado y democracia. Al término de la Segunda Guerra Mundial se impuso en el mundo occidental la convicción de que “a más Estado más democracia”. El colapso del Estado benefactor en los años setenta precipitó la adopción de la fórmula inversa: “A menos Estado, más democracia”. En el siglo XXI ha quedado establecido que sin Estado no hay democracia, porque el Estado es el garante del imperio de la ley, de las reglas de una convivencia social civilizada, del compromiso social con la equidad, del freno a elites que pretenden posesionarse del poder absoluto y a funcionarios públicos tentados por la corrupción.

Los partidos han pretendido cumplir algunas de estas funciones, pero están constitutivamente impedidos para hacerlo, en primer lugar, porque su propósito es representar las fracturas sociales, no resolverlas; y luego, porque en tanto que portavoces de intereses particulares no están comprometidos con la imparcialidad. Como bien apunta Woldenberg, la ley electoral ha reflejado el pluralismo y la fragmentación de la sociedad, no indujo estos rasgos, puede reforzarlos, en el peor de los casos agravarlos, pero la ley sobre todo canaliza y organiza algunas de las divisiones que muestra la realidad social.

A excepción de Vicente Fox para quien el Estado no era ni siquiera un motivo de queja, los últimos presidentes, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nos dijeron una y otra vez que el objetivo del nuevo modelo económico era modernizar y fortalecer el Estado. El proyecto reformista liberalizó mercados, privatizó empresas públicas, internacionalizó la economía y constitucionalizó una política económica guiada por el criterio inamovible del equilibrio fiscal. Estas políticas fueron inicialmente presentadas como medidas de emergencia, de corto y mediano plazos, pero los sucesores de Salinas las prolongaron y las profundizaron porque su objetivo era poner en pie un proyecto ideológico, un país diferente al que nos habían enseñado a esperar, no resolver los problemas específicos de la economía mexicana. En consecuencia no modernizaron ni fortalecieron al Estado, simplemente lo disminuyeron.

La continuidad de la política económica es un claro ejemplo de una medida de emergencia que los ideólogos de la Secretaría de Hacienda, formados en los modelos restrictivos del gasto público del Partido Republicano estadunidense, convirtieron en una política de largo plazo. Uno de sus resultados más escandalosos ha sido que dos generaciones de mexicanos han vivido en un país donde el crecimiento del ingreso per capita anual ha sido de 1%.

Si evaluamos los resultados de tres décadas de reforma del Estado en términos de la capacidad del Estado para movilizar apoyo social a sus decisiones, para generar consensos o para promover la adhesión al sistema político, la conclusión inescapable es que ha sido un fracaso. Después de desarmar lo que quedaba del intervencionismo del pasado, los liberalizadores, nos dejaron un Estado disminuido que está en el origen de la debilidad de la presidencia de la República y de la fragmentación social que observa atinadamente Aguilar Camín. Para seguir con las metáforas, los reformistas mexicanos tiraron el agua, la tina, al niño, el jabón y hasta la toalla.

¿Nacionalista yo? ¿Para qué?

El surgimiento de un nuevo orden internacional que acarreó la caída de la Unión Soviética y el ascenso de Estados Unidos a la condición de superpotencia única tampoco favoreció la reconstrucción del Estado mexicano. En ese contexto, negociar —como lo hizo el gobierno de Salinas— una nueva relación con el vecino superpoderoso, tal y como se materializó en el Tratado de Libre Comercio de 1994, debilitó aún más la soberanía del Estado mexicano en crisis desde los ochenta, porque la intención enunciada de cooperación aceleró un proceso de integración subordinada.

La relación con el exterior que impulsaron los reformadores me conduce a plantear el tema de los costos de la renuncia al nacionalismo como ideología institucionalizada del Estado, que, sin embargo, da cabida a la pluralidad social. Los reformadores estructuraron la inserción del país en la globalización en términos cuya prioridad era el consumidor o el empresario en abstracto. Es posible que si hubieran pensado en el consumidor mexicano o en el empresario mexicano ahora tendríamos productos mexicanos en el supermercado, bancos mexicanos y líneas aéreas mexicanas, como cualquier democracia que, sin dejar de serlo, tiene industrias y empresas nacionales.

Peor todavía, cuando los reformadores renunciaron al nacionalismo se dieron un balazo en el pie, perdieron un instrumento de gobierno y claridad de miras, porque destruyeron un vínculo histórico central entre el Estado y la sociedad, que era un medio de comunicación, un lenguaje básico común. Su ausencia no sólo le ha arrebatado al Estado un instrumento fundamental, sino que ha propiciado la desagregación social, el desacuerdo, la prevalencia del interés personal, la deslealtad. El desplazamiento del nacionalismo a la oposición, generó una fractura ideológica adicional entre nacionalistas y liberales que ha añadido complejidad a la gama de identidades políticas que hoy puebla el universo político mexicano.

Hubo quienes creyeron que la universalización de la democracia había liquidado definitivamente las ideologías. Sin embargo, hay que hablar de ellas porque los sistemas de pensamiento no tienen la preponderancia que tuvieron en el siglo XX, pero son realidades vigorosas que aportan claves de interpretación de la realidad política y orientan las decisiones de los políticos en el poder. Cumplen las mismas funciones de siempre, la diferencia con el pasado estriba en que no hay una ideología común, sino esquemas de interpretación de la realidad fragmentados y diversos. Los incluyo en toda su vaguedad porque son una clave importante para entender la postración de nuestra democracia, en la medida que explican decisiones cargadas de consecuencias que han tomado los últimos gobiernos. Muchas de ellas han sido ideológicas más que propiamente democráticas; es el caso de la descentralización a la que Vicente Fox dio rienda suelta sin más directiva que la convicción antiestatista que ha vertebrado a su partido. De ahí el caos que provocó. Decisiones como ésta han bloqueado la capacidad de buen gobierno que promete la democracia.

A mi manera de ver, algunos de los problemas que Aguilar Camín señala como resultado de instituciones deficientes más bien son el resultado de las políticas de los gobiernos panistas de los primeros 12 años del siglo XXI, que no por llegar al poder por la vía democrática dejaban de ser gobiernos de derecha.

El gato negro

El gran gato negro que se le atravesó a la democracia mexicana fue la elección de Vicente Fox a la presidencia de la República, porque sus posturas ideológicas agravaron las consecuencias de las políticas liberalizadoras. De la misma manera que muchos, equivocadamente, han creído que la democracia sustituye al Estado, también han caído en el error de que reemplaza a las ideologías. Sin embargo, la presidencia de Vicente Fox da prueba de que el peso de las creencias personales sobre las acciones y las decisiones del poder va más allá de las instituciones.

El presidente Fox estaba convencido, como buen discípulo de Ronald Reagan, que el mejor gobierno es el que menos gobierna. Esa idea sola tuvo enormes consecuencias. Un presidente ausente en un país como México, en una coyuntura que podía haber sido aprovechada por un liderazgo con creatividad institucional, fue un golpe de mala suerte de grandes dimensiones. Significó, por ejemplo, que el Estado no ejerció su legítima autoridad para delimitar el alcance de la influencia de los intereses empresariales o sindicales.

El gobierno foxista fue una oportunidad perdida de reconstrucción de la autoridad estatal con el apoyo del famoso “bono democrático”. Es difícil olvidar la acción —o inacción— de un gabinete errático y medio anárquico, una administración pública desconcertada y sin brújula, una autoridad omisa en la aplicación de la ley. Los únicos que parecían saber lo que querían eran los empresarios como Ricardo Salinas que a dentelladas se hizo de una posición de poder inexpugnable; y Marta Fox. Si los salinistas (de Carlos) y zedillistas eran enemigos del Estado porque creían en el mercado, los foxistas veían en el Estado un obstáculo, un brazo del autoritarismo. Los primeros sabían cómo funcionaba y para qué podía servir, los segundos, en cambio, no tenían idea (a excepción del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que tenía clara la determinación de importar el modelo económico diseñado en la Universidad de Chicago, para lo que además tuvo la mayor latitud de acción), así que les pareció muy fácil ignorarlo y tratar de gobernar lo menos posible. El gobierno foxista le dio mal nombre a la democracia, pero por las decisiones que tomó, no por el funcionamiento de las instituciones electorales.

Asimismo, el combate al narcotráfico que puso en marcha el gobierno de Felipe Calderón le da mal nombre a la democracia, pero fueron las decisiones del presidente las que tuvieron consecuencias negativas, trágicas, que no podemos ni debemos asociar con el arreglo democrático. Calderón, a diferencia de Fox, sabía para qué servía el Estado, pero fracasó cuando quiso reconstruirlo a partir del ejército. Su decisión no fue producto de los mecanismos electorales, sino de su visión del mundo, de su concepción de la autoridad, de su ideología.

El potencial de desestabilización de las instituciones democráticas que representa la prominencia que ha adquirido el ejército en la solución del grave problema de seguridad interna que enfrenta el país, representa un costo muy elevado para la democracia. No pienso en una activación política de los militares, sino en los efectos de sus métodos sobre las actitudes sociales. En cierta forma su intervención en el combate al narcotráfico implica una legitimación del recurso a la violencia como primera reacción a cualquier tipo de transgresión.

El fortalecimiento del Estado

 Entiendo la dificultad de encontrar respuestas a los problemas complejos que enfrenta la democracia en México. Sin embargo, a mí me parece evidente que ninguno de ellos puede ser resuelto sin el respaldo de la autoridad del Estado. Una fórmula que no supone necesariamente autoritarismo. Lamentablemente, en los años noventa se generalizó la creencia de que la aplicación de la ley era en sí misma una acción represiva ilegítima. (Por eso duró un año el paro de la UNAM que organizó en 1999 un grupo de bribones, ayuno de ideas y ávido de publicidad.)

La presencia del Estado en el ejercicio de sus funciones, de sus responsabilidades y de sus atribuciones tal y como están definidas en la Constitución, bastaría para darle vida y para responder a la debilidad institucional, a la dispersión de los recursos políticos y a la concentración de los recursos económicos. Sin embargo, ¿cómo lograr ese objetivo con el Estado disminuido que hoy tenemos?

No es la primera vez que hacemos un esfuerzo de esa naturaleza, aunque es probable que en esta coyuntura la magnitud de la tarea sea mucho mayor. Una vía es la conclusión de un pacto nacional amplio, diferente del que firmó el presidente Peña Nieto al principio de su gobierno, porque sus objetivos y mecanismos de funcionamiento serían discutidos antes de llegar a los acuerdos pertinentes, a diferencia del pacto interpartidista de 2013 que consistió en movilizar apoyo a decisiones preparadas.

En el pasado hubo proyectos similares. En 1944 Manuel Ávila Camacho convocó a los representantes de las elites económica, política y académica, y a líderes empresariales y sindicales, a integrar una comisión para tratar los problemas de la posguerra. La coyuntura internacional no era más que un pretexto. Ávila Camacho convenció a estos actores políticos que estaba en su interés olvidar sus rencillas y diferencias de opinión y ponerse de acuerdo en cuanto al modelo económico y a las relaciones con Estados Unidos. La mecánica del pacto nacional fue la piedra angular de un arreglo político que partía de una visión más o menos general de que se trataba de construir un país industrial y finalmente democrático, que evadió confrontaciones de clase o ideológicas durante un cuarto de siglo. Una segunda experiencia exitosa fue el Pacto de Solidaridad Económica al que convocó el presidente De la Madrid en 1987 para frenar la espiral inflacionaria que ese año superaba el 157%.

Creo que en estos momentos, al igual que a finales del delamadridismo, hemos llegado al fondo de nuestra desilusión. Son tan malas nuestras condiciones en materia de diálogo político, de seguridad, de cohesión social, del futuro que ofrecemos a nuestros jóvenes que podemos hacer de la necesidad virtud y coincidir en que un cambio es necesario, urgente. Si es así, entonces la convocatoria a un pacto nacional para fortalecer al Estado puede despertar el interés incluso de empresarios antiestatistas que han saboreado la amargura de un mercado mal regulado, o cuyas inversiones han sido destruidas por las organizaciones de narcotraficantes que los extorsionan y asustan a los turistas.

Una fuente de fortalecimiento podría ser una reforma fiscal profunda, acordada por todos los actores políticos, con claras intenciones redistributivas que, además, asegure al Estado los recursos que necesita para cumplir con su obligación de proveer servicios públicos: seguridad, salud, educación. Los grupos privilegiados entenderían que a ellos también les conviene un país educado, saludable y seguro. El éxito de esta convocatoria depende de las personas y de los liderazgos, que en este caso cuentan por lo menos tanto como las instituciones.

Dice Richard Neustadt, autor del texto sobre la presidencia de Estados Unidos más influyente de la segunda mitad del siglo XX, que la principal cualidad de un presidente es su capacidad de persuasión. Querámoslo o no, Carlos Salinas fue el último presidente convincente que tuvimos; no hay más que recordar la intensa labor de persuasión que llevó a cabo para movilizar el apoyo al TLCAN de empresarios, sindicatos, políticos de oposición, académicos, intelectuales y una diversidad de grupos de interés. Su decisión de firmar ese acuerdo comercial amplio era una píldora difícil de tragar, pero nos convenció, nos la tragamos y aplaudieron muchos más de los que ahora lo admiten.

El actual gobierno no cree en esa labor de convencimiento. Hace unos años, en una pequeña reunión social uno de los asistentes preguntó a un secretario de Estado cómo iban a explicar a la opinión pública las decisiones que había anunciado. La respuesta brusca que dio a lo que interpretó como una insolencia fue: “La gente no quiere rollos, quiere resultados”. Desde luego, el secretario tiene razón, la gente quiere razones, explicaciones, argumentos, pero no toda la información gubernamental es rollo, a menos de que así hablen los funcionarios. El secretario también perdió de vista el efecto pedagógico que tienen esas explicaciones, que de lograrse recibe como compensación el apoyo ciudadano a las decisiones del gobierno. Recientemente, el nuevo presidente del PRI advirtió que los funcionarios tendrán que explicar sus políticas a la militancia. Ojalá que lo hagan, pero los mexicanos no priistas, que somos muchos, también tenemos derecho a esa información.

 

Creo que estamos más desilusionados con las decisiones de los gobiernos que hemos elegido que con la democracia. Si algo hay que cambiar son los gobiernos, las formas de comunicación entre los funcionarios y los ciudadanos, los presidentes, el personal político, no necesariamente las instituciones. Para fortalecer la democracia tenemos que fortalecer al Estado mediante una convocatoria cuyo punto de partida sea una invitación al debate, no la contrafirma en un documento planchado.

El satirista Karl Krauss habló del Imperio de Habsburgo como de un gran experimento en el fracaso. Ojalá que no se diga lo mismo de la democracia mexicana.

17 de julio de 2016

 

Soledad Loaeza
Profesora-investigadora de El Colegio de México. Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Su más reciente libro es La restauración de la Iglesia católica en la transición mexicana.

 

6 comentarios en “La democracia mexicana y el mal gobierno
(Comentarios al Nocturno de Aguilar Camín)

  1. Maestra Loaeza :gracias por el análisis tan prístino, efectivamente en ir venir la democracia ha sido manoseada al artista al grado de casi caer en tipografía.

  2. no se puede permitir que malos administradores permanezcan como si nada en sus puestos hasta complir su periodo, en una empresa a los malos directores los corren, no los aguantan hasta que la empresa quiebre

  3. Apreciable señora: lo que dice en su artículo se siente como bocanada de aire fresco en el desierto. A lo largo de mis ochenta años leí dos o tres libros de administración que aseguraban que un proyecto cercano a la perfección casi siempre fracasa si se pone en manos de un gerente incompetente, en cambio, un proyecto defectuoso casi siempre tiene éxito cuando está bajo el control de un administrador inteligente y dedicado.

    Está muy claro que en México hay cada vez menos inteligencias capaces de llenar el puesto de estadista. Hoy nos gobierna un hombre joven que no recuerda haber leído tres libros. Sócrates no estaba equivocado cuando decía que solo los hombres dotados de sabiduría y buenas intenciones deberían gobernar, no así hombres escogidos por la tentación de sus promesas. Por supuesto que México tiene mas leyes de las que necesita para funcionar bien, lo que pasa es que no existen los hombres idóneos para cumplirlas y hacerlas cumplir. Me quito el sombrero ante la claridad de su pensamiento.

  4. Muy buen artículo. Efectivamente todo indica que el problema es más de las personas y su desempeño ( o sus intereses), quienes gestionan mal los procesos. Nada de lo que nos sucede como país era inevitable. Es un tema de capacidad. Como hacerle para que lleguen a gobernar personas capaces es una pregunta sin respuesta

  5. Maestra, interesante su opiniòn sobre el libro de Aguilar Camìn, solo que… la democracia no serà un fracaso, lo que sì es un fracaso, es nuestro sistema polìticio mexicano porque corrompiò todas las instituciones creadas, segùn nos dicen a los mexicanos, por la revoluciòn mexicana ¿serà?. Vale.