Que el aire es un elemento esencial para la vida de los seres humanos es un hecho conocido. Este elemento es vital para el desarrollo de procesos indispensables para la continuidad de distintas formas de vida, de las cuales también depende la humanidad. Así, por ejemplo, el aire presente en la atmósfera ayuda a mantener las condiciones de humedad y temperatura del planeta, gracias a los distintos gases que lo componen las plantas pueden realizar la fotosíntesis y facilita su reproducción al diseminar las esporas.

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Ilustraciones: Víctor Solís

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) define al aire como la mezcla de gases como el nitrógeno (78%), oxígeno (21%) y gases inertes (1%) que se mantienen virtualmente constantes en todo el planeta.1 Esta mezcla de componentes hace que el aire que nos rodea sea respirable; sin embargo, su calidad2 puede verse afectada por distintas actividades antropogénicas, como las industriales o los sistemas de transporte. Los resultados de estas actividades es la generación de emisiones de gases o partículas que perjudican la composición natural del aire y, por lo tanto, alteran la viabilidad de una vida digna para los seres humanos.

Si bien la conexión entre calidad del aire y la vida nos es elemental, no sigue la misma suerte en el campo de lo jurídico y lo político. Que el aire sea reconocido como un elemento indispensable para la realización de derechos humanos tales como la vida, la salud, el medio ambiente sano, el trabajo, la educación, no se ha dado de manera automática, no obstante, la dimensión fáctica de esta relación.

Para llegar a dicho entendimiento ha sucedido una serie de eventos históricos en los que primero se tuvieron que reconocer a los derechos humanos como aquellas prerrogativas inherentes a los seres humanos sustentados en la dignidad de toda persona. Derechos que son irrenunciables, indivisibles, universales, interdependientes e inalienables. Éstos, en muchos casos, representan reivindicaciones de luchas sociales en cuyo centro se encuentran las preocupaciones más importantes para permitir una vida digna.

Una de esas preocupaciones fue el medio ambiente. Ya desde finales de los años sesenta e inicios de los setenta, y ante las consecuencias que se estaban viviendo derivadas del modelo de desarrollo industrial, empezó el debate internacional en torno a los alcances de ese modelo y la capacidad de carga de la naturaleza. Ante la importancia de este debate, en 1972 se concretó la Declaración de Estocolmo, que en su Primer Principio señala que “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad y a la igualdad, dentro de condiciones de vida satisfactorias, en un ambiente en el que la calidad le permita vivir en dignidad y bienestar. Asimismo, tiene el deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras”.3 A esta primera Declaración siguieron una serie de instrumentos internacionales y regionales hasta llegar al reconocimiento del medio ambiente como un derecho humano.

Así pues, entre estos instrumentos destaca la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, conocida como Declaración de Río de 1992. Ésta estableció 27 principios rectores de la política ambiental internacional y tres de ellos son relevantes para la calidad del aire. El primero señala que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”; el tercero reconoce el concepto de justicia ambiental intrageneracional enunciando que “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”, y el cuarto apunta que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”.4

Si bien los principios derivados de la Declaración de Río no son jurídicamente vinculantes, en el caso de México algunos de ellos fueron interiorizados y plasmados en leyes nacionales, como fue el caso del Principio 10 relacionado con el acceso a la información ambiental y plasmado en la reforma de 1996 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ley marco de la protección ambiental.

Otro instrumento relevante al derecho humano al medio ambiente sano es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, de alcance regional y que en el artículo 11 señala que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.5 México firmó dicho tratado en noviembre de 1988; fue ratificado por el Senado en diciembre de 1995 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación en septiembre 1998,6 manifestando sólo una reserva en lo relativo a la interpretación y aplicación interna de derechos sindicales.7

Al efecto es importante señalar que el derecho al medio ambiente fue reconocido en la Constitución Política de México en la reforma al artículo 4 en 1999, es decir, poco más de 10 años después de la firma del Protocolo. Dicho reconocimiento primero integró el derecho de toda persona “a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.8 En 2012 se cambió el texto, mediante otra reforma, que finalmente hizo más claro el vínculo entre salud y medio ambiente al señalar que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”.9

De forma que los derechos humanos han sido las herramientas con las que cuentan las personas para lograr una vida digna e implican para su efectiva realización la existencia de ciertas condiciones sociales, económicas, culturales, políticas e incluso naturales. El menoscabo que haya en alguna de estas condiciones necesariamente incide en la plena realización del derecho humano de que se trate. Dada la característica de interdependencia, si se obstaculiza la realización de un derecho humano seguramente se están obstaculizando otros derechos humanos, razón por la cual es indispensable asegurar las mejores condiciones que permitan el desarrollo del ser humano.

En ese orden de ideas, el aire es una de esas condiciones cuya alteración incide en el cumplimiento de los derechos humanos, como se ha señalado al inicio. De esta forma, el aire en buen estado o con buena calidad permite un nivel de vida adecuado a través de un medio ambiente sano, mientras que el aire contaminado o de mala calidad dificulta una vida saludable e incluso conlleva la muerte. Así ha sido reconocido por el experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox, quien en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en diciembre de 2013, señaló que “los daños ambientales pueden tener consecuencias negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de los derechos humanos”.10

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En México los datos duros han corroborado la relación existente entre aire-vida-salud y medio ambiente —y por lo tanto la relación existente entre el aire y el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud y el derecho al medio ambiente sano—. Para muestra basta mencionar que datos del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés), retomados por un estudio de los costos de la contaminación ambiental realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señalan que al 2005 existían 17 mil 954 muertes al año en México asociadas a la contaminación del aire, cifra que al 2010 llegó a 21 mil 594 muertes.11 Por otro lado, el Sistema Nacional de Información en Salud indica que la mortalidad por enfermedad respiratoria en México es la tercera causa de muerte en niños y niñas de 0 a 4 años. En este sector de la población ocurre el 90% de las muertes por infección respiratoria aguda (IRA) y el 60% de la mortandad por asma.12

Lo anterior, además de visibilizar la interdependencia entre medio ambiente, vida y salud, genera cuantiosos gastos públicos cuyo ejercicio representa 1% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a 20% del presupuesto federal para el sector salud.13 En tanto que al 2014 los costos totales por la degradación ambiental representaron 4.7% del PIB; la contaminación atmosférica es la principal fuente al acercarse a los 542 mil 283 millones de pesos, lo que representa 3.2% del PIB.14

Ante este panorama se ha implementado una serie de acciones de política pública así como un marco legal e institucional con el objetivo de mejorar la calidad de aire. En efecto, acciones federales, como la creación de instrumentos técnicos como Normas Oficiales Mexicanas que establecen límites máximos permisibles a las emisiones de contaminantes y algunas otras acciones locales como el establecimiento de redes de monitoreo de calidad del aire, programas de mejoramiento de su calidad y medidas como el programa Hoy No Circula, entre otras, han integrado las acciones que el Estado ha emprendido para mejorar la calidad de este elemento.

No obstante ello, y ante las contingencias ambientales que han sucedido en los últimos meses en la capital del país, vale la pena preguntarse si éstas han sido suficientes y eficientes en la consecución de sus objetivos. Ciertamente, existe un rezago en la actualización de algunos instrumentos tales como las Normas Oficiales Mexicanas del sector salud que establecen criterios para evaluar la calidad del aire; como también existen vacíos o desvinculación de las acciones que emprenden los distintos sectores —ambiental, energético, salud, desarrollo urbano— y órdenes de gobierno —federación, estados y municipios— con la debida falta de aplicación adecuada de los ya existentes. Y si bien la problemática de contaminación atmosférica que hoy nos rodea es en sí misma compleja ya que atiende además a condiciones físicas, el marco legal nos brinda la oportunidad de exigir el mejoramiento de la calidad del aire en un contexto de derechos humanos, puesto que es obligación de todas las autoridades respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución.

Abordar los problemas derivados de la mala calidad del aire desde los derechos humanos permite establecer, en primer lugar, las prioridades que las autoridades deben tener en sus agendas políticas al crear marcos legislativos, políticos e institucionales que garanticen, respeten y protejan de manera progresiva estos derechos humanos a través del mejoramiento de la calidad del aire. En segundo lugar, guía la asignación de recursos económicos, técnicos y humanos que permitan el cumplimiento de dichos marcos normativos y metas programáticas. Finalmente, posibilita la exigibilidad del derecho humano en cuestión —sea este salud, vida o medio ambiente sano— frente a la omisión de las autoridades para mejorar la calidad del aire. En tanto eso sucede, seguiremos respirando aire cuya deteriorada calidad compromete nuestra salud y nuestra vida, en una continua violación a nuestros derechos humanos al medio ambiente sano, a la vida y a la salud.

 

Anaid Velasco
Labora actualmente en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental CEMDA A.C.


1 http://bit.ly/28Jsw1H

2 El término calidad del aire se usa en el marco de la gestión ambiental para referirse al estado del aire que rodea a los seres humanos.

3 Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Disponible en línea. http://bit.ly/28ILBCB

4 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disponible en línea. http://bit.ly/28JONz8

5 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. Disponible en http://bit.ly/28JOKU9

6 Tratados Internacionales. Disponible en http://bit.ly/28JZBQx

7 Decreto Promulgatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, adoptado en la ciudad de San Salvador, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho. Disponible en http://bit.ly/28JsmHE

8 Reformas constitucionales por artículo. Disponible en http://bit.ly/28Jip1V

9 Ídem.

10 A/HRC/25/53, Informe del experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox, 30 de diciembre de 2013.

11 OCDE, The Cost of Air Pollution. Health Impacts of Road Transport. Disponible en http://bit.ly/28JOJPO, p. 46.

12 Cfr. Los Derechos Humanos y la calidad del aire. Disponible en línea en http://bit.ly/28JNCjb

13 Riojas Horacio, Contaminación atmosférica y salud en la zona metropolitana del Valle de México, Instituto Nacional de Salud Pública, Disponible en http://bit.ly/28JV3ax

14 Cuentas Económicas y Ecológicas de México, INEGI, Disponible en http://bit.ly/28KdgFO

 

2 comentarios en “Sin aire limpio y sin derechos

  1. Los grandes factores de la contaminación en la Ciudad de México no solo son los automovilistas, donde están los intocables industriales, los constructores y la irresponsabilidad de los gobernantes del Estado de México, y los patrones que asuraron al Gobierno Federal para perseguir a los maestros, estos personajes están matando a la gente que vive en la zona metropolitana con sus intocables industrias además de continuar con su acoso al magisterio nacional.

  2. Lo lamentable es la falta de compromiso con la sociedad por las autoridades y los gobiernos federal y local que han privilegiado los negocios con empresarios y sus depredadoras ambiciones de poder; ¿ejemplo?: la lamentable gestión del Dr. Mancera: super negocios con concesiones de 2os pisos, fotomultas, grúas, parquímetros, autorizaciones de megacorporativos, macroedificios de vivienda, plazas comerciales y desde luego su ambición por ser presidente de Mxico a costa de la sociedad.