Cuando el feminicidio termina bajo tierra

Pasa la muerte, sobre todo. No deja de pasar. La muerte de miles y miles de mujeres […] Sus imágenes en los papeles que cubren los postes de la luz, en las páginas de los diarios, en los reflejos de todos los aparadores y las ventanillas: los rostros que tenían antes del crimen, antes de la venganza o el soborno, antes del amor.

—Cristina Rivera Garza, El invencible verano de Liliana

En 2024, Paola Andrea, estudiante de Psicología de 23 años, fue asesinada por un conductor de la plataforma DiDi cuando regresaba a casa, después de salir con sus amigas. Tras varios días de búsqueda, su familia localizó su cuerpo oculto entre escombros en un dren. A pesar de que Baja California mantiene activa la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde 2021, como respuesta institucional al feminicidio de Paola Andrea, la fiscala general del estado se limitó a declarar “que las jovencitas no viajen solas”.

El asesinato de Paola Andrea no es un hecho aislado, forma parte de un patrón reiterado de feminicidios de mujeres cuyos cuerpos son ocultados en fosas clandestinas u otros espacios degradantes. Las palabras de la fiscala, lejos de ser excepcionales, han sido la postura de muchas de las instituciones y funcionarios que integran al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) frente a las desapariciones de mujeres que, en realidad, corresponden a casos de feminicidio. Pese a que es posible identificar patrones claros en las inhumaciones de mujeres por razones de violencia de género —patrones que nos dan pistas para la prevención y que además podrían ser considerados desde el momento en que se reporta una desaparición—, el año 2024 cerró con una de las incidencias más altas de fosas clandestinas vinculadas a este delito.

El Código Penal Federal (CPF) establece siete circunstancias bajo las cuales se investiga como feminicidio el asesinato de una mujer: 1) signos de violencia sexual; 2) lesiones o mutilaciones degradantes previo o posterior a la privación de vida; 3) antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; 4) la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza; 5) amenazas, acoso o lesiones; 6) incomunicación previa a la muerte; y 7) que el cuerpo sea exhibido en un lugar público.

Lo que el CPF no contempla son aquellos asesinatos de mujeres que terminan bajo tierra. En lugar de exhibir el cuerpo en un lugar público, la fosa clandestina logra lo opuesto: ocultarlo como último acto de crueldad. Monitorear de forma permanente estos hallazgos atroces nos ha permitido sistematizar ciertas características que se repiten de forma recurrente en las muertes violentas de mujeres que son encontradas en estos sitios clandestinos: 1) inhumación individual de la víctima o inhumación acompañada de otras mujeres o menores de edad; y 2) presencia de signos de tortura, como la inmovilización, y violencias letales específicas, como el estrangulamiento, la asfixia, el apuñalamiento con armas blancas y el traumatismo craneoencefálico.

De 2020 a 2024 documentamos 66 fosas clandestinas vinculadas con el delito de feminicidio. Éstas se distribuyen así en orden ascendente: treinta fosas en 2024, trece en 2022, diez en 2023, siete en 2020 y seis en 2021. 2024 concentra el mayor número de fosas documentadas, equivalente al 45% del total. No se documentaron inhumaciones clandestinas de mujeres en todas las entidades del país. Durante los años analizados se identificaron fosas vinculadas a este delito en 25 de las 32 entidades federativas: Chihuahua (14%) y Sonora (11%) son las que concentran una proporción significativa de los casos; después Veracruz (6%) y Ciudad de México (6%).

Lugares en donde se localizan estas fosas

Por años diversas organizaciones y organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres, han advertido que un porcentaje considerable de los feminicidios a nivel mundial y en México ocurren en el hogar. La casa concentra todas las condiciones que hacen posible la violencia feminicida: intimidad, control, desigualdad y silencio. Además, ésta no sólo es un espacio en el que la violencia puede ejercerse sin interrupción, sino que también permite el encubrimiento: 62 % de las fosas vinculadas a muertes violentas de mujeres se encontraron en inmuebles privados, y 36 % de estos espacios pertenecían a la víctima o a su perpetrador.

Otros sitios de inhumación identificados son predios abandonados (13 %), caminos (6 %), costados de cuerpos de agua, como arroyos o drenes (4.5 %); sitios montañosos, como cerros o barrancas (4.5 %); pozos (3 %) y, en casos individuales, un terreno de cultivo y un basurero.

La proximidad afectiva como factor de riesgo

En cuanto a los ejecutores, el 68 % de los casos se encuentra vinculado a particulares, el 13 % a grupos del crimen organizado y en el 18 % de los casos no fue posible identificar al perpetrador. Algo que resulta preocupante es que en el 54 % de los casos las mujeres conocían a las personas que las asesinaron y, posteriormente, las inhumaron. Y, todavía más grave, en un número significativo de casos —25 de 66 (casi el 40 %)— los perpetradores eran las parejas sentimentales de las víctimas. En diecisiete casos, los agresores fueron los esposos o novios de las víctimas, mientras que en seis casos los principales responsables fueron las exparejas.

Estos hallazgos son consistentes con la evidencia disponible a nivel nacional sobre feminicidios. En los casos que hay información, cerca del 40 % de los homicidios de mujeres fueron perpetrados por su pareja sentimental o expareja reciente, mientras que el 23 % corresponde a agresores desconocidos. En contraste, en los homicidios de hombres esta tendencia se invierte de manera significativa: sólo el 1.1 % fue cometido por la pareja, frente a un 67.8 % perpetrado por personas desconocidas.¹ Esta comparación refuerza la centralidad de la violencia de género en la comprensión de los feminicidios, sobre todo en el ámbito de las relaciones cercanas.

En seis casos, los perpetradores fueron familiares de las víctimas, en tres de ellos fueron sus hermanos. En Baja California Sur, Leslie Desireé fue asesinada por su medio hermano tras resistirse a un intento de abuso sexual. De forma similar, en Tabasco, Alicia fue inhumada en la propiedad de su hermano, quien había abusado sexualmente de ella durante años antes de asesinarla; además, Alicia tuvo dos hijos con su agresor antes de su muerte. En Sonora, Aseret fue asesinada por su hermana menor y la pareja de ésta.

En los tres casos restantes, dos de los perpetradores eran hijos de las víctimas y uno era su sobrino político. En Durango, Anastasia fue asesinada por su hijo, quien la dejó inconsciente tras golpearla y posteriormente prendió fuego a la habitación; después regresó por el cuerpo quemado de su madre para enterrarlo en el patio de su casa. En Puebla, Érick asesinó a su madre, Brenda, y a su hermano menor de 11 años, Irvin Gael, y después los enterró en el patio de su hogar. En Chihuahua, Agustina fue asesinada por su sobrino político a raíz de una disputa por una propiedad.

Cuando el feminicidio también es mensaje

Existe también una dimensión expresiva en estos feminicidios que es difícil de ignorar. Si tomamos como base lo propuesto por Rita Segato, podemos identificar que algunos de estos asesinatos son, en realidad, ejercicios de poder que envían mensajes en doble vía: por un lado, a la mujer asesinada brutalmente —y a través de ella, también a otras mujeres—; por otro lado, a quien ostenta un poder similar, es decir, a otros grupos criminales, con la intención de marcar dominio sobre una plaza. El cuerpo de las mujeres, en este caso, se presta como un lienzo en el que se traza la crueldad como lenguaje.

Identificamos por lo menos dos casos en el que el asesinato y posterior inhumación de mujeres podría ser —o abiertamente es— una forma de control territorial por grupos del crimen organizado. En Ciudad Juárez, Gabriela y Maribel fueron estranguladas y después inhumadas por integrantes de la banda criminal Artistas Asesinos por estar vinculadas con Los Mexicles, ambos grupos son brazos armados del Cártel de Sinaloa que operan en Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. Gabriela era pareja del Chino, integrante de Los Mexicles y detenido en el Cereso 3, era madre de tres hijos y estaba embarazada al momento de ser asesinada.

En Sonora, Cintia y Jimena, cuñada y sobrina del Güero Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, fueron inhumadas en un predio baldío en Ciudad Obregón luego de haber sido secuestradas por un comando armado en 2019. Madre e hija tenían menos de un mes de haber sido asesinadas al momento de localizarlas en la fosa clandestina, por lo que estuvieron privadas de su libertad e incomunicadas por más de un año.

Los asesinatos de estas mujeres no son perpetrados a manos de sus parejas sentimentales o de otros lazos familiares, pero sí como respuesta directa a su vínculo de intimidad con ellos. Las mujeres, otra vez, son botín de la violencia machista. Estos feminicidios no sólo buscan terminar la vida, sino producir un mensaje disciplinante. La inhumación clandestina, además, profundiza este mensaje al intentar borrar el rastro de la víctima y prolongar la violencia más allá de la muerte, consolidando así un ejercicio de dominación territorial, criminal y profundamente misógino.

La violencia de género en su expresión más brutal

Como han señalado distintas organizaciones, en los feminicidios, sobre todos aquéllos perpetrados por las parejas sentimentales de las mujeres, es común que, antes de la muerte, los agresores empleen métodos de violencia excesiva. En el caso de aquellos feminicidios que terminan en inhumaciones clandestinas, se observan esos patrones de violencia: el estrangulamiento, los golpes y el uso de armas blancas son los métodos más recurrentes, lo que evidencia una brutalidad distintiva respecto a otros hallazgos que también conforman al universo más amplio de fosas clandestinas en el país. Asimismo, en 14 de los 41 casos en los que se reportó el tipo de violencia empleada, se registró el uso de más de un método de agresión, lo que revela no sólo una violencia excesiva, sino también de gran intensidad.

Es relevante señalar que, a pesar de que la violencia personal contra las víctimas es la más frecuente, también registramos casos de cuerpos calcinados, desmembrados y el uso de armas de fuego. En este sentido, la violencia que identificamos en hallazgos vinculados con actividades criminales también ha permeado en lo cotidiano. Por ejemplo, en Nuevo León, Dulce Karina fue víctima de feminicidio a manos de su novio y su cuñado, quienes la golpearon, estrangularon y desmembraron, previo a enterrarla en la vivienda que compartía con uno de sus perpetradores.

 ¿Quiénes son las mujeres que se encuentran en estos espacios atroces?

Conocemos muy poco de la vida personal de las mujeres que trágicamente fueron encontradas en estos sitios. Por lo general, sabemos su nombre, en algunos casos su edad y su profesión, así como si eran madres o abuelas. Lejos de conformar un perfil homogéneo, estas mujeres tienen trayectorias personales y profesionales muy distintas. Respecto a los rangos de edad, van desde los 3 hasta los 67 años, y los perfiles profesionales son diversos, muchas de ellas son estudiantes, maestras, enfermeras y comerciantes.

Pese a la diversidad, es posible identificar dos patrones. Por un lado, existe una sobrerrepresentación de mujeres jóvenes: de las 102 mujeres, se tiene registro de la edad de 78. De este número, 34 mujeres tenían entre 20 y 30 años, lo que representa el 43 % del total de las víctimas. Por otro lado, el 95 % de las víctimas localizadas en esos sitios fueron identificadas, un fenómeno atípico en cómo los medios reportan los hallazgos de fosas clandestinas en el país.

Lo anterior puede responder a dos factores. En primer lugar, las mujeres víctimas de feminicidio suelen ser localizadas en lapsos más cortos que otras personas inhumadas de manera clandestina. Esto hace más factible su identificación, en contraste con cuerpos que, debido al tiempo transcurrido desde la inhumación, han sido reducidos a osamentas. En segundo lugar, las dinámicas de desaparición asociadas a la violencia feminicida tienden a estar vinculadas a entornos cercanos a la víctima —como espacios privados o de uso cotidiano—, lo que facilita su localización, en contraste con otros patrones de desaparición caracterizados por el ocultamiento prolongado y la fragmentación de los cuerpos.

La niñez como víctima extendida

El feminicidio no sólo afecta a las mujeres que son víctimas directas, sino también a niños, niñas y adolescentes. Al menos veintiséis de las mujeres encontradas en estos sitios eran madres y seis de ellas estaban embarazadas al momento de ser inhumadas de manera clandestina. Este fenómeno se agrava cuando consideramos que un porcentaje significativo de los agresores son los padres, lo que acentúa la desolación y el daño intergeneracional producido por la violencia feminicida. Un estimado nos permite saber que cuarenta niños y niñas fueron víctimas indirectas de las inhumaciones clandestinas analizadas y, por lo menos, veintitrés quedaron en situación de orfandad debido a que el perpetrador fue la pareja o expareja sentimental de sus madres.

Asimismo, en seis hallazgos se documentó la inhumación clandestina de niños y niñas en conjunto con las mujeres asesinadas; nueve niños o niñas fueron localizados en estos espacios atroces: ocho son hijas e hijos de las mujeres asesinadas, mientras que una era la nieta. En Campeche, Rosalba, de 36 años, fue inhumada junto con sus hijas —Noemí, de 13 años, y Rubí, de 11 años— en un salón de fiestas. En Hidalgo, en las inmediaciones del respiradero de un basurero se encontraron los cuerpos de Esperanza, de 26 años, y de su hijo Irving, de 10 años.

En Sonora, Irlanda Rocío, de 42 años, fue enterrada junto con su hija Émily, de 9 años, en su propio domicilio, mientras que su hijo de 3 años, Dominick, fue localizado sin vida cerca de las vías de un ferrocarril. Por último, Gabina Esperanza, de 46 años, y su nieta Zoe, de 10 años, fueron asesinadas y enterradas juntas en una fosa en Hidalgo. Estas inhumaciones fueron perpetradas por parejas o exparejas sentimentales, de este modo se revela el carácter profundamente arraigado de la violencia feminicida en las relaciones íntimas.

 Acciones contra el feminicidio: robustas en el papel, débiles en la práctica

A pesar de que México cuenta con un marco legal relativamente robusto para atender la violencia de género, su aplicación es fragmentada y, en muchos casos, ineficaz. Prueba de eso es que, en 2024, México concentró el 22 % de los feminicidios documentados en América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Asimismo, en los casos de mujeres desaparecidas, la falta de aplicación efectiva de protocolos existentes, como el Protocolo Alba —mecanismo para la búsqueda y localización inmediata de niñas, adolescentes y mujeres—, así como la persistencia de estereotipos de género en las instituciones que integran el SNB obstaculizan la localización oportuna de víctimas de feminicidio que inicialmente son reportadas como desaparecidas.

Frente a la permanencia de los feminicidios en el país, es inevitable pensar en las mujeres que son buscadas por sus familias con la esperanza de encontrarlas con vida, cuando han sido asesinadas por sus parejas sentimentales o por desconocidos que actuaron con total impunidad. ¿Cuántas de las mujeres que hoy están reportadas como desaparecidas son, en realidad, víctimas de feminicidio que están inhumadas en sus propios domicilios, en los de sus agresores o en otros espacios ocultos y degradantes? La posibilidad de que nunca conozcamos la suerte ni el paradero de todas las niñas, adolescentes y mujeres que hoy yacen bajo tierra revela una de las formas más crueles de la violencia feminicida. Las fosas clandestinas no sólo ocultan cuerpos: mantienen viva la incertidumbre y dejan en suspenso cualquier capacidad de duelo.

Licenciada en Relaciones Internacionales. Investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Maestra en Desarrollo Internacional. Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Nota: Ésta es una actualización de un texto publicado en el blog de la Redacción de nexos en marzo de 2025, titulado “Con nombre y apellido: feminicidios que terminan en fosas clandestinas”. Además, es un adelanto de nuestro siguiente informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024).