El fin de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador marcó también el cierre de un ciclo político en México, aquél de su figura constante en la arena política y el espacio público, al menos desde 2004 hasta 2024: dos décadas completas. Este cambio transformó de manera drástica el ejercicio del poder dentro de la coalición en el gobierno —ya se le nombre lopezobradorista, oficialista o integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo—. La sombra del tabasqueño continúa proyectándose con nitidez pero su influencia ya no es absoluta ni tan vasta, y desde su tribuna predilecta: el mitin, el púlpito presidencial, la arenga mediática.
El trauma del desafuero —episodio que, de procesarse en el diván, nos habría ahorrado tantos pesares— lo convenció de que el “noble oficio de la política” consiste en acumular espacios para ejercer el poder y desmantelar en lo posible cualquier límite a su alcance. Y antes del retiro López Obrador fragmentó el poder. Aunque le fuera afín alguna institución, algún grupo o personaje debía concentrar la suficiente fuerza para disputarle el mando y aunque también quedara garantizado que esos mismos actores no podrían contenerse entre sí.
En ese contexto eligió de sucesora a Claudia Sheinbaum. Él, quien la rescató de su cubículo universitario y le allanó el camino hasta la silla presidencial. Sheinbaum supo aceptar esas circunstancias y capitalizarlas para imponerse a sus adversarios, incluso más de una vez. Así ocurrió con Ricardo Monreal: primero, cuando perdió frente a ella en la “encuesta” para la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México; y, más tarde, tras un duro enfrentamiento con el propio López Obrador, cuando en su fracaso por alcanzar la Presidencia quedó debilitado un largo periodo.
Pero la simpatía hacia Sheinbaum no se tradujo en una herencia plena del poder. El primer golpe de realidad llegó con la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: Sheinbaum no logró imponer a Omar García Harfuch y la encuesta terminó ajustándose para que Clara Brugada —no la más conocida ni con todos los atributos medidos a su favor— resultara candidata. El segundo, tras la victoria presidencial: López Obrador impuso buena parte de un gabinete prácticamente intacto pese a los intentos de la presidenta por introducir cambios.
El caso más notorio es el de Zoé Robledo. Aunque Sheinbaum nombró a Jorge Gaviño secretario general del IMSS y a Pedro Kumamoto secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) —cargo que antes ocupaba Álvaro Velarca, hombre de absoluta confianza de Robledo—, no ha conseguido remover al director del instituto con todo y los escándalos y reiterados fracasos en su gestión.
El tercer golpe fue la conformación de la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Comité Ejecutivo Nacional. Se designó a dos de los principales operadores de López Obrador coordinadores parlamentarios. Adán Augusto López Hernández —a quien el expresidente solía llamar su hermano y a quien sacó de la gubernatura de Tabasco para encargarle la gobernabilidad del país— como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado; y Ricardo Monreal, pese a su desgaste político, al frente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.
Ambos han resultado piezas fundamentales en el primer año de gobierno. López operó la Reforma al Poder Judicial y Monreal ha coordinado con eficacia la pluralidad de fuerzas en la Cámara. Sin mayores dificultades ha sorteado a Alfonso Ramírez Cuéllar o Dolores Padierna, supuestos emisarios de la Presidencia. Monreal ha dejado claro que si en verdad contaban con ese respaldo, poco ha servido; o bien, es él quien mantiene el vínculo real con la titular del Ejecutivo. Su aceitada relación con el PT y, en particular, con el Partido Verde, refuerza aún más su posición en la Cámara.
En la conformación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Claudia Sheinbaum no tuvo incidencia alguna. Desde 2021 López Obrador tomó una decisión clave: no institucionalizar el partido, sino formar nuevos cuadros políticos y consolidarlo como un verdadero partido de régimen. Un vínculo orgánico entre los sectores sociales, los factores reales de poder y el Estado. Optó por edificar una maquinaria electoral. En la elección de presidente del partido respaldó a Mario Delgado frente a Porfirio Muñoz Ledo, candidato del ala más dura, los puros, y frente a jóvenes cuadros políticos e intelectuales como Gibrán Ramírez Reyes. El desenlace es claro: Morena conquistó casi todas las gubernaturas en las elecciones de 2021 y luego tuvo un triunfo histórico en la Presidencia de la República. Todo por una alianza inconfesable con organizaciones criminales, visible tanto en el huachicol como en el huachicol fiscal.
La estructura electoral de Morena quedó sostenida en dos pilares: los padrones de bienestar, anclados en las transferencias directas, y los pactos oscuros. Tras la salida de Mario Delgado de la presidencia del partido —la dejó para asumir la SEP—, la dirigencia pasó a Luisa María Alcalde. La Secretaría General recayó en Carolina Rangel: su mayor virtud, allanar el camino a quienes detentan el verdadero poder de decisión. La Secretaría de Organización quedó en manos de Andrés López Beltrán, “Andy”, hijo predilecto del expresidente. Emilio Ulloa, exsecretario particular de Sheinbaum, intentó competir por la Secretaría General; tras exigir condiciones equitativas en la contienda, declinó en aras de la unidad.
El golpe más contundente en la fragmentación fue la Reforma al Poder Judicial de López Obrador. Claudia Sheinbaum no se equivoca: la reforma no tiene un cariz presidencialista. La comparación con la reforma de Ernesto Zedillo es ilustrativa: aquélla mantenía a la Presidencia de la República como el último eslabón decisorio; proponía las ternas para ministros y, en caso de desacuerdo en el Senado, la decisión final era del Ejecutivo. Al tiempo imponía requisitos para jueces y magistrados, elevaba los estándares técnicos y limitaba la intromisión política. La reforma de López Obrador transitó en sentido opuesto: bajo la consigna demagógica de elegir a los integrantes del Poder Judicial por voto popular, redujo la intervención presidencial y abrió la puerta a la intromisión política en todos los niveles, erosionando los filtros técnicos-jurídicos, barreras mínimas frente al control partidista.
La representación del “pueblo” se burocratizó mediante el acordeón y se redujo a acuerdos y negociaciones. Los acuerdos dependieron de estructuras estatales, gobiernos locales —incluidos algunos de oposición— y partidos de la coalición oficialista. La diversidad de perfiles y respaldos políticos revelan esa dinámica. Lenia Batres, por ejemplo, contó con el apoyo de Andrés López Beltrán pero no con el de la presidenta, en prolongada disputa con la familia Batres. La fractura se profundizó cuando Martí Batres intervino en favor de Clara Brugada para la Jefatura de Gobierno en detrimento de Omar García Harfuch.
Por su parte, tras la muerte de su esposo José Agustín Ortiz Pinchetti, Loretta Ortiz Ahlf perdió capacidad de interlocución con la cúpula de Morena. Se sumaron sus posturas críticas frente a mecanismos como la elección popular de ministros y diversas decisiones judiciales contrarias a la Cuarta Transformación, entre ellas su voto contra el “plan B”. Pronunciarse contra la reestructuración del salario en el Poder Judicial la distanció aún más del oficialismo.
Esposa de José María Riobóo, influyente ingeniero cercano a López Obrador, Yasmín Esquivel fue considerada parte de un acuerdo en Morena para presidir la Corte pero sus acercamientos con la oposición en busca de respaldo en votaciones locales y federales despertaron suspicacias. La estructura de bienestar modificó sus líneas de acción y se volcó a favor de Hugo Aguilar Ortiz.
La designación de Aguilar Ortiz logró un consenso amplio en el oficialismo por razones estratégicas, simbólicas y territoriales. Fue decisivo su papel en las consultas indígenas sobre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. Durante el sexenio de López Obrador diversas organizaciones cuestionaron ante la Suprema Corte la legalidad de esos procesos para llevarlos al final a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Poner a Aguilar Ortiz en el máximo tribunal buscaba frenar esa ruta jurídica y blindar los megaproyectos del sexenio anterior.
Aguilar encarnó también una narrativa funcional al discurso de la Cuarta Transformación. Aunque se promovió que la presidencia de la Corte debía ocuparla una mujer, el nombramiento de un hombre indígena permitió al oficialismo presentarlo como un gesto de reparación histórica. Dos semanas antes la propia Sheinbaum declaró que deseaba ver “a una persona indígena en la Suprema Corte”, mensaje casi desapercibido. Pero al perfilarse Aguilar como puntero, se volvió el eje discursivo. Morena empezó a proyectarlo como un “nuevo Benito Juárez”.
Aguilar también es parte de una red política clave en el sur del país, sobre todo en Oaxaca. Pertenece al grupo de Adelfo Regino —sin una buena relación con el gobernador Salomón Jara—, pero Aguilar ha sido puente entre ambos por resolver conflictos sobre el Tren Transístmico. Lo favoreció sobre todo esa región, con un inusitado 15 % del padrón en las elecciones, muy por encima de la media nacional.
Con todo, hay preguntas sin respuesta. ¿En dónde quedó realmente el Poder Judicial? ¿Quién respaldó a cada uno de los perfiles? ¿Cómo se desempeñarán magistrados y ministros sin preparación técnica-jurídica, pero con un fuerte apoyo político? El día de la elección un sonriente López Obrador apareció en público por primera vez desde que dejó la Presidencia y dijo: “Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático… también quiero compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente: tenemos a la mejor presidenta del mundo”.
Pese a su sonrisa, y aun con la fragmentación del poder, la influencia de López Obrador ya no es la misma. Su figura y la de sus más cercanos está seriamente amenazada. Claudia Sheinbaum desempeña ya el papel sobre el que tiene mayor margen de acción: el del Estado. De manera paulatina ha reconocido lo que su antecesor negaba. El padrón de personas desaparecidas fue un desastre y el Tren Maya sí dejó profundas afectaciones ambientales. El desabasto de medicamentos y los problemas en la vacunación son insoslayables. Sheinbaum ha visibilizado la crisis pero no la ha resuelto y recurre al mismo discurso de López Obrador: aplazar; el problema se resolverá “en los próximos meses”.
Con Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos y su cruzada contra los cárteles mexicanos, Sheinbaum ha puesto la seguridad nacional como eje prioritario, quizá el que aspira a convertir en su mayor legado. Reconoció que en México sí se produce fentanilo y bajo el mando de García Harfuch se han desmantelado varios laboratorios. Algo similar ocurre con el huachicol: López Obrador sostuvo que el fenómeno estaba erradicado pero Sheinbaum desmintió ese discurso con hechos. Identificó centros de robo de combustible y ha rastreado sus estructuras institucionales y fiscales.
Los golpes más recientes han sido demoledores: la detención de varios marinos —entre ellos el sobrino político de Rafael Ojeda, secretario de Marina durante el gobierno de López Obrador— y la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco, acusado de ser líder del grupo criminal La Barredora. Son embates directos contra el expresidente, por la presión de Estados Unidos.
El golpe no se limita a que los hijos de López Obrador aparezcan vinculados con redes de huachicol, como documenta la prensa. La detención de Bermúdez desnuda las decisiones políticas de 2021: Mario Delgado operaba como presidente de Morena y, según múltiples investigaciones periodísticas, articulaba una red de huachicol para financiar campañas del partido, mientras López Obrador nombraba secretario de Gobernación a su hermano político, Adán Augusto López.
Más de una vez el propio López Obrador aseguró que un presidente se entera por completo de todo. ¿Dirá ahora que ignoraba lo que hacía Delgado? ¿Pretenderá sostener que el nombramiento de Adán Augusto López desconocía su relación con Bermúdez? ¿Y qué hará la presidenta? ¿Dejará que López siga mandando en el Senado? En una entrevista con Ciro Gómez Leyva dijo el exsecretario de Gobernación: “Seguiré en el cargo hasta 2030”.
Pero los escándalos no cesan. Con documentos oficiales, una investigación de Televisa advierte que el senador recibió millones de pesos y no aparecen en su declaración patrimonial. Una red de transferencias millonarias con empresas beneficiadas por recursos públicos. Al menos hay una compañía señalada fantasma por el SAT.
Adán Augusto López salió solo a dar una conferencia de prensa en el Senado. El mucho dinero recibido lo atribuyó a que es ganadero, arrendatario, accionista en diversas sociedades mercantiles, propietario de una torre empresarial en Villahermosa, prestador de servicios profesionales y beneficiario de dos cuentas en dólares heredadas de su padre en Estados Unidos. “A mí me contratan. Modestia aparte, soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco. Yo no recibí transferencias”, declaró.
Esa misma mañana, con sonrisa en el rostro, Claudia Sheinbaum exhortó al senador a explicar con claridad el origen de dichos recursos y las razones de su omisión en las declaraciones oficiales.
En medio de este panorama la presidenta anunció que impulsará una Reforma Electoral como la deseaba su antecesor. El encargado de redactarla y defenderla públicamente fue Pablo Gómez, uno de los políticos más beneficiados por la figura plurinominal con trayectoria sostenida en las estructuras burocráticas de los partidos; incluso fue secretario técnico del Pacto por México. Irónico que Gómez asumió ese papel criticando a la burocracia partidista y a los plurinominales. El trasfondo podría ser otro: reducir la fragmentación interna de la coalición gobernante y limitar a los partidos de oposición cerrándoles el acceso a la Cámara de Diputados y el Senado.
La reforma al Poder Judicial amplió el margen de maniobra de la clase política; la propuesta de reforma electoral de Sheinbaum lo restringe. Un giro inesperado: en los últimos años todas las reformas han favorecido a la clase política, ampliando sus posibilidades de actuación formal e informal. Por eso parece inevitable el choque entre Pablo Gómez y los factores reales de poder en la coalición.
Por ejemplo, Ricardo Monreal se ha pronunciado por modificaciones distintas a la eliminación de plurinominales. El Partido Verde no respaldará una reforma que suprima esa figura, limite las facultades al INE y recorte el presupuesto a los partidos. ¿Logrará la presidenta sacar adelante la iniciativa? ¿O estaba consciente de su inviabilidad desde el inicio y era una manera de deshacerse de Pablo Gómez mientras ella controlaba la Unidad de Inteligencia Financiera?
Mientras el país enfrenta violencia, ingobernabilidad y un sistema de salud precario, la coalición en el poder permanece fragmentada y en buena medida se enfrenta consigo misma. Así lo diseñó López Obrador. Resta por ver si esa fragmentación asegura su sitio en la historia o, por el contrario, pone en entredicho el legado que pretendía dejar.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente