En 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmanteló el sistema de compra consolidada de medicamentos del sector público que coordinaba el IMSS con la promesa de crear un nuevo sistema para abatir la corrupción y hacer rendir más los recursos. La compra se trasladó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y después a diversas instancias (Insabi, UNOPS, Birmex). Desde entonces, los medicamentos escasean en todas las unidades de las instituciones públicas de salud.
La impericia gerencial de la 4T ha impedido establecer un mecanismo de compra y distribución alternativo funcional. A esto habría que agregar la corrupción imperante, que tiene su más clara expresión en los sobrecostos por más de 13 000 millones de pesos detectados en la última licitación organizada por Birmex y cancelada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en abril de este año. Antes de la 4T teníamos la certeza de que había medicamentos y la sospecha de que había corrupción. Ahora, con la 4T, sabemos que no hay medicamentos y tenemos la certeza de que hay una enorme corrupción.
La historia de este dramático proceso es larga y tortuosa; se caracteriza por la arrogancia y falta de habilidades administrativas de los equipos de salud de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Se dice que los altos ejecutivos y funcionarios de las empresas privadas y de gobierno son los que hacen que “las cosas sucedan”. Pero desde 2019 las cosas “no suceden” en el gobierno federal. Es obvio que la carencia de líderes técnicamente competentes es la que, en buena medida, explica el mal desempeño de nuestro sistema de salud y la trágica falta de medicamentos en las instituciones públicas.
El inicio de esta historia se ubica en 2008, cuando se crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud con el objetivo de instrumentar estrategias para adquirir a mejores precios los medicamentos de fuente única (aquéllos con patente y que son muy costosos) contenidos en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud. Éstos representaban sólo 4 % de los medicamentos adquiridos por el sector público, pero concentraban 54 % del gasto total en estos insumos. Un análisis realizado poco antes identificó enormes variaciones en los precios a los que compraban estos medicamentos las diversas instituciones de salud públicas.
La nueva comisión incluyó al IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, y operó con un secretariado técnico y tres grupos asesores: el Comité Técnico Clínico, el de Evaluación Económica y el de Análisis de Precios y Patentes. Sus funciones eran: preparar de manera anticipada la información técnica —clínica, económica y de mercado— necesaria para conducir las negociaciones de la manera más racional posible; diseñar estrategias de negociación de los precios de las medicinas que habrían de adquirirse y negociar de forma anual los precios de las medicinas de patente que comprarían las instituciones públicas. Los reportes de la comisión mostraron reducciones anuales importantes en los precios a los que se adquirieron las medicinas de patente, que generaron ahorros agregados por alrededor de 4500 millones de pesos entre 2008 y 2011.
Cinco años después, en 2013, se creó el Sistema de Compra Consolidada de Medicamentos bajo la coordinación del IMSS. Tenía tres objetivos: seleccionar productores confiables que ofrecieran medicamentos de alta calidad; adquirir las medicinas más costo-efectivas en las cantidades adecuadas; e incluir la distribución en la compra de los medicamentos para así asegurar una entrega consistente y oportuna a todo lo largo del país. En un principio participaron catorce instituciones, pero en tres años su número había superado las cuarenta, incluyendo todas las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE, Pémex, Sedena, Semar), la mayoría de las secretarías estatales de Salud y casi todos los institutos nacionales de Salud. Las compras —más de 1600 millones de piezas por año que se distribuían en más de 2000 puntos de entrega— se hicieron mediante adjudicaciones directas, pero el porcentaje hecho por medio de licitaciones públicas aumentó con el tiempo. Según el IMSS, en los seis años de funcionamiento, este sistema generó altos niveles de abasto de medicamentos y ahorros estimados en 20 649 millones de pesos.
En diciembre del 2018, el gobierno de López Obrador aprobó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para modificar el modelo de compras de medicamentos. Este cambio, según las nuevas autoridades, mejoraría la adquisición y suministro de medicamentos al tiempo que erradicaría la corrupción. Esa responsabilidad se transfirió del IMSS a la Oficialía Mayor de la SHCP. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. La falta de experiencia de la SHCP y el veto por posible corrupción y tráfico de influencias de las tres principales distribuidoras de insumos médicos en el país —Grupo Fármacos Especializados (Grufesa); Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Maypo— provocó que 62 % de los códigos farmacéuticos no se suministraran en 2019.
El fracaso de la SHCP obligó a transferir esta responsabilidad al recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que tampoco pudo con el encargo. Por esta razón, en 2020 el Insabi firmó un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para llevar a cabo la compra consolidada durante el periodo 2021-2024. La responsabilidad de la compra no incluyó la distribución de medicamentos. Con el objetivo explícito de acabar con el “oligopolio de la distribución de medicamentos”, el gobierno federal le asignó esta última responsabilidad a una empresa pública denominada Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), que históricamente se había centrado en el desarrollo, producción y comercialización de vacunas. Los resultados fueron desastrosos.
En octubre de 2022, el gobierno federal anunció el fin de la colaboración con la UNOPS y la transferencia de la compra de medicamentos de nuevo al Insabi. También anunció el establecimiento de un nuevo modelo de distribución de medicamentos que los llevaría ya no a los almacenes y las unidades de atención, sino a los pacientes mismos. Este proceso sería manejado de manera conjunta por el Insabi, Birmex, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Lo que siguió fue una nueva crisis de abasto en todas las instituciones públicas, obligadas a adquirir estos insumos en compras de emergencia que se hacían por medio de adjudicaciones directas, un procedimiento administrativo costoso y poco transparente.
Los anuncios de que el problema del abasto se resolvería con las diversas medidas adoptadas fueron innumerables. Pero llegó el fin del sexenio y la disponibilidad de medicamentos no mejoraba. Esos anuncios —que prometen mecanismos de compra más eficientes y grandes resultados que nunca se concretan— empiezan a ser igual de comunes en esta administración
El 31 de octubre de 2024 la presidenta Sheinbaum notificó el lanzamiento de un Nuevo Modelo de Contratación Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos.
El 4 de diciembre anunció que se estaba haciendo una compra extraordinaria para algunos medicamentos especiales y que alrededor del 15 de ese mismo mes ya estarían llegando a las unidades de atención.
El 13 de diciembre la presidenta aseguró que se trabajaba para garantizar la disponibilidad de medicamentos en los centros de salud y hospitales.
El 30 de diciembre anunció el inicio de la construcción de las Farmacias del Bienestar, que estarían disponibles a mediados de 2025. Afirmó también que la licitación de medicamentos, ya en marcha, junto con las nuevas farmacias asegurarían un abasto adecuado de medicamentos en las instituciones públicas.
El 14 de enero de 2025 aseguró que el problema del desabasto de medicamentos se resolvería en los siguientes dos meses.
El 18 de febrero la presidenta informó que a partir del 3 de marzo comenzaría la distribución de medicamentos en hospitales y el 5 de marzo en el resto de las unidades.
El 17 de abril aseguró que, entre abril y mayo, quedaría resuelto el problema del desabasto de medicamentos.
El 3 de junio informó sobre una subasta de medicamentos que generó enormes ahorros y que los medicamentos adquiridos comenzarían a ser surtidos en las siguientes semanas.
El 2 de julio anunció una inversión de 10 480 millones de pesos para la producción privada de medicamentos. “El objetivo de esta inversión”, señaló, “es impulsar la economía y alcanzar la soberanía en materia farmacéutica”.
El 13 de julio aseguró que el problema del abasto de medicamentos ya se estaba resolviendo.
Cabe señalar, además, que el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud —el nuevo zar de la lucha contra el desabasto—, el director general del IMSS y el director general del IMSS-Bienestar han anunciado, en incontables ocasiones, la inminente solución del problema de desabasto de medicamentos. Las clínicas y hospitales del sector público, sin embargo, siguen sin recibir medicamentos y material de curación, y enfrentan un enojo creciente y justificado de parte de los usuarios.1 Las organizaciones de los padres de niños con leucemia —a los que se acusó de politizar el desabasto de medicamentos y promover un golpe de Estado— han sido las más activas y vocales. Todavía el 18 de junio pasado, Nariz Roja, una asociación civil sin fines de lucro que apoya a pacientes con cáncer, anunció nuevas marchas por la falta de quimioterapia para los niños, cuyo desabasto crónico ha reducido notablemente la sobrevida de estos pacientes. Pero no son los únicos descontentos.
De la misma manera, los trabajadores de salud de las instituciones públicas han empezado a manifestarse por la crónica falta de estos vitales insumos sin los cuales la atención a la salud termina siendo inútil. El 3 de enero de este año el personal médico del Hospital General del IMSS Bienestar Dr. Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca anunció la suspensión de cirugías “porque ya no es posible garantizar el derecho a la salud y a la vida de los pacientes debido a la falta de insumos y medicamentos”. El 23 de mayo personal del Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, suspendió actividades por “la grave falta de medicamentos, insumos básicos y fallas en el sistema eléctrico”. El 16 de junio jubilados de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana denunciaron la falta constante de medicamentos en el Hospital Regional de Pémex de Poza Rica. El 19 de junio trabajadores sindicalizados del IMSS Bienestar se manifestaron en distintos municipios de Sinaloa para exigir la destitución del secretario de Salud del estado, en medio de una creciente crisis laboral y de abasto que afecta clínicas y hospitales estatales. El 5 de julio diversos miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Salud del IMSS Bienestar en Ciudad de México iniciaron una huelga de hambre para exigir mejoras laborales y suministro de insumos.
El Coneval realizó diversos estudios sobre el surtimiento de recetas en las instituciones públicas de salud que han permitido darle seguimiento puntual al abasto de medicamentos. Según este organismo, en 2018 el surtimiento completo promedio de recetas en unidades ambulatorias en las instituciones de salud pública fue de 89 %, con niveles que variaron entre 76 % en la Secretaría de Salud y 92 % en el ISSSTE. En 2019 se redujo un poco, a 87 %, con niveles que variaron entre 76 % en la Secretaría de Salud y 90 % en el IMSS y 93 % en el IMSS Bienestar. La compra de ese año fue resultado, por cierto, de las gestiones realizadas el año previo, cuando todavía existía el Sistema de Compra Consolidada de Medicamentos.
En 2020, ya con la compra de medicamentos en manos de la 4T, el surtimiento completo promedio de recetas disminuyó a 83 %, con niveles que variaron entre 78 % en la Secretaría de Salud y 90 % en el IMSS. En 2021, el porcentaje de surtimiento completo de recetas fue de sólo 79 %, con niveles que variaron entre 72 % en el IMSS y 82 % en el IMSS Bienestar. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el surtimiento completo de recetas en atención ambulatoria en 2022 fue de 65 %, equivalente a 15 millones de recetas no surtidas. El Coneval no generó cifras de surtimiento completo de recetas para 2023. Sin embargo, las del colectivo Cero Desabasto nos hablan de una persistente falta de medicamentos: 7.5 millones de recetas no surtidas en las instituciones públicas en 2023, cifra bastante menor a la de 2022, pero todavía muy alta.
Las metas que el gobierno de Claudia Sheinbaum se planteó en materia de abasto de medicamentos son francamente pobres. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 señala que la meta de esta administración en “surtimiento completo de recetas” es de sólo 80 %, que equivale a millones de pacientes sin los medicamentos solicitados, porcentaje mucho menor a los porcentajes más bajos alcanzados durante la administración del presidente Peña Nieto. Esta meta, además, es inconsistente con el objetivo del PND en materia de salud: garantizar el ejercicio del derecho a la protección de la salud. Éste no se puede garantizar si dos de cada diez usuarios de los servicios de salud públicos no reciben los medicamentos que requieren.
El desabasto de medicamentos es una de varias historias lamentables de la 4T en materia de salud: ha tenido un costo enorme en sufrimiento, vidas y recursos de los hogares, sobre todo de los más vulnerables. Por razones ideológicas —le tenía una gran animadversión al sector privado—, Andrés Manuel López Obrador desmanteló un mecanismo de compra de medicamentos e insumos médicos que había probado su eficacia. Los problemas de corrupción que presentaba se pudieron haber resuelto sin trastocar lo que funcionaba bien.
La arrogancia característica del pasado gobierno empujó no sólo a desmantelar dicho mecanismo sino a asumir, sin experiencia alguna, la distribución de esos insumos. No se contó con un plan de transición que asegurara niveles de abasto adecuados durante el cambio de estafeta ni con un sólido programa para aplicar el nuevo mecanismo de compra y distribución. La responsabilidad se transfirió, de manera súbita, primero a la SHCP, después al Insabi, enseguida a la UNOPS y, finalmente, a Birmex. Los resultados en todos los casos fueron los mismos y se provocó que al final del primer año de la segunda administración de la 4T los niveles de desabasto sigan altísimos y las quejas de usuarios y prestadores de servicios en todas las instituciones de salud continúen al alza.
La presidenta y su equipo de salud, insensibles a las demandas de pacientes y trabajadores de la salud, llevan un año prometiendo que el problema se resolverá “en unos meses” y ahora pretenden hacerse cargo de la distribución con las “Camionetas de la Salud”. Los ahorros, nos aseguran, serán enormes. Sin embargo, la población se ve obligada a recurrir a las farmacias y los servicios de salud privados, corriendo el riesgo de incurrir en gastos excesivos. En 2022 fueron más de cuatro millones los hogares en México que sufrieron gastos catastróficos y empobrecedores por motivos de salud. El grueso del gasto de bolsillo en salud en nuestro país, de hecho, se dedica a la compra de medicamentos.
Hace unos años, mencioné la incompetencia de la nueva clase política. En aquel artículo señalaba:
Estamos en manos de un gabinete de salud que se nutrió de una anodina tradición académica y operativa —que se construyó en la Maestría de Medicina Social de la UAM-Xochimilco; se conformó siguiendo criterios más ideológicos que técnicos; ha mostrado una absoluta falta de visión estratégica y competencia gerencial, y ha hecho oídos sordos a toda recomendación que no proceda de sus filas. Esto ha dado lugar a una kakistocracia, término popularizado por Michelangelo Bovero para referirse al gobierno de los peores, los más ineptos.2
Pero el término kakistocracia —del griego “kakos” (malo, sórdido, innoble, perverso), “kakistos” (superlativo de kakos, el más malo, el peor, el más sórdido) y “kratos” (gobierno)— no sólo se vincula con la ineptitud, se refiere también a un gobierno que está en manos de las personas menos éticas. En una kakistocracia, la gestión de los asuntos públicos está marcada no sólo por la incompetencia, sino también por la falta de transparencia y el abuso de poder. Ningún término define mejor que éste a los equipos que han manejado las políticas de salud, en general, y el abasto de medicamentos, en particular, en los gobiernos de la 4T.
Ahora se anuncia que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado resolver el problema del desabasto de medicamentos; con grandes ahorros, además. No sólo se asegura que ya se cuenta con más del 95 % de las claves, también se presume un nuevo sistema de distribución muy económico que coordinará Birmex —la agencia del fracaso tenaz—, usando un nuevo mecanismo no probado: las Rutas de la Salud. Se vuelve así a apostar por el sector público, a pesar de que en nuestro país hay alrededor de mil empresas distribuidoras de medicinas, cien de ellas con alcance nacional, experiencia de años y tecnología de punta, incluidos vehículos especializados en la transportación de estos productos y plataformas digitales de reparto. Tendremos un sistema de distribución muy barato: no surtirá los medicamentos que los pacientes necesitan, pero será orgullosamente estatal.
Es posible que las calamitosas cifras de desabasto mejoren. Sin embargo, sería un error calificar esa posible mejora como un logro. En todo caso, debe considerarse una “compensación”, el pago por una obligación vencida. Fueron los funcionarios de la 4T los que generaron el desabasto y lo escalaron.
Lo que deben hacer ahora, si es que llegan a resolver el problema de la falta de medicamentos, es pedir disculpas públicas por el daño causado y comprometerse a garantizar un abasto efectivo y oportuno de aquí en adelante. Es lo menos que esperan de ellos los millones de enfermos agraviados por siete años de malas decisiones de los gobiernos del bienestar.
Octavio Gómez Dantés
Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública
Este artículo expresa los puntos de vista personales del autor y no refleja la posición de la institución donde trabaja
1 Guillén, M. “Salud por omisión: Es lo que es. Hay lo que hay”, nexos, junio 2025.
2 Gómez Dantés, O. “Salud: el estilo incompetente de gobernar”, nexos, 19 de abril de 2021.