¿Cambio de régimen?

México, a contracorriente de lo que pasa en la mayor parte de América Latina, vive un momento instituyente de un nuevo régimen político. Se trata de un inédito experimento de institucionalización de un régimen populista, cuya versión fundacional ha sido clásica: ha dependido de un líder que encarna al pueblo y reclama para sí la representación popular y la soberanía nacional. Pero en México, a diferencia de otros casos, el líder no se puede reelegir, por lo tanto, le ha heredado a su sucesora, Claudia Sheinbaum, la tarea de llevar a sus últimas consecuencias el proyecto populista-nacionalista: concentración del poder en la Presidencia de la República, desplazamiento/control de poderes fácticos económicos y políticos; y la cancelación de las instituciones creadas en la prolongada y precaria transición a la democracia. Sin embargo, la posibilidad de una transición ordenada desde un régimen de mando unipersonal a un presidencialismo mayoritario está en riesgo por el empeño del líder de concluir su mandato con la aprobación en el nuevo Congreso de un paquete de reformas constitucionales y legales que no sólo atarían las manos de la nueva mandataria, sino que crearían conflictos políticos de gran envergadura y dificultarían la gobernabilidad del país.

El primer cambio de régimen

México llegó tarde a la ola democrática mundial. Apenas en el 2000 se logró la alternancia en la Presidencia de la República, después de casi ochenta años de hegemonía de un régimen autoritario de partido casi único, que impulsó durante cinco décadas un proyecto nacionalista-desarrollista, para luego instaurar un proyecto neoliberal en las tres décadas siguientes. En la larga transición a la democracia, que coincide en el tiempo con el establecimiento del neoliberalismo, el PRI perdió la Presidencia de la República, pero su proyecto y sus prácticas de control político tuvieron continuidad en los gobiernos del Partido Acción Nacional y del propio PRI, que recuperó la Presidencia (2012-2018) y culminó el ciclo de cambios constitucionales que requería el proyecto neoliberal. En esos mismos años empezaba el declive de los regímenes populistas sudamericanos, tanto los refundacionales (Bolivia, Ecuador, Venezuela) como los socialdemócratas de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

En México, el neoliberalismo se instituyó por completo de manera tardía. La alianza del PRI y el PAN entre 1988 y 2018 estableció una especie de cordón sanitario contra la izquierda nacionalista —representada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)—. En 2013, luego de su segunda derrota en elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador abandonó el PRD para fundar su propio partido, Morena; lo que quedó del PRD fue un mero cascarón de dudosa identidad de izquierda. Debilitado al límite, el PRD participó en la Alianza por México, un pacto con el PRI y el PAN, para concluir el ciclo de reformas constitucionales requeridas por el proyecto neoliberal y también para consolidar las instituciones democráticas. Con el pacto se privatizó parcialmente la industria energética, último reducto del viejo Estado desarrollista; se construyeron instituciones de regulación de los mercados; y se les dio carácter federal al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y al Instituto Federal Electoral, que hasta ese momento no tenían jurisdicción sobre estados y municipios. El modelo federal de la transición permitió que diversos autoritarismos subnacionales prosperaran en casi todo el país: los gobernadores controlaban las instituciones electorales y de acceso a la información locales, así como a los otros poderes.

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