Después de un sexenio de polarización y animadversiones políticas sin igual, tal parece que Andrés Manuel López Obrador aprovechará hasta el último minuto de su mandato para continuar refundando y reformando un régimen a partir de arengas y soflamas discursivas.
Poco importa que el único soporte fáctico del presidente para llevar adelante dichos cambios sea su obstinación generalizada en contra de cualquier institución o persona que él considere su oponente. Tampoco interesa el porcentaje de votos con el que ganó Claudia Sheinbaum y que se menosprecie la figura de la presidenta electa.
El tiempo apremia y para Morena la venganza no es un plato que se sirva frío. En estos momentos la única voz autorizada es la de ellos, pues están legitimados por millones de votantes que a su entender les emitieron un cheque en blanco para seguir con su transformación, por eso más vale vociferar y especular, antes que el diálogo y los acuerdos.
De ahí que las iniciativas de reforma se hagan al vapor y de espaldas a la opinión de los expertos. De los diagnósticos realizados desde la sociedad civil que recogen de manera puntual aquellos problemas que urge resolver en el país mejor ni hablar.
La pelota está en su cancha y ellos controlan el juego, y no sólo eso, sino que creen que la cancha les pertenece y que pueden manejar a discreción las reglas del propio juego. Por ese motivo, una vez pasada la elección, el oficialismo se enfocó tan sólo en una de las veinte iniciativas de reformas presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero.
Así, el proyecto integral para rehacer la nación, el afamado Plan C, que implica el mayor movimiento de reformas constitucionales simultáneas en la historia de México —la idea de cambiar por completo el orden constitucional sin la necesidad de promulgar una nueva Constitución—, simple y sencillamente quedó trunco y a la espera de otra coyuntura.
De la noche a la mañana, tanto López Obrador como Sheinbaum omitieron hablar de la posible desaparición de los órganos autónomos, el cambio de la Guardia Nacional como fuerza armada permanente o el sistema de salud. Todas las energías se centraron en la judicatura federal, en aquellas personas que imparten justicia y que, en palabras del presidente, “benefician a los delincuentes y que con recursos legaloides dejan a criminales en libertad”, “un poder que está podrido, que está dominado por la corrupción”.
Al derrotar de forma apabullante a la oposición partidista, el oficialismo se niega a bajarse del ring. Sus ánimos por reñir no se sacian con una elección en la que se alcanzaron mayorías nunca vistas. De poco servirán esos aplastantes números si Morena carece de rivales que entorpezcan su proyecto político. Gobernar es cosa fácil cuando se puede culpar a alguien del propio desgobierno.
En el momento en que el periodo neoliberal se torna cada vez más distante, qué mejor enemigo para los morenistas que los jueces, esos funcionarios que no tienen ningún tipo de legitimación popular y que, sin embargo, reciben sueldos exorbitantes y gozan de privilegios; tenebrosos seres enfundados bajo una toga cuyo poder ha impedido que la transformación alcance el culmen de la vida pública en México; los mismos que declararon inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica o que echaron atrás las reformas políticas-electorales de López Obrador, el llamado Plan B; esos ambiciosos magistrados que, si hay dinero de por medio, dejan cotidianamente en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada sin algún tipo de recato.
De tal forma que la purga será inminente, la reforma contra el Poder Judicial está a la vuelta de la esquina. Después de meses de amagos y proclamas en contra de los impartidores de justicia no existe motivo alguno para que Morena se tiente el corazón y ahora proponga algo un poco más razonable que el borrón y cuenta nueva. A lo largo de su campaña, la entonces candidata Sheinbaum arengaba a las masas y despertaba su indignación, insistiendo en que la justicia se debe democratizar: “¿Cómo son los jueces en el país?”, preguntaba la ex jefa de Gobierno en distintas plazas y el público se apresuraba a gritar: “¡Corruptos!”. “¿Y los magistrados cómo son?”, preguntaba de nuevo, mientras al unísono los asistentes volvían a responder: “¡Corruptos!”.
Corrupción por aquí, falacias de generalización indebida por allá. Para qué hablar de matices, advertir sobre las múltiples personas e instituciones que se ven involucradas para finalmente emitir una sentencia o explicar cómo desde hace treinta años se ha ido profesionalizando a los operadores de justicia, a la par que se ha fortalecido su autonomía e independencia. Es mejor que nadie se salve. El populismo es una exquisita herramienta política para simplificar cuestiones complejas y polarizar opiniones.
Así llegamos a este momento clave de la historia constitucional en México, sin algún tipo de ruta crítica o diagnóstico serio; por eso es que primero los morenistas dijeron que la reforma judicial va en sus términos, después que tenderían puentes para dialogar con barras de abogados y escuelas de Derecho, luego que harían una encuesta a la ciudadanía cuyos resultados todos pudimos anticipar y, finalmente, que se organizarían foros y ejercicios de parlamento abierto.
Ocurrencia tras ocurrencia. Aparentar y simular un proceso de reforma democrático y transparente para llegar a lo obvio, a lo que anhela el pueblo. Y es que el oficialismo es el único intérprete autorizado de ese pueblo bueno y sabio que es el que manda y nunca se equivoca.
De ahí que vale la pena desentrañar la reforma judicial presentada por el presidente hace unos meses y que ahora ha hecho suya la presidenta electa, quien en su reciente reunión con el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que “no hay margen de error para equivocarse en la misma”, aunque no se conozcan las leyes reglamentarias que la desarrollan ni el cronograma para aplicarla.
Este ensayo —quizá no exclusivamente escrito de cara a los líderes políticos, pues ya ha quedado claro que el propio López Obrador reclamó a quienes nos dedicamos a la academia jurídica por qué nos metemos en estos asuntos (acusamos el mensaje de recibido, aunque bien habría de saber el presidente que ése es nuestro trabajo)— busca llamar la atención de cualquier persona interesada en el funcionamiento no de una democracia a secas, en donde sólo importen las sumas y restas de las mayorías, sino de un modelo de gobierno en el que la separación de poderes sea el principio que lo estructure, es decir, una democracia constitucional.
Así, a grandes rasgos, la reforma propuesta por Morena se podría resumir y agrupar en dos profusas modificaciones que cambiarían por completo el sistema de justicia en México tal como lo conocemos: 1. La remoción de todas las personas juzgadoras en el país para elegir por medio del voto popular un nuevo Poder Judicial. 2. El replantear por completo la existencia del Consejo de la Judicatura Federal al reemplazarlo por un par de órganos especializados, una nueva institución de administración judicial con independencia técnica y separado de la Suprema Corte para conocer todo lo relacionado con la administración, vigilancia, carrera judicial y control interno del Poder Judicial y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con independencia técnica y facultades amplias para recibir denuncias, investigar y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial a través de resoluciones definitivas e inatacables.
¿Qué se puede decir al respecto? Aquí, una reflexión sobre los principales extravíos, perversiones y bondades del nuevo modelo de impartición de justicia que propone Morena.
Lo bueno
Es importante mencionar que es mentira que no haya nada bueno que decir sobre la inminente transformación del sistema judicial mexicano. El solo hecho de que se discuta de manera profusa y amplia el tema de la justicia en el país ya es un avance.
Acostumbrados a que esos temas están reservados para unos cuantos que utilizan un lenguaje críptico y cuyas explicaciones no son entendibles por el común de la ciudadanía, no viene nada mal que se debata públicamente y se conozcan a profundidad las labores de quienes imparten y administran justicia.
Queda claro que es imposible hacer una apología a ultranza del Poder Judicial. Hay muchísimo que mejorar, áreas de oportunidad que requieren un estudio preciso y metódico sobre lo que se debe transparentar, eficientar o innovar. Su estructura en la actualidad es tan vasta y compleja que difícilmente se podrían hacer juicios generales y absolutos. Antes bien, habría que focalizar, seccionar y clasificar temáticas o áreas específicas cuyo balance sería particular y que para transformar no sólo habría que cambiar la Constitución o las leyes secundarias, sino también aspectos idiosincráticos y culturales.
En tal sentido, el tema de la separación de la presidencia de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura, creando a su vez un nuevo órgano de administración, resulta un acierto y una consigna en la que desde hace tiempo han insistido tanto la academia como los organismos internacionales.
Es indispensable tener mejores prácticas de gobernanza judicial para mejorar la estructuración de todo el sistema. Resulta pertinente que haya personas con una mirada externa y fuera de toda lógica del conflicto de intereses entre juzgadores, que eviten que esta instancia no sólo funja como juez y parte al vigilarse, sino también que se propulse una Suprema Corte que finalmente funcione como tribunal constitucional, facilitando que quien presida el máximo tribunal se aboque por completo a las labores jurisdiccionales y a liderar a sus colegas.
No obstante, el hecho de proponer la separación no significa que mejore automáticamente el órgano en cuestión. La articulación de un mejor Consejo de la Judicatura implica una armonización normativa de gran calado que hoy se desconoce y una cuidadosa integración. Y es ahí donde equivoca este posible aspecto benéfico de la propuesta de reforma, ya que si bien sus miembros no se elegirán por votación popular y el Poder Judicial mantendrá la posibilidad de nombrar una mayoría de tres del total de cinco integrantes (otro será designado por el Ejecutivo y otro por el Senado), la composición de este nuevo órgano judicial dependerá de la nueva Suprema Corte que sí será nombrada por elección popular y cuyos perfiles para nada aseguran que a quien se elija cuente con algún mínimo de experiencia o bien conozca cómo son las dinámicas judiciales.
Lo bueno de la iniciativa de reforma morenista es que se aproveche realmente la coyuntura, que se discuta de manera integral sobre esto, que no se le tenga miedo a reformar el sistema de justicia en México: todas las instituciones son perfectibles, faltaba más, pero tal vez quienes están en el poder olvidan que no se trata de reformar por reformar, que al sistema de justicia no hay que reformarlo para mal, de forma aislada o sin visión a largo plazo. Y es que siempre se puede estar peor. Incluso cuando se piensa que ya se ha tocado fondo, en cualquier momento se puede seguir cayendo en un abismo sin fin.
Si se cree que la iniciativa morenista es la única respuesta correcta para las múltiples falencias en materia de justicia en el país, la reforma se vuelve más perjudicial que virtuosa. Allí es donde empieza lo malo, al momento en que, como diría el clásico, se busca que todo cambie para que todo siga igual.
Lo malo
La propuesta de reforma judicial empeora un escenario ya de por sí bastante desesperanzador. No es que la iniciativa se caracterice por su profuso trabajo de ingeniería constitucional, mucho menos que articule de manera coherente las ideas ahí propuestas. Por el contrario: la visión que despliega la iniciativa al centrarse en la designación de las personas juzgadoras termina por invisibilizar por completo a otras instancias e instituciones cruciales en estos procesos.
Creer que la judicatura como ente homogéneo es la única institución de la que depende la justicia en el país es un error. En México existen 33 sistemas de justicia diferentes, uno por cada entidad federativa, más el federal. A su vez, los tribunales son tan sólo un eslabón de la larga cadena que implican estas dinámicas. Actores, como las más de 2000 escuelas de Derecho, las personas que ejercen la abogacía, las defensorías públicas, cuerpos de seguridad como las policías, la Guardia Nacional, o incluso el Ejército y la Marina, las comisiones de víctimas, los centros penitenciarios, servicios forenses, y, sobre todo, la fiscalía general y las fiscalías locales, tendrían que estar sumados también en esta discusión si se pretende que algo cambie.
Lo malo de esta reforma es creer que la justicia sólo son once ministros, acaso 1647 juzgadores federales o 4398 locales a lo largo y ancho del país. La justicia es un conglomerado de órganos e individuos que intervienen y colaboran para hacer posible una serie de premisas que enmarca nuestro orden constitucional. La justicia se cristaliza a través del Derecho. Y por eso conviene contar no sólo con buenas leyes sino con personas que puedan interpretar, argumentar y aplicar de buena manera esas leyes.
Sin embargo, es ahí uno de los principales aspectos en donde falla por doble vía la propuesta de reforma judicial morenista pues, en un primer momento, propone reglas endebles y difícilmente funcionales para la integración de toda una nueva judicatura a partir del voto popular; después, con la entrada en vigor de esas nuevas reglas, quienes resulten electos como nuevos jueces no serán los que cuenten con los perfiles técnicamente más sólidos ni éticamente más solventes, sino los más populares o los más afines al poder político.
Parecería entonces que ideas con potencial se van por la borda cuando la elección popular de todos los jueces del país será el eje articulador de tales modificaciones.
De esa manera, todo el funcionamiento del sistema de justicia dependerá de un proceso electorero que a ciencia cierta todavía no se sabe cómo será ni cuáles serán sus particularidades, esto porque aún se desconoce la legislación secundaria que desarrolla la propuesta de reforma constitucional y en ocasión de una posible reforma electoral impulsada por el oficialismo durante los próximos meses.
Como un cúmulo de ocurrencias que poco tienen que ver con el trabajo serio que implica reformar el sistema de justicia, la iniciativa de Morena transita entre la invisibilización de problemas y la vaguedad normativa, esta última, dicho sea de paso, reflejada en improvisadas declaraciones como las de Ricardo Monreal que, aunque no lo entrevea la propuesta constitucional, asegura que “se aplicarán filtros para garantizar el profesionalismo de los candidatos”. No nos queda más que confiar en su honrosísima palabra.
Sin que nadie tenga nada claro, lo peor de todo esto no es que los morenistas desconozcan dónde acabarán sus ansias reformistas, sino que la propia ciudadanía no cuenta con ninguna garantía de que sus nuevos juzgadores resulten los más calificados.
Lo feo
Aunque el actual presidente nombró a cinco de once ministros de la Suprema Corte durante su sexenio —cabe mencionar que una de ellas sin que todavía se sepa si cuenta con un título válido de abogada y otra (por primera vez en la historia) sin el respaldo y aprobación del Senado— y Sheinbaum podría nombrar a cuatro más durante su presidencia, lo que reestructuraría por completo la integración de nuestro máximo tribunal, se ha preferido mandar a todos a su casa y empezar de cero.
No sólo eso, sino que tres años después de que se aprobara una reforma judicial impulsada por López Obrador y el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, los renovados ánimos por volver a transformar el sistema de justicia en México dinamitan cualquier avance pretendido en los últimos años.
Frente a estas nuevas acciones no hay mucho que teorizar, ya que teniendo tan cerca las anteriores modificaciones sólo se permiten dos interpretaciones: o la reforma judicial del 2021 fracasó estrepitosamente y es necesario corregir de forma urgente el rumbo, o tanto Zaldívar como López Obrador mintieron descaradamente sobre su idoneidad y beneficios.
La memoria es endeble y la política correosa, pero en aquel entonces habría que recordar cómo Zaldívar se llenaba la boca presumiendo que su proyecto marcaría “el rumbo de la justicia federal a lo largo de las próximas décadas”, pues a poco tiempo de su entrada en vigor “la reforma judicial ha dado resultados incontrovertibles”.
Y no sólo eso, no se puede olvidar que la gran apuesta de la reforma de Zaldívar fue el rediseño de la carrera judicial, un nuevo modelo en el que todos los cargos jurisdiccionales se obtienen mediante concurso de oposición y donde, según él mismo, se hizo “del mérito y la igualdad de oportunidades, el único criterio de ascenso en la carrera judicial”. Y todo para qué. Para que la votación popular de juzgadores haya mancillado su legado constitucional y haya dejado su reputación por los suelos.
Fracaso, mentira o hipocresía, lo triste de la actual iniciativa morenista es que el cuestionado exministro Zaldívar, alguien que sistemáticamente ha traicionado a sus colegas e interlocutores, hoy está sentado con la futura presidenta y se muestra como un supuesto líder en los temas judiciales, como alguien a quien habría que confiarle (otra vez) la construcción de todo el nuevo sistema judicial. Quien fuera un político con toga hoy se descubre como un lobo con piel de oveja. Suerte a la nueva presidenta con su rebaño.
Lo ridículo
Lo más trágico de todo esto no es que la reforma judicial sea mala y se devele más bien como un engañabobos, ni acaso que desdeñe la anterior reforma de hace tres años, sino que, tal y como lo plantea en sus actuales términos, hay cuestiones de su aplicación que sencillamente son ridículas. No hay otro adjetivo, por más que se intente matizar durante las próximas semanas o aunque algunas normas se modifiquen: la iniciativa resulta irrisoria y carente de sentido común.
Si bien López Obrador se ha empeñado en convencer al pueblo de las ventajas de elegir a sus juzgadores, al igual que ya sucede con las diputaciones, senadurías, gubernaturas, etcétera, no hay que olvidar que la conformación del Poder Judicial en absoluto responde a la misma lógica que las representaciones populares.
Esto por varias razones. Una meramente aritmética, ya que al remover de la noche a la mañana a más de 6000 jueces es probable que en una misma elección (porque así dice al pie de la letra la reforma) se tenga que optar entre más de 30 000 candidaturas, pues se propone que cada poder del Estado presente una lista de diez personas para ciertos puestos (Suprema Corte, Tribunal Disciplinario) y seis para otros (como jueces y magistrados).
Existe una razón de índole funcional para tildar esta reforma de ridícula, ya que a diferencia de los representantes populares que tienen bien delimitada el área geográfica que representan y las responsabilidades que les corresponden, muchos juzgadores trabajan en ocasión de su especialidad y a partir de las necesidades de las personas, es decir, se tendría que votar por jueces penales, civiles, laborales, mercantiles, de competencia económica, de amparo, electorales, entre muchas materias más; así, el pueblo con su inquebrantable espíritu republicano, aunque nunca en su vida requiera las labores de un juzgador especializado en radiodifusión y telecomunicaciones, deberá informarse y tomar la mejor decisión para legitimarlo.
Ahí no acaba la locura: si a estas dos razones sumamos que la propuesta judicial que plantea reformar la Constitución establece allí mismo los parámetros para que una persona pueda postularse, sin necesidad de establecer otro tipo de barreras en leyes secundarias, se abriría la puerta a que prácticamente cualquier abogado en este país que tenga más de 30 años y un mínimo de experiencia compita por cualquier puesto de elección popular sin importar su jerarquía o especialidad.
También vale la pena no obviar los temas electorales. Morena ha insistido en que tales elecciones no costarán un peso más al pueblo de México. Que el Instituto Nacional Electoral hará su trabajo sin chistar. Sin embargo, el pequeño detalle de organizar dicha elección resulta hasta tres veces más grande que la del pasado 2 de junio. Nadie ha hablado por el momento ni de recursos humanos (como capacitadores, funcionarios de casilla o representantes) ni financieros (boletas, padrones y todo lo relativo a las campañas).
Sinceramente, no se pueden tomar en serio estos disparates. El hecho de intentar tener una discusión sobre esto es una falta de respeto para aquellas personas que durante años han pensado cómo mejorar el sistema de justicia en México.
Lo triste
Lo más lamentable de la propuesta de reforma judicial no es lo malo, lo feo y lo ridículo que conjugan las nuevas reglas y sus eventuales derivaciones, sino otra vez dejar pasar una valiosa oportunidad para transformar la justicia en México.
Se torna indispensable la necesidad de repensar otro Poder Judicial desde una visión integral y desde lo local, uno que cumpla con los ideales de justicia para millones de personas, estamos en un escenario catastrófico en donde la revictimización, la impunidad y la nula respuesta de las autoridades conjugan una tormenta perfecta para normalizar cualquier injusticia y terminar generando que la mayor parte de los conflictos sociales se resuelvan fuera de las instancias del Estado.
Corrigiendo la frase de El gatopardo aludida líneas arriba, no es que todo cambiará para que todo siga exactamente igual: cabe el riesgo de que una vez que todo haya cambiado todo empeore. Morena ha dejado de ser una esperanza para México en los temas de justicia y se ha convertido en una falsa promesa sin algún tipo de recato por mentir a través de propuestas de reforma sin pies ni cabeza.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de Derecho Constitucional en El Colegio de México