Éste es un primer esbozo de lo que podría contener una primera propuesta mexicana para negociar un tratado de seguridad con Estados Unidos y Canadá. Por sus alcances, la propuesta de un Tratado de Seguridad para América del Norte (TSAN) parecería sumamente ambiciosa, pero les aseguro que sus dimensiones no rebasan el tamaño de los desafíos en seguridad y Estado de derecho que enfrenta México hoy. El TSAN es, en efecto, una propuesta audaz para cambiar el trágico rumbo que la seguridad ha tomado en nuestro país desde que sus máximas autoridades emprendieron una guerra frontal en 2006 contra las organizaciones criminales más poderosas.
Objetivos de un TSAN
Los objetivos de un TSAN deben ser, al menos, tres: 1) profundizar la colaboración y la cooperación con Estados Unidos y Canadá para fortalecer la seguridad regional, ante los grandes desafíos del crimen trasnacional que afectan la seguridad (al interior y al exterior) de los tres países; es el caso del tráfico ilegal de drogas, entre otros. 2) Avanzar en México, con el apoyo de Estados Unidos y Canadá, en la profesionalización de sus fuerzas policiales y militares, así como de sus agencias de inteligencia e investigación criminal y, conforme se registren tales avances, crear “grupos operativos” (task forces) de alto rendimiento y con acceso a información de inteligencia, tecnología y armamento de punta para combatir eficazmente amenazas y riesgos del crimen de alta escala. 3) Una vez que México avance en los primeros dos objetivos, el TSAN debe enfocarse en reducir significativa y progresivamente los daños del crimen al bienestar de la población, su sistema electoral, su infraestructura crítica (sobre todo en materia de agua y energía) y, con ello, su potencial económico.
Si México aspira a convertirse en un país democrático, justo y próspero, debe transformar de modo estructural sus capacidades operativas de seguridad policial y militar, y también de inteligencia estratégica e investigación criminal. En estas materias México padece rezagos ancestrales y crónicos que impiden su desarrollo. Si México no logra convertirse gradualmente en un Estado de derecho pleno durante las próximas décadas, correrá el riesgo de experimentar regresiones autoritarias, retroceso o estancamiento económicos y, con ello, ahondamiento de las brechas sociales.
Cabe enfatizar que el TSAN no es más que otro paso adelante en el proceso de integración regional de América del Norte que arrancó el 1 de enero de 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), el cual se renegoció a fines de la administración de Peña Nieto, fue rebautizado con el nuevo nombre Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y entró en vigor el 1 de julio de 2020. Como el TLCAN y el T-MEC en su momento, el TSAN promete generar enormes beneficios para los tres socios. En caso de continuar siendo exitoso, el proceso de integración comercial regional, ahora con hipótetica adición de un pacto complementario en materia de seguridad, podría continuar extendiéndose al resto del continente.
La crisis de seguridad en México: rasgos principales
1. El incremento de los homicidios. Desde 2008 México arrastra una grave crisis de seguridad pública que se ha convertido en el más grande desafío a nuestra seguridad interior. La tasa nacional de homicidios se triplicó entre 2007 y 2011 (pasó de 8 a 24 homicidios por cada 100 000 habitantes). Y volvió a crecer aún más entre 2015 y 2018 (cuando alcalzó una tasa nacional de 29 por cada 100 000 habitantes). Durante los últimos años los homicidios han disminuido ligeramente, y en 2022 la tasa fue de 26 por cada 100 000. Alrededor del 70 % de estos homicidios está vinculado, de una u otra forma, con acciones del crimen organizado. Decenas de ciudades mexicanas se cuentan hoy entre las más violentas del mundo, y en sus comunidades rurales proliferan frecuentemente el paramilitarismo y los grupos de autodefensa como fórmulas de protección ante el asedio criminal.
2. El incremento de las extorsiones. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la violencia se ha estancado en niveles históricamente altos y, además, el país ha experimentado una severa epidemia de extorsión presencial (a la que nos referimos coloquialmente como el “cobro del derecho de piso”). Según las cifras oficiales, las cuales hay que tomar con reserva, pues la cifra negra en este delito es del 98 %, las extorsiones crecieron 45 % durante los primeros cinco años de esta administración. El alarmante aumento de las extorsiones ha ido de la mano con una asombrosa expansión territorial del crimen organizado; expansión que no sólo ha tenido un efecto devastador en un gran número de economías locales, sino que además ha comenzado a minar la salud de la principal criatura institucional de México en la última mitad de siglo: el régimen democrático.
Parece evidente que los cárteles controlan algunas franjas del territorio nacional (por ejemplo: la sierra de Jalisco, la sierra limítrofe entre Durango y Sinaloa, la zona boscosa entre Chihuahua y Sonora, la zona de Tierra Caliente en la frontera entre Guerrero y Michoacán; el corredor que va de Celaya, continúa por Apaseo el Grande, sigue por Irapuato y llega hasta Salamanca, entre otras). En decenas de municipios ubicados en las franjas suburbanas o en las zonas rurales más violentas del país son las cúpulas de los principales grupos criminales quienes —hablando en plata— palomean a los alcaldes, y con ellos a los jefes de las policías locales.
3. El incremento de la violencia política-electoral. Con tal de consolidar el control territorial en varias regiones, los capos buscan imponer como candidatos a sus socios o colaboradores cercanos, y con ello mandar en los gobiernos municipales. Y están dispuestos a amedrentar, o de plano eliminar, a otros candidatos competitivos pero que les son ajenos. El hostigamiento criminal también se dirige con frecuencia a funcionarios electorales e, incluso, a empleados del ayuntamiento que consideran un estorbo. Durante el proceso electoral de 2021, por ejemplo, se registraron 322 eventos de violencia política-electoral con un total de 387 víctimas, de las cuales 149 fueron letales (desde el 1 de junio de 2020 hasta el 6 de junio de 2021). Veracruz, Guerrero, Puebla y Estado de México concentraron el 44 % de tales eventos.
4. Los pobres resultados de la estrategia de AMLO. Ante esta delicada situación el presidente López Obrador ha optado por delegar en el Ejército y la Guardia Nacional (una corporación militar creada por él) la responsabilidad de remediar la inseguridad pública y aliviar la crisis de violencia. Pero los resultados no han sido satisfactorios: la violencia criminal sigue campeando en todas las regiones del país (acompañada el último lustro por un aumento exponencial de las desapariciones de personas) y, como ya lo mencioné, otros negocios criminales como la extorsión presencial; pero también el tráfico y la trata de personas y el reclutamiento criminal forzado están en su apogeo.
5. El papel secundario de las autoridades locales. El papel de los gobernadores y los alcaldes de los municipios más importantes es, por lo general, secundario: prefieren simular o enfocarse en delitos menores ante el temor de que los asesinen al abandonar el cargo, como sucedió con el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en diciembre de 2020. Incluso los candidatos a las gubernaturas prefieren callar en las campañas (o sólo hablar ocasionalmente) sobre los grandes problemas vinculados al crimen organizado, pues también temen que los ejecuten como le sucedió a Rodolfo Torre Cantú, quien lideraba las encuestas cuando lo ejecutó un comando del Cártel del Golfo en junio de 2010, una semana antes de las elecciones. El crimen, entonces, ya logró imponer el miedo, no sólo entre los ciudadanos sino también entre las autoridades. México enfrenta un escenario aterrador: por un lado proliferan en su territorio las organizaciones más grandes, más prosperas y mejor armadas del planeta, y por el otro encontramos a una clase política atemorizada cuando no cómplice del crimen.
¿Cuáles han sido las estrategias?
Las autoridades federales de las últimas tres administraciones han intentado varias estrategias contra la crisis de inseguridad y violencia. Revisemos brevemente cuáles fueron.
1. La estrategia de Felipe Calderón. Durante el gobierno Calderón se optó por crear una robusta policía federal y fragmentar a los cárteles mediante un súbito aumento en la captura o muerte de los principales jefes criminales. Al fin la “nueva” policía federal (cuyo tamaño se duplicó entre 2006 y 2012 al pasar de 17 000 a 35 000 elementos) terminó infiltrada por el crimen. Por otra parte, la fragmentación de los cárteles condujo a una espiral de violencia criminal nunca antes vista; dispersó geográficamente esta misma violencia y diversificó los mercados criminales. Asimismo, se impulsaron esquemas de certificación policial, mediante evaluaciones de control de confianza a los elementos de las fuerzas policiales federales y estatales, pero no fue posible revertir su cooptación criminal.
2. La estrategia de Enrique Peña Nieto. En el caso de Peña Nieto se fusionó la Secretaría de Seguridad con la Secretaría de Gobernación y esto lógicamente politizó en extremo la estrategia federal de seguridad. Lo anterior trastocó algunos proyectos prometedores de esta administración, como la implementación de un programa de prevención social del delito y la creación de una “gendarmería nacional” (proyectada como una policía federal de proximidad) en el seno de la Policía Federal. Estos dos proyectos estuvieron lejos de tener el impacto esperado.
La administración de Peña Nieto arrancó con una tendencia a la baja en materia de homicidios; en 2013 las autoridades desarticularon —junto con los grupos de autodefensa— a los Caballeros Templarios, la organización criminal más importante de Michoacán. Pero durante la segunda mitad del sexenio se registró tanto una gran expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (el más violento y grande del país) como una segunda ola de homicidios entre 2015 y 2018 que rebasó los máximos históricos alcanzados en 2011. Entre 2015 y 2018 los homicidios crecieron 74 %, al pasar de 20 369 a 35 522, según el INEGI.
3. Las estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Ante el fracaso del gobierno de Peña Nieto, ya no digamos para reducir la violencia sino para al menos contenerla, la administración de López Obrador optó secuencialmente por cinco tipos de acciones.
La primera acción, de corte social, ha consistido en becar hasta ahora a casi tres millones de jóvenes (diciembre 2023) que no estudian ni trabajan. Según la narrativa oficial el programa Jóvenes Construyendo el Futuro impide que miles ingresen a las filas del crimen organizado. Sin embargo, hasta ahora no existe ningún análisis empírico que indique que este programa ha tenido algún tipo de impacto en el reclutamiento criminal.
Una segunda acción fue combatir la corrupción de los altos funcionarios (federales, estatales y municipales) en materia de seguridad. Sin embargo, cuando las autoridades federales se dieron cuenta del papel que desempeñaba el crimen organizado en la dinámica política de varias entidades, y de los grandes riesgos que suponía combatirla en términos de propiciar más altos niveles de violencia criminal y conflictividad política y social, las autoridades fortalecieron esquemas de gobernabilidad en lugar de ampliar márgenes de incertidumbre ante probables conflictos.
Una tercera acción fue “congelar” temporalmente miles de cuentas bancarias cuando las autoridades encontraron indicios de posibles ligas con el crimen organizado. Sin embargo, la complejidad de las investigaciones y las bajas capacidades de inteligencia financiera con que cuenta México no permitieron a las autoridades avanzar muy lejos en esta ruta.
Una cuarta acción fue suprimir de un golpe a la Policía Federal (envuelta en algunos casos de corrupción y vista por López Obrador como un brazo operativo del expresidente Calderón) y sustituirla con una Guardia Nacional de perfil netamente militar. Aunque políticamente la creación de la Guardia Nacional fue un éxito, dada la buena percepción pública de la que gozan las Fuerzas Armadas en el país, en el terreno de la seguridad la Guardia Nacional no ha tenido ningún éxito notable. Por el contrario, la corporación no ha adquirido un espíritu de cuerpo, ya que subsisten divisiones y conflictos internos; y (como en su momento la Policía Federal, ha tenido también algunos escándalos de corrupción. La Guardia Nacional se ha hecho de un mote que revela la frustración con que la conocen en varias comunidades del país; a sus elementos les llaman en algunos lugares “los reyes del perímetro” dada su respuesta evasiva sobre por qué no pueden trasladarse a repeler los ataques de las bandas criminales: “Es que se nos ordenó resguardar el perímetro”, dicen.
Finalmente, una quinta acción que al parecer dio buenos resultados en el último trienio fue la focalización de los arrestos de alto perfil en los líderes operativos y logísticos de algunas organizaciones de tamaño medio, lo cual ha contribuido a reducir moderadamente los homicidios. Durante la primera mitad del gobierno de López Obrador hubo una estrategia de “abrazos, no balazos”; su efecto no deseado fue una acelerada expansión geográfica de algunos criminales en varias regiones del país. Ante grupos de activistas preocupados porque la Guardia Nacional cometiera violaciones sistemáticas a los derechos humanos, López Obrador dio un paso atrás e impuso a la Guardia Nacional esa política de “abrazos, no balazos” que, en los hechos, fue una prohibición a que los militares confrontaran directamente a los cárteles, mafias y bandas criminales. La consecuencia perversa de esta línea de acción fue que varias mafias regionales (de carácter extorsivo y violento) crecieron desmesuradamente durante la primera mitad de su administración. Fue el caso, por ejemplo, de la Nueva Familia Michoacana en el centro del país.
¿Por qué un Tratado de Seguridad?
Por desgracia, como apunté, el gobierno de López Obrador no resolvió la crisis de violencia criminal que arrastramos desde tiempos de Calderón. El balance general es de estancamiento (con retrocesos inocultables en los últimos años, sobre todo en el “cobro del derecho de piso”, el control territorial del crimen y la desaparición de personas).
Duele admitirlo pero no podemos solos. En México tenemos, por un lado, las organizaciones criminales más sofisticadas, grandes y rentables del mundo, con sus ejércitos privados de miles de sicarios. Por el otro lado, tenemos un aparato policial y un sistema de justicia débiles y proclives a la corrupción. Necesitamos ayuda y pareciera que si no la recibimos pronto, se volverá urgente conforme pase el tiempo.
Por supuesto, la idea de invertir más y construir capacidades propias siempre sonará bien. Depurar y fortalecer nuestras instituciones es una labor inclaudicable. En algunos estados y ciudades con más recursos tal estrategia ya ha dado frutos. Sin embargo, también es necesario analizar críticamente las estrategias para debilitar el crimen y reducir la violencia durante los últimos tres sexenios, y reconocer que el esfuerzo doméstico es insuficiente ante el desafío. En un escenario optimista, nos tomará otros veinte años tener corporaciones policiales relativamente confiables; en materia de fiscalías incluso más. Las instituciones al norte de la frontera tienen sus propios vicios, pero es innegable que cuentan con capacidades comparativamente enormes, sobre todo en materia de inteligencia e investigación.
La seguridad en México será cada vez más un tema prioritario al norte de la frontera, tanto por la integración de cadenas productivas como por el creciente número de estadunidenses y canadienses que radican en nuestro país, pasan alguna temporada o lo visitan como turistas. En Estados Unidos y en Canadá hay, y habrá cada vez más, interés en colaborar. Sin embargo, principalmente por decisión nuestra, la colaboración y el apoyo de nuestros vecinos ha sido marginal.
Estados Unidos dio algunos recursos, nada muy significativo en términos globales, por medio de la Iniciativa Mérida. La DEA y otras agencias también buscan intervenir, de vez en vez, para que se detenga a un criminal de alto perfil, y luego para extraditarlo y que —con frecuencia— se vuelva un informante de alto valor. En varias entidades del país hay una relación cercana y eficaz entre funcionarios de seguridad y la hay de las fiscalías con funcionarios de diversas agencias o departamentos del gobierno de Estados Unidos. Se trata, en la mayoría de los casos, de cooperación exitosa y con grandes beneficios para ambos países; pero hasta ahora se realiza con frecuencia de modo informal y en la penumbra.
El TSAN buscaría consolidar los esquemas que ya hay de colaboración: formalizarlos, institucionalizarlos y acompañarlos, cuando se requiera, de mecanismos de auditoría y rendición de cuentas. En numerosos rubros habría un margen amplio para impulsar una mayor colaboración en el TSAN, pero de forma ilustrativa describo los siguientes diez rubros que me parecen críticos.
Un decálogo de temas
1. Inteligencia. Generar nuevos espacios de cooperación e intercambio de información para combatir el tráfico de drogas y otras actividades criminales de alto perfil, más allá de la captura de los líderes. Por ejemplo, enfocar las capacidades de inteligencia en la identificación de instalaciones y rutas estratégicas para los cárteles y, sobre todo, de redes de corrupción dentro del aparato mexicano de seguridad.
Con las acciones que se describen en punto 5 (certificación de autoridades), se buscaría atender el déficit de confianza que ha limitado el intercambio de información relevante entre las agencias norteamericanas de inteligencia y las corporaciones mexicanas de seguridad. Por otra parte, explorar la creación de unidades bajo supervisión directa del pánel tripartita, con acceso a recursos de agencias norteamericanas pero enfocadas en información necesaria para combatir al crimen y lograr la pacificación, más allá del acotado mandato y los vicios institucionales de la DEA.
2. Estrategia de desarme. Se conformará un grupo especial, con el apoyo y seguimiento de instancias militares y agencias de inteligencia norteamericanas, que apoye a las Fuerzas Armadas mexicanas en la definición, pero no en la ejecución, de una estrategia con carácter prioritario para avanzar hacia el desarme de los comandos armados que actualmente operan en territorio nacional y que suponen una amenaza militar.
Avanzar en este sentido es el paso indispensable para que el Estado mexicano recupere el control territorial y se haga viable el avance en otros objetivos. En este rubro será crítico contar con información y asesoría técnica de primer nivel para minimizar el riesgo de contraofensivas y de abusos en el uso de la fuerza por parte del Ejército mexicano.
3. Acciones disuasivas. Fortalecer procesos que identifiquen las redes de distribución y activos de las organizaciones criminales mexicanas en Estados Unidos y Canadá. Esto para aprovechar mejor el potencial del aparato de impartición de justicia de dichos países en acciones disuasivas que también contribuyan al proceso de paz en México.
Tales acciones podrían seguir algunas líneas generales del pasado (e. g., la respuesta al asesinato de agentes norteamericanos en territorio mexicano), con la diferencia de que México, en el marco del pánel tripartita, también podría solicitar que se actuara contra organizaciones y liderazgos específicos, de acuerdo a su estrategia de pacificación.
4. Selección de blancos. Hasta ahora la selección de blancos en México es un proceso sujeto a presiones de Estados Unidos. Sería muy provechoso sustituir tales presiones casuísticas por un mecanismo formal, con un listado común de los criminales más buscados de Norteamérica, contemplando los intereses de los tres países. El listado se podría revisar periódicamente con el propósito de que los líderes criminales moderaran el uso de la violencia y la participación en actividades con un alto daño social (como el tráfico de fentanilo) para salir de la lista de los más buscados.
5. Certificación de autoridades. Aprovechar la experiencia de las agencias norteamericanas para “vetear” (realizar investigaciones y “controles de confianza” exhaustivos y periódicos) a profundidad, no a toda la fuerza pública, pero sí a mandos y funcionarios clave bajo la supervisión de un pánel tripartita. Este mecanismo contribuiría a superar el problema —hasta ahora intratable, debido al conflicto de interés de ciertas autoridades— de la penetración criminal en las estructuras de gobierno, particularmente en las policías locales. En el mediano plazo, al reducir la discrecionalidad de los alcaldes para someter la operación de la policía a intereses criminales, este mecanismo también contribuiría a reducir la violencia política.
6. Certificación de competencias y estándares de servicio. Se definirán competencias y estándares de servicio claves, tanto para corporaciones policiales como para fiscalías (e. g., tiempos de respuesta ante incidentes, integración de carpetas de investigación y obtención de sentencias condenatorias de homicidios). Con el pánel tripartita se establecerán mecanismos para brindar la capacitación necesaria.
Tal esquema, enfocado en la construcción y evaluación de capacidades institucionales, complementaría las políticas que se enfocan en la capacitación individual de los elementos y que en la mayoría de los casos no se han vinculado directamente a un cambio en la operación cotidiana ni a una mejora en los estándares de servicio a la población.
7. Acompañamiento para el sector empresarial. Contar en México, en el ámbito federal y estatal, con unidades de vinculación que, coordinadas con el pánel tripartita, apoyarían a empresas estadunidenses y canadienses interesadas en invertir en México en las siguientes tareas:
a) Realizar una evaluación de riesgo del entorno y establecer medidas de seguridad eficientes y apropiadas.
b) Establecer mecanismos de colaboración con instancias de seguridad relevantes (policía local, C5, Guardia Nacional, etc.).
c) Contar con un enlace para atender incidentes.
8. Migración. Se buscaría armonizar criterios, acciones y políticas entre los países involucrados (incluyendo el triángulo norte de Centroamérica) y dar facilidades para la operación en territorio mexicano de autoridades migratorias de Estados Unidos. Esto para reordenar el flujo migratorio y reducir incentivos perversos y riesgos para los migrantes. Al incluir responsabilidades en materia de migración para los países firmantes (un objetivo políticamente ambicioso) también se buscarían evitar los “bandazos” que la política migratoria de Estados Unidos ha dado en años recientes y que han exacerbado la crisis migratoria.
9. Seguridad para el turismo. Favorecer que, en los municipios con una mayor presencia de turistas y expatriados, tanto la policía como las agencias del ministerio público cuenten con unidades o personal especializado y certificado en las competencias clave para atender turistas. El pánel tripartita podría emitir distintivos de “destino seguro” y así promover que la economía local se beneficie del esfuerzo de las autoridades en materia de fortalecimiento institucional.
10. Análisis y evaluación. El pánel tripartita generaría periódicamente evaluaciones públicas de los avances registrados por las corporaciones policiales y fiscalías mexicanas, en una serie de indicadores relativos a los objetivos del tratado. Se buscaría una difusión amplia, en medios y entre inversionistas. De esta forma se generará un incentivo adicional: las autoridades estatales y municipales invertirán e impulsarán las acciones necesarias para depurar y profesionalizar sus instituciones de seguridad y justicia.
Coyuntura actual y TSAN
Actualmente varios factores contribuyen a que la crisis de inseguridad en México tenga una creciente relevancia en Washington. Por un lado, México recibe un mayor flujo de visitantes y residentes de Estados Unidos. Las ciudades norteamericanas hacen frente a un déficit crónico de vivienda. A nuestros vecinos les hacen falta unos seis millones de casas, que no pueden construirse allá a un costo asequible. Con la pandemia y el auge del trabajo desde casa, México se ha convertido en una válvula de escape para ese déficit. En 2022 casi 30 000 norteamericanos tramitaron su residencia temporal o permanente en México, un aumento del 65 % en relación con 2019 (a este número modesto, obviamente, habría que sumar varias decenas de miles que se instalan por un tiempo en nuestro país sin necesidad de hacer trámites migratorios). Se trata de una tendencia que es muy probable se acentúe en los próximos años.
La rivalidad entre China y Estados Unidos también ha propiciado que México aumente de forma drástica su importancia dentro de las cadenas productivas que abastecen al mercado norteamericano. Hay que agregar el éxodo migrante y el enorme número de muertes por sobredosis de fentanilo (que llega a Estados Unidos más que nada vía México). En resumen: la seguridad en México, un tema tradicionalmente secundario para la opinión pública en Estados Unidos, se perfilará en los próximos años como un asunto de relativa urgencia.
Es claro que lo hecho hasta ahora en materia de cooperación para la seguridad entre ambos países ha sido inadecuado e insuficiente. Los recursos de la Iniciativa Mérida, que de 2007 a 2010 tuvo un presupuesto de 1600 millones de dólares, y sus sucesores, palidecen frente a los 10 000 millones que recibió el Plan Colombia, sobre todo considerando la diferencia en dimensiones entre Colombia y México, y la intensidad de su relación económica con Estados Unidos. En Estados Unidos hay recursos, capacidad e interés para hacer mucho más. Las condiciones técnicas y económicas están dadas para avanzar hacia un nuevo marco institucional, es decir, hacia un TSAN propiciador de que México, Estados Unidos y Canadá colaboren de manera eficaz en los desafíos para su desarrollo y estabilidad común: la migración, el narcotráfico y el control efectivo del territorio. Hacerlo no necesariamente implica ceder soberanía, pero sí superar, de este lado, posturas patrioteras y, al norte del río Bravo, actitudes condescendientes o abiertamente injerencistas.
Es ingenuo pensar que cualquier negociación entre México y Estados Unidos se da en términos de igualdad. La asimetría es insoslayable. Sin embargo, esta asimetría no debe implicar subordinación. No se trata, por ejemplo, de dejar en manos de agencias estadunidenses la designación de los blancos prioritarios a ser capturados en territorio mexicano. Tampoco se trata de que el Departamento de Estado palomee a nuestros mandos policiales y nuestros alcaldes. De lo que se trata es de buscar fórmulas (por ejemplo, un pánel con representación de los países miembro) que permitan aprovechar capacidades ya existentes al norte de la frontera, y que son necesarias acá para tareas cruciales.
Lo ideal sería un acuerdo de seguridad entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá ratificado por los legislativos, con disposiciones vinculantes. Es decir, un tratado. Sin embargo, primero será necesario allanar el camino desde otras instancias. La sociedad civil, la academia y la iniciativa privada podrían promover acercamientos y programas piloto, y ayudar a demostrar que una colaboración estrecha en materia de seguridad no necesariamente implica perder soberanía, pero que puede ser la clave para empezar a ver la luz al final del túnel.
Eduardo Guerrero Gutiérrez
Socio de Lantia Consultores