La intervención militar en el gobierno civil

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El presidente López Obrador tiene en baja estima al aparato administrativo. Lo considera un “elefante reumático”, lento y difícil de mover, resistente al cambio y sin vocación de servicio. La burocracia federal, además, acumularía altos salarios, sería leal a sus privilegios y constituiría una fuente inagotable de corrupción. Por esto, le tiene una profunda desconfianza.

Lo anterior contrasta con la idea que tiene el presidente de las Fuerzas Armadas. Las considera un cuerpo leal, disciplinado y diligente en la ejecución de sus instrucciones y que no goza de los privilegios de la burocracia federal. Es una institución que “surge del pueblo”, que no pertenece a la oligarquía y en donde la corrupción no tiene espacio para florecer. Así, el Ejército contribuye a las necesidades públicas con programas de alfabetización, reforestación, abastecimiento de agua potable, entrega de libros de texto gratuitos y atención médica. También participa en la construcción de caminos, puentes y “algunas obras de gran trascendencia”. Ante eso, López Obrador ha afirmado: “De mi experiencia como presidente, puedo asegurar que las Fuerzas Armadas constituyen un pilar fundamental del Estado mexicano”.

Quizá esto explique, al menos en cierta medida, por qué su gobierno ha transferido de manera inédita funciones —más allá de la seguridad pública— a las Fuerzas Armadas. Cada vez que el presidente detecta un problema complejo, en particular si existen condiciones de corrupción, se inclina por confiar en las Fuerzas Armadas para supervisar actividades o llevar a cabo proyectos infraestructurales en tiempos acotados. Un ejemplo claro fue el traspaso del control de las aduanas al Ejército, justificado con la premisa de que, aunque no todos los servidores públicos son corruptos, las malas prácticas estaban muy extendidas. En sus propias palabras: “Está más que demostrado que hacían su agosto y dominaba, imperaba la corrupción, no estoy hablando [de] que todos los servidores públicos sean corruptos, hay gente honesta, pero sí hay esas reacciones”.

Diversos datos van revelando que la intervención del Ejército o la Marina en funciones civiles no provoca el fin de la corrupción. En muchos casos hay indicios que permiten suponer que ésta se mantiene o cambia ligeramente. Como veremos más adelante, la intervención de las Fuerzas Armadas genera otros problemas específicos. Quizá lo más problemático es que se crea una condición que modifica de forma sustantiva la capacidad del gobierno civil de controlar ciertas áreas críticas para la gobernanza del país. Hasta ahora hay poca o ninguna evidencia empírica de las acciones tomadas por las Fuerzas Armadas para detectar, denunciar y perseguir a las personas corruptas que justifiquen su intervención.

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