Las deudas de la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación le quedó a deber al país en estos años. Tiene deudas con la nación.

Para sólo hablar de números: en estos cuatro años el gobierno provocó la presentación de más de sesenta controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; un récord presidencial para todos los tiempos. La mitad de ellas, todas de gran trascendencia, siguen en espera de resolución. También, miles de amparos que las acompañan.

La divisa de la Corte en estos cuatro años fue procrastinar, posponer su juicio sobre asuntos fundamentales de la convivencia legal entre mexicanos para no confrontar al titular del Ejecutivo.

Esa Corte temerosa y lenta no pudo cumplir a cabalidad su tarea fundamental: garantizar que tanto las leyes como los actos de la autoridad se apegaran a la Constitución.

Fueron malos años para la Corte, no cabe duda. Los que vienen, sin embargo, pueden pintar diferente.

Los ministros de la Corte resolvieron el 2 de enero pasado elegir como su nueva presidenta y nueva cabeza del Poder Judicial a una ministra sólida, de probada independencia y profesionalidad: Norma Lucía Piña Hernández.

La elección de la ministra Piña tiene un ostensible valor simbólico, pues rompió el techo de cristal que frenaba el acceso de las mujeres a esa posición. Será la primera presidenta del supremo tribunal en sus doscientos años de existencia.

Su elección también tiene un valor de equilibrio y de solvencia institucional, pues ha sido jueza por más de treinta años y pertenece al conjunto de magistrados de carrera, hoy minoritarios en la Corte.

Es una juzgadora de vanguardia en materias emblemáticas como el medioambiente y los derechos de la mujer.

Es una ministra solvente, cuyas resoluciones tienen sustento jurídico y rigor constitucional.

Y es una ministra independiente, cuyos votos no se han caracterizado por darle gusto a quien quiere mandar sobre la Corte.

En distintas ocasiones la ministra Piña votó, de manera razonada, en contra de lo que pedía el Poder Ejecutivo. Aquí una muestra:

En contra de la consulta popular para juzgar a los expresidentes.

En contra de la llamada “Ley Zaldívar”, destinada a ampliar el periodo de este ministro al frente de la Corte.

En contra de que el presidente pudiera disponer a discreción de los “ahorros” generados por la Ley de Austeridad Republicana.

En contra de la previsión que impedía que los servidores públicos pudieran ocupar puestos dentro de la iniciativa privada por diez años.

En contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Y en contra de ampliar la prisión preventiva oficiosa automática promovida por el gobierno.

No decimos que con esta elección hayan quedado garantizadas la autonomía y la independencia del Poder Judicial, en particular, de la Suprema Corte.

Pero es promisorio que los miembros de la Corte no se hayan dejado someter al elegir a la ministra Piña. Queriendo o no, enviaron al país una señal del tipo #LaCorteNoSeToca, en sintonía con el mensaje ciudadano de #ElIneNoSeToca.

Con esta elección, los ministros dejan atrás cuatro años de maniobras de una presidencia de la Corte politizada y, por ello, tendenciosa.

Escogieron a una colega que ha sido recibida por los propios juristas como una buena opción profesional.

Decir esto, que la nueva presidenta de la Corte es una opción profesional, significa, en estos momentos, una de las mayores exigencias.

La ministra Piña debe presidir la Corte y resolver los asuntos trascendentales que tiene pendientes de acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución, no según los temores o las simpatías políticas del presidente de ese cuerpo colegiado.

Hay que recordar que quien ocupa la presidencia de la Corte tiene poderes legales y administrativos enormes. Tantos, que en cierto modo, niega la esencia del puesto de ser primo entre pares.

Quien ejerce la presidencia de la Corte puede ser en los hechos un dictador legal y administrativo, al que sus pares no pueden corregir, en ocasiones tampoco cuestionar.

La ministra Piña se ha pronunciado en contra de esa concentración de poder y ha propuesto gobernar con mayor colegialidad.

Es una propuesta bienvenida porque, hoy por hoy, a partir de la reciente reforma judicial promovida prácticamente en exclusiva por el ministro Zaldívar, a quien preside la Corte le corresponde decidir, también en exclusiva, la admisión de los juicios de amparo y a qué ministro o ministra se le asigna la formulación del proyecto de sentencia.

Es él o ella quien define también cuándo se atienden los casos pendientes del máximo tribunal y en qué orden.

Es quien autoriza, hasta el detalle de los gastos personales de cada ministro y de cada juez, cómo se distribuye y cómo se ejerce el presupuesto del Poder Judicial.

Y es la presidencia de la Corte, en su también carácter de presidente del Consejo de la Judicatura, quien tiene a su cargo los procesos para determinar el ingreso, adscripción, ascenso y remoción de los jueces y de los magistrados federales de todo el país. Es decir: tiene el garrote y la zanahoria.

Se trata de una figura con grandes poderes, incontrolables por sus pares, poderes que deberían revisarse a fondo, colegiadamente, para que no se repita lo que hemos vivido estos últimos años.

¿Qué hemos vivido en estos años en la Corte?

Hemos vivido la conducción unipersonal de un presidente sujeto a sospecha de parcialidad política, al que sus pares no pudieron nunca moderar ni corregir.

 Arturo Zaldívar fue un presidente que se atrevió a decir que la Corte debía dar “una respuesta institucional clara a los reclamos manifestados a través de las urnas”.

Como si el clamor popular fuera criterio jurídico.

Dejó que el Poder Ejecutivo echara a un ministro de la Corte con una acusación que no hubiera resistido el menor escrutinio legal de la propia Corte.

Hizo alegres temporadas de coincidencias políticas con un presidente cuyo proyecto de nación estuvo y está fincado en el desprecio a la ley y en la agresión verbal al Poder Judicial, a la propia Corte y a sus integrantes.

Se pronunció públicamente en favor del programa de la llamada 4T.

Moviéndose al ritmo que le dictaba el presidente de la República, Zaldívar pospuso el estudio y la resolución de la mayoría de los más graves y trascendentes asuntos de dudosa o clara inconstitucionalidad planteados por el gobierno.

 Además, consintió la posibilidad de prolongar su presidencia de la Corte mediante una coartada legal.

No se sabe si Zaldívar negoció algún proyecto político personal a cambio de tantas coincidencias y aquiescencias con el gobierno en turno, pero en su discurso de despedida, afirmó: “Seguiré comprometido en cualquier responsabilidad que asuma en los próximos meses y años por un país próspero, más igualitario y más justo, que nunca olvide que debemos tener una opción preferencial por los pobres de México”.

Siguió unido así, hasta el último día, a la causa política de un presidente cuya idea de democracia, si alguna, es que las instituciones del Estado están para refrendar más que para refrenar los deseos del Poder Ejecutivo.

La división de poderes no está en la concepción de gobierno del presidente de México.

En su ajedrez político, los integrantes de los otros poderes y de los órganos autónomos, los gobernadores, los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, las víctimas, las mujeres, los médicos, los ambientalistas, los científicos deben ser sólo alfiles del rey, vasallos de su estrategia y de su voluntad.

El presidente de la República ha querido un poder judicial que comparta su proyecto y valide las leyes que lo hagan posible.

Ha querido un Poder Legislativo que apruebe sus iniciativas sin moverles una coma.

Unos órganos autónomos que abdiquen de su facultad de promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Un partido gobernante que no cuestione sus órdenes ni tenga ideas propias.

Una oposición testimonial.

Una academia que repita sus dichos.

Una prensa que acepte sus datos alternativos y que aplauda sus improbables resultados.

Durante todos estos años, quienes se han opuesto a este proyecto, incluidos los ministros de la Corte, han recibido la calificación de conservadores, neoliberales, alcahuetes, corruptos, y han sido linchados desde el discurso presidencial.

Bajo los humores de este latiguillo político vivieron la Corte y el Poder Judicial que presidió Arturo Zaldívar.

Pero Zaldívar no fue ni es la Corte.

Como demuestran los autores de este número de nexos, aún bajo la presidencia politizada y acomodaticia de Zaldívar, la Corte hizo un trabajo fundamental en varios asuntos claves.

Apuntamos cuatro:

Los límites que pusieron los ministros a los abusos de la extinción de dominio.

La restricción a la figura de la prisión oficiosa automática para ciertos delitos.

La contención al uso discrecional de los recursos producto de la supuesta “austeridad republicana”.

La eliminación de la absurda prohibición por diez años para que los servidores públicos de rango superior se empleen en el sector privado.

La Corte no revisó, sin embargo, algunas de las mayores amenazas constitucionales que penden sobre el país.

Apenas ha tocado el paquete de leyes relativas a la militarización de un gobierno que se presume civil.

No se ha pronunciado sobre el decreto que permite al Ejecutivo conceder de facto y de manera discrecional los permisos, dictámenes, licencias, autorizaciones y asignaciones directas para los proyectos de infraestructura del gobierno.

Tampoco sobre el embate legal evidente contra los órganos autónomos constitucionales, como la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia y, sobre todo, el Instituto Nacional Electoral.

 Están en curso leyes de abierta inconstitucionalidad, aprobadas por la mayoría gobernante, para lisiar aún más al árbitro electoral, leyes que ponen en riesgo los principios básicos de la democracia electoral.

En agosto de 2020, publicamos en nexos un número sobre Los pendientes de la Corte (https://www.nexos.com.mx/?p=49085). Registramos muchos pendientes. Algunos se han resuelto y otros muchos no, como se muestra en este número. Pero de entonces para acá han aparecido otros pendientes cruciales y han proliferado otras controversias, otras acciones de inconstitucionalidad e innumerables amparos contra leyes, decretos y decisiones del gobierno.

La mayoría de estos pendientes, nuevos y viejos, sigue esperando turno en la Corte. Son tantos y de tal envergadura, que bajo su nueva presidencia la Corte tendrá que acelerar mucho el paso si quiere salir de sus deudas con la nación.

Son muchos los litigios existentes y no puede descartarse que, en el ocaso del actual sexenio, vengan más leyes y más decisiones que vulneren la Constitución y minen la democracia.

En este contexto, el fortalecimiento, autonomía e independencia de la Corte serán cruciales.

No pedimos de la Corte nada extraordinario. Aunque quizá estamos pidiendo lo más extraordinario posible, dado el comportamiento del gobierno y de la Corte en estos años:

Pedimos que resuelva pronto si los temas materia de los recursos pendientes son constitucionales o no.

Mientras no haya definición sobre las normas cuestionadas, éstas seguirán vigentes y sus consecuencias seguirán lastrando el Estado de derecho y destruyendo la confianza de la convivencia legal entre mexicanos.

No pedimos una presidencia de la Corte que se oponga por consigna al titular del Poder Ejecutivo ni que se confronte con él con el único propósito de mostrar su independencia.

Pedimos una presidencia y una Corte decididas a concebirse como guardianas de la Constitución y a ejercer el contrapeso debido.

Pedimos que la nueva presidenta y la Corte busquen activamente que esto suceda. No que promuevan la definición que nos gustaría. Solamente que asuman la responsabilidad de juzgar con la celeridad, la seriedad, el profesionalismo y la colegialidad requeridos en aquellas cuestiones que exigen el juicio superior y definitivo de la Corte.

Norma Piña y los magistrados —al menos la mayoría de ellos— tienen la proporción, circunstancia y herramientas para hacerlo. Se necesita presencia y vigencia frente a los problemas que deben resolver; entereza y templanza frente a quien quiera intervenir; prudencia y seriedad frente a los graves problemas que le toca resolver al máximo órgano del Poder Judicial.

Como pocas veces en la historia, la Corte está frente a un reto histórico: ser un tribunal supremo, una efectiva corte constitucional.

6 de enero de 2023

Ma. Amparo Casar • Héctor Aguilar Camín