El discurso antimilitarista suele calificarse como un discurso de élite por tres razones. La primera: la élite no suele priorizar el papel de las Fuerzas Armadas como una institución que permite la movilidad social. La segunda: la élite no se ve particularmente afectada por la violencia de la delincuencia organizada. La tercera: las Fuerzas Armadas son populares y sólo las élites pueden darse el lujo de menospreciar la opinión pública. Todas estas críticas son legítimas. Además, es importante reconocer que las desigualdades complejizan el análisis de cualquier fenómeno social. Por ello, a continuación abordamos estas preocupaciones con mayor profundidad y mostramos cómo la militarización, lejos de resolver las desigualdades y las violencias, las arraiga aún más. Esto, en lugar de blindar a las Fuerzas Armadas de la crítica, la hace más urgente.
Empecemos por la idea de que las Fuerzas Armadas son “pueblo uniformado”, como frecuentemente las llama el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de las Fuerzas Armadas proviene, efectivamente, de contextos marginalizados con pocas oportunidades para vivir una vida digna. Por ejemplo: el 82 % de las cientos de miles de personas que integran a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pertenecen a los rangos más bajos de la institución: son soldados, cabos y sargentos.1 Perciben un sueldo neto de entre 12 000 y 15 000 pesos mensuales y prestaciones sociales que no encontrarán en ninguna otra institución pública o privada.2 Hasta aquí, las Fuerzas Armadas parecen ser un gran mecanismo de movilidad social. ¿Por qué criticar a quienes han optado por esta vida? Frente a esta pregunta hay varias respuestas.
La primera es recordar que si las Fuerzas Armadas son un mecanismo de movilidad social, es porque se ha decidido que lo sean. Esto se debe a que año con año se les ha asignado el suficiente presupuesto para que les puedan garantizar una vida decente a los soldados y a sus familias. Podría no ser una institución de movilidad social, como actualmente no lo son decenas de instituciones públicas. Podría ser una institución más que garantice la movilidad social. Podríamos tener un panorama en el que entrar al servicio público, en la dependencia que sea, les garantiza a las personas oportunidades de desarrollo. Actualmente esto no es así. La pregunta es por qué.
¿Por qué la Sedena es capaz de ofrecer mejores condiciones para estudiar que la UNAM? ¿Por qué la Secretaría de Marina (Semar) puede dar mejores condiciones de trabajo a los miles de marineros que integran sus filas que las que el ISSSTE les garantiza a las miles de enfermeras que cuidan a sus pacientes? Estas preguntas nos parecen cruciales, sobre todo considerando que en el último sexenio las Fuerzas Armadas —particularmente la Sedena— han visto el aumento más importante a su presupuesto en décadas. En este sentido, si lo que nos preocupa son las personas que integran a las Fuerzas Armadas más que exentar a las Fuerzas Armadas de la crítica, lo que deberíamos cuestionar es su papel en la sociedad y las posibilidades de desarrollo que les ofrecen a las personas.
Ahora: si lo que nos preocupa son las personas, hay otro punto de las Fuerzas Armadas que debería llamar nuestra atención. A saber: cómo tratan a quienes las integran.
Hay muchos problemas de violencia y discriminación en las instituciones públicas. Y, por supuesto, las Fuerzas Armadas no están exentas de ellos. Por ejemplo: hace meses, el periodista Eduardo Dina reveló en El Universal el suplicio que aún atraviesa en las Fuerzas Armadas el personal que tiene VIH. Valga recordar que, en el 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la disposición de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que daba de baja a las personas automáticamente por el solo hecho de tener VIH. Lo que Dina documentó es algo que puede verse en muchas instituciones: la discriminación adoptó nuevas formas pero sobrevivió.
Sin embargo, nos parece que las violencias que viven las personas en las Fuerzas Armadas van mucho más allá de las que típicamente se encuentran en el resto de las instituciones. Son violencias relacionadas con la propia función de las Fuerzas Armadas, que es hacer la guerra, y esto no puede obviarse. Una institución con dicha función debe prepararse para experimentar y llevar a cabo actos atroces.
La tropa, escrito hace algunos años por los periodistas Daniela Rea y Pablo Ferri, indaga en el entramado institucional al que los hombres son expuestos cuando ingresan a las Fuerzas Armadas. Como se documenta en el libro, la mayoría de quienes entran a estas instituciones lo hace por necesidad, no por gusto. Y esa necesidad lleva a las personas a someterse a reglas autoritarias, escritas y no escritas. Deben aprender a ser “soldados”, lo que equivale a soportar vejaciones de toda índole y, llegado el momento, replicar estas violencias en contra de sus subordinados. Si bien son muchas las historias que incluyen, hay una que no deja de estremecernos: la del soldado Ulises, quien relata que su ejercicio final de adiestramiento consistió en matar y desollar, con sus propias manos, a una perra recién parida, para después cocinarla y comérsela.
Donde sólo se suele ver una institución que garantiza movilidad social, nosotras vemos también una institución que explota las desigualdades existentes a su beneficio.
Lo increíble de las Fuerzas Armadas es que, además de institucionalizar la violencia, la subordinación y la obediencia logran que éstas se vean como características deseables. Consiguen que las personas que las integran sientan un profundo orgullo alrededor de la disciplina militar. Orgullo por soportar humillaciones; orgullo por volverse inmunes a la violencia; orgullo por ser capaces de obedecer las órdenes más arbitrarias sin quejarse; orgullo por dejar atrás la empatía con tal de cumplir con su deber. A simple vista esto puede parecer positivo en un contexto de guerra, pero es la receta perfecta para la violación de derechos humanos. Al final, concebir a las personas (particularmente a quienes pertenecen a las clases bajas de la jerarquía militar) como objetos cuya función es ejecutar órdenes no sólo es autoritario y antidemocrático, sino que conduce a injusticias y maltratos injustificables que padecen tanto el personal como la población con la que interactúan.
El año pasado, Así como suena y El País publicaron La lista, un pódcast dedicado al caso de un subteniente que fue acusado y encarcelado por el propio Ejército tras ser acusado de supuestamente estar coludido con Los Zetas. La institución que le dio todo se volcó contra él y su familia. La tortura a la que fueron sometidos es terrorífica. Pero no es atípica.
Las dos ediciones de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) —la primera aplicada en 2016 y la segunda en 2021— muestran cómo la tortura en las detenciones que realizan las Fuerzas Armadas es la regla, más que la excepción. Según la ENPOL (2021), si se contabilizan todas las agresiones que las personas vivieron entre el momento en el que fueron detenidas y cuando fueron puestas a disposición de la autoridad civil, el 87 % de quienes fueron arrestadas por la Marina y el 81 % de quienes fueron arrestadas por el Ejército padecieron violencia. Las cifras en sí mismas son alarmantes. La ENPOL también permite contrastar la actuación de las Fuerzas Armadas con la de las policías, lo cual revela que, a pesar de que ambas son instituciones de seguridad, la manera en la que operan en el terreno es distinta.
Por ejemplo, según la ENPOL (2021), el 3.6 % de las personas privadas de la libertad que fueron arrestadas por la policía estatal reportó que durante la detención le dispararon con un arma de fuego. ¿Qué pasa con las arrestadas por el Ejército? El 12.1 % reportó disparos. Esto es tres veces más alto. Otro ejemplo: el 10.2 % de las personas privadas de la libertad que fueron arrestadas por la policía municipal reportó que fue torturada con descargas eléctricas. ¿Qué hay de las arrestadas por la Marina? El 32.5 % reportó haber sido electrocutada. De nuevo, esto es tres veces más alto. ¿Quiénes realizan más detenciones sin orden de detención? Las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes retienen a las personas más tiempo, antes de llevarlas a la fiscalía? Las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes muestran más prevalencia de “tortura institucionalizada”,3 como la llamaron hace años Beatriz Magaloni, Ana Magaloni y Zaira Razú? Las Fuerzas Armadas.
En todos los casos, quienes torturan son personas de carne y hueso. Lo importante a resaltar de la ENPOL es que muestra que el problema no se trata sólo de personas terribles, de malos soldados o de malos policías. De ser ese el problema, no habría diferencias significativas entre las corporaciones. Las reglas, prácticas y narrativas institucionales importan.
En este sentido, el problema con la militarización no son las personas que ingresan a las Fuerzas Armadas ni su deseo de trabajar legalmente en un empleo bien remunerado. El problema son las instituciones a las que están sometidas, pues son las que condicionan su actuar. Las críticas a las Fuerzas Armadas no son críticas al pueblo uniformado, sino a las maneras en las que el uniforme transforma a quien lo porta.
Ahora: como correctamente es señalado por muchas personas, las violencias en México no afectan a todas las personas por igual. Por poner un solo ejemplo: según los Registros de Defunciones por Homicidio, esta violencia históricamente ha impactado de manera desproporcionada a hombres jóvenes que no han podido acceder a la educación y que carecen de seguridad social. Usando el lenguaje presidencial: las violencias afectan desproporcionadamente al pueblo no uniformado. Considerando lo anterior, ¿cómo se puede criticar una estrategia que podría salvaguardar las vidas de aquellas personas a quienes históricamente se les ha negado la seguridad? Frente a esta pregunta hay dos ideas a esbozar.
Asumiendo que la militarización efectivamente salvaguarda las vidas de las personas, se debe considerar sobre quiénes recaen sus costos. En otras palabras: ¿quiénes han padecido más —o están en riesgo de padecer— el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública? Los ejemplos históricos sobran. Por mencionar sólo uno actual: recientemente un grupo de organizaciones denunció el impacto que está teniendo la militarización exacerbada del control migratorio. Los datos y las historias que pueden leerse en el sitio de Bajo la bota dan muestra de cómo, una vez más, quienes resienten en carne propia las detenciones arbitrarias y la tortura son quienes ya de por sí cuentan con escasas oportunidades.
A nuestro parecer, el problema no está solamente en estos costos que tiene la militarización, sino en sus supuestos beneficios. En el informe Las dos guerras, realizado por la organización Intersecta y la investigadora Laura Atuesta, se muestra el impacto que tuvieron los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas en los asesinatos de hombres y mujeres. Estos sucesos no sólo no contribuyeron a la disminución de la violencia, sino que la exacerbaron. En el caso de las mujeres, además de estar asociados con el aumento de los asesinatos, también lo están con un cambio dramático en los patrones con los que son asesinadas. Por ejemplo: en el 2006, de cada diez mujeres asesinadas, tres lo eran con arma de fuego. Hoy, a seis de cada diez se les priva de la vida así.
En este sentido, la crítica a la militarización no busca restarles una solución a las personas más afectadas por la violencia. Busca evidenciar cómo lo que durante décadas se nos ha vendido como solución, realmente ha contribuido a esa misma violencia. Una violencia que es desigual.
Insistimos: la militarización exacerba las violencias y las desigualdades, no las disminuye. Para resumir: las Fuerzas Armadas se alimentan de las desigualdades existentes en nuestra sociedad para llenar sus filas, sometiendo a las personas a violencias inimaginables por “un sueldo quincenal, seguro médico y la promesa de ser útiles para la nación que los invisibiliza”, en palabras de Marbella Figueroa. Segundo: las Fuerzas Armadas ejercen de manera directa violencias que afectan de manera desproporcionada a personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. Y tercero: la estrategia de la militarización ha desatado violencias que han recaído más sobre aquellas personas que han sido sistemáticamente excluidas de la promesa de la seguridad.
Para concluir, nos interesa abordar el argumento sobre la popularidad de las Fuerzas Armadas. Quienes están a favor de la militarización suelen enfatizar la alta confianza de la que gozan las instituciones castrenses en México. Esto es cierto y son muchas las encuestas que lo confirman. Por mencionar sólo una: según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI 2020), las instituciones de gobierno que gozan de mayor popularidad son el Ejército y la Marina, seguidas de la Guardia Nacional. El 23.4 % y 20.9 %, respectivamente, siente mucha confianza en estas instituciones. Para contrastar: sólo el 2.6 % opina lo mismo de los diputados locales, quienes se encuentran al final de la lista.
Desde nuestra perspectiva, la premisa de que la popularidad de las Fuerzas Armadas justifica la militarización parte de una concepción errónea sobre la democracia. Ésta no debe ser un concurso de popularidad. Debe ser un sistema de gobierno que parta de los consensos, de las instituciones que rindan cuentas a toda la ciudadanía y que habiliten la libertad y la participación de todas las personas en la vida pública.
Sabemos que, por definición, la democracia no suele ser eficiente o particularmente ordenada. Incluir distintas perspectivas, experiencias y puntos de vista implica cierto grado de desorden y requiere de un constante y a veces interminable diálogo en libertad. Pero consideramos que la apuesta tiene que ser ésa. La sociedad democrática, crítica, incluyente y libre a la que aspiramos implica priorizar la apertura sobre la opacidad, el diálogo sobre la obediencia, la cooperación sobre el castigo y la libertad sobre la subordinación. Conlleva, en otras palabras, priorizar los valores democráticos por encima de la disciplina castrense.
Por cierto: la ENCUCI (2020) también incluye una pregunta sobre el gobierno que las personas aspiran a tener. La opción con la que más personas —el 69.2 %— están muy de acuerdo es con “un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones”. ¿La opción que comanda la menor adherencia y provoca el mayor rechazo? “Un gobierno encabezado por militares” —el 16.6 % y 31.9 %, respectivamente—.
Entendemos que el apoyo de la población a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas civiles proviene de la buena reputación histórica ante su labor en tareas de rescate y ayuda, de la desesperación sobre la ineficacia de los distintos gobiernos para atender el problema de seguridad y de la desconfianza ante la corrupción rampante. Sin embargo, como hemos expuesto a lo largo de este ensayo, la militarización arraiga las desigualdades existentes y exalta valores que se contraponen con la sociedad democrática e incluyente que nos gustaría construir.
Nuria Valenzuela Márquez
Economista y politóloga. Es cofundadora de Crucigrama.
Estefanía Vela Barba
Estudió Derecho y actualmente dirige Intersecta.
1 Fuente: Respuesta de la Sedena a la solicitud de información con folio número 0000700663419.
2 Fuente: Tabla de haberes de la Sedena, actualizada al 1/7/2022.
3 Magaloni, B.; Magaloni, A. L., y Razú, Z. “La tortura como método de investigación criminal. El impacto de la guerra contra las drogas en México”, Política y gobierno, vol. XXV, núm. 2, 2018. Para ellas, la “tortura institucionalizada sólo incluye quemaduras, toques eléctricos, inmersión en agua, sofocación y asfixia, aplastamiento por objetos pesados y puñaladas, maltratos y abusos que requieren un espacio institucional que los permitan”.