El pasado 1 de agosto, un grupo de ciudadanos, entre los que figuran médicos e investigadores, así como dos exsecretarios de Salud, denunciaron al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos fundamentales de la población nacional, entre otros, el derecho a la vida y el derecho a la salud.
De acuerdo con la denuncia:
La mala actuación del gobierno federal de México y de otras estructuras de los poderes públicos ha ocasionado cientos de miles de muertes que debieron y pudieron evitarse. Como consecuencia, se causó dolor en decenas de miles de familias afectadas, se generaron quiebras económicas en el patrimonio de muchas de ellas y se produjo gran incertidumbre frente a la supresión de derechos establecidos. Por si esto no fuera suficiente, en adición se ha deteriorado un sistema de salud que, con todo y sus deficiencias, respondía a las necesidades de la población.
El documento, presentado bajo la representación común del médico José Antonio Crespo Pozuelo, da cuenta de las once principales acciones, omisiones y negligencias en materia de salud que han vulnerado los derechos fundamentales de la población mexicana.
1. Cancelación del Seguro popular y creación del Insabi
2. Desabasto de medicinas
3. Desatención de los niños con cáncer
4. Marginación del Consejo de Salubridad General en la pandemia de covid
5. Discriminación en la vacunación del cuerpo médico del sector privado
6. Promesas inclumplidas al cuerpo médico: plazas, bonos, insumos indispensables
7. Vacunación inapropiada
8. Campañas de desinformación de cubrebocas, contagios y pruebas
9. Falta de vacunación a niños menores de 12 años
10. Uso Indebido de ivermectina en la Ciudad de México
11. La desaparición anunciada de los hospitales psiquiátricos en México
La denuncia subraya la gravedad de la desaparición del Seguro Popular. Menciona que esta decisión ocasionó que 15 millones de habitantes perdieran acceso a servicios de salud y que el gasto de bolsillo para tratamientos médicos aumentara 40 %. Por otra parte, el documento enfatiza la negligencia de la respuesta del gobierno a la pandemia y destaca que, de haber actuado de manera distinta, el gobierno podría haber evitado 190 000 defunciones.
El grupo que suscribe la denuncia la justifica de la siguiente manera:
El interés que nos convoca es la búsqueda de la justicia para las personas que en el país no encuentran respuesta a sus justas demandas. De igual forma nos importa dejar muy claro que el poder político tiene límites y que hay un compromiso internacional con la defensa de los derechos humanos. También nos mueve el interés de que cese la destrucción de nuestras instituciones, en este caso las de salud. Que contemos con un referente que inhiba la soberbia y permita la toma racional de decisiones apoyadas en el conocimiento científico y las evidencias médicas. Por último y esto es, probablemente, lo más importante, generar un antecedente que evite que esto se vuelva a repetir.
Para saber más sobre este documento y el proceso que sigue, puede escribirse a esta dirección.