CUADERNO DE NEXOS

Información y narcotráfico

Raúl Trejo Delarbre. Periodista. Director de la revista Etcétera.

Carpizo no lo hubiera hecho. Su alusión a la posibilidad de que haya periodistas involucrados con narcotraficantes, provocó una respuesta gremialista y prejuiciadamente autodefensiva, pero muy reveladora, por parte de amplios sectores entre los informadores mexicanos.

Jorge Carpizo, nuestro procurador general, no pudo prever la reacción autodefensiva que despertaría el comunicado de la PGR del 15 de abril, en donde se consideraba “especialmente grave el problema de que el narcotráfico está penetrando en algunos medios de comunicación…” Se mencionaba entonces a tres pequeños diarios, uno en San Luis Potosí y el otro en Tamaulipas, donde la Procuraduría aseguraba haber encontrado pruebas de participación de dinero surgido del tráfico de narcóticos.

Eso, y nada más, dijo entonces la PGR. No se involucraba a nadie más de manera específica, ni se anunciaban nuevas investigaciones. Sin embargo, el hecho de que se mencionara que había “algunos” medios de comunicación involucrados con el narcotráfico, despertó una respuesta especialmente airada por parte de informadores que, todavía dos meses después se habían convertido, de autoinvolucrados, en reclamantes delante del procurador. De inmediato, en carta aparecida el 17 de abril en La Jornada, 35 reporteros, la mayor parte de ese diario, quisieron aclarar y enmendarle el boletín al procurador “Da la impresión de que se trata de un fenómeno generalizado, que no distingue rangos ni medios”, decían respecto del comunicado de la Procuraduría. En realidad, lo que esa dependencia judicial había querido hacer era explicar su nueva política de comunicación que ahora estaría supeditada a informaciones oficiales y por escrito y no como, según se dijo, había sucedido antes, dispersa en las declaraciones de numerosos funcionarios. Llegó a ocurrir incluso, que a través de la prensa se produjeran filtraciones de información que servían como advertencia para los presuntos narcotraficantes que, por los periódicos, sabían en dónde se les iba a buscar. También había ocurrido, precisó la PGR, que algunos narcotraficantes ofrecían dinero a “algunos seudo-reporteros” para que criticaran a los funcionarios de la PGR cuyo desempeño les estaba perjudicando.

Carpizo -quizá- no lo hubiera dicho si hubiera imaginado las consecuencias de poner en orden su política de información, pero la línea argumental de la Procuraduría ya se encontraba establecida. Se trataba de aclarar aunque fuese necesario una vez y otra, porque se partía de la certeza de que, sin una sociedad convencida, la guerra contra el narcotráfico (como poco después la calificaría el presidente Carlos Salinas) no podría desplegarse con éxito. Tendría que ser una guerra a cargo de la sociedad y no sólo de los organismos de seguridad. Pero a la sociedad no se le convence a partir de un caudal de confusiones como las que puede haber propiciado el narco, ni en el panorama de susceptibilidades y deslindes como los que, por parte de un sector de los periodistas, provocó la política de comunicación de la Procuraduría.

Carpizo fue más específico cinco días más tarde. Hay varios motivos para la nueva política de comunicación de la PGR, se dijo en un boletín:

Una de las causas, que se expuso con franqueza, fue la relación de ALGUNOS medios de información y de ALGUNOS reporteros con el narcotráfico. Se trató con especial cuidado que la redacción del documento fuera precisa. Se evitó caer en generalidades al utilizar el término de ALGUNOS medios de comunicación, ALGUNOS reporteros, ALGUNOS funcionarios de la propia PGR y ALGUNOS seudo-reporteros.

Allí se informaba que la PGR investigaba a “SEIS personas relacionadas con medios de comunicación y presuntamente relacionadas con el narcotráfico”. Las mayúsculas aparecían clara, ostentosa, pero según se pudo ver no didácticamente, en el texto de la Procuraduría que fue publicado como inserción pagada en varios diarios. El énfasis en que no se generalizaba, sino se hacía alusión a casos específicos, no logró tranquilizar los ánimos de los informadores que se habían considerado ofendidos por la Procuraduría. Incluso el documento de la PGR, dentro de su muy rígida precisión jurídica se permitía ironizar, pero tampoco la agudeza fue pedagógica, cuando manifestaba coincidencia con la carta de varios reporteros, del 17 de abril:

La PGR y el Procurador están de acuerdo con esos reporteros. No deben hacerse generalizaciones. No las hicimos y reiteramos: en el documento de la PGR no se generalizó. ¿Qué otra palabra se desea que se emplee en lugar de ALGUNOS?

Lo que se deseaba era que no se hicieran alusiones a un gremio habituado a cuestionar a todos los demás, pero no a que se le critique, digámoslo cursilonamente, ni con el pétalo de una coma. Es más que significativo el hecho de que dentro del periodismo mexicano se haya vuelto dogma, reconocido a veces con corporativo convencimiento, el principio según el cual perro no come carne de perro. El símil canino que más de un informador ha asumido como propio (allá ellos, sí, pero acá nosotros, los lectores y autores que deseamos algo más que pragmática complacencia en nuestros medios de información) revela hasta qué punto se ha considerado que las críticas a los periodistas debieran estar ausentes de los periódicos (y otros medios de comunicación).

Pero el de los periodistas dista de ser un gremio en el que idílicamente se desarrollan la fraternidad y la solidaridad. Al contrario. Si no hay comilona pública de los congéneres, es porque el canibalismo se practica en los corrillos así como en las alusiones cifradas de numerosas columnas y espacios de opinión editorial. El incompleto anuncio de Carpizo sobre la investigación a seis periodistas, causó de inmediato el auge de una nueva modalidad del rumor gremial: Las listas. Numerosos informadores manejaban y mencionaban en privado, pero con ganas de que se hicieran públicas, relaciones con media docena de nombres -a veces más- de periodistas y funcionarios de diversos medios de información. Se trataba siempre de listas oficiosas, a menudo repetidas con estupefacción pero en las que, si había mala intención, era fácil incluir a los adversarios, o a los competidores, aunque nunca se descartó que fueran originadas en los sótanos o en los corredores, de una PGR cuya depuración apenas ha comenzado.

Las listas llegaron a aparecer en algunas publicaciones, por ejemplo en Novedades de Yucatán el 3 de junio y luego en Novedades en la columna que firma Juan Ruiz Healy, así como en Proceso y La Jornada. En algunos casos, aparecían en papel membretado de la PGR pero sin datos que permitieran ubicar claramente de dónde habían surgido. La Procuraduría tuvo que desautorizarlas, pero ya se había desatado una suerte de juego encubridor de los problemas auténticos. Si se trataba de confundir, se logró aunque fuera en parte. Con los narcoperiodistas -como el ingenio de las redacciones bautizó inmediatamente a este fenómeno- estaba comenzando a suceder lo que con los narcosatánicos: el asunto era tan espectacular que se apreciaban más sus contornos inusitados -el escándalo a priori, la gana morbosa pero efectista y efectiva para conocer delitos en personajes públicos- que el fondo del problema que es, sin más, el poder enorme del narcotráfico. La demora en la PGR para ofrecer conclusiones sobre los informadores posiblemente involucrados en delitos, favoreció la especulación. Los mencionados en listas, publicadas en la prensa o hechas semipúblicas en el run-run del chisme instantáneo, se involucraron entonces en un intercambio a veces críptico, pero siempre agresivo, de aclaraciones y nuevas exigencias.

El día que se anunció la captura de El Chapo Joaquín Guzmán (uno de los narcotraficantes más buscados) el director del diario El Financiero, Rogelio Cárdenas, dijo en Los Pinos que todos los editores allí presentes estaban preocupados por las “generalizaciones” de la Procuraduría sobre los periodistas. No todos tenemos esas preocupaciones, respondió a la siguiente semana, el 14 de junio, el director de El Día, José Luis Camacho: “En algunos medios escritos la generalización sobre el narcoperiodismo les ha dado pretexto para desgarrarse las vestiduras y denunciar persecuciones de la prensa, y en el extremo del delirio se ha reclamado airadamente la renuncia del doctor Carpizo”. El 7 de junio El Universal, en un editorial de primera plana, había dicho que si Carpizo no aclaraba el asunto del narcoperiodismo, entonces debía renunciar.

Entre la primera alusión a la posible complicidad de periodistas y narcos y los reclamos que llegaban a sugerir la renuncia del procurador, ocurrieron algunas otras cosas. El 12 de abril habían matado en Cancún al exjefe policiaco Rafael Aguilar Guajardo, convertido en jefe del narco de Ciudad Juárez; poco después son decomisadas 7.3 toneladas de cocaína escondidas en latas de chiles jalapeños; el 27 de abril en una balacera en Naucalpan muere un tío de Rafael Caro Quintero; al día siguiente el exprocurador de Justicia de Sinaloa, Francisco Alvarez Fárber, es asesinado en el Parque Hundido de la ciudad de México; el 24 de mayo el cardenal Juan Jesús Posadas y otras seis personas mueren durante un enfrentamiento en el aeropuerto de Guadalajara; el 28 de mayo mueren dos personas en un enfrentamiento en Tijuana, donde se descubriría un túnel de 350 metros que atravesaba la frontera a Estados Unidos; el 3 de junio hay otra balacera en las afueras de Guadalajara; el 6 de junio el jefe de la policía judicial de Jalisco es acusado de cómplice de los narcos; el 10 de junio Carpizo anuncia la captura de El Chapo Guzmán en Guatemala y, en El Salvador, se decomisan 5 toneladas de coca; el 15 de junio se da a conocer la destitución de 67 empleados de la PGR. Están pasando muchas cosas. El del narcoperiodismo no es un asunto al margen del auge del narcotráfico y de la mayor eficacia en su persecución. Pero tampoco es un tema aislado de las prácticas corporativas del gremio de los informadores, habituado a criticar a otros pero no a que duden de los suyos.