Anuario de la corrupción 2021.
Los casos de corrupción y la respuesta de siempre

El 2021 marcó la mitad del camino en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con tres años transcurridos es posible identificar las tendencias del actual gobierno y prever los resultados para el tiempo faltante. Una de las más claras y preocupantes es la falta de políticas públicas y acciones claras para combatir la corrupción, a pesar de haber sido una de las principales banderas de campaña del presidente. Los resultados a medio camino en esta materia han sido mucho más discursivos que efectivos.

El presidente ha mostrado un triunfalismo que se repite en casi todas sus intervenciones públicas: la corrupción ha quedado erradicada de la vida pública, ya no hay corrupción, aunque les dé coraje a los “conservas”, ya se acabó porque el presidente no es corrupto y no tolera a los corruptos. Gracias a la honestidad presidencial y el poder de su ejemplo, todos los vicios del sistema político mexicano han quedado neutralizados; la corrupción ya no se fomenta de arriba para abajo.

Lo cierto es que según prácticamente todas las encuestas especializadas —de percepción ciudadana o de medición de actos de corrupción— señalan que México o bien ha retrocedido o bien se ha estancado en materia de corrupción e impunidad. Más aún: la política anticorrupción fue reprobada en abril de 2021 (El Financiero) por la mayoría de los ciudadanos (59 %) y las expectativas de que siga igual o empeore alcanza el 51 % (Reforma). Más recientemente, Consulta Mitofsky (enero 2022) publicó que 79 % de la población piensa que hay mucha o regular corrupción y sólo 17 % poco o nada.

Ante los casos de corrupción, la respuesta ha sido la misma: descalificar a los denunciantes y justificar y proteger a los involucrados cercanos al movimiento político de López Obrador y a su equipo de gobierno.

En el recuento de los escándalos de corrupción e impunidad de 2020 (nexos, febrero 2021) se demostró la distancia entre los dichos y los hechos. En esta entrega, correspondiente a 2021, la diferencia vuelve a manifestarse. Los casos hablan por sí mismos y los conocemos gracias a la labor de los académicos, la sociedad civil y el periodismo de investigación.


Enero

Gobierno federal remodela estadio para equipo de beisbol de Pío López Obrador

En enero de 2021, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) asignó un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio de beisbol del equipo Guacamayas de Palenque, fundado y dirigido por Pío López Obrador, hermano del presidente. El contrato fue asignado a la empresa Alz Construcción para construir nuevas tribunas, palcos, locales, baños y vestidores. Legalmente, la marca del equipo de beisbol es propiedad de Pío López Obrador ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desde 2017. Esto le permite explotar comercialmente los servicios de entretenimiento y actividades deportivas.

Ilustraciones: Víctor Solís
Ilustraciones: Víctor Solís

Febrero

Funcionarios de la Cuarta Transformación firmaron contratos con Odebrecht en 2006

MCCI difundió documentos enviados por el Ministerio de Justicia de Andorra a México sobre presuntos sobornos pagados por Odebrecht en la construcción de la presa Francisco J. Múgica en Michoacán durante 2006.

Uno de los funcionarios que firmaron los contratos con la empresa brasileña fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien, en febrero de 2021, se desempeñaba como titular del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República. El presidente López Obrador dijo que se iniciaría una investigación al respecto y ese mismo mes fue anunciada la baja de Mendoza. Sin embargo, en septiembre fue recontratado como director de área en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Proceso contra senador acusado por Lozoya

El exsenador del PAN Jorge Lavalle fue detenido y puesto en prisión preventiva, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. El proceso contra Lavalle fue disparado por la denuncia hecha por Emilio Lozoya a más de sesenta personas. El exsenador sigue su proceso penal y en los últimos días de octubre un tribunal colegiado suspendió por tiempo indefinido la apertura del juicio en su contra. Después de habérsele negado en diciembre, Lavalle obtuvo una orden judicial para tener acceso a las declaraciones patrimoniales de Emilio Lozoya durante su gestión como director de Pemex.

El primer año de AMLO y la ASF: 100 000 millones de pesos de irregularidades

La revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del primer año de gobierno de López Obrador identificó 100 914 millones de pesos de recursos federales que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos. Hasta febrero de 2021 —cuando se publicó esta noticia—, 98.1 % de estos recursos continuaban sin ser justificados o regresados a la Tesorería, según una investigación de MCCI. Esto rebasa al que era el punto más alto: 84.2 % (2018). La mayor cantidad, 55 000 millones, se concentra en el dinero federal transferido a los gobiernos locales. Destaca que las siete entidades donde gobernaban Morena y sus aliados en ese momento sumaban 43 % de las irregularidades. En contraste, los gobiernos del PRI, que gobernaban doce entidades, tenían 17 %.

Caso Agronitrogenados

Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), fue extraditado desde España a México el 3 de febrero de 2021 e ingresó al Reclusorio Norte. Ancira fue acusado de vender con un sobrecosto de 200 millones de dólares la planta Agronitrogenados a Pemex y el pago de un presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex; sin embargo, el 19 de abril, Ancira fue puesto en libertad tras alcanzar un acuerdo reparatorio con Pemex en el que pagaría más de 216 millones de dólares para desechar las acusaciones en su contra.

En agosto, Petróleos Mexicanos dio a conocer que Ancira no había realizado los pagos acordados. Durante los primeros días de septiembre, el presidente López Obrador informó que el propietario de AHMSA había prestado su avión y lo había cargado como viáticos al exgobernador de Coahuila y actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

En diciembre, un juez dio por cumplido el primero de tres pagos por 50 millones de dólares que forma parte del resarcimiento de daños por parte de Altos Hornos de México.


Marzo

Compra gobierno federal jeringas para vacuna de covid a empresa de corporativo sancionada por colusión

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que se encarga de la vacunación, compró 10 millones de pesos en jeringas para aplicar la vacuna de covid-19 a DL Médica S. A. de C. V., una empresa del Corporativo DL, que ha sido señalado por colusión en licitaciones públicas. El Corporativo DL es un conjunto de diez empresas de insumos para la salud, entre ellas Dentilab. Ésta última fue sancionada tres veces por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y en 2018 por la Secretaría de la Función Pública. Tanto DL Médica como Dentilab venden insumos a instituciones federales de salud y sus delegaciones estatales. El Corporativo DL ganó en los últimos dos años al menos 900 millones de pesos en contratos públicos de venta de material de curación.

Crédito millonario a Argos

Mientras muchas empresas luchaban por sobrevivir como consecuencia de la pandemia, el gobierno afirmó que no habría rescate a empresarios, sin embargo, López Obrador hizo una excepción. Según una investigación de LatinUs, a mediados de 2020, el banco gubernamental Bancomext otorgó un crédito de 150 millones de pesos a Argos, la productora de televisión del principal propagandista del gobierno, Epigmenio Ibarra, y lo hizo creando un fideicomiso para él. Al hablar de ello en su conferencia matutina, López Obrador afirmó: “Puede ser cierto porque Nacional Financiera y Bancomext dan créditos a las empresas y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 mdp”.


Abril

Subsecretaría pedía aportaciones en efectivo a sus subordinados en el DIF

La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación por denuncias recibidas en contra de la entonces directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García Pérez —nombrada en enero de 2022 subsecretaria del Bienestar— y dos de sus colaboradoras. García Pérez fue acusada de obligar, al menos desde 2019, a funcionarios del DIF a entregar entre 2 y 4 % de su salario como condición para mantener su empleo.

Un cálculo elaborado por Animal Político consideró que las entregas ascenderían a más de 650 000 pesos mensuales en total. García Pérez decía que el dinero entregado en efectivo era para el “Programa Ahijado” del que no hay registro oficial en el DIF. Los trabajadores de la institución recibieron de la directora un documento con las tarifas que debían aportar dependiendo de su plaza. Éstas iban desde 3000 pesos para una dirección general hasta 500 pesos para soportes administrativos.

Desafuero del gobernador Cabeza de Vaca

La Cámara de Diputados aprobó retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por la FGR. El Congreso local de Tamaulipas determinó que no procedía la declaración de procedencia. Derivado de este procedimiento surgió una controversia entre la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo del estado: de acuerdo con la Cámara de Diputados, el gobernador ya no contaba con fuero y podía ser detenido; mientras que el Congreso local consideró que el fuero del gobernador se mantenía.

El Congreso de Tamaulipas presentó una controversia constitucional ante la SCJN para determinar si el gobernador tiene fuero o no. La Suprema Corte admitió la controversia en julio y hasta el cierre de 2021 seguía pendiente su resolución. Por su parte, la FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del mandatario. Cabeza de Vaca interpuso un amparo y, a finales de dicho mes, un juez federal concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva para que no surtiera efectos la orden de aprehensión hasta en tanto se aclarara la cuestión competencial respecto al procedimiento de desafuero.

Entre las acusaciones que se formularon en contra del mandatario figura el testimonio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien lo acusó por recibir sobornos para aprobar la reforma energética. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron una carpeta de investigación sobre triangulaciones financieras por más de 42 millones de pesos en 2019 de una empresa fantasma al gobernador. La FGR afirmó que como mandatario encabezó una organización criminal para lavar dinero a través de contratos públicos otorgados a sus socios, así como también se le acusó por defraudación al fisco de al menos 6 millones de pesos.

El diputado Saúl Huerta es acusado por abuso sexual

Saúl Huerta, diputado federal por Morena, fue detenido en un hotel de Ciudad de México después de que un menor de edad que trabajaba para él lo denunciara por abuso sexual. Huerta fue puesto en libertad luego de que sus abogados acreditaron su cargo como diputado federal.

El 11 de agosto la Cámara de Diputados avaló quitarle el fuero a Huerta y ocho días después fue detenido. Luego de su detención recibió otra denuncia de un joven de 18 años por causas similares a la registrada en abril. Sin embargo, este segundo proceso fue suspendido en enero de 2022, en tanto se resuelven los amparos presentados por el exdiputado y la presunta víctima. Huerta está en el Reclusorio Oriente en prisión preventiva.


Mayo

Desplome de la Línea 12 del Metro

Un vagón de la Línea 12 del metro de Ciudad de México se desplomó después de que colapsara un tramo del paso elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco. Veintiséis personas perdieron la vida y al menos ochenta fueron hospitalizadas. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, prometió una investigación independiente a cargo de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) para conocer las causas del incidente.

La Línea 12 fue inaugurada en 2012 —por Marcelo Ebrard aún como jefe de Gobierno de Ciudad de México y con Jorge Arganis Díaz Leal, entonces secretario de Obras Públicas y Servicios y actual secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes— con obras inconclusas, con un 70 % de sobrecosto y en medio de una gran desorganización en la gestión del proyecto.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno de Ciudad de México, el metro sufrió una reducción presupuestal de 5 % y, más adelante, reportó un subejercicio por más de 588 millones de pesos. El presupuesto del metro ha sufrido varias reducciones desde 2019 y en 2021 tenía asignados 22 % menos recursos que en 2018, en términos reales. El presupuesto aprobado para 2021, de poco más de 15 000 millones de pesos, fue el más bajo desde 2012. Sin embargo, un día después del accidente y a la pregunta expresa de un periodista sobre la existencia de subejercicios en el presupuesto del metro, Sheinbaum dijo: “No sé de dónde tomas este dato (…) Pero no ha habido una disminución del presupuesto ni un subejercicio”. El 28 de junio la directora del metro, Florencia Serranía, fue removida de su cargo y sustituida por Guillermo Calderón Aguilera.

En septiembre DNV entregó el dictamen técnico final, el cual determinó que el pandeo de vigas por falta de pernos causó el colapso y destacó que la estructura compuesta operaba como dos vigas paralelas independientes que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas. Y en octubre, la fiscalía de Ciudad de México presentó su propio peritaje en el que concluyó que el desplome se debió a errores en su diseño y construcción. Ese mismo mes, presentó acusaciones en contra de diez personas, entre las que destaca Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro. En noviembre, una jueza federal suspendió cualquier orden de captura que pueda existir contra el exdirector. Finalmente, en diciembre, la defensa de Horcasitas y otros cuatro acusados señaló que estaban interesados en llegar a un acuerdo.


Junio

La Estafa Verde

Una investigación de MCCI documentó que el gobierno de Chiapas, encabezado por el actual senador del Partido Verde Manuel Velasco, realizó operaciones inexistentes o simuladas con seis empresas fantasma por más de 500 millones de pesos. La investigación también señaló que esta información fue detectada en auditorías realizadas por el SAT entre 2019 y 2020.

MCCI documentó tres irregularidades sobre estas empresas: primero, recopiló testimonios de personas a las que les fueron robadas sus identidades para registrar a estas empresas fantasma; segundo, detectó que los domicilios proporcionados en realidad no existen, y tercero, detectó que al menos dos firmas utilizadas por el gobierno de Chiapas fueron parte del esquema de desvíos de la Estafa Maestra: Factibilidad Empresarial y Esger.

La SFP de Irma Eréndira Sandoval pagó pruebas covid caras a empresa sin empleados

Una empresa sin empleados, que tiene su domicilio en la parte superior de una tienda de abarrotes, vendió a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, pruebas de antígenos para detectar covid a un precio tres veces más caro de lo que cotizaron el IMSS (11 625 pesos contra 3100 pesos) por pruebas de características idénticas, de acuerdo con un cotejo realizado por MCCI.


Julio

Otro video de otro familiar del presidente

LatinUs presentó un video de 2015 en el que se aprecia a Martín Jesús López Obrador, hermano del presidente, recibiendo 150 000 pesos en efectivo por parte de David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil para el gobierno de AMLO y excoordinador de Comunicación del Partido Verde. León cuenta el dinero en frente del hermano del presidente y se lo entrega en un sobre. Martín López Obrador dice, al final del video, que ese dinero es de su hermano. En 2020, el mismo medio mostró dos videos en los que David León entregó dinero a otro hermano de López Obrador, Pío.

Un día después de la publicación del video, David León escribió en su cuenta de Twitter que el dinero entregado a Martín Jesús era un préstamo personal que provenía de sus ahorros. Por su parte, el presidente López Obrador señaló que se trataba de una campaña negra con la intención de perjudicarlo y calificó al periodista Carlos Loret de Mola como corrupto. Finalmente, el mandatario llamó a que se hicieran las denuncias si existían pruebas. Como pasó con las acusaciones contra otros familiares del presidente López Obrador durante el año pasado, el caso no tuvo ninguna consecuencia.

José Luis Vargas: el magistrado acusado y removido

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas y algunos de sus familiares por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019.

El 15 de julio la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) decidió no ejercer acción penal contra el magistrado y concluyó que no había elementos de delito. El magistrado expuso que algunos de los bienes que habían sido denunciados como suyos en realidad eran de su esposa, Mónica Bauer Mengelberg. La UIF presentó una nueva querella contra el magistrado y su esposa por transferencias irregulares al extranjero. El 30 de julio, un juez federal ordenó a la FGR reabrir la investigación y revocó la decisión de no ejercitar acción penal. El 9 de agosto Vargas renunció como presidente del TEPJF después de ser revocado del cargo por cinco de sus pares magistrados.

Corrupción en Segalmex

MCCI dio a conocer que entre 2019 y 2020 Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, otorgó mediante adjudicaciones directas casi 800 millones de pesos a una red de seis empresas, durante la gestión de René Gavira como director de Administración y Finanzas. Los socios de estas firmas estaban involucrados en manejos irregulares de fondos públicos o habían participado en empresas reconocidas como fantasma.

En enero, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, separó de sus cargos a diversos servidores públicos de Segalmex, Diconsa y Liconsa.

Por otra parte, MCCI documentó un contrato multianual de Segalmex por 245 millones para el arrendamiento de equipo de laboratorio con Micro Credit, una empresa sin empleados registrados ante el IMSS, vigente desde octubre de 2019 y hasta septiembre de 2022. Esta empresa subcontrató a su vez a Multicorporación Brexot, una empresa inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por entregar fuera de tiempo 250 ventiladores mecánicos al ISSSTE para hacer frente a la pandemia de covid-19. La investigación de mercado realizada por la dependencia para otorgar la adjudicación consideró a otras empresas que han sido representadas legalmente por el actual apoderado de Micro Credit.


Agosto

La empresa de Bartlett jr. obtiene contrato de Sedena sin que haya terminado el proceso en su contra

En julio de 2020, la Secretaría de la Función Pública determinó dos inhabilitaciones a la empresa de León Manuel Bartlett (hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz), Cyber Robotic Solutions, por 24 y 27 meses, más dos multas que suman dos millones de pesos. Las causas fueron haber vendido ventiladores al IMSS para tratar a pacientes con covid-19 a un precio fuera del rango del mercado, no cumplir las especificaciones técnicas y haber proporcionado información falsa para ganar contratos. Sin embargo, de enero a agosto de 2021, Cyber Robotic Solutions ha recibido al menos siete contratos por parte de la administración pública federal, los cuales suman 66.4 millones de pesos, según constató LatinUs. Entre estos contratos sobresale el que la Sedena le adjudicó de forma directa por 31.1 millones de pesos para surtir material de cirugía robótica.

Lomelí burla castigo con red farmacéutica

La empresa Laboratorios Solfrán, del exsuperdelegado Carlos Lomelí, fue vetada por la SFP hace dos años de las compras públicas por falsear información, pero eso no impidió que sus medicamentos se siguieran vendiendo al gobierno federal. MCCI identificó que Solfrán utilizó una red de intermediarias para eludir la sanción. Tan sólo siete de sus distribuidores obtuvieron 57 contratos posteriores a la sanción por 11.5 millones de pesos para vender los fármacos al IMSS, 56 de los cuales fueron por adjudicación directa y sólo uno por licitación.


Septiembre

Secretaria de Educación retenía salarios en Texcoco

El 3 de septiembre, el INE sancionó con 4.5 millones de pesos a Morena por retener el 10 % del salario a 550 empleados del ayuntamiento de Texcoco y del DIF municipal durante la administración de Delfina Gómez (2013-2015), actual secretaria de Educación Pública. Los descuentos duraron hasta julio de 2015 y suman más de 12.8 millones de pesos. Animal Político documentó que 4.2 millones de pesos de estos recursos fueron destinados a proveedores de las campañas de Delfina Gómez. El INE sólo pudo comprobar que 2.1 millones de pesos de esos recursos se pagaron a proveedores de Morena sin haberlos reportado a la autoridad electoral.

El 12 de enero de 2022, el TEPJF confirmó dicha multa por el financiamiento ilegal de Morena. El presidente respaldó a Gómez y consideró que había una campaña injusta en su contra por las elecciones venideras en el Estado de México: “Esta señora, esta mujer es honesta, digna; es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación”.

Álvarez Puga y Gómez-Mont: desvío de recursos públicos y evasión fiscal

Un juez federal ordenó la aprehensión de Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y dueño de varias empresas, y de su esposa Inés Gómez-Mont, conductora de televisión, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República señala que Puga, su hermano y Gómez-Mont están implicados en el uso de empresas fantasma para facilitar la evasión de impuestos, desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

De acuerdo con la investigación, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, habría otorgado contratos por casi 3000 millones de pesos, entre 2016 y 2017, que llegaron a compañías vinculadas con los hermanos Álvarez Puga mediante más de 1400 operaciones. A finales de ese mismo mes fueron emitidas órdenes de aprehensión contra diez personas ligadas a este mismo caso, entre quienes estaban funcionarios públicos de la Secretaría de Gobernación.

El 19 de octubre, la Interpol emitió una ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez-Mont. Además, el SAT presentó una denuncia por posible defraudación fiscal en contra de ambas personas, debido a anomalías entre sus movimientos y declaraciones fiscales por 14 millones de pesos entre 2015 y 2019.

El caso de las inundaciones en Tula, Hidalgo, en las que murieron diecisiete personas continúa en la impunidad

Como consecuencia de las inundaciones en Tula de Allende, Hidalgo, murieron ahogados diecisiete pacientes del Hospital del IMSS. Muchas voces explicaron que esto se pudo haber evitado. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una investigación para determinar si existieron actos de negligencia o de corrupción por parte de funcionarios de los tres niveles de gobierno. A pesar de que en noviembre el gobierno reconoció en un informe que la inundación de Tula se debió a la descarga en exceso de agua del Valle de México, hasta la fecha no ha habido responsables.


Octubre

Pandora Papers

Quinto Elemento Lab y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicaron una investigación basada en la filtración de 11.9 millones de documentos que revelan que más de tres mil mexicanos trasladaron fortunas personales a paraísos fiscales. Esta filtración involucra a diez veces más mexicanos que los dados a conocer en los Panama Papers de 2016. Entre ellos destaca Armando Guadiana Tijerina (senador por Morena), quien creó un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas, con acciones por más de 28 millones de dólares, que no fue reportado en su declaración patrimonial. El senador señaló que no fue registrado por un error de sus contadores. También figura Julia Abdalá (pareja de Manuel Bartlett), dueña de diez mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficina.

El proceso penal contra Emilio Lozoya

MCCI dio a conocer nuevos sobornos entregados por Odebrecht a Lozoya por 9.2 millones de dólares. También reveló la participación del exfuncionario en proyectos mineros internacionales y transacciones sospechosas desde Suiza a una fábrica de mezcal de su hermano. Por otra parte, Lozoya fue retratado cenando en un lujoso restaurante de una zona exclusiva de la Ciudad de México. Estas imágenes provocaron varias críticas en contra de la actuación de la Fiscalía General de la República.

El 3 de noviembre de 2021, Lozoya fue detenido y enviado al Reclusorio Norte luego de que la FGR y la UIF solicitaron modificar la medida cautelar en su contra: de un brazalete electrónico a prisión preventiva.

En enero de 2022, la fiscalía acusó formalmente a Emilio Lozoya por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht. La FGR también solicitó la apertura del juicio oral en su contra y la imposición de las penas máximas para cada delito, por su nivel de responsabilidad pública y su nivel de involucramiento. En total, podrían ser hasta 39 años de cárcel. La fiscalía también acusó a Gilda Austin, madre de Lozoya, por lavado de dinero y asociación delictuosa, con hasta 25 años de prisión.

La opacidad del programa Sembrando Vida

Sembrando Vida es uno de los programas insignia del gobierno y ha destinado 72 434 millones de pesos en casi tres años de operación. Los beneficiarios reciben 5000 pesos mensuales, de los cuales, obligatoriamente, les descuentan el 10 % para crear un ahorro. Según un reportaje publicado por Expansión-Connectas, la Secretaría de Bienestar no informa ni rinde cuentas a los campesinos de dónde está su dinero ni qué hace con él. Hasta la fecha de la publicación, la dependencia acumulaba 4200 millones de pesos en ahorros de los beneficiarios. Además, el programa incluye a 426 000 beneficiarios, muchos de los cuales aseguran irregularidades administrativas y el condicionamiento de los beneficios, pero temen represalias si denuncian. Sólo ha habido 97 denuncias, de las cuales tres han sido concluidas y fueron cerradas por falta de elementos; sin embargo, 51 000 campesinos han sido dados de baja.

La empresa fantasma que creció a la sombra de Morena

La empresa Servicios Logísticos HMC Negrete, de la que es dueño Marco Antonio Negrete, ha sido identificada por la actual administración del SAT como simuladora de operaciones (coloquialmente facturera o fantasma); sin embargo, los contratos con Morena y con gobiernos de este partido han superado los 30 millones de pesos (MCCI). El dueño de la facturera presume en redes sociales su cercanía con políticos de ese partido y hasta con el presidente. Incluso, uno de sus exempleados, Gabriel Rodrigo Violante Durán, es ahora jefe de área en la vocería de la Presidencia: prepara las giras del presidente López Obrador por todo el país.

El cuñado gestor

Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayudó al alcalde del municipio de Tamazula, Jalisco, a gestionar 25 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda, según reveló el propio presidente municipal durante un informe de labores. MCCI corroboró que, en los primeros días del gobierno de López Obrador, Banobras autorizó financiamiento federal adicional a este ayuntamiento para pagar un adeudo y comprar luminarias.


Noviembre

Irregularidades en los contratos del AIFA

LatinUs revisó 966 contratos relacionados con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía; 70 % de esos contratos fueron asignados mediante adjudicación directa. La revisión encontró empresas fantasma, direcciones falsas y compañías dedicadas a otros rubros diferentes a la construcción. En total, empresas con irregularidades tuvieron asignados contratos por 78 millones de pesos. Dos de los casos más destacados son el de Eficaren Eficiencia y Calidad en Rentas, un negocio dedicado a la renta de juegos inflables que entró como proveedor de tractocamiones, y el de Luis Soto Montoya, quien es la persona que más ha recibido contratos con un total de veintidós adjudicaciones por 78.8 millones de pesos para la compra de material hidráulico; sin embargo, la dirección de Soto Montoya que aparece en los contratos es la de una pequeña tlapalería.

Los Centros de Desarrollo Infantil: una historia de desvíos

El 17 de noviembre de 2021, MCCI publicó que de 2019 a 2022 los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) han recibido 3000 millones de pesos del presupuesto federal a pesar de que este programa ha sido sujeto de investigaciones por parte de la entonces PGR y del INE por presunto desvío de recursos públicos, así como de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de Auditorías estatales. Además, muchas obras pagadas con presupuesto oficial nunca se concluyeron y tienen más de una década abandonadas. Los Cendis están vinculados desde su origen al líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y a su esposa.

El acuerdo presidencial para acelerar trámites

El presidente López Obrador y dieciocho secretarios de Estado publicaron un acuerdo para declarar los proyectos de infraestructura a cargo del gobierno como de interés público y seguridad nacional. El acuerdo instruye otorgar todas las autorizaciones necesarias para iniciar las obras dentro de los primeros cinco días de ser solicitadas; en caso de que no reciban respuesta, se entenderán como concedidas hasta por un año en lo que se obtienen las autorizaciones definitivas.

Días después, el pleno del INAI acordó presentar una controversia constitucional en contra de este acuerdo argumentando que la clasificación de la información de forma previa está prohibida por la ley. Además, los comisionados señalaron que la seguridad nacional es un supuesto para reservar información pública, por lo que podría vulnerarse el derecho de acceso a la información.

El 14 de diciembre, el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá aceptó la controversia presentada por el INAI y concedió la suspensión solicitada por el instituto a efecto de que la información de los proyectos de obra no pueda ser clasificada como de seguridad nacional.

La Fábrica de Chocolate del hijo de AMLO

En una investigación conjunta entre Aristegui Noticias y Proceso se reveló que, casi cuatro meses después que el presidente anunciara la creación del programa Sembrando Vida, su hijo Andrés Manuel López Beltrán solicitó el registro de la marca Rocío, para vender chocolate prémium. Además, López Obrador nombró como director técnico del programa a Hugo Chávez Ayala, exportador de cacao, empresario, compañero de escuela de su hijo Andrés López Beltrán y muy amigo de la familia. La investigación señala que este programa ha impulsado el cultivo de cacao en Tabasco, a pesar de que la comunidad no escogió ese cultivo y no exista justificación para ello, a fin de beneficiar a la fábrica de chocolates del hijo del presidente y al empresario Chávez Ayala.


Diciembre

Secretario particular de AMLO participó en el fraude de Morena con el sismo

MCCI y LatinUs revelaron videos que muestran a Alejandro Esquer, secretario particular del presidente López Obrador desde 2018; a Denis Vasto, actual encargada de finanzas de la oficina de la Presidencia; y a otras cuatro personas realizar veintiocho depósitos en efectivo. El 28 de diciembre de 2017, este grupo depositó en 20 minutos 1 400 000 pesos al fideicomiso Por los Demás, anunciado por Morena para apoyar a las personas damnificadas por los terremotos de ese año.

Un informe elaborado por el INE encontró que de los 64.5 millones de pesos que recibió el fideicomiso, 44 % provinieron de depósitos en efectivo, a pesar de estar prohibidos por su contrato. El informe señala que los depósitos eran realizados por grupos pequeños de personas que se formaban varias veces en una misma sucursal, como lo hicieron Esquer y Vasto.

El INE también detectó que los recursos fueron retirados mediante cheques entregados a 70 personas, de las cuales 56 militaban en Morena. De acuerdo con el Comité del Fideicomiso, estas personas entregaron apoyos a 27 000 damnificados. MCCI y LatinUs encontraron que 34 de estos operadores ocuparon un cargo en el gobierno federal tras la toma de protesta de López Obrador. Cuatro fueron nombrados superdelegados en Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Puebla.

Luego de la investigación, el presidente López Obrador señaló que el Tribunal Electoral “en su momento resolvió que no había ningún delito”. Esto es falso. En 2018, el Tribunal revocó la multa contra Morena por 197 millones de pesos argumentando que el INE no agotó la investigación y violó los derechos de audiencia del partido, pero no resolvió el fondo del asunto.

Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero son acusados de enriquecimiento inexplicable

Reforma dio a conocer una denuncia presentada ante la FGR en contra de Santiago Nieto por presunto enriquecimiento ilícito. Entre 2019 y 2020, Nieto adquirió una casa de 24 millones de pesos al sur de Ciudad de México, otra en la ciudad de Querétaro, un departamento en Santa Fe de más de 8 millones de pesos y un auto de lujo por medio millón de pesos. El propio Santiago Nieto reconoció que la vivienda al sur de Ciudad de México fue adquirida mediante un crédito hipotecario conjunto con su esposa Carla Humphrey. De acuerdo con estimaciones hechas por el periódico, los pagos mensuales por hipoteca superarían tres veces el salario que percibía Nieto como titular de la UIF.

Ese mismo día, El Universal dio a conocer que la UIF había documentado gastos del fiscal Alejandro Gertz Manero por 109 millones de pesos entre 2013 y 2021. Estos recursos habían sido destinados a comprar automóviles de lujo, realizar transferencias internacionales a España y Estados Unidos, así como cobros millonarios en cheques. Ese día, más tarde, la UIF a cargo ahora de Pablo Gómez, señaló en un comunicado que la información publicada por el periódico era “completamente falsa”. Un día después, El Universal insistió en que la investigación de la UIF documentaba que una inmobiliaria de la que es socio Gertz recibió 16.4 millones de pesos entre 2019 y 2020.

El 20 de diciembre, la FGR abrió una carpeta de investigación en contra de Nieto y Humphrey en la que ordenó a la Secretaría de la Función Pública entregar toda la información que posea sobre ambas personas.

Moches en la CRE para acelerar trámites

Funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fueron acusados de cobrar moches que iban de los 200 000 a los 500 000 pesos para acelerar trámites de permisos de gasolineras. En 2020 y 2021, el Órgano Interno de Control de la CRE recibió una serie de denuncias que señalan a José Alberto Celestinos, excomisionado de la CRE y funcionario cercano a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, como principal operador de esta red de corrupción. LatinUs publicó audios en los que se escucha a representantes de empresas contar cómo dieron los sobornos.


 

Durante 2021, la respuesta de quienes están al frente del gobierno ante las evidencias por actos de corrupción no fue distinta a la de 2019 o 2020. Si de los allegados al gobierno se trata, los usos y costumbres dictan una de las siguientes respuestas:

• Descalificación de los denunciantes

• Abstención de investigación por parte de las autoridades

• Ausencia de denuncias de presuntos delitos (aún los que se debieran perseguir de oficio)

• Falta de resultados en los pocos delitos denunciados

• Exoneración pública a través de la palabra presidencial en las mañaneras.

Para este año no cabe sino esperar más de lo mismo o algo peor. Se ha propuesto el debilitamiento de las principales instituciones dedicadas al esfuerzo anticorrupción ya sea públicas o privadas. Destacan la iniciativa para desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que es la pieza ciudadana del Sistema, hasta la descalificación de las organizaciones de la sociedad civil.

En 2022 merecerán especial atención las grandes obras de infraestructura del gobierno federal. El gobierno publicó un acuerdo que buscaba restringir la transparencia de los documentos públicos sobre estas obras, que atinadamente fue detenido por la Suprema Corte.

La conclusión es inevitable: la corrupción y la impunidad siguen presentes como siempre.

 

En esta investigación participaron Ricardo Alvarado, Javier Martínez, Leonardo Núñez González y Claudia Torres.

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Publicado en: 2022 Abril, Agenda

2 comentarios en “Anuario de la corrupción 2021.
Los casos de corrupción y la respuesta de siempre

  1. Gran trabajo que si bin se conocerán algunas corrupciones de este gobierno que que se autonombró NO CORRUPTO, vemos que es igjual o peor que los otros.Y como dijo un ex prsidente”la corrupción,msomos totosd”mal de muchos consuelo de tontos

  2. Creo que los medios de comunicación están jugando un papel muy relevante al no dejar de señalar las acciones que muestran claramente los actos de CORRUPCION que se siguen cometiendo en México.
    Permite que los ciudadanos no dejemos de “ver” lo que realmente pasa

Comentarios cerrados