Al igual que sus predecesores, en el rubro de la seguridad pública López Obrador ha fracasado hasta ahora en lo medular: poner fin a la crisis de violencia homicida generada por el crimen organizado. 2021 cerró con unos 33 000 o 34 000 homicidios dolosos, prácticamente la misma cifra que la del último año del gobierno de Peña Nieto, récord en materia de homicidios.
No todos los resultados de este gobierno en materia de seguridad han sido desastrosos. La delincuencia común ha disminuido de forma perceptible, en parte por la pandemia y el cierre de actividades, que contribuyeron a la disminución de algunos delitos como los robos en la calle y en el transporte público: de 2019 a 2020, cayeron 24 %.
El indicador más contundente de que la delincuencia común ha disminuido es que los mexicanos nos sentimos más seguros. De acuerdo con el más reciente levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Inegi, en septiembre pasado, el 64.5 % de la población de las principales ciudades del país dijo sentirse insegura. Dicho porcentaje no sólo es significativamente menor que el de diciembre de 2018 (73.7 %), sino que es el más bajo de toda la serie histórica de la ENSU, que comenzó en 2013.
A partir de diciembre de 2018 hubo un cambio en la forma de operar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal (que, a la par, se transformaba en Guardia Nacional). A pesar de la supuesta militarización de la seguridad, en los hechos observamos que con López Obrador la fuerza pública se alejó gradualmente de la lógica de guerra de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto.
El rasgo más notorio de este viraje ha sido la ausencia de episodios como los de Tlatlaya en 2014 (la ejecución extrajudicial de veintidós personas por parte de elementos de la Sedena) o Tanhuato un año después (otra ejecución extrajudicial masiva, de 42 personas, esta vez perpetrada por policías federales). Las cifras disponibles confirman que hubo una disminución gradual de las confrontaciones letales entre autoridades y criminales. De acuerdo con Lantia Intelligence, en 2018 se registraron 54 masacres, con cuatro o más muertes, en las que participaron autoridades. Para 2019 la cifra disminuyó a 48 y para 2020, a 36.
Desafortunadamente, lo anterior no se ha traducido en una pacificación del país. Una de las razones del fracaso tiene que ver con la lógica de negocios de los criminales. A principios de este gobierno anticipé que, incluso si el gobierno renunciaba a golpear al crimen organizado, incluyendo los operativos de captura de líderes, la violencia no disminuiría. Aun si quisieran, los grandes líderes del crimen organizado no pueden frenar el conflicto. La violencia es un componente esencial de algunos de sus negocios más rentables, como el cobro de cuota. Los enormes ejércitos privados que han reclutado, instintivamente buscan expandirse y apropiarse de los negocios de organizaciones rivales.
La lección de los últimos tres años es que no habrá un desarme voluntario de la delincuencia. Esto no quiere decir que no haya otras alternativas, más allá del exterminio o de la fantasía de que el problema se resuelve con las capturas de algunos capos famosos. Es posible pensar en escenarios en los que sería factible imponer una reducción de la violencia del crimen organizado.
En primer lugar, creo que en los próximos tres años habrá una oportunidad política para reducir la violencia. A lo largo de este sexenio se ha logrado cierta pacificación de entidades que estaban en una situación crítica en 2018. En términos generales, esta pacificación ha tenido lugar ahí donde gobierna Morena. Es el caso de Ciudad de México, donde los asesinatos del crimen organizado disminuyeron 43 % si se compara el último trimestre de 2018 con el tercer trimestre de 2021. Sucedió también algo parecido en estados que podríamos llamar de oposición “nominal”, donde el gobernador buscó mantener una postura conciliadora con el gobierno federal. Fue el caso de Héctor Astudillo en Guerrero, el estado donde la violencia letal más disminuyó en términos absolutos.
Por contraste, los homicidios literalmente explotaron en algunos estados con gobiernos que mantuvieron una actitud beligerante hacia el presidente, como Chihuahua y Michoacán, así como en estados que tenían gobiernos de oposición y que fueron incendiados por conflictos criminales, como Sonora y Zacatecas.
Cada caso es distinto. Más allá de afinidades políticas, un factor que pudo tener impacto sobre los niveles de violencia en todo el país fue, por un lado, la desarticulación de la Policía Federal y, por el otro, la gradual consolidación de la estructura de coordinación entre la Guardia Nacional y las autoridades locales, por medio de mesas para la construcción de la paz. Me parece plausible pensar que el gobierno privilegió que esta estructura de coordinación se instalara formalmente y operara ahí donde había un mejor entendimiento político.
En lo que resta del sexenio el gobierno federal tendrá la oportunidad de hacer que el modelo sea funcional en todo el país. Para empezar, por la propia evolución y el crecimiento en términos presupuestales de la Guardia Nacional (un asombroso 70 % en términos reales para 2022). En segundo lugar, porque la mayoría de los gobernadores entrantes son de filiación morenista, incluyendo Sonora y Zacatecas. Y en algunos de los opositores duros que quedan, como Enrique Alfaro en Jalisco, se advierte un mayor interés en colaborar con Palacio Nacional.
En este contexto, se podría lograr en 2022 una disminución de los homicidios si la Guardia Nacional se enfoca en la pacificación de estados con los que pueda establecer una buena relación de trabajo y que actualmente se encuentran en crisis. Serían candidatos lógicos Baja California, Chihuahua, Michoacán, Sonora y Zacatecas, pues concentran hoy el 40 % de los homicidios vinculados con el crimen organizado. Dentro de cada estado se podría trabajar para desarticular a las principales células que generan violencia, como se hizo en Guerrero en 2019. Lo anterior tendría mucho más impacto que el despropósito de dispersar esfuerzos en los cincuenta municipios con más homicidios del país, como se ha manejado hasta ahora.
En segundo lugar, es indispensable reconocer que el problema de fondo que hasta ahora ha impedido una pacificación duradera es de carácter político. Los grupos criminales incurren en todo tipo de excesos porque operan al amparo de las redes de protección que han construido dentro de las propias instituciones del Estado. Ésa es la constante en las comunidades donde la violencia se ha vuelto cotidiana: compadres de los criminales que despachan en los ayuntamientos o en la Fiscalía estatal, intervención de la delincuencia en campañas políticas, corporaciones municipales cooptadas que se esconden cuando reciben aviso de un comando armado de la delincuencia. En 2021 constatamos, como nunca, que el crimen organizado busca ser un jugador protagónico en el ámbito electoral.
Un combate eficaz y duradero de la violencia pasa necesariamente por restablecer la independencia de las autoridades locales y estatales frente al crimen organizado. Ello implicaría, de entrada, un acuerdo entre las cúpulas de todos los partidos, pues ninguna fuerza política se va a lanzar en solitario a asumir el enorme costo político que implicaría. También significaría marginar a muchos y romper lealtades en el interior de los grupos que dominan la política en varias regiones del país.
Eduardo Guerrero Gutiérrez
Socio de Lantia Consultores