Desde 2018 comenzó una época de regresión en la educación nacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador concentró los recursos financieros en políticas asistencialistas, con el consiguiente debilitamiento de instituciones sociales como la Secretaría de Educación Pública. Con el impacto devastador de la pandemia, la educación mexicana sufrió un colapso sin precedentes en la historia moderna de México. Las únicas acciones educativas que el Ejecutivo impulsó fueron: aumentar el número de becas y lanzar un insólito programa para crear, en el lapso de un año, cien universidades para atender a alumnos de poblaciones en situación de marginalidad. Estas instituciones se crearon en el tiempo prefijado, pero ninguna de ellas satisface los requisitos de una verdadera universidad y los servicios educativos que ofrecen son de muy baja calidad académica.
Este escenario de desastre es producto de la política populista. El presidente, un autócrata, concentra en sus manos casi todas las decisiones de gobierno. Dos rasgos de personalidad explican esta deriva: su obsesión por acumular poder político y su concepción truncada de México, al que ve como una sociedad premoderna, rural y artesanal, visión que se asocia a un rechazo de la modernidad y los valores de la Ilustración. Enemigo de las élites, López Obrador rechaza a los profesionales, a los académicos, a los intelectuales, a los científicos, a los expertos y a las clases medias que en conjunto simbolizan el éxito económico y son el principal reservorio moral del país. Esta concepción le ha conducido a dar la espalda a la educación moderna, es decir, a la actividad que se propone desarrollar entre la población las luces y el talento. Talento e inteligencia son —en su sentir— virtudes neoliberales. El presidente sólo ve la educación a través de la lente restringida de la política; su mente, incapaz de crear un nuevo horizonte para el sector educativo, sólo entiende las ventajas políticas inmediatas que puede explotar a través de los actores educativos. El sector educativo es un campo propicio para atraer votos y para alimentar entre los alumnos, maestros y padres de familia su mito personal de Redentor del Pueblo. Su visión del mundo es, esencialmente, política. Su única guía es el interés político y es falso del todo que guíe su conducta por valores éticos; todos los días atropella la dignidad de sus enemigos, insulta, agrede, ultraja y deshonra a quienes lo critican. No tiene respeto alguno por quienes disienten. Se comprende, entonces, por qué ha desatendido la educación.
El sector ha carecido de recursos financieros suficientes y las autoridades federales no han logrado producir políticas o decisiones que den un nuevo impulso a la actividad educativa. El sistema educativo está estancado, retrocede y no hay perspectiva visible para superar su postración. La pandemia lo ha hundido más. Esta regresión general tiene su origen en decisiones erróneas y en omisiones que sólo pueden atribuirse al presidente. Entre las decisiones erróneas se pueden enumerar las siguientes. 1) La mejora de la educación dejó de ser preocupación prioritaria del Estado. 2) Se aplicó una política de austeridad que implicó la eliminación de gran parte del personal de la SEP, suprimió dieciséis programas de importancia vital y desarticuló diversas esferas de la gestión educativa federal. 3) Los recursos económicos destinados a las actividades sustantivas del sector disminuyeron para fortalecer casi en exclusiva los programas de becas concebidos con criterios clientelares. 4) La asignación de becas se hace de manera directa a las familias y con criterios imprecisos u oscuros. 5) Se redujo de manera significativa el presupuesto destinado a las escuelas normales y a la formación continua de los docentes. 6) Se estableció un modelo de gestión del sector que concentra las decisiones en la SEP y, en última instancia, en el presidente de la República con frecuentes atropellos al federalismo educativo. 7) El presidente muchas veces toma acuerdos de manera improvisada, lo que conduce a errores, gastos innecesarios y conflictos. 8) Se canceló apresuradamente la reforma educativa de 2013-2018 sin que se hiciera una evaluación de sus contenidos ni se rescataran sus elementos positivos; tal acción destructiva incluyó la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la eliminación de facto de la evaluación institucional. 8) Al dejar atrás la reforma educativa del sexenio anterior no se propuso una nueva política educativa orientada a mejorar la calidad de la educación (la divisa Nueva Escuela Mexicana no ha tenido contenido). 9) Se creó un sistema de mejora para maestras y maestros que eliminó los concursos de oposición y estableció criterios laxos para el ingreso y la promoción de maestros; este sistema recibe poco apoyo financiero y funciona bajo una sombra de opacidad; su impacto ha sido poco relevante, aunque es objeto continuo de críticas por parte de los maestros. 10) Se redujeron severamente los recursos para los servicios educativos que atienden a la población más pobre y desfavorecida como la educación indígena, las escuelas comunitarias del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la educación para población infantil con discapacidades, etcétera. 11) Se suprimió el organismo encargado de brindar apoyo técnico para la infraestructura de las escuelas (el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y se le sustituyó con el programa La Escuela es Nuestra, en el cual se entrega de manera directa a los padres de familia el dinero para la rehabilitación de los planteles según su libre criterio y sus competencias técnicas. 12) El gobierno federal desapareció las Estancias Infantiles que eran una plataforma relevante para las madres trabajadoras. 13) Se ha otorgado desde 2018, año con año, al Partido del Trabajo (aliado político del presidente) una parte sustantiva del presupuesto de educación inicial para subsidiar un grupo de Centros de Desarrollo Infantil que ese partido controla con criterios políticos-clientelares y sin rendir cuentas a nadie. 14) En todos los niveles educativos desaparecieron numerosos programas federales; en educación básica desapareció el exitoso programa de Escuelas de Tiempo Completo. 15) La educación media superior (tal vez el eslabón más débil del sistema) ha disminuido su cobertura, ha sufrido recortes sustanciales en programas y en presupuesto sin que se haya producido hasta ahora una política que permita enfrentar sus problemas de cobertura, de bajos aprendizajes, de dispersión administrativa y académica y de deserción. 16) Las universidades públicas y autónomas han sido objeto de reproches y agresiones directas del presidente de la República (a la UNAM la calificó de “derechista” y denunció que todas las universidades eran controladas por “mafias”). “Las universidades han dado la espalda al pueblo”, dice AMLO; al mismo tiempo, todas las instituciones de educación superior han sido castigadas sensiblemente en sus presupuestos. En sentido estricto, no existe el gobierno federal, no tiene una política para la educación superior y sólo ha producido ideas dispersas (como la de eliminar cuotas y exámenes de admisión). En cambio, el Ejecutivo ha utilizado repetidamente el financiamiento como instrumento de presión para lograr sus objetivos. No ha habido otro sexenio en el que se haya maltratado tanto a la educación y en el cual los gobernantes hayan mostrado mayor incomprensión hacia el papel crucial que ella tiene en un desarrollo nacional con justicia y democracia.
Gilberto Guevara Niebla
Director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara