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La transición energética es central para mitigar y frenar el fenómeno de cambio climático. Se refiere al cambio de un modelo energético en el que la energía se genera a partir de hidrocarburos a uno sin emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). México tiene un gran potencial renovable y la posibilidad de diversificar su matriz energética con beneficios económicos, sociales y ambientales.

Ilustración: David Peón

El reporte REMAP2030 de IRENA, la asociación internacional de energía renovable, describe que México, con una serie de políticas públicas adecuadas, podría recibir inversión a gran escala para diversificar su oferta energética y que tendría al menos dos consecuencias positivas: 1) reducir significativamente sus emisiones de GEI y 2) tener costos menores de generación eléctrica, que podrían ser muy significativos si también se tomaran en cuenta los beneficios a la salud derivados de menores niveles de CO2 y partículas en el aire.

Si México puede integrar renovables con beneficios ambientales, sociales y económicos, cuenta con el marco jurídico y regulatorio necesario para poder hacerlo, ¿por qué no lo hacemos ya?

La respuesta es más o menos sencilla y tiene dos aspectos: 1) se ha debilitado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para proteger a la CFE de la competencia y 2) se ha vulnerado el marco jurídico y regulatorio del sector para proteger a la CFE de la competencia.

Es decir: ¿qué se necesita para que la industria eléctrica y los renovables en México se desarrollen? Competencia, reglas claras y estables, así como un árbitro técnicamente capaz y políticamente independiente. Ninguna de las condiciones se ha cumplido durante este gobierno.

La debilidad actual de la CRE tiene su génesis en la decisión de recortar su presupuesto, reducir el salario de sus miembros, renovar su plantilla con perfiles sin la capacidad técnica necesaria y con lazos cercanos al Ejecutivo federal y la insistencia en influir en sus decisiones regulatorias. El presupuesto de la CRE pasó de 370 millones de pesos en 2016 a 248 millones de pesos en 2019, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación. La reducción de los salarios está ligada al decreto de austeridad por todos conocido. Además, es evidente el desaseo en la selección de los candidatos a presidir el órgano de gobierno de la CRE.

Los intentos de modificación al marco jurídico y regulatorio han sido también ampliamente discutidos. Van desde el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que pretendía eliminar la integración de renovables por supuesta y, falsamente, poner en peligro la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) hasta las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de marzo de 2021 que eliminan la competencia de actores privados a la CFE. El poder judicial ha detenido todas estas medidas regulatorias y cambios legislativos por favorecer ilegalmente a la CFE en perjuicio del resto de los participantes de la industria y los consumidores.

Sin certidumbre jurídica y un regulador competente y fuerte, México no será la potencia en energías renovables que está llamada a ser. En el caso particular de la electricidad, la debilidad institucional significa que los mexicanos no podamos aspirar a vivir en un país con energía no sólo barata, sino en un país en el que se pueda respirar.

Para terminar con un poco de optimismo y esperanza dejo un dato que describe qué tan irremediable es la transición energética. De acuerdo con el estudio El despacho eléctrico en México durante la actual administración del IMCO, entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2021 la generación de energía limpia creció un 55.1 % a pesar de los ataques regulatorios y ruido político en contra de la competencia en la industria eléctrica. Un logro del poder judicial.

La reflexión final es que esa tendencia no podrá sostenerse sin que el árbitro —la CRE— cumpla con sus funciones y retome su papel de garante de un sector competido, protector de los consumidores e imparcial entre los participantes de la industria que regula.

 

Montserrat Ramiro Ximénez
Economista y consultora en temas de energía. Es Wilson Center Global Fellow y fue comisionada de la CRE.