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Las subastas de energía eléctrica fueron un mecanismo derivado de la reforma energética de 2013 mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compraba energía eléctrica limpia generada por empresas privadas. Esta política tenía al menos tres ventajas para el país: 1) promovía la inversión privada en electricidad; 2) abastecía a la CFE de energía producida a costos muy competitivos, y 3) impulsaba la transición energética de México hacia las energías limpias y renovables.

Ilustración: David Peón

Las subastas eran organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y en ellas se compraban tres productos. El primero fue energía acumulable en el año, es decir, las empresas se comprometían a entregar un monto de energía anual de acuerdo a sus posibilidades de generación. El segundo producto adquirido fueron los Certificados de Energías Limpias (CEL), un novedoso instrumento financiero mediante el cual se aseguraba que los proveedores y consumidores cumplían con las obligaciones de uso de energía limpia. Finalmente, el tercer producto fue la potencia, que no es otra cosa que una capacidad de generación instalada.

El Cenace convocó cuatro subastas. De la primera y segunda subastas realizadas en 2015 y 2016 se obtuvo el compromiso para una inversión de 6600 millones de dólares: 34 empresas construirían 52 nuevas centrales para duplicar la infraestructura solar y eólica, al añadir cerca de 5000 MW de nueva capacidad de generación limpia, en quince estados de la república mexicana.

En la tercera subasta, concluida en noviembre de 2017, se obtuvo uno de los precios de generación de energía solar fotovoltaica más económicos del mundo con 20.57 dólares por MWh y se comprometió una inversión de cerca de 2400 millones de dólares para la construcción de quince nuevas centrales de energías limpias en ocho estados, agregando al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con 2562 MW de capacidad de generación eléctrica.

La cuarta subasta, la de 2018, fue cancelada por la Secretaría de Energía y con ello impidió que se realizaran subastas en los años subsiguientes. Esta decisión anuló la posibilidad de incrementar la generación de energía limpia para cumplir con el compromiso de llegar al año 2024 con el 35 % de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias. La cancelación de las subastas y la posterior negativa de la Comisión Reguladora de Energía de otorgar nuevos permisos de generación han detenido de tajo la transición energética.

Este gobierno ha decidido impunemente cerrar el camino de las políticas públicas de promoción de la inversión privada, la competitividad y la sustentabilidad energéticas.

 

José Antonio López
Exdirector de Promoción y Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Economía

 

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