A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

En campaña, Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa una política de seguridad en donde la justicia transicional fuera prioritaria. Dentro de esta forma de justicia, una de las dimensiones necesarias es la atención a víctimas y reparaciones. La justicia transicional ha contribuido a la formación de comisiones de la verdad y a generar memoria colectiva sobre las atrocidades cometidas en sociedades que han atravesado por conflictos, tal es el caso de Colombia o la antigua Yugoslavia. En México, donde se registran fatalidades a la par que en cualquier otro país con una guerra civil, el Estado tiene la obligación de brindar diferentes tipos de ayuda y asistencia a las víctimas de la violencia. Para lograr este objetivo se han hecho importantes esfuerzos desde distintas instituciones.

Ilustración: Estelí Meza

En un país con más de 80 000 desaparecidos,1 tendría que ser una prioridad estatal brindar algún tipo de ayuda a los familiares. Aunque insuficientes, se habían creado algunos apoyos que intentaban atender a esta población vulnerable y con daños irreparables. Por ejemplo, en 2015 se creó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Este fondo, sustentando por la Ley General de Víctimas, era un esfuerzo por asistir a las víctimas de “delitos del orden federal y de la compensación a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales”. Sin embargo, el fondo tenía un defecto imperdonable para la actual administración: entraba en la categoría de los que fueron creados por gobiernos opositores, neoliberales y corruptos. Bajo ese criterio se evaluó y exterminó un fondo que era destinado a víctimas de un conflicto atroz. Más allá de hacer un análisis exhaustivo, riguroso y serio, el presidente ordenó, sin excepción alguna, eliminar todos los fideicomisos que le olieran a corrupción y oposición. Con criterios opacos y discrecionales, la administración transformadora olvidó y relegó a uno de los sectores que le dio su voto de confianza en 2018.

A pesar de que presentaron argumentos sólidos sobre las implicaciones de la desaparición de éste y otros fondos y fideicomisos, el presidente ordenó a los legisladores que los eliminaran. Si bien es cierto que la corrupción es una sombra innegable en la administración pública mexicana, el exterminio no es la única vía para corregir lo que tiene fallas. En el actual gobierno no existen argumentos serios basados en evidencia. Con la desaparición de 109 fideicomisos, el presidente se hizo de más de 68 000 millones de pesos, de los cuales no hay claridad sobre su destino. El gobierno que apuesta por la transparencia y juzga la corrupción de gobiernos anteriores adopta la opacidad como política predilecta.

El desaparecido Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral representó el 0.8 % del total de los recursos que centralizaron con la eliminación de 109 fideicomisos y fondos a finales del 2020. A pesar de la digna lucha que dieron los sectores afectados, la instrucción era clara e irrefutable: no debían hacerse excepciones. El presidente golpeteó a sectores que años atrás llenaba de promesas, sectores que salieron a votar por una transformación. A las promesas se las llevó el viento. Hoy no hay claridad sobre nuevos instrumentos de ayuda a las víctimas. A pesar de las llamadas de ayuda de la sociedad civil, este gobierno ha dejado en el olvido su fugaz idea de justicia transicional.

 

Amalia Pulido Gómez
Profesora investigadora de la División de Estudios Políticos del CIDE y consultora asociada de Lantia Intelligence


1 En la conferencia matutina del 29 de enero de 2021, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, declaró que entre 2006 y 2021 había más de 82 000 desaparecidos.