A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Quizás todos aquéllos que han tenido la fortuna o el infortunio de acudir a una audiencia del sistema de justicia penal han podido constatar la diferencia transformadora de que los casos más dolorosos —aquéllos que tratan contra la libertad, la seguridad, la integridad y patrimonio de las personas— se discutan y se resuelvan en verdaderos tribunales de justicia en los que podemos ver y escuchar a los jueces y, a su vez, ellos puedan ver y escuchar a las personas. Así es como se dejaron de lado aquellas sentencias que se realizaban con base en los relatos contados a través de historias en papel.

Ilustración: Estelí Meza

Sin embargo, lo cierto es que por lo menos en el ámbito federal estamos cada día más lejos del ideal de justicia penal que nuestro país decidió implementar desde 2008 y que se consolidaba con la creación de una fiscalía general autónoma. ¿Por qué parece que nuestra justicia federal retrocede en lugar de que avance? La respuesta reside en una contrarreforma lenta y silenciosa que busca regresar al país a ese sistema de justicia ineficiente, oscuro, autoritario y transgresor de derechos humanos que desde hace mucho decidimos abandonar.

Esta contrarreforma liderada por el fiscal Alejandro Gertz Manero empezó en 2019 con la incorporación de un largo listado de delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa que prevé la Constitución. Esto no busca mejorar la justicia ni combatir la impunidad, sino apostar a tener personas en la cárcel a rajatabla mientras son procesadas a fin de que el ministerio público continúe siendo igual de ineficiente que siempre y vender prisiones preventivas como si fueran sentencias. De esta manera se sustituye un sistema de justicia basado en la libertad y la contradicción entre las partes por uno en el que las reglas son la prisión y la ineficacia.

El segundo movimiento de esta contrarreforma lo encontramos en la emisión de una nueva Ley de la Fiscalía en 2021. Ésta, lejos de mejorar la operación de la Fiscalía General para combatir la impunidad, sólo la regresa a la vieja e ineficiente Procuraduría General de la República. Principalmente porque perpetúa la falta de autonomía de los fiscales a cargo de sus propios casos, lo que genera que las decisiones que deberían ser jurídicas se tornen políticas. Así, esta nueva ley termina por ser sólo un parche legislativo que no soluciona los problemas reales y operativos que hoy enfrenta la procuración de justicia.

Por último, el Poder Judicial de la Federación (PJF) también hace lo suyo para apuntalar esta contrarreforma, pues con el pretexto de las restricciones que ha implementado con motivo de la contingencia por covid-19, ha limitado la publicidad de las audiencias penales que son un pilar de la justicia penal democrática. Si bien el PJF impulsó adecuaciones pertinentes para el acceso a la justicia en el marco de la contingencia, la publicidad de las audiencias penales, que es una obligación constitucional, parece no ser un tema que le importe resolver, pues a más de un año de las restricciones no se tienen todavía soluciones al respecto. Por lo que el que debería ser el encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución prefiere transgredirla y seguir abonando a la regresión a un sistema de justicia penal opaco y oscuro que dé lugar a corrupción e irregularidades.

Tales alertas son una señal inequívoca de esta lenta, silenciosa y peligrosa contrarreforma. Por lo que no debemos olvidar de dónde venimos y qué queríamos dejar atrás para que no permitamos que las excepciones nuevamente se vuelvan regla.

 

Estefanía Medina
Cofundadora de TOJIL

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.