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El seguro de separación individualizado (SSI) era una prestación para los servidores públicos que consistía en ahorrar hasta el 10 % de las percepciones en un instrumento que ofrecía las mejores tasas de interés en el mercado. El incentivo para ahorrar el máximo posible consistía en que por cada peso destinado al instrumento, la institución contribuía con uno más. Cuando los servidores públicos se separaban de su cargo, el monto acumulado compensaba las limitaciones de otras prestaciones laborales en el país, como la inexistencia de un seguro de desempleo, la limitación de servicios públicos de salud y seguridad social y el insuficiente monto de las pensiones.

Ilustración: Raquel Moreno

Los servidores públicos también estaban cubiertos por un seguro de gastos médicos mayores, que no sustituía la necesidad y utilización de los servicios de salud brindados por el ISSSTE, excepto en los casos de accidentes, padecimientos graves, nacimientos y pérdidas gestacionales.

Para finales de 2018, el nuevo gobierno había decidido que ambas prestaciones eran un exceso. La opinión popular coincidía, en general, y entre los argumentos se destacaba que los trabajadores del sector privado no contaban con tales beneficios y que las condiciones laborales eran, en muchos aspectos, peores.

Aunque debe admitirse que el reclamo de esa buena parte de la población ocupada en el sector privado, en condiciones de formalidad e informalidad, es legítimo ante la evidencia de la desigualdad en sus diferentes formas, también es cierto que las inequidades están intrincadas en todos los espacios, aun en los que consideramos espacios de privilegio. En este caso, la desaparición de las prestaciones de las que gozaba un grupo —una decisión, en general, bien recibida por el público dado el descrédito de los servidores públicos en el país— fue en menoscabo del grueso de trabajadores que más las necesitaban, quienes por su cuenta difícilmente pueden continuar pagando un seguro de gastos médicos mayores o tener acceso a los mejores instrumentos financieros.

En el Inegi, por ejemplo, 67 % de los trabajadores que tenían estos derechos perciben actualmente una remuneración mensual promedio neta de 20 000 pesos.1 El costo de la prima anual de un seguro individual de gastos médicos mayores varía en función del sexo, la edad, la cobertura, la suma asegurada y el monto de deducible que la persona esté dispuesta a pagar cuando ocurre una eventualidad. Por ejemplo, una mujer de 35 años pagaría al menos 18 000 pesos anualmente por un producto con niveles modestos en esas variables.2 Esa cantidad no representa lo mismo para dos personas del mismo sexo y edad, pero diferente posición en la estructura salarial. En ese sentido, la decisión de eliminar esta prestación fue regresiva en términos de quién puede acceder ahora a este tipo de protección.

Por otra parte, en esta institución, las mujeres constituyen el 45 % del personal de enlace y sólo 36 % del personal de mando, así que la desaparición de ambos tipos de seguro institucional, además de tener un mayor impacto relativo para quienes tienen los niveles salariales más bajos, perjudicó especialmente a las trabajadoras.

Las fuerzas del mercado laboral no garantizan los derechos laborales. Desafortunadamente, no se comprendió que una mejor intervención estatal habría sido procurar la dispersión de la protección hacia los trabajadores del sector privado y, especialmente, para atender las condiciones de informalidad. No fue posible defender la progresividad de las prestaciones, su utilidad para subsanar deficiencias en la operación de los sistemas de ahorro para el retiro, así como para complementar y hasta desahogar los servicios públicos de salud.

 

Olinca Páez
Investigadora especializada en temas económicos y demográficos. Es subdirectora de Investigación de Información Econométrica en el Inegi.

Las opiniones aquí expresadas son personales y no representan la postura institucional.


1 Se trata del personal de enlace, grupo complementario del personal de mando.

2 De acuerdo con el Simulador de Gastos Médicos Mayores que la Condusef pone a disposición de los usuarios.

 

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