Citlali es la dueña del salón de belleza de la zona. Abre de lunes a sábado, de ocho de la mañana a siete de la tarde. Emplea a ocho personas de tiempo completo. Quienes ahí trabajan son sumamente productivos, un éxito. Ninguno de los ocho empleados tiene seguridad social y los ocho son los principales proveedores de recursos en su familia. La adscripción a la seguridad social no les parecía demasiado relevante hasta que el año pasado, bajo terribles circunstancias, una de las compañeras recibió varios balazos y no sabían en dónde atenderla. Los gastos  para la familia, los compañeros de trabajo y los clientes del salón fueron altísimos. La muerte de Natalia hizo que los demás pensaran en la posibilidad de darse de alta voluntariamente en el seguro social, pero pasaron los meses y eso que en algún momento parecía urgente, dejó de serlo. A diferencia de muchos salones del estilo, Citlali sí les paga a sus trabajadores un sueldo, lleva la contabilidad en casa y paga impuestos, pero como es habitual en el sector servicios, las propinas son importantes.

La tercera semana de marzo no tuvieron ni un solo cliente. Nadie fue a cortarse el pelo ni a maquillarse ni a arreglarse la barba. Ese mismo viernes se les avisó que cerrarían hasta nuevo aviso porque sin clientes, sólo hay costos. Durante dos semanas se les entregó el sueldo, pero hoy el pequeño salón tiene que escoger entre pagar salarios o pagar la renta del local, así que ya les avisaron a los trabajadores que no se pagará hasta nuevo aviso.

La historia del salón de Citlali —real salvo en los nombres— es la misma de cientos de miles de negocios en México. Hay 200 000 salones de belleza en México, casi todos califican como microempresas porque emplean máximo a diez personas. La mayoría de las empresas en el país son de ese tamaño (95 %) y emplean al 37.8 % de la población ocupada. Fluctúan entre la informalidad y la formalidad. Hacen trámites burocráticos para conseguir sus permisos, pero no registran a sus empleados en el seguro social. Pagan salarios, pero no tienen una nómina registrada. Para bien o para mal, ése es el México que tenemos y el que tendrá que enfrentar una de las crisis económicas más fuertes que se han visto en la historia reciente.

Ilustración: Víctor Solís

Cada crisis es distinta. La de 1994 fue una crisis cambiaria y de pagos que tuvo un impacto fuerte en producción y en precios. La de 2008-2009 estuvo más bien relacionada con el sistema financiero y, a pesar del choque en producción, no tuvo una repercusión en precios como la crisis del tequila. En cualquier recesión, hay un golpe a los ingresos reales de las personas, que puede venir por la disminución de la producción agregada o por aumentos en la inflación. Y es con el ingreso real, aunado a otras variables, que medimos la pobreza y la desigualdad.

En México existen varias definiciones de pobreza, quizás la más utilizada es la multidimensional, que considera el ingreso de una persona y evalúa si tiene acceso a diversos satisfactores básicos, como educación, vivienda, alimentación, seguridad social, salud, entre otros. Dada la disponibilidad de los datos, para poder ver el impacto que tuvo en pobreza la crisis de 1994 necesitamos usar otra medida, la pobreza alimentaria, que mide el porcentaje de la población que no puede adquirir una canasta básica sólo de alimentos, aunque hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar.

Antes de seguir, valdría la pena hacer una acotación. Las dos fuentes que tenemos para medir el ingreso de las familias no son lo suficientemente precisas. En primer lugar, está la base de datos del IMSS que incluye sólo a los trabajadores formales, con el subregistro derivado de patrones que registran a sus empleados con menor salario del que verdaderamente perciben para incurrir en menor carga fiscal. Y, en segundo lugar, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que registra rangos de salarios mediante encuestas. En ambos casos, existe un subreporte del ingreso, lo que repercute en un sobrerreporte de la pobreza.

En 1994, la población que se encontraba en pobreza alimentaria era 21.2 %, 19 727 000 personas. En 1995, el PIB cayó 6.3 %. Al año siguiente, la pobreza alimentaria alcanzaba al 37.4 % de la población. En sólo dos años se sumaron más de 16 millones de personas a la pobreza. La clase media que había ido surgiendo enfrentó una crisis inflacionaria y de crédito que se volvió catastrófica. En 1996, 35 858 000 personas no podían comprar una canasta básica alimentaria con el ingreso del hogar.

En 2009 las cosas fueron distintas. La disminución en el PIB fue de 5.3 %. Posterior a la crisis del 95, con el paso de los años, se alcanzó una nueva normalidad, se arreglaron algunos temas estructurales y el país poco a poco volvió a crecer. La pobreza alimentaria alcanzó un mínimo de 14 % en 2006, alrededor de 15 millones de personas. Después de la crisis financiera, este porcentaje subió a 18.8 %, y desde entonces ha cambiado poco en términos porcentuales. En 2018, el 16.8 % de la población se encontraba en esta situación, aproximadamente 20 150 000 personas. Es a partir de ahí que podremos juzgar las medidas que se tomen para afrontar lo que nos depara en el 2020.

La pobreza y la desigualdad son terribles lastres para el país y los avances que se han dado en ambos temas no han sido ni suficientemente profundos ni rápidos. El coeficiente de Gini1 ha mostrado una disminución lenta pero constante a lo largo de los años. Sin embargo, en las crisis mencionadas la desigualdad se agravó. Usando las series de datos del Banco Mundial, el coeficiente de Gini previo al 94 rondaba 53.7 y aumentó a 54.3 en 95 para llegar a un máximo de 54.8 en 96. A partir de ahí fue disminuyendo, pero en 2009 remontó de nuevo y se ubicó en 49.9. En 2019, el coeficiente de Gini para México se encontraba en 45.4.

Cada crisis es distinta y amerita una respuesta específica. No sabemos aún la duración ni la intensidad de la tormenta que se avecina, pero los pronósticos son durísimos. Será la recesión más fuerte que ha vivido el país desde 1932 si es que se confirman. Hoy más que nunca los gobiernos tienen un papel primordial para amortiguar el golpe. Más allá de las cifras de PIB o de coeficientes, lo que queremos es impedir una mayor precarización del empleo en México, un aumento desmedido en la pobreza y una agudización de la desigualdad.

¿Qué hacer?

Se necesita ofrecer un programa de apoyo a las empresas de forma integrada. La ampliación del programa de créditos para las pequeñas y medianas empresas planeado en las Tandas para el Bienestar puede ser un buen inicio, pero no será suficiente. Un apoyo específicamente diseñado para el empleo no sólo será deseable, será necesario.

Algunos países, como Estados Unidos, Canadá, Francia, están diseñando programas de ese estilo, cuya implementación no será sencilla. En los países mencionados, se está pensando en utilizar a los intermediarios financieros, particularmente a los bancos, para que hagan llegar los recursos a las empresas, pero dados los niveles de bancarización, informalidad y profundidad financiera ésa no puede ser la única vía de implementación en México en caso de que se adoptaran programas similares. Más allá del mecanismo por el que se opte, decisión que no es trivial ni irrelevante, el apoyo tiene que venir con el compromiso de la empresa de no despedir trabajadores. Estos apoyos tendrán que estar diseñados y fondeados para sostener el empleo durante las semanas o meses que dure la parálisis económica.

Pero no podemos engañarnos y pretender que todo regresará a la normalidad nada más terminar la cuarentena. La reactivación será paulatina y más lenta de lo que nos gustaría y en ese sentido el gobierno tendría que seguir apoyando a las empresas que proporcionan servicios esenciales o que formen parte crítica de una cadena productiva. Para ese sector podría implementarse una estrategia de créditos a mayor plazo. Si las empresas ya están endeudadas más allá de lo deseable haciendo el cumplimiento del servicio de la deuda más difícil, quizás tendrían que hacerse aportaciones vía capital de forma temporal.

No se trata de rescatar empresas indiscriminadamente, se trata de darles liquidez temporal para que puedan hacerle frente a la nómina, de tal forma que el choque a la demanda sea más suave y la recuperación pueda ser más expedita.

La economía mexicana está enfocada en el sector terciario, más del 60 % de nuestra producción viene del sector servicios, y es justo ahí donde la demanda por trabajadores se colapsará más. El mercado laboral tendrá que ser flexible y es en la medida de esa flexibilidad donde veremos los ajustes. El gobierno tiene un rol que jugar aquí, más allá de los apoyos mencionados. Los medios tiempos, los horarios flexibles, la economía de trabajo por proyecto o la gig-economy, serán la nueva regla y mientras más rigidez le demos a nuestro mercado laboral, más gente se moverá al informal.

Hoy más que nunca se necesitará un apoyo fiscal —relacionado con gasto público— que sea dirigido estratégicamente y aún no hemos dimensionado la magnitud de los recursos que se necesitan. Sin apoyos al empleo, convertiremos un problema de liquidez en uno de solvencia; un problema temporal en uno permanente; y lo que es peor: millones de personas regresarán a una situación de pobreza en la que dependerán de la transferencia del mes para poder vivir. Todavía hay tiempo para echar a andar un programa sustantivo de apoyo al empleo, las 4 773 955 empresas que existen en el país y los millones de trabajadores ocupados por ellas lo agradecerán.

 

Valeria Moy
Economista. Directora del observatorio económico México, ¿Cómo Vamos?


1 El coeficiente de Gini es un índice a través del cual medimos la desigualdad. Se sitúa entre 0 y 100; mientras más cercano a cero indica mayor igualdad.

 

2 comentarios en “La tragedia del empleo

  1. Me parece un poco desordenado el artículo. Pero en general, interesante. Quisiera enfatizar en la importancia de la divulgación de planes de crédito cortos, concisos y claros, la divulgación de lo que es el factoraje y mejor aún, crear una ley de pago de facturas a 30 días, como lo hizo Chile.