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Sergio Aguayo Quezada: Profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

Los 39 mil refugiados guatemaltecos en México (que tanta atención recibieron entre 1981 y 1985) no son los únicos expulsados por las guerras centroamericanas. Al menos un millón han llegado a México para seguir el viaje, en su mayor parte, hacía Estados Unidos. Alrededor de 400 mil se quedaron en nuestro territorio, donde su ilegalidad los hace enormemente vulnerables a la extorsión pública o a la explotación privada. El fenómeno plantea problemas enormes y no es ni aconsejable ni acorde con la tradición de asilo, el seguir ignorándolo. Sobre todo porque si bien no se les reconoce, tampoco se les puede frenar.

Hasta ahora la política oficial mexicana ha sido la de ignorarlos y mantenerlos en un limbo jurídico y político. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados -ACNUR- (cuyo titular visitara México este mes) tampoco ha mostrado gran entusiasmo hacia ellos. La política estatal parecería fundarse en la lógica de que dada la magnitud del problema, era mejor confiar en una gradual resolución de los conflictos que permitieran el regreso a sus países. Esto no va a ser así porque por el aumento de la intensidad de las guerras es posible afirmar que seguirán llegando. De ahí que parece natural que se empiecen a explorar posibles soluciones. La experiencia obtenida con los guatemaltecos reconocidos puede ayudar a responder el por que no se ha reconocido a estos centroamericanos y si es posible avanzar en una solución

Reconocer a extranjeros el derecho a permanecer en México es un acto jurídico, pero condiciona do por consideraciones políticas, económicas e internacionales. Por ejemplo, los guatemaltecos no son refugiados legalmente pero han sido documentados como trabajadores agrícolas o visitantes fronterizos. A reserva de que regrese a esta dimensión jurídica, hay que desentrañar la alquimia que hizo posible la permanencia en el país de los guatemaltecos.

Una primera razón es como llegaron y actuaron. La esencia del refugiado es el perder el control de su existencia; y sobre eso no hubo duda por la forma tan dramática y vulnerable de su arribo. Por ello obtuvieron una inmensa solidaridad y apoyo de grupos nacionales e internacionales. Algo que distinguió a los guatemaltecos frente a otros refugiados en el mundo fue su cohesión, que en parte se explica, porque un buen porcentaje venía con la experiencia de organizar cooperativas. Esa unidad les permitió plantear, casi automáticamente, una serie de reivindicaciones que en el fondo significaban su voluntad de ser sujetos de su propia historia.

Que hayan tenido algunos éxitos en ese su objetivo, en buena medida se debió a que por una de esas ironías de la historia, llegaron a la región de Chiapas donde desde hacia años florecían movimientos independientes que inmediatamente los acogieron y se preocuparon por su suerte. Es decir, la hospitalidad y solidaridad natural de campesinos y habitantes de esa región no se quedó a un nivel de espontaneidad sino que tuvo una expresión organizada. Grupos campesinos como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), instituciones oficiales como el Hospital de Salud de Comitán y, sobre todo, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas les brindaron, desde un primer momento, un gran apoyo.

Políticamente eso fue crucial porque en un primer momento (1981) el gobierno mexicano no aceptó la tesis de que eran refugiados y deportó a dos mil de ellos. La acción de los grupos mencionados anteriormente fue un punto de referencia para que confluyera la voluntad de actores tan dispares como la de el Alto Comisionado de Naciones Unidad para Refugiados (ACNUR), funcionarios gubernamentales, opinión pública nacional e internacional, partidos de izquierda, organizaciones y gobiernos internacionales, etc. Esto permitir que fluyeran recursos a los refugiados vía organizaciones oficiales o independientes y que se fuera conformando una coalición muy fuerte en torno a un objetivo central: el reconocimiento de los guatemaltecos como refugiados.

Frente a esto el gobierno de México reaccionó con un pragmatismo apoyado en la legitima tradición de asilo: fue gradualmente flexibilizándose lo que iría desembocando en el reconocimiento y en la creación de un proyecto de integración económica en los estados de Campeche y Quintana Roo. En la burocracia y en la sociedad hubo oposición al reconocimiento pero tuvo la solidez de quienes defendían a los guatemaltecos. En el exterior, es cierto, Guatemala presionaba para recuperarlos para la represión, pero su prestigio era tan bajo que no tuvo éxito. Washington mostró en este asunto un interés marginal.

Habría mucho mas que decir sobre este proceso, pero a partir de lo anterior prefiero concentrarme en el propósito de estas cuartillas: los centroamericanos olvidados. Su problema central es la falta de reconocimiento. Con el supuesto de que es posible y deseable que se de, hay que precisar algunos hechos. Lo primero es reconocer que no todos los 400 mil centroamericanos en México son refugiados. El problema es que con los actuales mecanismos institucionales o jurídicos no es posible determinar quién es quién.

Con estos centroamericanos lo primero que llama la atención es que con la excepción de algunas instituciones privadas han recibido muy poca atención. Esto se debe, en primer lugar, a que llegan sólos o en pequeños grupos, se mantienen dispersos y están menos organizados. La atención de la opinión pública, nacional o internacional, ha sido, por consecuencia, mínima.

Causa y efecto de esto es que no existe, ni con mucho, la alianza de fuerzas que se logró para lograr el reconocimiento de los guatemaltecos. Si han logrado llegar y mantenerse en la clandestinidad se ha debido a una peculiar combinación de humanitarismo e interés, que se ilustra con el caso del Soconusco chiapaneco.

Ese confín mexicano es, por razones topográficas y de comunicación, la puerta de entrada de los centroamericanos. El Soconusco es un emporio de agricultura comercial que depende de una vergonzosa explotación de la mano de obra guatemalteca. En ese sentido, para los señores locales, la llegada constante de una mano de obra centroamericana ha sido vista como una bendición mas que les ha permitido incrementar sus tasas de ganancia. Es por ello que, en términos generales, los finqueros del Soconusco sean defensores de los centroamericanos a los cuales encubren para explotarlos mejor. A esta fuerza habría que agregar la de la Diócesis de Tapachula que, por razones humanitarias, tiene algunos programas mínimos de ayuda a los centroamericanos. La sociedad civil impone, por tanto, límites a la acción estatal.

El que no se les reconozca, también se debe a que ACNUR ha sido bastante tímida en su protección: sólo recibe solicitudes en la capital del país y aun cuando ha reconocido a unos miles de centroamericanos, no por ello el gobierno mexicano los ha documentado como asilados.

Habría otras diferencias sustanciales en la relación a los guatemaltecos. Las organizaciones privadas internacionales y gobiernos extranjeros que han canalizado recursos a los guatemaltecos, no han mostrado la misma disposición hacia estos centroamericanos. Estados Unidos, en el caso de estos, invierte su posición y muestra un gran interés, lo que representa una diferencia notable. Aquí debe recordarse que los centroamericanos en ese país (estimados entre 750 mil y 1.3 millones) han llegado cruzando México. Estados Unidos no quiere que lleguen a su territorio y preferiría que se quedaran en México o que México colaborara reteniéndolos en su territorio. Este ángulo exterior es tan importante que, en mi opinión, condiciona cualquier política que adopte México frente a estos centroamericanos.

Así pues, con estos centroamericanos no se ha dado todavía la confluencia de fuerzas para lograr que se les reconozca, pero tampoco están las condiciones para sellar la frontera sur, evitar su paso o hacer una deportación masiva. Es decir, sellar la frontera en Chiapas, además de que seria resistido por fuerzas locales, tendría costos de todo tipo. Así, uno que generalmente se ignora, serían los posibles problemas con Guatemala que tampoco los quiere en su territorio (no hay que olvidar que la mayoría son salvadoreños). Deportarlos, ademas de aumentar la atención sobre el fenómeno (algo que parece no querer el Estado), iría contra nuestra tradición de asilo y el capítulo sobre refugiados de Contadora, es decir, contra el pacifismo y la concordia.

Es por ello que resulta lógica la que parece haber sido la política mexicana de «dejar hacer -dejar pasar», aunque con algunos ciclos de extrema dureza en los cuales se persigue, frena o deporta a más centroamericanos. Esta reacción hasta tiene sentido con la tendencia al inmovilismo, típica en las burocracias. Sin embargo, esta indiferencia se hará cada vez más difícil por una serie de razones.

La necesidad de darle más atención a este problema se fundamente, además de en consideraciones éticas, en que no se resolverá sólo porque, pese a Contadora, la guerra crece y con ella la población desplazada. Tenemos que prepararnos para recibir más centroamericanos. Un argumento en contra de una política más realista es que tiene un costo enorme atender a las decenas de miles de refugiados que hay entre los centroamericanos en México. En este sentido, se puede responder, también con fundamento, que en la medida en que se les empiece a reconocer podrán empezarse a recibir recursos del exterior como ha sido el caso con los guatemaltecos.

El problema es más serio en lo político. El que vaya teniendo una resolución positiva dependerá en mucho de que se vaya conformando una corriente de opinión y fuerza a su favor entre los grupos interesados en ellos; algo que parece estar pasado. Por ejemplo, en una reunión de las instituciones privadas no gubernamentales que trabajan con refugiados (realizada en Costa Rica en septiembre de este año), fue muy notable la insistencia en llamar la atención sobre la difícil situación de los centroamericanos en México.

Ahora bien, en esa reunión también resultó evidente que aun cuando en el interés internacional, hay varios aspectos poco claros que deben entenderse como un pre-requisito para avances más significativos. Por un lado debe reconocerse, que objetivamente hay un enorme retraso entre los principios que han llevado a México a firmar una serie de convenciones internacionales y la legislación mexicana que está asaz ayuna en cuanto a disposiciones claras y explícitas sobre los asilados. Esta incongruencia evita la adopción de una política migratoria internacional acorde a los tiempos que enfrentamos.

Ante esto, una posición muy común (y que a veces se utiliza para criticar al gobierno mexicano), es el proponer que México firme el Protocolo y la Convención de Ginebra sobre refugiados que creo ACNUR. El supuesto es que con eso se resolverán los problemas de los extranjeros en México. No dudo que eso pueda ser así, pero antes tienen que aclararse varios puntos. Primero, todavía no surge un trabajo de jurista que puntualice las implicaciones actuales y futuras, que esto tendría para México.

En mi opinión, y desde una perspectiva mexicana, hay que ser cuidadosos de un respaldo acrítico que supone bondad absoluta en los organismos internacionales. Se olvida que estos organismos son creados por gobiernos y, por tanto, se mueven en los límites que estos imponen. Por ejemplo, es bien significativo que mientras ACNUR sigue una política de defensa de los refugiados en la región, (a veces en medio de presiones de todo tipo y teniendo que enfrentarse a gobiernos), su acción se hace invisible en Estados Unidos, país donde está el mayor número de centroamericanos. Tras esto aparecería haber una cierta claudicación en la defensa del refugiado frente a presiones de Washington. Tal vez no sea así, pero el que ambigüedades de este tipo se vayan resolviendo ayudaría a clarificar la conveniencia de que México se adhiriera a esos instrumentos.

Independientemente de que México se adhiera o no al Protocolo y a la Convención, hay que resaltar que el gobierno mexicano ya ha lanzado un señal bien clara de que reconoce lo que está pasando en México, y que puede llegar a tomar una actitud mas flexible frente a los centroamericanos ignorados.

En noviembre de 1984, el gobierno mexicano y los países de la región (con la notable ausencia de Estados Unidos), se reunieron en Cartagena, Colombia, para adoptar una Declaración. El aspecto mas importante es que en ella se tomó una definición bien amplia de lo que es un refugiado. A diferencia de la definición «estrecha» que utiliza ACNUR en la cual el criterio central es que haya «un temor bien fundado de perder la vida», en esta se consideran refugiados a las personas que hayan «huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos. La violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan enturbiado gravemente el orden público». De utilizarse esta definición, muchos de los centroamericanos que actualmente padecen a México podrían ser considerados refugiados.

A dos años de esta Declaración sorprende la poca fuerza y densidad política que ha tomado. Como que algo le falta a Cartagena para agarrar fuerza y convertirse en instrumento para defender a los centroamericanos que deambulan por toda la región. A Cartagena, en mi opinión, le falta lo que a Contadora: Estados Unidos.

Sólo se puede abordar con seriedad el problema de los centroamericanos desplazados por la guerra si se le ve desde una perspectiva regional. Es decir, México y Estados Unidos son los países que tienen el mayor número de centroamericanos y los que seguramente recibirán más. Sigue entonces que son los países más presionados por la realidad para resolver este problema. Lo que pasa es que Washington quiere manejar el problema de una manera unilateral buscando sacarlos de su territorio, y que se queden fuera (en México por ejemplo). Esto explica porque, como aseguran fuentes confiables, Washington ve con desagrado que la Declaración de Cartagena adquiera fuerza regional o internacional. Lógico, porque de extenderse la definición, muchos de los centroamericanos en su territorio tendrían que ser aceptados como refugiados y no expulsados por ser migrantes económicos, como Washington insiste.

Este hecho introduce un matiz importantísimo en las políticas de indiferencia, dureza o reconocimiento que México adopte hacia los centroamericanos. para bien o para mal, también en este caso hay un nexo inextrincable entre ambos países y es absurdo ignorarlo. De ahí sigue logicamente que una precondición para una política mexicana más flexible requiere de un tratamiento regional del fenómeno. Como en estos momentos eso es difícil por factores domésticos e internacionales, la Declaración de Cartagena y los esfuerzos de Contadora (con su capitulo sobre refugiados), deben ser vistos como prefiguración de una solución futura. En suma, tienen que empezar a tomarse medidas concretas que alivien la suerte de los centroamericanos en nuestro país, al mismo tiempo que se busca una solución regional. Es otro reto que nos plantean las guerras centroamericanas; ignorarlo no lo resuelve.