Son inicios de septiembre en La Paz, Baja California Sur, y el calor, generalmente seco, es húmedo por las lluvias que han caído. La aplicación del clima marca 36 grados centígrados. El poco aire que corre amaina el golpe del sol. Sobre el cielo azul flotan nubes escasas. Pero a lo lejos, mirando hacia el norte, una nube de color verde, espesa y que se eleva como si fuera el humo de un incendio, se mantiene fija en medio del horizonte. “A veces, antes de mediodía, se ve más grande la nube. Es cuando están quemando”, dice David Briseño, un directivo de Aura Solar, la primera planta para captar la energía del sol y convertirla en electricidad que se abrió en México. La nube es el resultado de la quema de combustóleo para generar electricidad en la planta de Combustión Interna Baja California Sur V de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La entidad es calificada como una “isla energética”, pues sus características de península la han aislado de la infraestructura del país. Usar combustóleo es de las prácticas más contaminantes para generar electricidad. El tono verdoso no es otra cosa que el azufre que contiene y puede verse desde las playas de este destino turístico.

Entre 2013 y 2014 México entró en una reforma energética que abrió el sector petrolero y eléctrico a la inversión privada. Una de la serie de las llamadas estructurales que impulsó Enrique Peña Nieto apenas tomó protesta como presidente. Las modificaciones constitucionales que quitaron el monopolio al Estado mexicano sobre la explotación petrolera y la generación de electricidad concentraron la mayor parte de la atención política y mediática. Sin embargo, la legislación incluyó también una serie de cambios para impulsar y regular la generación de electricidad a partir de energías renovables, como son la hidráulica, la eólica, la solar y la geotérmica. La meta marcada en la Ley General de Cambio Climático es ambiciosa: para el año 2024 al menos 35% de la energía que se consuma en el país deberá ser de una fuente limpia. Un objetivo que tendrá que cumplir el gobierno del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La meta planteada no es una cifra al azar. Es resultado de los compromisos que México suscribió como parte de los Acuerdos de París para combatir el calentamiento global. “Es una meta ambiciosa, más porque venimos de ser un país petrolero, un país que tenía nada más la orientación únicamente de aprovechar nuestros recursos petroleros y ahí era donde obteníamos la energía primaria. Pero el actual gobierno hizo toda una reconfiguración del sector eléctrico”, explica Efraín Villanueva, director de energías renovables de la Secretaría de Energía (Sener).

Aunque López Obrador ha mostrado una fijación por el petróleo y ha prometido la construcción de dos refinerías y la rehabilitación de otras, su Proyecto de Nación 2018-2024 incluye una serie de propuestas para avanzar en la transición energética. Pero éstas no han tenido gran peso en su discurso ni su implementación ha sido detallada del todo. En el político, han señalado sus críticos, hay una nostalgia del régimen de Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera de 1938 y de mantener al petróleo como un símbolo de identidad nacional.

“La administración de López Obrador, por quien es y por la cantidad de votos que recibió, debería estar en una posición de meter las energías renovables en parte de la mitología y el discurso nacional. Si él saliera y dijera que las energías limpias son parte de lo que nos va a definir como nación, sería increíble. Él es la persona que puede hacerlo. Ojalá se vea a sí mismo como el heredero del cardenismo, pero no en un sentido de volver a expropiar sino como el encargado de la transición energética”, dice Diego Villarreal, ex funcionario de la Sener y experto en energías limpias.

Por el momento la inversión en plantas de energía solar, eólica y geotérmica va en ascenso por parte de empresas privadas nacionales y extranjeras. La energía eléctrica que se genera es vendida a la CFE, organismo que aún mantiene el monopolio de transmitirla a los hogares e industrias de todo el país. Entre 2016 y 2021 se estima una inversión de ocho mil 969 millones de dólares por parte de más de 20 compañías en 68 proyectos a lo largo del país.

“El cambio energético que estamos viviendo en México y en el mundo en la actualidad”, dice Marcelino Madrigal, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), “es tan importante como el de finales del siglo, cuando Nicolás Tesla logró una distribución masiva desde una hidroeléctrica en las cataratas del Niágara para alimentar Nueva York”.

Ilustración: Víctor Solís

 

A partir de la entrada en vigor de la reforma energética el gobierno mexicano puso en marcha un sistema de subastas para que la inversión privada (nacional o extranjera) invierta en parques de energía solar, eólica o termoeléctrica y, a su vez, la electricidad generada ahí sea vendida a la CFE. Las compañías que ofrezcan el menor precio por la energía (MegaWatt por hora) y que prometan mayor rapidez en la construcción de la planta, son las ganadoras. Cada subasta es coordinada por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), un organismo público descentralizado. La primera subasta se realizó en 2015 y actualmente está en desarrollo la cuarta edición.

Entre la primera subasta y la tercera el precio de la energía vendida a la CFE ha caído, volviendo atractivo el mercado. “Estamos teniendo mucha competencia. México tiene todo para ser una potencia de energías renovables”, dice Efraín Villanueva, de la Sener. En la primera subasta, por ejemplo, la CFE compró el MegaWatt por hora de energía solar en 44.97 dólares y el de eólica en 55.33 dólares. Para la tercera subasta, realizada en 2017, el precio del MegaWatt por hora solar cayó a 21.34 dólares y el de eólica a 18.48.

En todo el país actualmente hay 68 grandes proyectos de energía renovable en desarrollo o funcionamiento a raíz de la reforma energética. Sin embargo, la CFE no ha sido la única entidad en comprar energía en las subastas. Desde la segunda edición se permitió el ingreso de empresas particulares como compradoras de electricidad, algo que antes no era permitido con las restricciones constitucionales.

“Durante mucho tiempo se pensó, de manera errónea, que impulsar las energías limpias iba a afectar la economía. Sin embargo, con la caída de los costos de la tecnología y que es más accesible ahora, estamos viendo es que es un gran mercado donde hay mucha inversión y competencia. Y que, además, no es exclusivo de los grandes consorcios sino que empresas medianas pueden competir”, dijo Madrigal, de la CRE.

En la primera subasta ganaron 11 empresas: Alarde, Enel, Green Power, Engie, Acciona, Envisión, Canadian Solar, Aldesa, Alter, Enersun y Jinko. Para la segunda edición 24 compañías fueron las ganadoras y en la tercera, la de menor participación, solamente ocho.

Por razones naturales los estados del norte del país están concentrando los parques de energía solar debido a las altas temperaturas que presentan, mientras que los parques eólicos se localizan en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, por las corrientes de aire que llegan del Océano Pacífico. “Por su ubicación, México tiene el triple de radiación que Alemania para generar energía solar, pero estamos produciendo menos que Alemania”, explica Marcelino Madrigal, de la CRE. De todos los proyectos sólo uno es de geotermia, uno de los métodos menos contaminantes. El sistema es sencillo: se excava un túnel de uno a tres kilómetros de profundidad para buscar el calor del centro de la tierra y se arroja agua para generar vapor. El ciclo que se genera mueve las turbinas para crear electricidad, con mínimas emisiones de dióxido de carbono. La CFE, por su parte, tiene cuatro plantas geotérmicas, las cuales fueron creadas entre 1973 y 2002. A pesar de sus beneficios, es una inversión de riesgo pues en la excavación puede no hallarse una fuente de calor.

Para impulsar la geotermia la Secretaría de Energía consiguió un fondo de 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. La dependencia está convocando a empresas a hacer exploración de pozos geotérmicos y, en caso de que no sean exitosos, se utilizarán los recursos para compensar, a manera de un seguro.

“México tiene un gran potencial de geotermia pero tiene riesgos. Ahorita está en marcha la licitación, que tiene dos etapas: la primera es la presentación de propuestas de los perforadores, pues estamos buscando que tengan experiencia y ofrezcan buenos precios. La segunda etapa será crear una planta geotérmica. Es decir, la primera fase es seleccionar a la empresa perforadora y la segunda es seleccionar al desarrollador. Además de los recursos del BID, se obtuvieron recursos para desarrollar la planta”, explicó Efraín Villanueva.

 

Aura Solar 1 fue la primera planta de energía solar que se abrió en México. También fue, durante poco tiempo, la más grande. Su origen se remonta a 2012, durante el último año del gobierno el ex presidente Felipe Calderón. En 2013 se terminó de construir, pero en septiembre de 2014 sufrió afectaciones técnicas por el paso del huracán Odile. Formalmente, este parque solar no pertenece a la reforma energética que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, pero una serie de reformas previas permitió que bajo la figura de “pequeña producción” la empresa pudiera vender electricidad de origen solar a la CFE en un plazo de 20 años.

La importancia de esta planta es su ubicación: Baja California Sur es el área más aislada en cuestión de energía de todo el país. No hay producción de gas natural y está aislada del resto del cableado de transmisión que corre a lo largo del país. De ahí su denominación de “isla energética”. Es, por lo tanto, el estado donde también se pagan los precios más caros por electricidad. Aura Solar pertenece al consorcio de empresas mexicanas Gauss Energía encabezado por Daniel Servitje, presidente de Grupo Bimbo.

Aura Solar 1 genera un total de 80 GW por hora al año, lo cual es suficiente para dotar de energía a unos 164 mil habitantes, es decir, 65% población de La Paz, la capital del estado. La planta tiene un área de 100 hectáreas, donde existen 131 mil 800 paneles que captan la energía del sol. Contrario a lo que se pudiera pensar, los paneles solares no generan más electricidad cuando no hay tanto calor. Necesitan algo de humedad en el ambiente para procesar más energía. La inversión inicial fue de 100 millones de dólares y se planea que tenga una vida útil de 30 años.

A pesar de la necesidad por tener fuentes más limpias de energía, la propia red eléctrica de Baja California enfrenta limitantes. Por ello, no existen más plantas solares para alimentar la zona. “La zona está saturada y estamos buscando sistemas, como baterías, para almacenar energía”, explicó David Briseño, director de proyectos de la compañía.

El aislamiento de Baja California Sur expone una gran problemática para la electricidad del país: las líneas de transmisión, esas grandes torres que se pueden ver cruzando a lo largo del país, están saturadas. Montserrat Rodríguez, comisionada de la CRE, explica de manera sencilla la situación: el cableado es como una carretera que ya está saturada y aunque haya producción de electricidad de origen limpio será difícil que se meta a las líneas pues ya no hay espacio. “Tenemos un grave problema de saturación de las líneas de transmisión. Es un problema urgente”, explica.

Como parte de la reforma energética el sistema de transmisión se mantuvo como monopolio de la CFE. El organismo es el único que puede distribuir la energía a lo largo del país. Este año la Comisión lanzó dos licitaciones para ampliar su red de cableado: uno para distribuir energía entre Oaxaca y la Ciudad de México, y otra para conectar la península de Baja California con la zona norte del país. Será la primera vez que la inversión privada participe en la construcción de líneas de transmisión de alto voltaje.

“Anuncian y anuncian, pero no vemos. Desde hace años vienen diciendo que harán nuevos corredores de transmisión, pero ha sido muy difícil destinar recursos públicos a ese tipo de infraestructura. Ojalá se haga pronto porque todavía hay una gran escasez de servicios de transmisión en México”, dijo Héctor Olea, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex). Leopoldo Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), también reconoció que la transmisión es un tema pendiente para tener una mejor distribución de la energía creada en los parques de viento.

 

A pesar de la alta participación empresarial y la inversión para parques de energías renovables, el desarrollo de los proyectos ha enfrentado obstáculos. De manera particular, las plantas eólicas que cruzan la zona del Istmo en Oaxaca han enfrentado oposición de las comunidades por donde son instaladas las enormes torres que son coronadas por helices, como versiones modernas de los antiguos molinos. Algunos de los desarrollos eólicos que fueron ganadores en la primera subasta, de 2015, aún no están terminados; mientras que algunos parques solares de la segunda subasta ya están en operación.

San Dionisio del Mar ha sido una de las comunidades que mayor resistencia han tenido en contra de la instalación de un parque eólico en sus tierras por parte del consorcio mexico-español Grupo Premial. Isaúl Celaya, representante de la comunidad, acusa que la compañía ha tratado de engañar a los habitantes, les han ofrecido un precio muy bajo por la renta de sus tierras y no se han hecho estudios suficientes de impacto ambiental.

—Nos quieren pagar una suma irrisoria y ofensiva. Los contratos que nos han mostrado, por ejemplo, dicen  que nos van a pagar mil 600 pesos.

—¿Al mes? —se le pregunta.

—No, al año. Son como ocho pesos por hectárea.

En San Dionisio del Mar se han presentado grescas y manifestaciones en contra de la planta eólica. La legislación establece que las comunidades indígenas deben ser consultadas para aprobar o no los proyectos de energía renovable. Oaxaca es el estado con más municipios y su diversidad política y cultural ha complicado el desarrollo de los parques. En la zona del Istmo hay municipios y ejidos que colindan pero que han votado de manera opuesta por los desarrollos.

Y ese punto es, quizá, uno de los más complicados de la reforma energética. La Ley de la Industria Eléctrica ordenó a la Sener crear un área especializada para hacer las consultas ciudadanas, de lo cual surgió la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial. Los presidentes de la Asolmex y de la AMDEE coinciden en que, si bien la secretaría tiene buenas intenciones para mediar y ejecutar las consultas, tal vez no tienen la experiencia necesaria, como podría tenerla Gobernación u otra área, para dialogar con comunidades indígenas.

Efraín Villanueva, de la Sener, dice: “Nosotros hemos venido cuidando que si hay población indígena en alguna región, pues que se informe a la gente y se lleven a cabo las consultas. Estamos siendo extremadamente cuidadosos para que la gente sepa qué puede pasar si se construye un parque. Hay mucha desinformación sobre eso y la secretaría lo que está buscando es lograr que se dé un proceso informado y que la gente decida con información”.

Monserrat Ramiro, comisionada de la CRE, considera que hace falta alinear los trámites a nivel federal y local para ayudar a que se concreten los proyectos de energía renovable: “Estamos hablando de una de las líneas grandes política pública, de la aspiración del país en contra del cambio climático, y es necesario alinear los trámites a nivel local y federal, porque muchos de estos proyectos tienen la preocupación de que no les van a dar los permisos a nivel local a tiempo, y que no van a poder generar energía a la que se comprometieron en la subasta y con sus financiadores”.

 

El sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto detalla que, para este 2018, la generación de electricidad a partir de fuentes no fósiles, es decir, fuentes renovables, equivale al 20.43% del total de energía de la CFE. La meta para 2024 es que las fuentes renovables representen el 35% del total de la electricidad que se consume. Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le corresponderá cumplir con el 15% que resta.

En su Proyecto de Nación 2018-2024 López Obrador incluyó una serie de proyectos. Uno es instalar paneles solares en los techos de un millón de hogares, el cual “se acompañará con diversos e intensivos esquemas de fomento a la inversión, crédito y estímulo fiscal y se regularán con programas coordinados y con programas de seguimiento de uso eficiente de energía”. Además, se propone instalar paneles solares también en los techos de dependencias públicas para reducir el consumo eléctrico. “[Se instalarán] en todas las instalaciones de edificios del gobierno federal y cada una de sus dependencias. El gobierno dará el ejemplo a la sociedad”, dice el documento del futuro presidente.

“No hemos entrado a los detalles con el próximo gobierno porque tal vez no corresponde a estas alturas del partido”, dice Héctor Olea, de la Asolmex, “pero yo creo que hay una línea clara de profundizar y consolidar las energías renovables”.

Para Marcelino Madrigal, México debería apostar por dar subsidios para que los hogares puedan adquirir paneles solares para producir su propia electricidad, en vez de que los subsidios se destinen a pagar el consumo. “En China e India se dieron cuenta que, a largo plazo, era mejor subsidiar la producción que el consumo”, dijo el comisionado. Aunque la reforma energética llegó un poco tarde a México, lo hizo cuando los precios de la tecnología ya habían bajado, lo que ha permitido una mayor inversión. Sin embargo, el país aún va por detrás de Colombia, Perú y Chile, donde las energías renovables rondan entre 40% y 50% del total de electricidad.

La reforma energética ha permitido también que cualquier persona pueda instalar paneles solares en su domicilio para su propio consumo. Una condición es que la CFE debe hacer la conexión. Los particulares, por ejemplo, pueden combinar el consumo de energías: en la mañana, cuando hay luz solar, de su propio sistema y por las noches recurrir al de la CFE. También existe la posibilidad de que las personas vendan a la Comisión la energía que generan. En la actualidad la CFE tiene registrados a más de 64 mil hogares que ya producen sus propia energía.

Sin embargo, los precios aún no son del todo accesibles para la población de menos recursos. Los paneles pueden oscilar entre los 20 y 40 mil pesos, un costo inaccesible para la mayoría de la población. Quienes podrían instalarlos serían las personas de mayores ingresos, quienes acabarían pagando poco o nada por su energía.

“Hay que entender que cuando hablamos de energía estamos hablando, en el fondo, de desigualdad. Y las energías renovables son la oportunidad para hacer un país más justo y más limpio”, dice Diego Villarreal.

 

Rafael Cabrera
Periodista independiente.