El topos del discurso público mexicano de los últimos 30 años ha sido la modernización. Ésta tendría su fundamento en la economía para después ocuparse del sistema político, bajo la premisa liberal de que la propiedad privada es condición de la democracia, la cual debería procesar los disensos surgidos en la concurrencia mercantil. Ajustado el mecanismo que articula la economía con la política al entorno de la globalización, después tocaría el turno a otros renglones de la realidad nacional.

Pero esto no ocurrió, tanto por las inconsistencias intrínsecas del proyecto y los intereses particulares de quienes lo llevaron a cabo, como porque la inserción mexicana en la globalización desató fuerzas que no estaban contempladas. Con la guerra interna las políticas de seguridad relegaron la atención a los rubros pendientes o, más precisamente, obedecieron a la agenda oculta de la expansión del capital hacia nuevos dominios. Y la necropolítica resultó más eficaz para distribuir el poder que una democracia onerosa y disfuncional.


Ilustración: Daniela Martín del Campo

La gran ausente del discurso público es la cuestión social. Ni la tecnocracia neoliberal ni la derecha en el poder asumieron el locus específico de la izquierda. Incluso ésta, en su expresión obradorista, la diluyó en tópicos procedentes del cuerpo doctrinal de sus adversarios. Pienso en la corrupción, caballo de batalla del panismo contra el régimen priista antes de la alternancia. Tampoco la cuestión social quedó colocada en la primera fila de las reformas estructurales consideradas en el Pacto por México (educativa, energética y fiscal), la única que finalmente se concretó. Aquélla, junto con la reforma del Estado, deberían ser temas capitales e impostergables en el futuro próximo, aunque no hay ninguna certeza de que lo serán dada la descomposición de la política y la reducida pluralidad del debate público nacional.

Con respecto de la cuestión social, es imperativo tomar medidas para disminuir la desigualdad sin dejar de atender la pobreza y la pobreza extrema. En los últimos decenios no solamente la economía creció insuficientemente —ni siquiera en todos los sectores—, sino que se ensanchó la brecha social de manera considerable. La condición para revertirla es la intervención estatal como agente de la redistribución del ingreso, esto es, un Estado que ejerza sus competencias y no que las minimice. La desigualdad social, sabemos, incrementa la violencia, por lo que reducirla permitiría desactivar una de las fuentes de alimentación de la economía criminal ahora que ésta filtró hacia la médula de la sociedad, disponiendo de un número ilimitado de brazos para su realización. Ello supone políticas integrales hacia la juventud que incluyan la educación, el empleo, la cultura y el esparcimiento. Requiere también más impuestos, emplearlos honesta y racionalmente, y aumentar la carga fiscal a las rentas más altas.

La redistribución del ingreso debería corresponderse con la redistribución del poder. En México la concentración de ambos es extrema, así como la marginación de las mayorías con respecto de las decisiones acerca de lo público. La interlocución entre gobernantes y gobernados, representantes y representados, es defectuosa, por no decir inexistente, no obstante que quienes detentan cargos periódicamente “informan” a los ciudadanos en actos meramente propagandísticos en los cuales no hay ningún diálogo efectivo. No sólo esto, también habría que poner en marcha mecanismos de participación directa de la población en los asuntos atingentes, dotándolos incluso de capacidad de decisión con respecto al manejo de los recursos respectivos. La solidaridad y compromiso de la población mostrada en los terremotos podría encausarse bajo estas formas a la hora de la reconstrucción.

Además de desigual, nuestra sociedad es radicalmente injusta e inaceptablemente racista. Desmontar la maquinaria de dominación construida desde hace siglos constituye una tarea mayúscula, pero no por eso menos urgente. La candidatura indígena de la próxima elección presidencial, con nulas posibilidades de triunfo, bien podría llevar a una reflexión seria acerca de la situación de los pueblos originarios de nuestro país, y también a formular propuestas honestas y viables para solventar sus demandas capitales. No cabe perder la oportunidad de hacerlo ahora que los indígenas han potenciado una organización nacional que los representa: es preferible tener un interlocutor a no tener ninguno si de democracia hablamos.

La guerra contra las drogas afecta a toda la sociedad, pero sin duda concentra los daños en los pobres (habilitados como productores o sicarios) que, de por sí, padecen la desigualdad social, la injusticia, la exclusión y el racismo. Si una decisión soberana reclama el país en el futuro inmediato es abandonar esa guerra perdida que no ha cumplido en 11 años los propósitos explícitos con que la inició un gobierno conservador e irresponsable con una legitimidad cuestionada. Esperemos a que los Estados Unidos haga su parte antes de continuar sangrando a la nación y de convertir a los pobres en sus principales víctimas.

 

Carlos Illades
Historiador. Profesor titular del Departamento de Humanidades de la UAM-Cuajimalpa. Sus libros más recientes son: Camaradas. Nueva historia del comunismo en México, El futuro es nuestro. Historia de la izquierda en México e Historia del marxismo en México.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *