En marzo pasado varios medios de comunicación suscribieron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Un ejercicio de autorregulación inédito en el país que, lejos de buscar la censura, promueve la discusión de criterios editoriales y —a través del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia—1 permite a los medios firmantes trabajar de la mano para identificar las mejores prácticas periodísticas.

Un aspecto medular que, entre muchos otros temas, ha sido olvidado en la discusión sobre el desempeño de los medios frente a la violencia, es el conjunto de obligaciones legales de éstos. ¿Cuáles son los límites de los medios? ¿Qué derechos deben respetar? ¿Qué sanciones les corresponden en caso de incumplir con alguna de sus obligaciones?

Se suele calificar cualquier restricción legal a los medios como autoritaria. El punto, sin embargo, no es si los medios deben tener ataduras legales en sus rutinas informativas,2 sino si las restricciones cumplen con las exigencias democráticas. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), para que alguna limitación a la libertad de expresión se justifique ésta debe ser idónea, necesaria y proporcional al fin que persigue. En otras palabras, debe tratarse de una necesidad legítima en una sociedad democrática —como proteger el derecho de un tercero.3

medios

Este texto revisa la red de obligaciones a que están sujetos los medios en México y analiza si esa red ha sido diseñada de tal manera que, sin vulnerar su autonomía —como sí lo hace el delito de perturbación al orden público que recién aprobaron legisladores de Veracruz—, logra proteger los valores que están en juego en la dinámica informativa.
El primer paso para combatir la impunidad con que actúan en no pocas ocasiones los medios, que sin mayor resquemor publican información no verificada, que afecta derechos de terceros o ha sido obtenida ilegalmente, es dar a conocer las prohibiciones que sus criterios editoriales transgreden. Pues aunque existe un significativo universo de disposiciones que regulan a los medios, éstas son, en su mayoría, ignoradas por los propios medios, por las autoridades encargadas de vigilar su cumplimiento y, en general, por la sociedad.

Verdad, veracidad
y otros cánones

Una obligación clave de los medios consiste en corroborar los hechos informativos que dan a conocer. Su deber es investigar, verificar y respaldar las noticias que difunden. La libertad de expresión de los periodistas no es tan amplia que permita mentir o difamar sin ninguna responsabilidad. La pregunta aquí, no obstante, es qué tan rigurosa debe ser esta exigencia.

Una posibilidad es obligar a los medios a ceñirse al criterio de la verdad. En principio suena plausible: la información que dan a conocer debe ser clara e incontrovertiblemente cierta. El problema es que, por la misma dinámica en que se investiga y difunde la información, la verdad como rasero absoluto resulta inoperante. La única manera de cumplir con dicha obligación sería el silencio. Además, una exigencia de este tipo sería la justificación perfecta para que las autoridades impulsaran políticas de censura.

Por ello, la Suprema Corte se ha inclinado por establecer el canon de veracidad, que busca que la información periodística esté respaldada por un razonable ejercicio de investigación que permita determinar que lo que se difunde tiene sólido apego a la realidad. De esta manera, los profesionales de la comunicación deben ceñirse a un estándar de responsabilidad en la verificación de los hechos que informan.4 Esto significa que los medios tienen el deber de investigar, comparar y verificar sus fuentes, aunque gozan de una libertad de expresión que los protege incluso de sus errores periodísticos, siempre que sean justo eso: equivocaciones al momento de seguir un estándar —responsable— de comprobación.

¿Qué sucede cuando un medio lanza información sin seguir el más mínimo estándar? Las consecuencias se observan con mayor claridad en cuanto afectan el derecho de un tercero.

Cuando un medio vulnera los derechos al honor o la reputación de una persona, debe permitirle ejercer su derecho de rectificación o réplica. Un derecho que se estableció en nuestra Constitución en 2007 —aunque no ha sido regulado por el Congreso federal— y que el Sistema Interamericano de Derechos se ha encargado de desarrollar.5 Esto último no excluye la posibilidad de que el agraviado exija al medio en cuestión el pago de una remuneración económica por los daños ocasionados.

Para acabar de entender los alcances de esta obligación es necesario considerar tres elementos que ha señalado la CorteIDH.6 En primer lugar, esta exigencia sólo aplica a hechos informativos; las opiniones no están sujetas al rasero de falsedad y veracidad. Sólo los hechos, y no la lectura de éstos, son los que pueden ser verificables. Asimismo, quien debe probar que un medio difundió hechos falsos es aquella persona que considere haber sufrido un daño por la publicación de alguna información. Por último, es necesario evaluar si la difusión de información falsa resultó, no de un error, sino de una “real malicia”. Esto es, que se publicaron los hechos con pleno conocimiento de que eran falsos y con el objetivo de causar daño en la imagen o reputación de un individuo. Si esto se comprueba, el medio puede sufrir una sanción económica más onerosa.


Los derechos
de la personalidad

Otro límite relevante se ubica en los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, que se han venido desarrollando en los últimos lustros y que en conjunto se conocen como derechos de la personalidad.

El derecho al honor es vulnerado cuando se afecta la dignidad de una persona al menoscabar el reconocimiento que los demás tienen de ella, su integridad moral, prestigio o consideración e imagen social. Por otra parte, mediante el derecho a la propia imagen se busca evitar la reproducción, filmación o publicación, sin autorización previa, por fotografía, filme o cualquier otro recurso de la imagen, de una persona en lugares o momentos de su vida privada, así como la utilización del nombre, la voz o la imagen de una persona para fines publicitarios y comerciales. Por último, el derecho a la intimidad traza una línea entre el ámbito público y privado, de tal manera que se vulnera al divulgarse hechos embarazosos de carácter privado, difundir hechos que propician una falsa imagen de una persona frente a la opinión pública o al apropiarse de manera indebida, para provecho propio, del nombre o de la imagen de otra persona.

Estos derechos implican matices que se irán definiendo en la medida en que nuestros tribunales emitan sentencias al respecto.7 Lo que interesa destacar aquí es que se trata de derechos que representan límites a los criterios editoriales de los medios, cuya vulneración puede resultar en sanciones económicas por el abuso de las libertades informativas. Esa es, por ejemplo, la finalidad de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al Honor y a la Propia Imagen del Distrito Federal, aprobada en 2006: establecer los elementos necesarios para sancionar civilmente a los medios que lesionen estos derechos.

La rigidez de estos derechos depende de si el abuso fue sufrido por un particular o por un servidor público. En el primer caso, los derechos establecen un límite sólido, con las correspondientes sanciones monetarias, sobre todo si se trata de menores de edad. En este punto, el Comité de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas ha insistido en que, cuando se relacione a un menor de edad con un delito, sea como víctima o como acusado, debe protegerse su identidad e imagen, inclusive si los padres autorizan a los medios a difundir la información.8 En este asunto, delicado, nuestros medios no salen bien librados. Basta con recordar los criterios editoriales —diametralmente opuestos a los señalados por el Comité— que adoptaron algunos medios cuando fue aprehendido, procesado y condenado el niño conocido como El Ponchis, cuya imagen e identidad fue revelada en constantes ocasiones. Esto no significa dejar de cubrir un hecho, sino hacerlo respetando los derechos que estén en juego.

Muy distinta es la rigidez de esta obligación cuando se trata de una persona que desempeña, ha desempeñado o desea desempeñar responsabilidades públicas. Aquí los medios gozan de mayor libertad para afectar los derechos de la personalidad, con el objetivo de cumplir una función democrática clave: criticar las actividades de los servidores públicos. Aunque éstos tienen también derecho a la intimidad y al honor, deben “ceder” para dar cauce a los valores de la crítica social y el debate abierto sobre los asuntos públicos. Estos personajes, por lo demás, pueden acceder con mayor facilidad a los medios para dar explicaciones o reaccionar ante hechos que los involucren.9

La presunción de inocencia

Un tema de enorme relevancia dentro de los derechos de la personalidad es la presunción de inocencia, un principio medular en las sociedades democráticas que estructura los procesos judiciales: un individuo es inocente mientras el Estado no pruebe su culpabilidad, mediante una sentencia.10 Justo porque estamos frente a una esfera pública cada vez más mediática, la presunción de inocencia se ha erigido en un valor que debe ser respetado también por los medios: el riesgo de que vulneren la presunción de inocencia no consiste por supuesto en negar a un acusado la posibilidad de defenderse frente al Estado. El peligro reside, más bien, en que a través del lenguaje verbal y de las imágenes los medios pueden revelar datos que propicien un juicio paralelo en la opinión pública. Esto es, difundir el mensaje de que una persona es culpable, independientemente del desenlace final del proceso judicial correspondiente, afectando la presunción de inocencia y, en ese sentido, los derechos de la personalidad.
¿Qué límites se deben imponer a los medios para proteger la presunción de inocencia? La aprehensión del ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, y el debate alrededor de este tema, permitió observar que no existe una respuesta inequívoca al respecto. Mientras el modelo estadunidense permite capturar y difundir imágenes de una persona cuando es aprehendida y presentada ante la autoridad, a riesgo de proyectar una estampa de culpabilidad, la sociedad francesa ha impulsado cambios que impiden que la cobertura de procesos incluya imágenes que puedan distorsionar la presunción de inocencia.

En México no existe obligación legal que prohíba a los medios difundir la imagen de una persona cuando es aprehendida o presentada al Ministerio Público. Esto ha propiciado que las fuentes gubernamentales impulsen estrategias de comunicación en donde los sujetos aprehendidos son presentados como delincuentes —sin considerar el proceso judicial-—, y que los medios, por audiencia o negligencia, se traguen el anzuelo de manera irreflexiva. Cabe mencionar que en la propuesta del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, recién presentada por el presidente Calderón, se obliga a cualquier autoridad involucrada en el proceso penal a no revelar la identidad de los aprehendidos.11 Mientras se aprueba, es indispensable que personas cuyas imágenes sean difundidas en tales contextos empiecen a demandar por la vía civil a medios y autoridades, con fundamento en sus derechos de la personalidad, para ir construyendo mediante decisiones judiciales los alcances de las obligaciones que éstos tienen en este punto.

Hasta aquí la cuestión de si los medios pueden afectar la presunción de inocencia al cubrir el momento en que una persona es aprehendida y presentada ante la autoridad. Pero, ¿qué sucede después en los tribunales? ¿Se permite el ingreso de las cámaras? ¿La cobertura mediática de un proceso judicial afecta este derecho? Estas preguntas se ubicaron en el centro de la discusión pública cuando el testigo clave del proceso penal que narra el documental Presunto culpable atacó a la autoridad que permitió la distribución de esa película mediante un juicio de amparo en el que se argumentó que la difusión de la imagen se había realizado sin el consentimiento del testigo y afectaba su derecho a la intimidad y la propia imagen.

En nuestro orden jurídico no existe disposición que impida de manera expresa la cobertura mediática de un proceso judicial. Lo que debe regir es el acuerdo de las partes, aunque la costumbre indica que el ingreso de los medios al tribunal depende del juez. En materia penal, por razones de seguridad nacional, seguridad pública y protección de víctimas, testigos y menores, entre otras, el juez puede impedir la presencia de los medios en procesos y evitar, incluso, que éstos sean públicos.12 Por último, vale mencionar a los Tribunales Colegiados de Circuito: aunque sus audiencias son privadas, éstas son videograbadas por las autoridades para efectos de transparencia y escrutinio.13

Más allá de nuestras fronteras hay un consenso claro al respecto: no dar entrada a las cámaras de video. ¿Esto significa que las audiencias o argumentos orales no son públicos en otros países? No. Este es el punto de arranque para la discusión: en su momento, varios arguyeron que las grabaciones de Presunto culpable no eran objetables en ningún sentido porque, precisamente, los juicios son públicos. Existe, sin embargo, un salto bastante grande entre un evento público y uno mediático. La publicidad no implica, necesariamente, la presencia de las cámaras y el ojo mediático no asegura siempre la transparencia.

En Estados Unidos y Alemania los juicios son públicos pero no mediáticos. Puede estar presente cualquier interesado: familiares de las partes, académicos y periodistas. Pero ninguno de éstos puede llevar dispositivos de grabación a las audiencias. Esto se debe a que en esos países se considera que los medios, al construir realidades mediante el manejo de imágenes y audio, pueden afectar la protección de la personalidad, el debido proceso y la búsqueda de verdad y justicia. Dicha reticencia parte de un punto clave: la no objetividad del lenguaje mediático. En efecto, existe la creencia de que la lente tiene la capacidad de registrar la realidad de manera neutral e imparcial. Mas no hay que olvidar, como señaló Octavio Paz, que detrás de ésta “…hay un hombre: una sensibilidad y una fantasía. Un punto de vista”.14 Es decir, una subjetividad. La mayoría de los poderes judiciales del mundo consideran que abrir la puerta a las cámaras de video, a un ojo inevitablemente parcial, es un riesgo para la presunción de inocencia y el mejor desenvolvimiento de los procesos judiciales.

La cancha del derecho penal

El derecho penal, como se sabe, es el brazo con más músculo del Estado. De ahí que, en términos democráticos, una sanción que implique la pérdida de la libertad sólo se justifica cuando una conducta es realmente indeseable y dañina para la sociedad. Por este motivo, en los últimos años se han impulsado reformas que expulsan la calumnia y la difamación del ámbito penal y las reubican en el terreno del derecho civil. Si alguien es sentenciado por alguno de estos ilícitos es probable que tenga que pagar una cantidad de dinero por daño moral, pero definitivamente no irá a la cárcel.

Esto no excluye el uso del brazo penal para limitar la actuación de los medios. Se trata, sin embargo, como ha señalado la CorteIDH, de una medida excepcional que debe analizarse con especial cautela, considerando si la conducta desplegada por el medio es de extrema gravedad, el dolo con que actúa, las características del daño injustamente causado y otros elementos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales.15

En este contexto, la Ley de Delitos de Imprenta de 1917 resulta anacrónica: sus disposiciones difícilmente podrían superar el criterio de uso excepcional del derecho penal. Esto no significa, sin embargo, que algunas de las conductas que contempla esta ley no deban regularse. Un ejemplo: la prohibición de publicar información sobre juicios de materia penal antes de la audiencia pública, que abarca la filtración del contenido de averiguaciones previas y de declaraciones de testigos antes de que sean presentados ante el juez, y que impide a funcionarios públicos facilitar este tipo de información.16 Con esto se protegen valores de enorme relevancia, como la privacidad de los involucrados en el juicio, la presunción de inocencia y la viabilidad de las investigaciones.

Desafortunadamente, la larga tradición de no respeto a estas reglas tanto por los medios como por las autoridades, ha resultado en una de nuestras peores prácticas periodísticas. De ahí que urja repensar esta ley a partir de criterios modernos, democráticos y, sobre todo, prácticos, que inhiban de manera efectiva la actuación de los medios frente a valores puntuales y, en su caso, mediante un uso mínimo y excepcional del derecho penal.

Otras sanciones que, según la ley, podrían aplicarse a los profesionistas de los medios son las siguientes: la intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial, así como la divulgación o revelación indebida, o en perjuicio de otro, de información o imágenes obtenidas mediante dichas intervenciones, implica una sanción que va de los seis meses a los 12 años de prisión y de 300 a 600 días de salario mínimo como multa.17 (La Corte ha señalado que la obligación de no intervenir comunicaciones privadas aplica tanto a autoridades como a particulares.18)

medios2

Asimismo, al que provoque públicamente la comisión de un delito o haga apología de éste, pueden aplicársele de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, en caso de que el delito, a pesar de la provocación, no se cometa. Por el contrario, si se lleva a cabo, el provocador debe ser castigado con la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.19 Esta regulación se refuerza con instrumentos internacionales que prohíben toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal en contra de cualquier persona o grupo de personas.20

Por último, a quien revele, sin causa justa y sin el consentimiento de quien pueda resultar perjudicado, algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, se le impondrá de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.21

¿Y el contenido violento?
El 23 de enero de 2002 el periodista estadunidense del periódico The Wall Street Journal, Daniel Pearl, fue secuestrado en la ciudad Karachi (Pakistán) mientras investigaba sobre militantes islámicos radicales en ese país. Después de meses sin tener noticias claras de su paradero y de su integridad física, funcionarios de Estados Unidos recibieron un video de casi tres minutos. En éste, Pearl es forzado a declarar su condición de judío y a leer una diatriba antiestadunidense para luego ser degollado. El video concluye cuando uno de sus secuestradores orgullosamente levanta la cabeza de Pearl.

Pronto estas imágenes circularon alrededor del mundo en sitios web afines a movimientos islámicos fundamentalistas. En Estados Unidos, en un primer momento, los medios dieron puntual cobertura a la historia, aunque sin transmitir el video. Fue hasta el 12 de mayo de ese año, cuando la cadena CBS decidió difundir una versión editada, que omitía el momento en que Pearl fue decapitado. A la semana siguiente, el semanario The Boston Phoenix dio el siguiente paso y quebró el límite ético que los medios se habían impuesto: colgó en su sitio web el video completo.

Además de la indignación de los familiares de Pearl y la molestia de la Casa Blanca, la decisión editorial de The Boston Phoenix desató un acalorado debate sobre la ética de los medios al momento de transmitir imágenes de extrema violencia. Más aún, sembró una pregunta clave: ¿es legal que los medios transmitan este tipo de imágenes?

El gobierno federal de aquel país exploró la posibilidad de responder de manera negativa a esta interrogante, con base en la Ley Federal de Obscenidad de 1996. El problema, era que esta ley se refiere básicamente a contenido sexual y pornográfico —aunque algunos académicos consideran que el video de Pearl es pornografía de la violencia—, con alcances sumamente ambiguos y controversiales. Esto, y el compromiso de algunos grupos de la sociedad civil de defender la libertad de los medios si alguna autoridad intentaba sancionarlos, hizo que la Casa Blanca desistiera de iniciar un ataque jurídico en contra del semanario.

El caso Pearl ayuda a entender la complejidad jurídica que, en un escenario democrático, implica prohibir a los medios la difusión de imágenes de violencia extrema —cuando es el Estado, y no los familiares de la víctima a partir de los derechos de personalidad, quien directamente busca desplegar una estrategia jurídica—, aun cuando éstos resulten éticamente reprobables. ¿Qué valor se protegería con una prohibición de este tipo? ¿Una moral pública delineada desde la estructura estatal? ¿Un daño a la sociedad? ¿Qué tipo de daño, físico o emocional? Éstos son apenas algunos de los acertijos que enfrentaría una regulación que buscase regular los contenidos violentos en los medios.
En los últimos años se han transmitido en México un sinfín de imágenes relacionadas con el crimen organizado, marcadas por una violencia tan cruda como las del video de Pearl. ¿Existen disposiciones jurídicas que prohíban la difusión de contenidos violentos?

En la Ley Federal de Radio y Televisión se prohíben las transmisiones que causen apología de la violencia o del crimen, y la transmisión de noticias, mensajes o propaganda contrarios a la seguridad del Estado o el orden público. En el reglamento de esta ley se prohíbe a los concesionarios, permisionarios, locutores, cronistas, comentaristas y demás personas que participan en la preparación y realización de programas y publicidad comercial por radio y televisión efectuar transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la integridad nacional o al orden público, así como transmitir informaciones que causen alarma o pánico en el público. Este mismo reglamento considera que una transmisión hace apología de la violencia o el crimen cuando se excite al desorden, se aconseje o se incite al robo, al crimen, a la destrucción de bienes, o se justifique la comisión de los delitos o a sus autores, y cuando se enseñe o muestre la forma de realizar delitos o practicar vicios, sin demostrar durante la transmisión las consecuencias adversas de esos hechos.

En el supuesto de que algún medio de televisión y radio abierta —pues esta regulación no considera a la televisión de paga u online— cometa alguna de estas infracciones, le correspondería una sanción que en ciertos casos iría de 500 a cinco mil pesos y en otros de cinco mil a 50 mil.22

Se trata de regulaciones que si bien han permanecido empolvadas durante mucho tiempo, sin una aplicación práctica, siguen siendo válidas y el Estado puede hacerlas efectivas en cualquier momento. En este sentido, sigue pendiente una discusión seria que evalúe estas disposiciones frente a la narrativa moderna de la libertad de expresión. Una discusión que en vez de tratar de eliminar ciertos contenidos de violencia extrema en los medios mediante la regulación jurídica, establezca una conversación sobre las mejores prácticas periodísticas —camino por el cual se inclinó finalmente la esfera pública estadunidense en el caso Pearl.


El reto de un periodismo responsable

Para lograr que este mosaico de obligaciones legales se vuelva una práctica diaria, que ate de manera efectiva decisiones editoriales de los medios, es indispensable que empiece a ser aprovechado por los individuos que han sido agraviados por la dinámica mediática. Mientras no se utilicen estos recursos institucionales para evaluar los criterios de los medios, sus obligaciones jurídicas podrán engrosar leyes y códigos, pero no serán un rasero mínimo en el ejercicio de un periodismo responsable.

Es más: la dinámica de denunciar jurídicamente a los medios permitiría que desde la arena judicial se reflexione si estas disposiciones cumplen con los mejores estándares de protección a la libertad de expresión. De esta manera, mediante la resolución de casos concretos, se delinearían los alcances de la autonomía mediática. No sólo eso: también se facilitaría la discusión sobre un tema por demás relevante: las obligaciones de las fuentes gubernamentales —que en no pocas ocasiones propician abusos de los medios— frente a los valores que están en juego en la rutina informativa que cubre la violencia del crimen organizado.

Otra vía para lograr que estas obligaciones jurídicas empiecen a echar raíces en la realidad periodística del país es que sean los medios quienes denuncien los abusos de sus pares. Que ejerzan su medular función democrática de escrutinio sobre uno de los actores más poderosos en las sociedades modernas: los mismos medios de comunicación. No hay que olvidar que el escándalo respecto al ahora extinto periódico londinense News of the World, propiedad de Rupert Murdoch, se desató a partir de investigaciones realizadas por el periódico The Guardian. Fue gracias a sus reportajes que se descubrió ese frenesí de violaciones legales que caracterizaba al periodismo que practicaba dicho diario. ¿Acaso alguno de nuestros medios se ha planteando siquiera el reto de hacer un periodismo calibre The Guardian?

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Miembro del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia.

1 Aquí se puede consultar su sitio web: http://observatoriocomunicacionviolencia.com/
2 Stephen Holmes, “Liberal constraints on private power?: reflections on the origins and rationale of access regulation”, en Democray and the mass media (Judith Lichtenberg, ed.), Cambridge University Press, EE.UU., 1990, pp. 21-65.
3 Al respecto, ver el Informe Anual 2009 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pp. 258 y ss.
4 Ver la siguiente tesis: Libertad de expresión y derecho a la información. Modo en que deben ser entendidos los requisitos de veracidad e imparcialidad.
5 Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
6 Informe Anual 2009 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pp. 258 y ss. y 275-277.
7 Ver la siguiente tesis de la Suprema Corte: Libertad de expresión y derecho a la información. Su especial posición frente a los derechos de la personalidad.
8 Al respecto, ver los siguientes documentos: Committee on the Rights of the Child, The child and the media, Recommendation 1996; y Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, Los derechos del niño en la justicia de menores, Observación General núm. 10, 2007.
9 Ver esta tesis de la Corte mexicana: Libertad de expresión y derecho a la información. La responsabilidad por invasiones al honor de funcionarios u otras personas con responsabilidades públicas sólo puede darse bajo ciertas condiciones, más estrictas que las que se aplican en el caso de expresiones o informaciones referidas a ciudadanos particulares.
10 Artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución.
11 Artículo 135 propuesta CFPP. Reserva sobre la identidad de las personas detenidas.
12 Artículo 20, inciso B, fracción V, de la Constitución.
13 Acuerdo General 16/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
14 Octavio Paz, “Instante y revelación: Manuel Álvarez Bravo”, en Los privilegios de la vista II, Arte de México, FCE, México, 1994, p. 312.
15 CorteIDH, Caso Kimel vs. Argentina, sentencia de 2 de mayo de 2008, serie C núm. 177, párrafo 78.
16 Artículos 9, 10, 11, 12 de la Ley sobre Delitos de Imprenta y 16 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente.
17 Artículo 177 y 211 bis del Código Penal Federal.
18 Ver esta tesis: Comunicaciones privadas, el derecho a su inviolabilidad, consagrado en el artículo 16, párrafo noveno, de la Constitución federal, es oponible tanto a las autoridades como a los gobernados, quienes al transgredir esta prerrogativa incurren en la comisión de un ilícito constitucional.
19 Artículo 208 del Código Penal Federal.
20 Artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
21 Artículo 210 del Código Penal Federal.
22 Artículos 63, 64, 102, 103 y 104 de la Ley Federal de Radio y Televisión, así como 34 y 35 del Reglamento de esta ley.