Uno de los efectos más notables de la nueva economía es la privatización de los desastres. A partir de los años setenta del siglo pasado los gobiernos han estado tomando medidas tanto drásticas como de bajo perfil ante el incremento exponencial de la vulnerabilidad a los sismos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, los huracanes y los nuevos riesgos de origen político y social.
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