En México, entre 1888 y 1911, las cantidades de opio importado oscilaron entre casi 800 kilos y cerca de 12 toneladas. El consumo de opio en forma de láudano -mezcla de opio de alta calidad, alcohol de 30 , azafrán y esencias de canela y clavo- y otros compuestos opiados, era legítimo y usual. En Sinaloa, datos estadísticos de 1886 consignan ya desde entonces la existencia de la adormidera blanca, rica en morfina, entre la flora de la región. Sin embargo, el opio se importaba de los Estados Unidos, Europa y Asia.(1)
(1) Cfr. Comercio Exterior de México 1877-1911. Estadísticas Económicas del Porfiriato, México, El Colegio de México, 1960, p. 214; Alfonso Luis Velasco, «Geografía y Estadística del Estado de Sinaloa», en Geografía y Estadística de la República Mexicana, t. II, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1889, pp. 12-13, 20-46, reproducido en Sergio Ortega y Edgardo López Mañón (compiladores), Sinaloa: textos de su historia, México, vol. 2, Instituto de Investigaciones José Ma. Luis Mora, 1987, p. 143; La Farmacia, D.F., 15/XI/1890.
Los vinos o «cordiales» con coca (Mariani, San Germán, Désiles, etc.) recomendados para niños y adultos contra el raquitismo, la senilidad, la anemia, la neurastenia, etc.; y los cigarrillos de mariguana (de una compañía francesa) para combatir el asma, la tos nerviosa, los catarros y el insomnio, formaban parte de los productos que se ofrecían normalmente en las farmacias.(2)
(2) Cfr. El Correo de la Tarde, Mazatlán, Sin., 16/VIII/1899; 20/XI/1900; 10,22/I, 25/III, 1/IX/1913; La Farmacia, 15/VI/1904; La Semana Ilustrada, D.F., 15/V/1912; El Demócrata Sinaloense, Mazatlán, Sinaloa, 10/II/1922.
En 1920, las autoridades sanitarias mexicanas consignaron sus preocupaciones eugenésicas e hicieron eco al espíritu criminalizador de las reuniones internacionales promovidas por los Estados Unidos para controlar principalmente la producción de opio y sus derivados -Shanghai, 1909; La Haya, 1912- al establecer unas «Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza». Estas medidas prohíben el cultivo y la comercialización de la mariguana, cuya venta se pretendía controlar por lo menos desde 1883 por considerarla venenosa o nociva en otras manos que no fueran las de los médicos o farmacéuticos. El de la adormidera se permite, al igual que la extracción de sus productos, siempre y cuando se solicite el permiso correspondiente. Seis años después, la prohibición abarcará a las dos plantas, sin excepción.(3) Los comerciantes y consumidores de antes se convierten en «traficantes» y «viciosos», en «criminales».
(3) Diario Oficial, 15/III/1920; La Farmacia, VI/1926.
A principios de 1937, el doctor y general José Siurob, titular del Departamento de Salubridad Pública, convoca a una junta a la que asisten los principales representantes de las dependencias federales relacionadas con la justicia. Allí señala entre otras cosas, problemas con algunos gobernadores, uno de los cuales avisó que había enviado opio decomisado a las autoridades sanitarias y cuando se abrieron las latas… se encontró chapopote. Y agrega: «antes, a los agentes se les pagaba con la propia droga. ¡Ya se imaginarán ustedes, que esos agentes, eran también vendedores!». Por su parte, Salvador Martínez, de El Universal Gráfico, afirma que Enrique Fernández Puerta el «Al Capone de Juárez», «llegó a controlar el Ayuntamiento y sirvió de escalón para enriquecer a muchos individuos que han vivido de la cosa pública de Chihuahua entre ellos tres gobernadores».(4)
(4) Cfr. El Universal, 23/11/1937; El Universal Gráfico (vespertino), 16/XII/1937.
En las primeras horas del 21 de febrero de 1944, durante las fiestas del carnaval mazatleco, el gobernador sinaloense, coronel Rodolfo T. Loaiza, es asesinado a quemarropa en el Patio Andaluz del Hotel Belmar por Rodolfo Valdés, o Valdez, (a) «El Gitano», pistolero de los terratenientes del sur de Sinaloa. Luego de su captura, casi un año más tarde, el homicida fue trasladado al D.F. Dos días después tuvo una reunión a solas de más de una hora con el Secretario de la Defensa Nacional, general Lázaro Cárdenas. No negó haber sido el autor material del asesinato, pero acusó al general Pablo Macías Valenzuela, gobernador de Sinaloa (1945-1950) y ex-secretario de Guerra y Marina (1940-1942), de haber sido el autor intelectual. El gobernador sinaloense no fue el único mencionado en la prensa. También se hablaba del general Maximino Ávila Camacho, de los terratenientes del sur de Sinaloa, de la familia de Alfonso Tirado -rival político de Loaiza y expresidente municipal de Mazatlán, asesinado en Culiacán en 1938 por el jefe de la policía judicial, Alfonso Leyzaola Salazar, (a) «La Onza»-, e incluso de traficantes de opio de Badiraguato, según Luis Spota periodista de Excélsior; tesis basada en las pláticas de pasillo escuchadas en la Cámara de Diputados del D.F.(5) La autoría intelectual del homicidio nunca fue esclarecida completamente.
(5) Cfr. El Correo de la Tarde, 23/II/1944; 5, 20/III, 11, 13, 18/IV/1945; Excélsior, 13/VI/1944; José María Figueroa Díaz, Sinaloa, Poder y Ocaso de sus Gobernadores: 1831-1986, Culiacán, Imprenta Minerva, 2a. edición, 1986, pp. 114-115.
A principios de noviembre de 1947 se anuncia un viaje de trabajo de altas autoridades judiciales, militares y de salud, con el fin de poner en marcha un plan presidencial para combatir a los traficantes de drogas en el noroeste. En La prensa del D.F se publican rumores escuchados en la PGR según los cuales dos gobernadores norteños estarían «mezclados en el tráfico de enervantes». El 14 de noviembre de 1947, el periodista Armando Rivas Torres de Excélsior, quien había acompañado a los funcionarios en la gira califica a la capital sinaloense de «base de operaciones de los contrabandistas de opio», y anota que el gobernador Pablo Macías Valenzuela «es señalado por mucha gente como uno de los cabecillas de la banda de traficantes en drogas, cosa que está por probarse».(6)
(6) Cfr. La Voz de Sinaloa, Culiacán, 8, 10/IX/1947; Excélsior, 8-12, 14/IX/1947.
Ultimas Noticias publicaba «Acumulan datos contra el gobernador cabecilla»; «Íntimos colaboradores de Macías vendían el opio»; «Ahora no escapará el gobernador traficante». Por su parte, el enviado especial Eduardo Téllez V., de El Universal, escribe que en Sinaloa se dice que «políticos de altura, influyentes y hasta aparentes comerciantes e industriales están mezclados en el condenable tráfico». Y ya desde la capital del país señala, acerca de Macías, que «extraoficialmente se sabe que es dueño de 4 avionetas en que se ha contrabandeado opio (…), hasta se dice que él personalmente se encarga de entregar la droga enlatada en un lugar de la Baja California».(7)
(7) Cfr. Ultimas Noticias, 12-15, 17-19/XI, 2, 6, 26/XII/1947; El Universal, 10-18/XI/1947.
El 20 de noviembre de 1947, el presidente Miguel Alemán llega a Mazatlán en viaje de trabajo. Dos días después, Macías emite un comunicado oficial en el que rechaza las imputaciones de la prensa. Califica las notas como «gravemente ofensivas (…), calumniosas alusiones que hieren la dignidad y el decoro del pueblo de Sinaloa (…), fantasías elaboradas por la desarrollada imaginación que, sin duda alguna, fue previamente estimulada antes de su partida de la ciudad de México».(8) La duda quedó sembrada.
(8) Cfr. El Tiempo, Culiacán, sin., 25/XI/1947.
Según los recuerdos de Lazcano, procurador de Sinaloa en los gobiernos de Macías, Sánchez Celis y Labastida, el asunto del tráfico de drogas en Sinaloa «ya impactaba» desde los años treinta: «Políticos, comerciantes, empresarios, policías, campesinos, todo el mundo sabía que se sembraba amapola (…); se sabía quiénes eran los que se dedicaban a la siembra (…). Vecinos conocidos, campesinos y pequeños propietarios (…); la Policía Judicial sabía quiénes eran los productores (…); el Jefe de la Policía en el que iba y controlaba el `por ciento’ que les tocaba, a cambio del disimulo, el apoyo o lo que se quiera. De tal suerte que el Jefe de la Judicial era un personaje con poder, porque tenía importantes ingresos de dinero. Además, el cargo entrañaba y significaba mucha relación con el Gobernador (…). Yo conocía a varias personas que sembraban. Muchos eran amigos míos que cultivaban amapola y luego de la cosecha se iban a Nogales con cuatro o cinco bolas en un veliz o en unos morrales. Se iban vestidos como campesinos. Y lo curioso es que en la frontera pasaban en la aduana sin ningún problema (…). Era evidente que los dejaban pasar». Contrariamente a una tesis muy difundida, asegura que antes de los cuarentas eran sinaloenses y no chinos los que estaban involucrados en el negocio de la adormidera y el opio: «Sabíamos los nombres de quiénes sembraban y quiénes traficaban». Algunos agricultores también cayeron en la tentación. Señala que ciertas familias, algunas conocidas, bien relacionadas y con posibilidades económicas de Badiraguato, Culiacán, Guamúchil y Mocorito decidieron explotar esa veta. Asegura: «Cuando la industria estaba por rendir sus primeros frutos en términos de capitales (…), cuando el fenómeno se ramificaba y crecía, cuando la gente involucrada empezaba a armarse», el propio presidente Alemán pronunció una frase que no se le ha olvidado: «Pues es que produce divisas. Que produce divisas…».(9)
(9) Véase: Manuel Lazcano Ochoa, Una vida en la vida sinaloense, Los Mochis, Sin., Talleres Gráficos de la Universidad de Occidente, 1992, pp. 198-208.
Con base en informes de Harry J. Anslinger, comisionado de narcóticos del gobierno estadunidense de 1930 a 1962, se ha llegado a decir también que cuando los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra mundial, los mafiosos estadunidenses ligados al grupo de Luciano, especialmente Benjamín «Bugsy» Siegel, propusieron impulsar el cultivo de adormidera en México para suplir la escasez de heroína y morfina en el mercado del país vecino. Una vez aprobado el proyecto, Siegel hizo su aparición en el D.F acompañado de Virginia Hill. Organizaron «las fiestas más fastuosas de que se tiene memoria con el fin de `convencer’ a los políticos de entonces que a ellas asistían. Siegel regó dinero a montones y obtuvo el `visto bueno’ que buscaba. A continuación se le vio por Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. Estaba en pleno proceso de organización». A raíz de esto, México se habría convertido en el principal proveedor de los Estados Unidos.(10)
(10) Cfr. Felipe Bustamante, «Un sindicato internacional controla el tráfico de drogas hacia Estados Unidos», en Novedades, 14/V/1962.
Sinaloa es descrito en los años cincuenta como «un Estado muy rico, muy agricultor y con pena hay que expresarlo, tierra donde el pistolero y su dama, la `goma’, es la pareja que anda del brazo y por la calle». Se dice que la colonia Tierra Blanca «es el centro de operaciones de coyotes y gomeros». Se califica a Culiacán como «un nuevo Chicago con gangsters de huarache». Se afirma que los traficantes de peso encubren sus actividades delictuosas con otras de carácter legal: son «conocidas personas» que aparecen como «honestos y laboriosos comerciantes», «profesionistas», «síndicos municipales y hasta autoridades de mayor categoría». Tal escenario no parece haber impresionado a turistas como Clark Gable y el hotelero Nick Hilton quienes, en 1958, estuvieron cuatro días en Culiacán cazando patos en sus alrededores y disfrutando los efectos del tequila con sangrita.(11)
(11) Cfr. La Voz de Sinaloa, 16/I/1950, 16, 18/VIII, 5/IX, 25/X/1951; 13/VIII/1952; 21/I, 10/III, 11/XI/1953; 8/I/1958; El Diario de Culiacán, 31/I/1950.
Las percepciones acerca de las razones oficiales de las «campañas» contra las drogas no eran compartidas por todos. En 1950, el último año de gobierno de Macías Valenzuela, en un periódico de Culiacán cuyo director general era Roman R. Millán-quien posteriormente ocuparía el cargo de procurador general de justicia de Sinaloa (1951-1952) en el gobierno de Pérez Arce (1951-1953) fue publicado lo siguiente: «Si México lograra del organismo internacional que controla los estupefacientes la autorización para producir opio y venderlo en toda la América, tendría una fuente más, dentro de la ley, de riqueza y de trabajo, y Sinaloa, que es el principal Estado productor de este artículo ganaría mucho, porque sería otro renglón más para robustecer su economía. Lo demás son lirismos … que están en desacuerdo con la realidad y con la práctica».(12)
(12) Cfr. El Diario de Culiacán, 12/VII/1950.
En 1953, el Departamento de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ordena la suspensión de vuelos de aviones comerciales en campos aéreos de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Efraín González, fundador de la Escuela de Aviación de Culiacán e instructor de vuelos con quien se formaron una gran cantidad de pilotos, recuerda esa época y señala que lo primero que hicieron las autoridades fue pararle los aviones porque dijeron que en ellos se habían transportado muchos kilos de goma: «Fui a reclamarles y les dije que no había transportado kilos de goma, sino toneladas (…), además les dije que por qué no paraban Aeronaves de México y al FFCC; que ellos habían transportado más goma que mis aviones. A los pocos días me dejaron volar».(13)
(13) Cfr. La Voz de Sinaloa, 27/III, 2/IV/1953; Efraín González, Crónicas de la aviación en Sinaloa. Culiacán, Difocur, 1994,pp. 102, 109-110.
En su gira por Badiraguato como candidato del PRI a gobernador de Sinaloa (1962), Sánchez Celis promete acciones contra abigeos y «sembradores de adormidera». Según el exprocurador Lazcano, Sánchez Celis, «el político más completo que haya dado Sinaloa», el personaje que según la anécdota habría dicho a los «gomeros»: «Váyanse de Sinaloa. Mátense fuera. Aquí nomás trabajen», ese mismo gobernador «los conocía y ellos lo conocían». Y aunque no le consta que así fue, señala que ese pacto o convenio entre él y los traficantes «sí podría haber ocurrido».(14)
(14) Cfr. La Voz de Sinaloa, 24/IX/1962; M. Lazcano O., op. cit., pp. 149, 226.
La noche del viernes 6 de junio de 1969, en el crucero de las calles A. Obregón y G. Leyva Solano de Culiacán, cae acribillado con ráfagas de M-1 el mayor Ramón Virrueta Cruz, jefe de la policía judicial de Sinaloa en el gobierno de Valdés Montoya. La jerarquía de los caídos es aparentemente el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones entre traficantes y autoridades. Después del asesinato, la policía detiene a varios individuos por estar «complicados en el narcotráfico». Entre ellos figuran Eduardo «Lalo» Fernández y otros más, liberados posteriormente. Como presuntos responsables del asesinato de Virrueta fueron detenidos Eduardo Hernández Muñoz (o Núñez), de Arizona, Antonio González Castañeda, de Guasave, Gilberto y Abelardo Fernández y Alejandro Tamayo, (a) «El Remache».(15)
(15) Cfr. La Voz de Sinaloa, 11, 12, 18/VI, 8/VII/1969.
A mediados de enero de 1977, el gobierno federal lanza en el noroeste la «Operación Cóndor»: «la más gigantesca batida contra el tráfico de drogas que se haya realizado en México, con la participación de 10,000 soldados». Al mando de ella se encontraban el general José Hernández Toledo, por parte del ejército, y Carlos Aguilar Garza por la PGR. El militar, veterano de la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y de la toma de universidades como la UNAM, la Nicolaíta en Morelia y la de Sonora en Hermosillo, pronosticó el «fin al narcotráfico» para el mes de mayo de ese año y señaló que en la sierra había suficiente armamento para «una revolución chiquita».(16)
(16) Cfr. Noroeste, Culiacán, Sin., 8, 10/II/1977.
Como resultado del operativo militar hubo desplazamientos de bandas de traficantes hacia Jalisco y un éxodo de campesinos serranos hacia las ciudades. El presidente municipal de Badiraguato, Ignacio Landell Esquerra, declaró que aproximadamente el 30% de los habitantes del municipio dependía del «narcotráfico». La policía empezaba también a resentir los primeros efectos: a principios de marzo de 1977, Alfredo Reyes Curiel, subjefe de la policía judicial de Sinaloa desde hacía siete meses, muere acribillado con veinte impactos de R-15, AK-47 y escopeta calibre 12 de doble cero, en pleno día en las calles de una colonia residencial de Culiacán. A finales del mismo mes, es asesinado con R-15 y «cuernos de chivo», a pocos metros de donde cayó Virrueta en 1969, el mayor Gustavo Sámano, asesor militar de la «Operación Cóndor» y ex inspector de policía de Los Mochis, Mazatlán y Guaymas.(17)
(17) Cfr. Noroeste, 25/II, 3, 11, 26/III/1977.
El Colegio de Abogados Eustaquio Buelna de Culiacán señaló como responsables de violación flagrante y permanente de los derechos humanos en Sinaloa al coordinador regional de la «campaña contra el narcotráfico» en el noroeste, Carlos Aguilar Garza -detenido con seis kilos de heroína y cocaína en Tamaulipas en 1984; atrapado en Texas en 1989 acusado de «narcotraficante» y entregado a judiciales federales mexicanos; asesinado en 1993-, al agente del ministerio público federal Pablo Hernández Garza y al comandante de la PJF Jaime Alcalá García. Los dos primeros fueron removidos en mayo de 1978 y enviados a Tijuana.(18) El costo social dejó huellas imborrables.
(18) Cfr. Noroeste, 7/IX/1978; Excélsior. 17/VI/1978, 4/VI/1979; Proceso, números 101, 419, 716, 865, 867.
En los años ochenta y noventa, un fenómeno relativamente antiguo, hasta cierto punto «normal» y bien localizado, y enraizado en algunas entidades y municipios del país, desbordó los límites anteriores. Surgieron y se reprodujeron fortunas descomunales cuyo origen sospechoso no fue, ni había sido, un obstáculo para el acelerado proceso de transmutación del estigma en emblema. Más visible allí donde históricamente se crearon por primera vez en el país las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que hicieron posible el despegue del negocio más rentable del siglo. No resultó sorprendente que los agentes sociales señalados como cabezas de dicho negocio fueran, en su mayoría, originarios de la misma región. Lo curioso fue que las autoridades y los medios de comunicación no hubiesen descubierto ese dato sino hasta que el gobierno estadunidense lo hizo público y presionó para que los indiciados fueran aprehendidos y enjuiciados. Los que para muchos eran personajes surgidos por generación espontánea y símbolo del mal por excelencia, para los habitantes de las regiones donde operaban eran viejos conocidos, tanto sujetos temibles y reprochables como empresarios exitosos y hasta filántropos. La estigmatización pública no los privó por completo de los juicios positivos, pues para muchos aquélla sólo hizo más evidente la hipocresía y corrupción de sectores oficiales y de ciertos medios de la sociedad civil que antes los trataban como sus iguales.
En México hay razones para sospechar que el negocio no ha escapado completamente al control del Estado, ejercido más inmediatamente, pero no únicamente, a través de las instituciones formalmente encargadas de combatir el tráfico de drogas ilícitas y a los traficantes. Esto significaría que en esas mismas instituciones, la consolidación de intereses a través del tiempo ha dado lugar a una estructura de poder al interior mismo del Estado, que sólo en determinadas circunstancias -sobre todo cuando hay presiones políticas de los Estados Unidos- ha sido obligada a sacrificar peones, fácilmente reemplazables, pero no debilitada al punto de poner su existencia en peligro, puesto que no se han tenido que eliminar las razones, relaciones y posiciones clave de poder sin las cuales no es posible organizar y modificar con una libertad y autonomía relativas, y con cierto éxito, las reglas del juego.
El campo del tráfico de drogas prohibidas es un mundo inestable por excelencia, abierto para todos aunque con probabilidades de éxito, distribuidas diferencialmente según los agentes sociales y su ubicación en el espacio social, como lo saben los mammasantissima que han jugado y juegan a la vez y de manera permanente en los terrenos legales e ilegales, lo que les permite disfrutar tranquilamente de sus fortunas y su impunidad.
Luis Astorga. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.