El Estado de derecho es un puntal de toda democracia de buena calidad. Pero para alcanzar ese atributo la democracia necesita algo más que el Estado derecho, en el sentido histórico restringido que explicaré más adelante. Requiere de un Estado de derecho genuinamente {democrático}, que asegure los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de {accountability}[[“Rendición de cuentas” es sólo una traducción aproximada de {accountability}, por lo que, con disculpas por el anglicismo, prefiero conservar este término.]] que por su lado preservan la igualdad política de todos los ciudadanos y fijan límites a los abusos del poder estatal y privado. En este sentido, el Estado de derecho opera en estrecho vínculo con otras dimensiones de la calidad de la democracia. En ausencia de un vigoroso Estado de derecho, apoyado por un poder judicial independiente, la libertad, igualdad y dignidad de ciudadanos y ciudadanas están bajo permanente amenaza. Además, sólo cuando este tipo de Estado afirma y promueve las dimensiones democráticas de derechos, igualdad y {accountability}, son los gobiernos habitualmente sensibles a los intereses y demandas de la mayoría de la ciudadanía.
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