Una de las grandes falacias sobre el tránsito hacia la democracia es que la solución a los problemas nacionales deviene —únicamente— de acumular características propias de los regímenes realmente democráticos: la celebración de procesos electorales, la promulgación de normas y la instalación de instituciones costosísimas creadas ex profeso para atender y resolver cada gran problema.

Hemos visto la fundación de organismos garantes de los derechos humanos (1990), de la equidad entre mujeres y hombres (2001), de transparencia y protección de datos personales (2002), contra la discriminación (2003), de protección a víctimas del delito (2014) y un largo etcétera. Sin embargo, la solución a los problemas que buscan atenderse ha sido lenta y poco efectiva. La brecha salarial por género se ha mantenido por más de una década en niveles de país subdesarrollado sin visos de mejorar (OCDE, 2014); 60% de la población considera que el principal factor de división social es la desigualdad en el ingreso (ENADIS 2010); sólo 0.6% de la población solicitó en 2015 alguna rectificación de sus datos personales (ENAID 2016; Encuesta Intercensal 2015).

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Ilustración: Víctor Solís

En contraste, la suma del gasto destinado a procurar la equidad de género, a disminuir la discriminación, atender a las víctimas y a garantizar la protección de los derechos humanos y datos personales suma casi cuatro mil millones de pesos (PEF 2017), cantidad equivalente a una novena parte del presupuesto de la UNAM. No sorprende que a pesar del dispendio la ciudadanía no confíe en sus instituciones: 89% de las víctimas del delito no lo denuncia (ENVIPE 2015) y la mitad de éstas no lo hace por desconfianza de las autoridades (IFE-Colmex 2014). Es decir, la realidad nos recuerda que no ha habido ni habrá gasto suficiente que logre comprar la confianza ciudadana sin antes dar resultados.

Adicionalmente, en ausencia de mecanismos reales de rendición de cuentas, la solución práctica a los problemas cotidianos ha sido apelar a la voluntad de quienes toman las decisiones. A falta de esta “magnánima” voluntad política, la creación de organismos onerosos en México ha sido francamente inefectiva.

En resumen, la experiencia dicta que tener tantas instituciones especializadas únicamente nos ha dado la ilusión de acercarnos a la comunidad internacional para presumir que en México existe presupuesto destinado a resolver cada uno de los grandes problemas que nos aquejan; que somos un país “progresista, incluyente y democrático”. He aquí la tragedia: los contribuyentes pagamos instituciones caras que ofrecen poquísimos resultados en plazos muy largos y, al final, lo que define si los arreglos institucionales tienen o no impacto son las voluntades de un puñado de funcionarios de alto nivel.

 

Las instituciones para combatir la corrupción gubernamental no son la excepción en la tragedia. Aparentemente necesitábamos más reglas, mejores mecanismos de coordinación y sobre todo más presupuesto para una nueva estructura burocrática.

Pero no es una ocurrencia de los políticos: la corrupción es la segunda mención que los mexicanos hacen cuando les preguntan sobre los principales problemas del país (ENCIG, INEGI 2015), sólo después de la inseguridad, incluso por encima del desempleo, la pobreza y el mal desempeño del gobierno. Esto no siempre fue así. Hasta hace unos pocos años el desempleo era la segunda mención por debajo de la inseguridad. Quedarse sin trabajo significaba quedarse sin sustento; pero cuando la corrupción empezó a mermar el ingreso de los mexicanos ésta se volvió mucho más relevante para la opinión pública.

Entre 2013 y 2015 la ciudadanía empezó a sentirse más afectada por la corrupción y a exigir mayor atención gubernamental al problema; en 2016 finalmente el presidente Peña promulgó leyes y reformas que darían vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) (ver gráfica).

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Los gobiernos que impulsaron la creación, actualización, desaparición y reinstauración de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y sus antecesoras, reiteraron a la ciudadanía su compromiso para combatir la corrupción. Desde la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (1983) difícilmente se podrá mencionar un caso de corrupción en el que se haya sancionado a las altas esferas de la administración pública federal. Basta recordar a los “peces gordos” que perseguiría el presidente Fox y que —¡sorpresa!— nunca cayeron.

Durante años más recientes, cuando la corrupción empezó a ser un impedimento evidente para el desarrollo, no hubo evolución en la respuesta institucional al reclamo de la ciudadanía de atender el problema. Incluso en 2009 y 2012 los presidentes Calderón y Peña optaron por anunciar y ratificar, respectivamente, la desaparición de la SFP, dependencia que a la fecha cumple con su cuota de “anticorrupción y cero impunidad” sancionando preponderantemente a servidores públicos que no hicieron su declaración patrimonial a tiempo y muchos de los cuales seguramente tienen nula responsabilidad en los grandes desfalcos del erario.

En 2015, cuando la corrupción fue mencionada como el segundo mayor problema social, la SFP fue reinstaurada legalmente. No importó que México fuera perdiendo sistemáticamente lugares en la nada honorable tabla de los países más corruptos, pasando del lugar 72 en 2008 al 123 en 2016 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Se destinaron más de mil millones de pesos anuales del erario público (PEF 2015, 2016, 2017) para seguir simulando una estrategia de combate a la corrupción gubernamental. Era importante mandar el mensaje: “seguíamos atendiendo” el problema. Así nuestra lógica.

El asunto tiene importancia porque hoy México está ante la expectativa de haber sido finalmente escuchado en su reclamo ciudadano, pues en el marco de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (DOF 18-07-2016), existe el mandato legal de contar con una “nueva” Fiscalía Especial Anticorrupción que “ahora sí” —dicen— va a investigar los casos de corrupción.

 

Contrastando con la falta de éxito en las instituciones anticorrupción en las últimas décadas —30 mil funcionarios federales sancionados hasta 2015, pero sólo ocho destituciones vinculadas a faltas graves de 2012 a 2016 (Cabrera 2016) no es buen comienzo—, para el gobierno de México abatir la corrupción y la impunidad ha sido determinante para garantizar el progreso social, económico y político de todas las instituciones de gobierno y de la sociedad —por lo menos en las palabras.

Sin duda la más “contundente e irrefutable” prueba del “firme compromiso” que en los últimos años el Estado mexicano ha mostrado en el combate a la corrupción radica en la creación de dos fiscalías anticorrupción. En efecto, México creó dos fiscalías especiales para el combate a la corrupción dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) con fundamento legal (una en 2004 y otra en 2014); dos convocatorias a ocupar la fiscalía entre 2014 y 2016, y dos procesos de selección de candidatos, ambos frenados antes de nombrar fiscal.

La cosa va así. Con la alternancia se estableció como estrategia prioritaria erradicar la corrupción en el Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006. Para ello, en 2004 México suscribió una convención internacional contra la corrupción. En ese mismo año se creó la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal en la PGR.

Como no sirvió de mucho, en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 se determinó crear en la PGR un organismo especializado en el combate de actos de corrupción cometidos por servidores públicos para lo cual, en 2014, se reformó la Constitución y se creó la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción para dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Parece cómico leer que en 2014 una fiscalía anticorrupción sustituye una fiscalía anticorrupción de 2004 y que, no obstante que hayan transcurrido entre una y otra 10 años, de sus acuerdos de creación se desprendan prácticamente las mismas buenas intenciones; intenciones que en ausencia de “voluntad política” han sido literalmente letra muerta. De este círculo vicioso lo importante es que la esperanza también prevalece con los años. 

Hace unos días Transparencia Mexicana reportó que ni las reformas anticorrupción ni la primera etapa de implementación del SNA pudieron reducir el efecto de los escándalos en la percepción de corrupción en todo el país. En consecuencia, México cayó de la posición 95 en 2015 a la 123 en 2016 en el Índice de Percepción de Corrupción.

Por su parte, el Índice Global de Impunidad México 2016 coloca a México en el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad, lo cual es grave porque —señala el estudio— la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia.

Estos índices son compatibles con la realidad que vive México: inseguridad, violencia y corrupción al alza. De 2012 a la fecha hay ocho ex gobernadores bajo investigación (Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Guillermo Padrés, Rodrigo Medina, Fausto Vallejo, Gabino Cué y Andrés Granier) por presuntos actos de corrupción, pero con trabajos un par obtendrá sentencia.

La sintomática creación de las instituciones contra la corrupción, contrastados con sus resultados, fortalecen la hipótesis de que si hasta ahora los sistemas anticorrupción en México no se han podido materializar es precisamente porque existen “voluntades políticas” que no quieren agilizar la gestión ni aumentar su eficacia. Las voluntades mueven instituciones para ambos lados.

En Perú, aunque se quejan de padecer la corrupción de sus gobernantes, han tenido la voluntad de impulsar una contraloría autónoma que puso a Alberto Fujimori, uno de sus ex presidentes más poderosos, en la cárcel por corrupción; Ollanta Humala está impedido para salir del país; Toledo ha sido requerido por el actual presidente Kuczynski para enfrentar a la justicia en su país y al menos otro de sus antecesores está bajo investigación.

Hoy está en curso el proceso de designación del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción en México. Voluntades políticas en el Senado se resistieron en 2014 a concretar un nombramiento bajo el argumento de que no se alcanzó el consenso suficiente. En esta iteración, las voluntades políticas difícilmente podrán posponer nuevamente la designación.

¿Qué cambió en estos últimos dos años? Ahora existen organizaciones ciudadanas que se han abocado a iluminar la toma de decisiones vinculadas con la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos empezado a dejar de atenernos a la “voluntad política” de algunos para erigirnos en una sociedad crítica y participativa. La única forma de impulsar el combate a la corrupción es a través de la participación ciudadana, que exige compromiso e imparcialidad en el establecimiento de instituciones sólidas, eficientes y transparentes. Sólo así adquiere sentido para el contribuyente incurrir en el costo de crear nuevas instituciones.

María Amparo Casar señala que “si el Estado no tiene capacidad de investigar, de garantizar los derechos humanos, de procurar la justicia o de atrapar a las redes de corrupción que hacen fraude en la compra pública, quizá nos estemos acercando a ser un Estado fallido o, al menos, un Estado débil, incapaz de cumplir con las obligaciones que le manda la Constitución”. Coincidimos, pero consideramos que peor que un Estado débil es un Estado simulador, pues hace como que resuelve, cobra por ello, y cuando volvemos a mirar —millones y millones de pesos después— el problema ha crecido.

El Sistema Nacional Anticorrupción es la oportunidad de poner el jaque a la voluntad política como motor de las verdaderas transformaciones y sustituirla por la participación ciudadana. Es un despertar durante el cual no debemos olvidar lo fácil que es dejar morir las instituciones. Esperemos que en 10 años el combate contra la corrupción no sea sólo letra muerta ni que el problema sea aún mayor.

Bibliografía

Ángel Cabrera, “Castigan a 466 funcionarios por corrupción”, Sin Embargo, 29 de noviembre 2016, http://bit.ly/2nrVlrY

María Amparo Casar, “Debilidades institucionales”, Excélsior, 5 de octubre 2016, http://bit.ly/2cSdHAi

Encuesta Intercensal 2015, INEGI. http://bit.ly/2o3lC2L

Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2016, INEGI. Tabulados básicos.  http://bit.ly/2neEgA6

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG, 2011, 2013 y 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Tabulados básicos. http://bit.ly/2mNGdZ0

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, Resultados Generales, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. http://bit.ly/2ovftso

Índice Global de Impunidad México, IGI-MEX, 2016, Universidad de las Américas Puebla. http://bit.ly/2mNzSNg

Índice de Percepción de Corrupción (Corruption Perception Index) 2008-2016, Transparency International, http://bit.ly/2mNn0q5

Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, IFE-Colmex, 2014. http://bit.ly/2odZXCc

OCDE, Wage Gender Gap, http://bit.ly/2o3wldd

Página de la Comisión Nacionl de Derechos Humanos, http://bit.ly/2nxyQUi

Página de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, http://bit.ly/2o3lYX0

Página del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, http://bit.ly/2odPzdA

Página del Instituto Nacional de las Mujeres, http://bit.ly/2nxyzk9

Página del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, http://bit.ly/2mNxAO7

Página del Senado de la República, micrositios de la Comisión de Justicia y Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, http://bit.ly/2nglPMj y http://bit.ly/2mNFJSz

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, 2016 y 2017. http://bit.ly/2nxOyPj

Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006 y Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018. http://bit.ly/2nxFREy

Transparencia Mexicana, “Reformas legislativas no logran frenar caída en el Índice de Percepción de la Corrupción”, 24 de enero de 2017, http://bit.ly/2ovybjP.

 

Jaime Talancón Martínez
Abogado constitucionalista y analista político.

Sofía Ramírez Aguilar
Maestra en economía por el ITAM e investigadora en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

 

3 comentarios en “Sistema Nacional Anticorrupción: 
Voluntad política y exigencia ciudadana

  1. Excelente artículo. Me queda muy claro en donde está México y por lo que ha pasado. Muy buenas fuentes de información para entender la situación real de nuestro país. Saludos Sofia y Jaime desde GDL.

  2. No se percibe la posibilidad que en diez años más sea igual o mayor la corrupción, porque a este país — léase sociedad — ya lo tienen harto tantos ladrones; y sobre todo los ladrones que son detractores del erario — no digo público porque todo erario es público –. Esos ladrones muy visibles, muy cínicos y que ignoran completamente el vocablo honestidad y que ni siquiera saben qué significa ética, están preponderantemente en la arena política de este país; y están conformados en una pirámide donde la cúspide está en la Presidencia y en la base está hasta el barrendero que trabaja en una oficina pública federal, estatal o municipal que hasta las escobas se roba. A ese grado ha llegado la deshonestidad en este país. Y cuando una persona valiente que trabaja en un medio informativo, que se destaca por su verosimilitud que es un caso muy extraordinario porque casi todo el periodista es o lo hacen venal, y esa excepción de la regla publica un acto evidente con pruebas de corrupción de un muy alto funcionario, se integra para “investigar” a esa evidencia que es inocultable, a un pelele que es puesto por el mismo al que se acusa. En una nación donde el jefe del Poder Ejecutivo, afirma que la corrupción es parte de la cultura nacional, para las personas honestas, no ocasiona escepticismo, surgen los más primitivos deseos de exterminar a un congénere. ¡ Porque no es para menos… !

  3. La corrupción es una consecuencia (síntoma), el problema (la enfermedad) es la impunidad (que no se aplica la ley para castigar los actos de corrupción o que son lentos e ineficientes los procesos contra la violación de las leyes).