La democracia fue la gran promesa del México de principios del siglo XXI. Hoy es una de sus grandes decepciones. ¿Qué pasó? La diosa que iba a curar todos los males dio a luz una creatura irreconocible que produce hoy rechazo y desconfianza en la mayoría de los mexicanos

En la primavera de 2015, respondiendo a la pregunta de por qué estaban tan indignados los mexicanos, José Antonio Aguilar Rivera sugirió que una razón de fondo era la “desilusión democrática”. Habían puesto grandes esperanzas en que la democracia iba a arreglarlo todo. 15 años después rechinaban los dientes porque la democracia no sólo no había arreglado todo, sino que había empeorado algunas cosas. México padecía una gran “cruda democrática”: por las expectativas defraudadas, por la solución mágica perdida, porque la diosa esperada había dado a luz una “creatura grotesca que hoy parece inaguantable”.1

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Ilustraciones: Víctor Solís

Por los mismos días Jesús Silva-Herzog Márquez escribió que la ingenuidad mayor de la ilusión democrática mexicana había sido “creer que la alfombra electoral podía extenderse en una casa sin piso: desenrollar el tapete de las elecciones sobre el vacío del Estado, la burla de la ley y el paño roto de la comunidad”. La consecuencia era esa “creatura grotesca” cuyos rasgos Silva-Herzog Márquez esbozó de esta manera: “pluralismo sin ley, competencia sin contrapesos, arbitrariedad descentralizada, poderes sin responsabilidad, plutocracia alternante. ¿Qué nombre describe el régimen que padecemos?”.2

Si no hubiera más, bastarían estas reflexiones para declarar roto el tabú de las bondades de la democracia mexicana. Digo tabú porque sobre la democracia mexicana pesa una cierta prohibición de hablar mal, cierto consenso bien pensante del elogio. Es parte de la idealización subsistente de la diosa el hecho de que se saluden rutinariamente sus bendiciones sin mirar sus deformidades. Se pagan sin chistar sus altos costos y se asumen como imperfecciones transicionales lo que pudiera ser no un juego imperfectamente jugado sino en realidad un juego distinto al buscado. Como si queriendo jugar futbol y con las reglas del futbol los mexicanos hubiéramos terminado jugando rugby. ¿Es este el juego democrático que queríamos jugar o estamos en medio de una desviación histórica respecto del juego deseado?

Principios fundadores, realidades inesperadas

La democracia mexicana es el fruto de un inteligente gradualismo reformista. Fue abriendo paso a paso las puertas de la dominación hegemónica del PRI a lo largo de 10 reformas, durante 30 años, entre 1977 y 2007.

Si se las mide por su intención y su espíritu, sólo dos cambiaron a fondo el rumbo previo: la de 1977 y la de 1996. Fueron reformas de inspiración y propósitos distintos.

La reforma de 1977 se propuso abrir el espacio de la representación política a las minorías que sobrenadaban en el mar de la hegemonía priista. Su propósito fue ampliar la representación política luego de unas elecciones presidenciales en las que sólo contendió el candidato del PRI: José López Portillo. Sin opositor al frente, porque el partido histórico de la oposición, el PAN, decidió abstenerse de la contienda, López Portillo boxeó con su sombra durante sus meses de campaña y obtuvo 100% de los sufragios válidos. Hubo en la cúpula priista humor y realismo suficientes para entender el ridículo, y decidieron abrir la puerta. Legalizaron fuerzas políticas que estaban prohibidas, en particular al Partido Comunista, y ofrecieron a todos el picaporte de la representación proporcional, de modo que los opositores pudieran perder todas las elecciones pero asegurar una representación en el Congreso.

De la reforma del 77 conservamos el sistema mixto de elecciones por mayoría y por representación proporcional, fundamental para dar a todos un espacio sin desplazar al PRI del suyo. Porque el principio fundador de aquella reforma fue que la mayoría permaneciera donde estaba, en el PRI, animada parlamentariamente por una oposición que podría tener triunfos aislados, pero no alcanzar nunca la mayoría en el Congreso ni ganar una elección presidencial. Para garantizar eso el manejo de los órganos electorales permaneció en manos del gobierno.

La reforma del 77 supuso una extraordinaria renovación del ambiente de la vida pública, fue un antes y un después en materia de representación política y libertades periodísticas, pero no significó un cambio en la lógica profunda del poder. Nunca se planteó la posibilidad de la alternancia. De hecho, la alternancia no estuvo nunca en su horizonte de posibilidades.

Hija de la crisis política y económica de los años 94 y 95, la reforma de 1997 dio un giro radical a los supuestos del diseño. Se propuso establecer la independencia de los órganos electorales y garantizar la equidad de los contendientes, de manera que cualquiera pudiera ganar el Congreso o la presidencia: abrió la posibilidad de la alternancia. Tanto, que la oposición ganó la mayoría en el Congreso en 1997 y la elección presidencial en el año 2000.

Los principios fundadores de la reforma del 96 rigen todavía la democracia mexicana. Creo que pueden resumirse en cuatro:

1. Búsqueda de la equidad; 2. Aversión a la mayoría absoluta; 3. Rechazo al presidencialismo priista; 4. Apuesta por la pluralidad.

Las consecuencias no buscadas de estos principios explican por su mayor parte los rasgos indecorosos de la “grotesca creatura” que no sabemos nombrar y que a falta de mejor nombre llamamos democracia mexicana.

 

Equidad. La búsqueda de la equidad presidió los consensos de la reforma política de 1996. Tuvo su expresión mayor en las nuevas reglas de financiamiento público para los partidos, establecidas entonces. Se quería poner fin a uno de los secretos de la hegemonía priista: que el PRI recibía dinero del gobierno y los demás no. Si se quería emparejar el piso de la competencia había que independizar los órganos electorales y hacer con todos los partidos lo que se hacía con el PRI: financiarlos.

La reforma estableció, en consecuencia, que todos los partidos recibieran fondos públicos, de forma transparente, y que no pudieran conseguir sino una pequeña fracción de financiamiento privado, para evitar la captura económica del proceso por los empresarios o el narco.3

A partir de 1996 México tuvo un generoso sistema de financiamiento público, cuyas cifras crecieron como la espuma. La bolsa de los partidos pasó de 596 millones de pesos en 1996, a dos mil 111 millones en 1997, a poco más de tres mil millones en el año 2000 y a cuatro mil 171 millones en 2006.4 La reforma de 2007 añadió a este dinero una gran cuota de tiempo gratuito en los medios, en los que los partidos gastaban hasta entonces más de la mitad de sus ingresos. La reforma de 2014 aumentó el financiamiento a los partidos en el ámbito estatal. Para 2015 el costo oficial declarado del proceso democrático mexicano era de 50 mil 319 millones de pesos, cifra que vuelve a la mexicana la quinta democracia más cara del mundo.5

El financiamiento público del proceso democrático fue una de las innovaciones celebradas de la democracia mexicana. Hoy es una de sus deformidades. El financiamiento público acabó creando, de un lado, partidos rentistas y del otro un gran mercado negro de dinero electoral. Los partidos gastan hoy en las elecciones el dinero público que reciben y además traen a ellas cantidades enormes de dinero no autorizado por la legislación.

 

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Minoritarismo. La aversión a la mayoría absoluta fue otro de los rasgos dominantes de la reforma del 96. Tuvo también consecuencias no buscadas. Huyendo de las opresivas mayorías priistas de otros tiempos, los legisladores del 96 establecieron distintos candados para que esas mayorías no se repitieran ni en el Congreso ni en el gobierno.

El más efectivo de los candados fue establecer un tope constitucional de 8% a la sobrerrepresentación política. Es decir, que sólo pudiera alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso el partido que obtuviera el 43% del voto. Esto parecía imposible ya en el año de 1996, en que las principales fuerzas políticas se dividían el electorado en tercios. En consecuencia, desde el año de 1997 el partido en el gobierno ha sido minoritario en el Congreso. Esta debilidad constitutiva explica en parte la ineficacia gubernativa que acompaña la breve historia de la democracia mexicana.

 

Antipresidencialismo. La aversión por la mayoría absoluta, principio cardinal de la democracia, era la extensión lógica de la urgencia de limitar el poder presidencial. Si algún villano común hubo en la transición democrática mexicana fue el presidencialismo priista. La democracia mexicana se creó quitándole poder a sus presidentes, pasión más que explicable dadas las cuentas catastróficas de presidencias que desde 1976 parecían incapaces de gobernar unos pocos años sin hundir al país en una crisis de décadas. La destrucción de la legitimidad de los gobiernos priistas está escrita en la cardiografía de sus crisis sexenales de finanzas públicas: 1976, 1982, 1987, 1994-95. En el año 2000 el PRI perdió la presidencia.

La pasión antipresidencialista fue efectiva. La legislación se encargó, como se apunta arriba, de que desde 1996 los presidentes de México encabezaran gobiernos divididos, con clara minoría en el Congreso. La moderna cultura democrática mexicana vivía en un régimen presidencialista, pero era, y es, antipresidencial. Se incomoda con sus presidentes porque hacen o porque no hacen, lo quiere a la vez limitado y eficaz, lo asume tan poderoso y autoritario como siempre, aunque le ha arrebatado la llave de su antiguo poder, que era el control del partido cuasiúnico.

Los demócratas mexicanos padecen una pasión antipresidencial de rasgos presidencialistas. Todo lo quieren, todo lo exigen, todo lo reprochan de sus presidentes. La prensa es particularmente viva en el ejercicio de esta pasión. Su temperatura presidencial puede resumirse diciendo que antes necesitaba armarse de valor para hablar mal del presidente y hoy tiene que armarse de valor para hablar bien, pues sus colegas y sus lectores le caen a palos por los elogios.

La aspereza del antipresidencialismo vigente puede medirse en hechos institucionales tan sintomáticos como que hace una década que el titular del poder Ejecutivo no puede dar su informe a la nación en el recinto del Congreso. El Congreso no puede recibirlo sin riesgo de pequeños o grandes zafarranchos parlamentarios. Y el presidente no quiere ir a correr esos riesgos.

 

Pluralidad y fragmentación. El cuarto principio fundador de la democracia mexicana fue su apuesta por la pluralidad como una instancia superior de representación política y del vigor democrático.

 Luego de décadas de padecer los excesos de un partido hegemónico, casi único, es natural que la sensibilidad democrática mexicana haya buscado la pluralidad como aire fresco, como un bien en sí mismo. Otorgó por ello ventajas de representación proporcional a partidos minoritarios y facilidades burocráticas para crear partidos pequeños.

Tampoco salió bien. La pluralidad inducida debilitó políticamente a los partidos grandes y multiplicó burocráticamente a los pequeños, que poco o nada ha representado hasta ahora, aparte de la captura de rentas públicas e influencias burocráticas para pequeñas clientelas.

La historia de las siglas partidarias que han ido y venido por la democracia mexicana podrían llenar un tomo de insensateces, simulaciones, oportunismo y picaresca de baja denominación. Más que a la representación política, la pluralidad partidaria mexicana se parece a la fragmentación, y más que a la vitalidad de lo políticamente diverso ha conducido al parasitismo de las pequeñas camarillas. La fragmentación sin representación sigue adelante.

Los partidos grandes, PRI, PAN y PRD obtuvieron en la elección de 2009 el 77% de los votos. En 2015 alcanzaron sólo 51%: 16 puntos menos. El próximo presidente podría ser electo por una minoría de 25-30%. Su déficit de legitimidad será por sí solo un riesgo de ingobernabilidad

Los principios fundadores de la democracia mexicana trajeron al mundo muchas cosas contrarias a su intención y a su espíritu. La obsesión por la equidad creó partidos rentistas y mercados negros electorales; la aversión a las mayorías absolutas creó gobiernos minoritarios débiles; el rechazo al hiperpresidencialismo creó un minipresidencialismo; y la apuesta por la pluralidad produjo fragmentación: debilitó a los partidos grandes y creció el parasitismo de los pequeños.

La imprudencia de los primeros ganadores históricos de la contienda democrática añadió a estas debilidades constitutivas otras, hijas del azar y el mal gobierno, impensadas también en el optimista diseño original.

 

Gobiernos improvisados. Tres veces seguidas, en el año 2000, en 2006 y en 2012 los votantes mexicanos dieron el poder a presidentes que no habían tenido ninguna experiencia federal de gobierno significativa. Simplemente no habían estado ahí el tiempo suficiente ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto. Esto no había sucedido en México desde 1917 en que Venustiano Carranza asumió el Poder Ejecutivo al frente de un ejército revolucionario triunfante. Todos los presidentes de México tuvieron desde entonces alguna experiencia clave en el gobierno federal. Los presidentes de la democracia mexicana venían de otro lado, de haber sido gobernadores, como Fox y Peña, o momentáneo secretario de Estado, como Felipe Calderón. Ninguno tenía una experiencia cabal de ejercicio del poder desde el gobierno federal. Y a todos la democracia les había quitado los hilos nacionales de mando que sus antecesores habían tenido por medio del PRI.

Ninguno de estos presidentes tuvo la precaución de rodearse de gabinetes con la experiencia que a ellos les faltaba. Escogieron a sus colaboradores entre sus cercanos, tan inexpertos como ellos en el orden de gobierno al que ingresaban. La consecuencia ha sido gobiernos de gabinetes improvisados, con largas y caras curvas de aprendizaje.

Imaginemos una empresa que desde el año 2000 hubiera suplido cada seis años a toda su planta gerencial y a todos sus dueños con dueños y administradores que no la conocieran. Esto es lo que la democracia y sus triunfadores han hecho con el gobierno nacional de México entre el año 2000 y a la fecha. De modo que en vez de los gobiernos legítimos, populares y eficaces que prometía el sueño democrático, la democracia mexicana dio a luz gobiernos minoritarios, constitucionalmente débiles, sin mayoría en el Congreso, y además improvisados e inexpertos. Todo, en ausencia de un servicio civil de carrera, y en un entorno democrático de altas esperanzas públicas, que muy pronto se vuelven exigencias.

México tiene un gobierno de calidad inferior a su proyecto, entre otras cosas por la calidad de su proyecto. Por las reformas introducidas en el arranque del mandato de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal mexicano está obligado ahora a muchas más cosas que en 2012: a hacer una reforma educativa centrada en la evaluación, a abrir la economía a la competencia y el sector energético a la inversión privada. Debe también modernizar la infraestructura, combatir la inseguridad, la corrupción y garantizar transparencia y rendición de cuentas.

No creo que haya en América Latina un gobierno capaz de estas tareas. No lo hay en México porque la excesiva rotación de cargos en el gobierno federal durante 15 años de democracia atenta, por un lado, contra la continuidad y, por el otro, contra la eficacia de cualquier cuerpo administrativo.

 

Gobiernos simulados. Más grave aún ha sido el caso de los gobiernos locales, con su inesperada autonomía.

La alternancia del año 2000 tuvo un efecto descentralizador, disminuyó el tamaño del Poder Ejecutivo en alivio de los otros poderes: el Congreso, la judicatura, los gobiernos locales, los poderes fácticos. Pero no creó mecanismos para lidiar con el desconocido paisaje de un poder presidencial en minoría.

La derrota del presidente priista fue un decreto de autonomía política de facto para los gobernadores de ese partido, sometidos hasta entonces al presidente. La ciudad de México, ganada por la izquierda desde 1997, era ya parte de la desagregación democrática del poder central.

Los gobiernos estatales pasaron de ser sui generis dependencias regionales del Ejecutivo federal, a ser entidades cuasiautónomas, dueñas de su propia legitimidad democrática y de ventajas institucionales sin contrapeso.

El gran dilema del primer gobierno de la alternancia democrática de México, el de Vicente Fox, fue qué hacer con su condición minoritaria. Había ganado la presidencia pero no había ganado el poder. El PRI había salido de Los Pinos, pero gobernaba 29 de los 32 estados de la federación: esos gobernadores tenían ahora el control de la bancada priista en el Congreso, donde el presidente era minoría.

La decisión de Fox fue no usar su bono de popularidad democrática para avasallar a la oposición, en particular a la priista, sino negociar con ella. Decidió llevarla en paz con el Congreso y con los gobiernos locales.

Su instrumento de negociación fue el presupuesto: abrió las arcas de la federación a los gobiernos estatales y municipales sin asegurar que hubiera, a cambio, una adecuada fiscalización federal de esos recursos. Pronto, en unos tiempos de bonanza de precios del petróleo, que durarían hasta 2015, Fox añadió a las cuentas de los estados un bono petrolero.

Fue así, en una entendible lógica de negociación democrática, como se sentaron las bases institucionales para un gigantesco traspaso de recursos públicos a los gobiernos locales sin que se establecieran los mecanismos de fiscalización correspondientes.

Sobre la autonomía política de facto adquirida por los estados cayó la avalancha del presupuesto federal. Entre el año 2000 y el 2014 la federación transfirió a los estados una cantidad equivalente a los 355 mil millones de dólares. Los gobiernos locales iniciaron así su viaje al paraíso fiscal: fueron ricos sin tener que cobrar impuestos ni rendir cuentas a quien les daba el dinero, que era la federación.

“Vimos con estupefacción”, dice José Antonio Aguilar Rivera, “cómo del huevo del federalismo salían feos dragones: irresponsables, codiciosos y hambrientos de fondos públicos”.6 Tanto dinero público suelto no hizo sino multiplicar las ventanillas de la corrupción.

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La corrupción de antes y la de ahora

En la introducción del libro Vicios públicos, virtudes privadas, Claudio Lomnitz advierte contra las generalizaciones históricas sobre la corrupción. Ha existido siempre, nos dice, pero de poco sirve decir que no ha cambiado desde la Colonia.

 El México de la naciente democracia enfrenta una corrupción distinta en su origen y en sus consecuencias a la que padeció, digamos, en la última fase del presidencialismo priista: 1982-2000.

La corrupción de entonces tenía la forma de una pirámide. La de ahora tiene la forma de una telaraña. Durante el fin de la hegemonía del PRI la corrupción bajaba de la cúspide y escurría por laderas y terrazas hasta la base. La corrupción de ahora baja de los conductos paralelos de la dispersión democrática, a partir del generoso reparto de dinero federal que se hace desde el centro a los gobiernos estatales y municipales.

El nuevo mecanismo, como he dicho, lo puso en marcha el presidente Fox en el año 2000 para obtener la colaboración política de la oposición. Pero colaboró también la fortuna, porque la primera década y media de la democracia mexicana fue la de los más altos precios del petróleo de la historia.

 

Fiestas petroleras. Se habla todavía de la fiesta petrolera del gobierno de José López Portillo (1976-1982), durante la cual ingresaron al país 80 mil millones de dólares por ventas de crudo, unos 320 mil millones de ahora. No hacía mal las cuentas el presidente López Portillo cuando decía que los mexicanos debían prepararse para administrar la abundancia. Como tantas otras fiestas petroleras, aquella terminó en una crisis que no sólo se comió los 80 mil millones del petróleo sino que dejó al país con una deuda externa de otros 80 mil.

La fiesta petrolera de López Portillo palidece en valor frente a la de los primeros 14 años de la democracia mexicana. Entre 2000 y 2014 el alto precio del petróleo trajo a las arcas mexicanas una riqueza equivalente a 1,058,635 billones de dólares (un billón igual a un millón de millones; dólares de 2014). Es difícil incluso pronunciar la cifra: un millón de millones de dólares más 58 mil 365 millones de dólares, casi siete veces el costo del Plan Marshall que financió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra.7

Ese flujo de dinero explica en mucho la expansión del gasto público federal de los años de la democracia y el enorme traslado de recursos a los estados y los municipios a partir de 1997.

Entre 2000 y 2015 el presupuesto federal creció 105% en términos reales: de 2.27 billones de pesos a 4.67 billones. En esos mismos años las transferencias a los estados crecieron de 682 mil millones a un billón 390 mil millones de pesos.8

Nuestra segunda fiesta petrolera no tuvo efectos catastróficos en las finanzas públicas, como la de los años ochenta del siglo pasado, pero permitió el reparto de un gran fondo fiscal sin fiscalización que se tradujo en un fondo equivalente de corrupción y dispendio.

 

Dispendios del falso federalismo. Nadie puede alegar en contra de que estados y municipios reciban cada vez más recursos de la federación, especialmente si los rige, como los rige, desde 1978, un pacto de coordinación fiscal mediante el cual los estados cedieron a la federación casi todas sus facultades de cobrar impuestos. Aquel pacto buscaba modernizar una estructura fiscal arcaica, bajo la idea de que la federación repartiría con mayor equidad llevando a los estados pobres algo de lo extraído de los ricos. Estados y municipios dejaron de cobrar impuestos. A la fecha, su porcentaje de ingresos propios es sólo de 16%. En 1997, el mismo año en que el PRI perdió la mayoría en el Congreso, el reparto de recursos federales a los estados empezó a crecer. Pasó de 20% a 35% del presupuesto entre 1997 y 2001 .

Es un hecho que la democracia descentralizó el gasto y enriqueció a las haciendas estatales. El dispositivo institucional que convirtió esta abundancia inesperada en una invitación a la corrupción y el dispendio fue la soberanía estatal. En ejercicio de esa soberanía, garantizada por la Constitución, la autorización del gasto público de los estados y los municipios corresponde a los Congresos locales, no a la federación, aunque sea la federación la que pone el dinero.

Esta previsión constitucional tuvo en los años de la democracia el más torcido de los efectos. Como he dicho antes, entre el año 2000 y el 2014 los estados y municipios recibieron transferencias por unos 355 mil millones de dólares de recursos federales, casi siete veces el monto del referido Plan Marshall.

Con esos recursos federales, cuyo gasto aprueban los Congresos locales, vimos sucederse en los estados catastróficas historias de endeudamiento y corrupción. Los gobiernos estatales no sólo gastaron con liberalidad los dineros de su renta federal, sino además se endeudaron, algunos al extremo de la quiebra, poniendo estos recursos como garantía de nuevos préstamos.

Siguiendo la lógica del mecanismo federal del reparto, los gobernadores metieron al reparto de la bolsa federal a sus legisladores y a su oposición, a su comunidad empresarial y a los medios locales. Con el apoyo de todos pudieron ejercer esos recursos a su arbitrio. Los Congresos locales no vigilantes sino cómplices del ejercicio presupuestal de sus gobiernos. Al dar este paso corrompieron el mecanismo capital de la rendición de cuentas de los sistemas democráticos: la vigilancia del Congreso sobre el presupuesto. En todos se impuso la lógica de la complicidad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para gastar los fondos federales.

La generosidad sin exigencia con que era entregado el dinero ahogó con su abundancia el mecanismo de control institucional previsto, y esta es la piedra de toque de buena parte de la corrupción que aqueja al país.

El proceso total puede describirse en un triste párrafo: con el dinero de la segunda fiesta petrolera los presidentes de la democracia aceitaron al Congreso federal, el Congreso federal aceitó a los gobernadores y a los municipios, los gobernadores aceitaron a sus Congresos locales, que les aprobaron todos sus gastos. Hubo dinero de sobra para hacer política y para crear la red horizontal de corrupción cuya diaria evidencia solivianta a la República.

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Democracia a precio alzado. Ni el proceso democrático ni las elecciones han salido indemnes de la red de la nueva corrupción mexicana, la corrupción nacida en muchos sentidos de la misma descentralización del poder y del dinero creada por la democracia. Partidos y elecciones han sido ventanillas preferentes de asignación y captura de recursos públicos, pues en el México democrático sólo ellas dan acceso al poder y al dinero público suelto que éste trae consigo.

El dinero suelto, desde luego, ha tenido un efecto inflacionario sobre los costos de la competencia democrática y sobre los dineros ilegales que fluyen a ella. Tanto, que puede decirse, con el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que “la democracia multiplicó la corrupción”.9

Según Ugalde, que ha dedicado años de investigación al tema, nuestras elecciones cuestan varias veces más de lo que indica la ley. Fluyen a ellas recursos ilícitos en cantidades tan altas que convierten la competencia democrática en una forma política de compraventa. No gana siempre el que tiene más dinero ilícito pero es imposible que gane quien no lo tiene. Cito a Ugalde:

¿Qué tan caras son las campañas? Según un estudio coordinado por Integralia y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, las campañas cuestan varias veces más que los topes que la ley establece.10

 En este 2015 el tope para una campaña de diputado federal será de 1.2 millones de pesos. La realidad es que el costo promedio de una campaña de diputado federal en zonas urbanas puede llegar a los 10 o 12 millones.

 El tope de campaña de senador varía en el rango de 2.2 a 22.4 millones (según el tamaño de la entidad). Sin embargo, su costo real es superior a los 20 millones, en un estado de tamaño mediano.

Las de gobernador varían según la entidad. En Colima o Tlaxcala el tope legal ronda los cinco millones de pesos; en el Estado de México fue de 203 millones en 2011. Según toda la evidencia anecdótica recopilada, incluido el testimonio de ex gobernadores, una campaña ganadora de gobernador requiere entre 400 y 700 millones.

Las campañas se fondean con desvío de recursos públicos y con aportaciones de otras fuentes: contratistas que quieren asegurar negocios con el nuevo gobernador o el nuevo alcalde; constructores que quieren ganar licitaciones de obra pública a modo; hoteleros, antreros o comerciantes que quieren permisos de uso de suelo, concesiones, otros permisos. Un aportador no infrecuente, lo sabemos ahora, es el crimen organizado.11

Yo hice mi propia averiguación de campo en distintas ciudades de México.

Supe que a una joven poblana que quería ser diputada local le dijeron en su partido: “Si quieres sentarte en la mesa para ganar, tienes que traer 15 millones”.

En el sureste pregunté al amigo de un presidente municipal cuánto había invertido éste en su campaña. La respuesta fue: “Entre dos y tres millones de dólares”.

Estuve luego en Cancún y pregunté a conocedores de la política local cuánto hacía falta por fuera de lo legal para competir por la presidencia municipal de la ciudad. Las tres respuestas dieron la misma cifra: “Cien millones”.

En una reunión en Monterrey pregunté cuánto necesitaba un candidato para sentarse a la mesa donde se jugaba la gubernatura de Nuevo León. Las respuestas fueron: entre 600 y 700 millones de pesos.

La pregunta obvia es: ¿Cómo pagan sus deudas los candidatos que tienen que invertir tanto por fuera de las reglas? La siguiente pregunta es: ¿Una democracia de candidatos endeudados puede esperar gobiernos transparentes?

Más que una competencia de los mejores candidatos, la democracia mexicana parece una subasta de puestos de elección popular. Invertir mucho en ganar unas elecciones es buen negocio, por la sencilla razón de que el ganador encontrará al sentarse en su silla una enorme cantidad de dinero público sin vigilancia con el cual reponerse.

 Escribe José Antonio Aguilar Rivera:

La competencia por los cargos públicos depende críticamente del dinero. Ningún sistema ha podido, en ningún lugar, eliminar por completo este mal… No es un defecto de nacimiento de la democracia, es un mal congénito que acompañará al paciente hasta la tumba.12

El mal mexicano es doble. Por una parte, los partidos reciben grandes cantidades de dinero público y de tiempos gratuitos en los medios. Por otra, tienen también las arcas abiertas al dinero ilegal que aportan gobiernos de su propio partido, empresarios que cobran con contratos, y el crimen organizado.

A la hora de las elecciones los partidos violan sistemáticamente la ley que los regula: usan el dinero legal y abusan del ilegal.

Qué hacer

Me rendí, como muchos, a la celebración de las elecciones federales intermedias del pasado 7 de junio de 2015.

Primero, porque fueron vencidos los malos agüeros de violencia y sabotaje que las rondaban. Segundo, porque vimos funcionar en toda su eficacia administrativa y ciudadana las redes y los veredictos de la institución electoral. Tercero, porque fue una elección competida, característicamente democrática en sus niveles de incertidumbre, en sus mandatos de alternancia y castigo para malos gobiernos, en particular para gobiernos marcados por la sombra de la corrupción, un síntoma más de la revolución moral que puede estar en marcha en México contra el más viejo de sus vicios públicos. Cuarto, por la irrupción de candidatos independientes que abren una puerta a la obligada revisión del sistema de partidos, hoy fuente de rechazo más que de adhesión ciudadana.

Pero aquí empiezan los peros: los votos de rechazo no consolidaron un polo de oposición equiparable a los partidos mayores. Añadieron votos a la dispersión política. Premiaron a partidos pequeños, viejos y nuevos, como el Partido Verde, Morena, Movimiento Ciudadano, Alianza Nacional o Encuentro Social; potenciaron a un puñado de independientes y mantuvieron en 5% el voto nulo.

Todos esos votos aumentaron la fragmentación: debilitaron a los grandes sin fortalecer cabalmente a los pequeños. Leída en una lógica estratégica, la fragmentación añadida no es sino un voto de rechazo al sistema de partidos vigente.

Está en línea con otros números preocupantes, como la pérdida de confianza en el INE, en quien confía sólo 39% de la población, y con la pérdida de confianza en la democracia, donde México ocupa, con 37%, el más bajo lugar entre los países de América Latina, cuyo promedio de confianza en la democracia es 56%.13

Me pregunto si esta es la democracia fragmentada, desprestigiada y cuestionada que queremos. Me respondo que no, no es éste el juego que queríamos jugar, pero es el que estamos jugando.

La democracia mexicana realmente existente produce gobiernos federales improvisados, gobiernos locales irresponsables, elecciones subastadas. Produce, sobre todo, un rechazo público mayoritario, manifiesto en el hecho de que hasta un 65% de los preguntados en una encuesta dijeron preferir para su voto un candidato independiente, ajeno a la “partidocracia”.

Creo que los principios fundadores de nuestro diseño democrático han llegado a un límite. Estamos en la necesidad de una reforma política que atienda los defectos de la que nos rige. No hay que volver a empezar, pero hay que pensar nuevamente lo que queremos en materia de financiamiento, mayorías, pluralidad, presidencialismo, representación, transparencia, gobernabilidad.

Ofrezco tres apuntes al efecto. Uno, sobre la simulación federalista y la corrupción democrática. Otro, sobre la debilidad constitutiva de los gobiernos de la democracia mexicana. El tercero, sobre equidad y financiamiento.

 

Corrupción y federalismo. La democracia mexicana diseñó un régimen de gobierno federal en el que ningún presidente pudiera tener mayoría absoluta en el Congreso. Para ganar la colaboración de un Congreso adverso, como hemos recordado aquí, el primer gobierno de la democracia, de Vicente Fox, estableció el expediente funesto de negociar con la oposición ampliando el reparto de dinero federal a los estados sin imponerles a cambio una fiscalización también federal.

Los mandamientos del federalismo mexicano obligan a reconocer facultades y a financiar soberanías de gobiernos que no son competentes ni soberanos. Los dos actos soberanos fundamentales de un Estado son cobrar impuestos y aplicar la ley. Ninguna de las dos cosas hacen bien a bien los gobiernos locales de México. La impunidad por homicidio, un delito del fuero estatal, es de 98%. De todos sus ingresos los estados en promedio sólo recaudan 16%. Lo demás lo reciben de la federación, sin rendirle cuentas a ella de sus gastos, porque son soberanos.

La aprobación del gasto federal en los estados quedó en manos de los gobiernos y los Congresos locales. Los gobiernos locales compraron con dinero federal la complicidad de sus Congresos y sus cabildos para aprobar sus cuentas. Se destruyó así el mecanismo fundamental de contrapesos que la democracia prevé: la rendición de cuentas mediante la división de poderes y la vigilancia del Congreso

Bajo la simulación federalista nuestra democracia creó gobiernos que suplieron la división de poderes por la complicidad de poderes. Otorgó a los gobiernos locales una autonomía financiera que no tenían y una impunidad política de cuya profundidad apenas empezamos a caer en cuenta.

Hay que suspender el mecanismo de traslado de fondos federales sin fiscalización efectiva a los gobiernos locales y poner frenos a la conducta fiscal de éstos. Los dineros venidos de la federación deben ser fiscalizados y aprobados en su gasto por la federación. Esto puede sonar a un centralismo retrógrado en detrimento del federalismo y los estados. Pero la situación actual es la de un federalismo simulado que reproduce y premia gobiernos irresponsables en detrimento de sus gobernados y de todo el país.

 

Gobiernos débiles. Un gran defecto funcional de nuestra democracia es que ha generado gobiernos débiles y de mala calidad. Huyendo del presidencialismo abrumador de las eras priistas, los reformadores diseñaron un régimen presidencial de perpetua minoría, donde la oposición fuese siempre mayoría y pudieran multiplicarse dentro de ella, con relativa facilidad, distintas opciones partidarias. Ésta es quizá la peor de las ideas para un régimen presidencial: gobiernos de minoría con una mayoría de fuerzas oposicionistas fragmentadas en el Congreso. Nada tan malo para un régimen presidencial como una oposición difusa, sin liderato preciso ni, por tanto, responsabilidad: la responsabilidad parlamentaria de Fuenteovejuna.

En el régimen presidencial mexicano la mayoría del Congreso está fragmentada en distintas fuerzas, tantas como nueve, una pluralidad típica más bien de un régimen parlamentario, pero sin los mecanismos de este último para formar mayorías gobernantes, principio cardinal de la democracia.

Si queremos mantener y mejorar la gobernabilidad del régimen presidencialista debemos poner un freno a la fragmentación y a la falsa pluralidad, que dispersa el poder sin mejorar la representación.

Si queremos seguir adelante con la fragmentación y la dispersión del poder, quizá debemos dejar atrás el régimen presidencialista y establecer uno parlamentario, donde el proceso mismo de alianzas entre fuerzas diversas construye gobiernos de mayoría.

La figura por excelencia para crear mayorías absolutas en un régimen presidencial es la segunda vuelta electoral, en la que contienden los dos primeros lugares de la primera.

Problema: el PRI se resiste a la figura bajo el supuesto de que el antipriismo nacional normalmente será mayoría, y el PRI perderá todas las segundas vueltas.

Otro problema: la segunda vuelta aplicada sólo al poder Ejecutivo, y no al Legislativo, puede producir un horizonte de conflicto permanente entre un Ejecutivo con mayoría absoluta en la segunda vuelta, pero con minoría en el Congreso en la primera. Para evitar esta ruta de colisión la segunda vuelta debería extenderse también al Poder Legislativo, a lo que se resistirán como al cadalso los partidos minoritarios, que hoy son siete, pues muy rápido el mecanismo los iría eliminando del Congreso y en tres o cuatro elecciones restituiría un escenario de dos o tres partidos dominantes en la República.

Otro camino, como digo, es abandonar de plano el régimen presidencial y empezar a construir uno parlamentario, donde sólo puede formarse gobierno si hay mayoría.

Los dos caminos suponen abandonar la fantasía de que un gobierno de minoría es más democrático que uno de mayoría. No es más democrático, es simplemente más frágil.

En un régimen presidencialista histórico como el mexicano, me cuesta mucho trabajo imaginar el cambio a un régimen parlamentario sin que medie una crisis previa de gobernabilidad. En todo caso, me parece imposible plantear algo sólido en esta materia que pueda ejercerse en las elecciones del año 2018.

La segunda vuelta, con los problemas enunciados, podría ser una medida transicional hacia una solución más compleja, incluyendo el posible paso a un régimen parlamentario. No basta, sin embargo, para corregir el problema de nuestros gobiernos minoritarios e ineficaces.

La construcción de gobiernos presidenciales menos frágiles puede pasar eficazmente por otros mecanismos, como elevar el tope de sobrerrepresentación política (hoy de sólo 8%; en Inglaterra ha llegado a ser de 22%). También puede inducirse la constitución de la mayoría deseable disminuyendo los sitios de representación proporcional en el Congreso y ampliando las facultades de decreto del Poder Ejecutivo.

 A la debilidad constitutiva de nuestros gobiernos democráticos hay que sumar su debilidad burocrática. Como he dicho antes, cada seis años, desde el 2000, hemos elegido gobiernos federales sin experiencia previa en ese orden de gobierno, y sin un servicio civil de carrera que sustente la administración en sus niveles profesionales altos.

La construcción de un servicio civil de carrera es una solución obvia a este problema que erosiona todos los días la confianza ciudadana. Pero es un camino largo, apenas iniciado. Podría acortarse legislando que no pueda ocupar ningún alto puesto en el gobierno quien no tenga alguna experiencia previa en la tarea y en la dependencia donde es nombrado.

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Equidad y financiamiento. Hay todo que revisar en los subsidios otorgados a la democracia mexicana y sus criterios. Sabemos que no han logrado evitar lo que buscaban: blindar la competencia electoral contra el dinero oculto que pudiera capturar el proceso: dinero de los empresarios, del narco, de los propios gobiernos. Las tres cosas siguen sucediendo. Junto al mercado de subsidios legales hay un mercado negro electoral de fondos aportados por gobiernos, futuros contratistas y redes criminales. Lejos de vacunar los procesos democráticos contra el poder del dinero y transparentarlo, el diseño vigente los ha corrompido al grado de que nuestras elecciones parecen una subasta. El que no tiene mucho dinero para apostar, aparte del subsidio oficial, apenas puede sentarse a la mesa.

La aparición de los candidatos independientes ha traído un problema adicional: nadie sabe cómo financiarlos, ni con cuánto, ni a cuántos.

Parece llegado el momento de relegislar el asunto del dinero y las prerrogativas que se dan a los partidos. Entre estas últimas, el maratón de spots gratuitos, 42 millones al año que, lejos de potenciar la competencia, la estupidizan con slogans y simplonerías.

Los spots son incapaces de darnos siquiera un atisbo de quiénes son realmente los candidatos, protegidos, además, por la bienpensante pero absurda prohibición de las campañas negativas. Desde el punto de vista de los medios, las elecciones se han vuelto unos carnavales de spots chabacanos, dinero oculto e impunidad pública para candidatos y partidos.

Creo que todo el sistema debe ser revisado bajo la idea rectora de desregular a fondo lo que ha sido regulado de más. La ilusión de que el dinero público puede pagar la democracia debe ser revisada radicalmente. La sociedad toda debe pagar por su democracia, no sólo el erario público.

Hay que devolver a los partidos el libre acceso a los fondos que les dé su sociedad. Hay que desaparecer los spots en favor de la difusión de debates y compromisos programáticos. Deben permitirse las campañas negativas y también debe reabrirse el mercado de los medios a quien quiera adquirirlos.

Todo esto bajo el supuesto de una estricta rendición de cuentas de los partidos y los candidatos. El mercado negro electoral es una de las fuentes de la corrupción que tanto reprocha la ciudadanía en su clase política.

Creo que hay que transparentar ese mercado levantando las restricciones que lo crearon y abriendo a fiscalización rigurosa las finanzas reales totales, públicas y privadas, de cada partido, cada campaña y cada candidato.

Hay que responsabilizar personalmente a los candidatos, no sólo a los partidos, de las irregularidades financieras de sus campañas. La imposible equidad debe ceder en esto el paso a la transparencia posible, y la abstracta responsabilidad partidaria a la precisa responsabilidad individual.

 

Aquellos tiempos. Urge no dar nuestra democracia por buena. Urge una reflexión sobre el tipo de democracia que queremos y el tipo de régimen político que se aviene mejor con nuestras diversidades y diferencias.

Todo esto ameritaría abrir una consulta nacional de gran espectro, como la que preparó la reforma del 77. La sola discusión de estas cosas traería un aire fresco a nuestra zarandeada democracia.

En muchos sentidos esa discusión debería hacernos volver al principio, al espíritu más que a los principios con que fue fundada la democracia mexicana, a la actitud que los partidos tenían entonces respecto, por ejemplo, del dinero público y a lo que, según sus cuentas, eran los costos de la actividad política y la contienda democrática.

Me recuerda un antiguo conocedor de los intríngulis de la reforma del 96 que la primera reacción del PAN y el PRD al saber cuánto iba a tocarles para las elecciones del 97 fue escandalizarse. El Pan llevaba medio siglo y el cardenismo una década sobreviviendo y compitiendo con mucho menos. La cifra exorbitante que se les ofrecía era una confesión implícita del viejo régimen sobre el mucho dinero que había dado al PRI.

Las asignaciones se fijaron a partir de lo que el PRI dijo haber gastado en la campaña presidencial de 1994. Las cifras resultantes fueron:

   PRI     437 millones 011 mil

   PAN    259 millones 956 mil

   PRD    194 millones 531 mil

 

Se entiende que las cifras parecieran exorbitantes a partidos que habían presentado gastos para el año de 1996 por cifras considerablemente menores.

El PAN había declarado gastos ese año por 24 millones 572 mil pesos. Iba a recibir casi 260 millones para el año siguiente. El PRD acreditó gastos por nueve millones 215 pesos en 1996. Para 1997 iban a darle 194 millones.

El PAN se escandalizó al punto de devolver el primer cheque de sus nuevas prerrogativas. El PRD dijo que utilizaría ese dinero para comprar libros y repartirlos entre la población.

No hay noticia de que el PAN devolviera el segundo cheque ni de que el PRD creara un sistema de edición y regalo de libros.14

Guiada por las cuentas de lo que necesitaba el PRI, la reforma del 96 encareció por 10 y por 15 veces el costo de cada voto en la democracia mexicana.

Harían bien los partidos en volver a su escándalo del 96 respecto del dinero que recibieron y a las pobres cuentas que han rendido de él.

Aquellos, los partidos de la oposición de 1996 escandalizados por el dinero, son el tipo de partidos democráticos que queremos otra vez, el tipo de partidos que necesitamos para lo que sigue.

Abril, 2016

 

Héctor Aguilar Camín
Escritor y periodista. Es autor, entre otros libros, de La modernidad fugitiva. México 1988-2012 y coautor con Jorge G. Castañeda de Un futuro para México y Regreso al futuro. Su novela más reciente: Toda la vida (Random House, 2016).


1 José Antonio Aguilar Rivera, “La cruda democrática”, Tribuna, Milenio 3/04/15.

2 Jesús Silva-Herzog Márquez, Reforma, 8 de diciembre de 2014.

3 Al efecto, la reforma estableció el criterio de “que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (art. 41 constitucional, fracción II). La Ley General de Partidos Políticos fijó luego que las aportaciones privadas fueran de hasta “el diez por ciento del tope de gasto” (art. 56) De modo que 90% dinero público,
10% dinero privado.

4 http://bit.ly/1rimJcH

5 Luis Carlos Ugalde, “Democracia a precio alzado”, nexos, agosto de 2015.

6 “La cruda democrática”, op. cit.

7 Según los cálculos de Juan Pablo García Moreno, hechos en servicio de este artículo, los 17 mil millones de dólares que costó el Plan Marshall el siglo pasado equivaldrían a unos 160 mil millones de dólares de hoy. La renta petrolera mexicana de los primeros años del siglo XXI ha sido 6.6 veces la del Plan Marshall.

8 Luis Carlos Ugalde, “La democracia multiplicó la corrupción”, nexos, febrero de 2015.

9 “La democracia multiplicó la corrupción”, op. cit.

10 Ver Luis Carlos Ugalde, coordinador, La negociación política del presupuesto en México, 1997-2012. Impacto sobre la composición y ejecución del gasto público, Sitesa e Integralia, 2014. Disponible en www.integralia.com.mx

11 “La democracia multiplicó la corrupción”, op. cit.

12 “La cruda democrática”, op. cit.

13 Reforma: http://bit.ly/1u7iiw6; Latinobarómetro, 2013: http://bit.ly/1FfosOC

14 Las cifras otorgadas a todos los partidos pueden consultarse en la página electrónica del INE: http://bit.ly/1Ttq5CD
Sobre el escándalo de los partidos por el mucho dinero que les dio la reforma política del 96, esta nota periodística de La Jornada del 23 de noviembre de 1996: http://bit.ly/1Lhpzou
Van citas textuales de la nota en cursivas:
El representante del Partido de la Revolución Democrática, Leonel Godoy, cuestionó severamente el monto “excesivo” del financiamiento aprobado en el Congreso con el voto mayoritario del PRI: “Queremos volver a decir que nos parece excesivo, que la crisis que agobia al país… no puede darse el lujo de que haya partidos ricos y mexicanos pobres”… Sin embargo, pidió simplemente que estos recursos públicos “cuantiosos” sean “estrictamente vigilados” por el Consejo General del IFE.
El representante del Partido Acción Nacional, Juan Antonio García Villa, consideró que este modelo de financiamiento aprobado por el PRI pervierte y desacredita potencialmente a los partidos políticos: “El contribuyente común y corriente sentirá irritación por esta cantidad verdaderamente exorbitante”. Consideró que este desprestigio lo compartirán todos los partidos, no sólo
el PRI, “que con su intransigencia llevó hasta estos niveles de escándalo el financiamiento público”.
De lo que se trata, agregó, y es una de las finalidades del IFE, es promover la consolidación del sistema de partidos y de una cultura política en el país. “No vamos a lograr ni una cosa ni otra con este financiamiento público de escándalo”, aseguró.
El representante del PRI en el IFE, Enrique Ibarra, dijo que (el financiamiento acordado) es coherente con la reforma constitucional aprobada por todos los partidos, permitirá que esas organizaciones políticas capaciten de mejor manera a sus militantes, propiciando una óptima vinculación con sus electores y constituyéndose en agentes eficaces para la promoción y el desarrollo de la educación cívica y la cultura política democrática que se requiere.

 

14 comentarios en “Nocturno de la democracia mexicana

  1. El verdadero y muy nocivo Antipresidencialismo, que de verdad a maltratado la democracia, es el Antipresidencialismo de los Estados. Esos hermanos menores, envidiosos, rencorosos y dispendiosos. Se la cobraron al mayor viviendo sus viditas…en sus munditos… señoritos feudales que solo saben extender la mano para recibir-chantagistamente-su tajada de presupuesto. Federalismo…y eso con que se come?

  2. Muy interesante su artículo de opinión sobre la muy defectuosa democracia mexicana. Definitivamente es demasiado costosa y demasiado imperfecta; y queda muy mal parado el denominado Estado de derecho. Se demeritó todavía más la democracia al dispersarse tan ingentemente el poder que había permanecido por muchas décadas centralizado. Los gobernadores se apertrecharon en sus feudos estaduales con dineros provenientes del petróleo que les entregó la federación, para que fueran utilizados discrecionalmente, sin objeciones ni auditados; lo que incremento exponencialmente la corrupción. Los congresos estatales fueron fácilmente cooptados y comprados por los virreyes en turno. Desde 1930 hasta 1976 fue cuando se contó con un Estado de tendencia más socialdemócrata y benefactor. Ese Estado fue omnímodo y con un Poder total; ciertamente adoleciendo de un gran paternalismo; debido a que una hoja no se movía si no era bajo el mandato del tlatoani en turno, que a la vez era el Jefe Supremo del Estado y del omnisciente Partido. En 1982 se inicia a cambiar de paradigma político-económico con la entrada del neoliberalismo derivado del Consenso de Washington y es donde se inicia la reducción sistemática del Estado-nación. Esa reducción suficientemente planeada por organismos financieros internacionales, Señor Aguilar Camín, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial; además de otros entes transnacionales muy poderosos, han provocado la paulatina desaparición de los Estados-nación. De tal manera, que las naciones se sustentan en democracias; pero democracias solo en apariencia. Los Estados en la actualidad se constituyen por gobernantes peleles, así como instituciones débiles, las cuales son dirigidas por personas improvisadas. Porque gente así es la que les conviene a los que detentan el Poder Real, que no radican en los Estados disminuidos; no tienen un lugar geográfico fijo. Se puede decir que están en Wall Street o en Londres o en Hong Kong etc. Un sistema parlamentario como el que menciona usted, es poco probable que se concretara; o que lo dejaran concretarse que es distinto. De cualquier forma el tema que abordó en esta ocasión es interesante por los múltiples datos que añade. Lo saludo.

    • Desde luego que la lectura que hacemos de Aguilar Camin, nos trae un gran panorama desde el cual podemos analizar los caminos que ha seguido la democracia en México.
      Y Rodrigo Barreda agrega un elemento más para el análisis: el empequeñecimiento de los Estados hasta su cuasi desaparición.
      Gracias Rodrigo por compartir

  3. Excelente artículo Don Hector. Lo malo es que,al leerlo, me produjo una gran sensación de hartazgo. Pobre pais pobre, llevado al precipicio por los políticos corruptos, ineptos y mercaderes de la política muy a la mexicana. El nombramiento de gabinete de “instant experts” y la incipiente y manipulada democracia. Que razon la de Don Abel Quezada con si caricatura del Mexico cuerno de la abundancia creado por Dios, que al ver la grandeza del pais se arrepintió de su creación y le puso Mexicanos…….. Tambien lo dicho por alguien: Si los politicos mexicanos administraran el gran desierto, habría escacez de arena.
    Saludos desde la ruta del vino Baja California.

    • En el lecho seco del Nazas, que separa la laguna de Durango de la de Coahuila, los empresarios con visto bueno de la autoridades se fueron acabando la arena que ahí había. Todavía me acuerdo que la gente llevaba ahí a los niños a deslizarse por los montones de arena.

  4. Me gustan mucho los textos de Aguilar Camín, disfruto leyendo no sólo su análisis, sino su prosa de excelente factura y este artículo no es la excepción. También lo sigo los lunes en la tv. Sin embargo, no entiendo por qué dice que esta fea criatura irreconocible, “la democracia mexicana”, no sabe cómo llamarla, haciendo eco de lo que cita de Silva Herzog. Sencillamente por su nombre: CLEPTOCRACIA CÍNICA E IMPUNE. Tampoco entiendo qué añade la diferencia entre antigua corrupción piramidal y actual corrupción en red. Quizá en que ahora es peor?

  5. Se trata de hacer atractivas las elecciones. Hacer propuestas, generar discusión y llevar a cabo reformas. En contra posición al surgimiento de una línea de pensamiento distinta que plantea que se agotó la idea del cambio social por la vía institucional es decir: la vía electoral, por lo que es necesario investigar y proponer nuevas prácticas emancipadoras.

  6. No creo que se pueda dar algo sano (en este caso una democracia como D manda), cuando como sociedad somos civifobicos (no todos, pero son minoría), aunado a una ingenuidad social, creyendo que en un sexenio mágico se puede arreglar la nación y alcanzar los anhelos de la patria…y que decir de los mesías.

    La culpa es de todos.

  7. El autor analiza el fracaso de la democracia mexicana sin considerar el cadáver detrás de este teatro: la política económica del último cuarto de siglo. Básicamente, todas las reformas políticas desde Salinas tuvieron el propósito de naturalizar esta política económica a cambios de concesiones sustantivas a los partidos políticos. La estación final de este tren es la firma del Pacto por México. Una vez que se empezó a sospechar que el Pacto por México no daría los resultados esperados, ocurrió una serie de actos fortuitos: el escándalo de la casa blanca, Ayotzinapa, etc., que cambiaron la escena política. Aquellos que vitorearon el Pacto por México tuvieron un argumento para desvincularse de ese compromiso y se voltearon contra el gobierno y los partidos que acababan de ensalzar. Ahora están escribiendo una historia revisionista del pasado inmediato, cuya protagonista es la “corrupción”.

  8. Extraordinario platillo servidor señor Aguilar. Me deja pensando, pasmado. Esta revisión triste anuncia el sin remedio, pero celebro sus propuestas, pocas se ven, se las agradezco.

  9. Hasta hubiera parecido coincidencia pero no lo es: al igual que Enrique Krauze, este mismo mes pero en medios distintos, Héctor Aguilar Camín publica este ensayo en Nexos con la misma temática que Krauze, quien lo hizo en Letras Libres: mientras éste la refiere como “Desaliento de la democracia” Aguilar Camín le llama “desilusión de la democracia”. Y los dos atinan en diagnosticar el estado de ánimo nacional actual de los mexicanos e identificar algunas de sus causas. ¡Felicidades a ambos!

  10. Ni desaliento ni desilusión, no se puede construir en el aire. Lo mejor que podemos hacer es releer a Fernando Escalante Gonzalbo principalmente “Ciudadanos imaginarios”.

  11. Muy buen artículo, me dejó un poco inquieto, pero felicito al autor. ojalá escriba más artículos de este calibre.

  12. Se trata de un texto errático y contradictorio. Por momentos parece una defensa a ultranza del presidencialismo. ¿Abrir la economía a la competencia? Parece que para don Héctor no está abierta lo suficiente. ¿Financiamiento privado para los partidos? No toma en cuenta el crimen organizado. Hay mensajes en contra de los demócratas mexicanos. Hace pensar en Enrique Krauze, que también lanzó su carta este mes. Bien, don Héctor no propone ajustes democráticos, sino la celebración del poder. Lo que llama antipresidencialismo tiene por piso la pésima calidad de quienes han gobernado al país. Si hay excepciones se trata de presidentes muertos. Una democracia cara, ¿a eso se reduce todo finalmente? La corrupción que todo lo infecta, ¿y? ¿Qué quiere don Héctor que no dice de manera directa, sencilla y clara?