La democracia ha traído más transparencia pero no menos corrupción a la vida pública mexicana. Luis Carlos Ugalde explica por qué

“El PRI no era el dinosaurio, sino el cuidador
de la jaula de los dinosaurios” (Amigo Anónimo).

El 13 de septiembre de 2000, Transparencia Internacional dio a conocer la sexta edición de su ranking anual en materia de corrupción. México aparecía con una calificación reprobatoria de 3.3. Estábamos junto a países como Colombia, Zambia y Etiopía. Dos meses antes, Vicente Fox había ganado la elección presidencial con la promesa de acabar con la corrupción. Todos le creyeron, no sólo porque Fox proyectaba la imagen de un ranchero valiente y decidido a acabar con las “víboras y tepocatas”, como llamaba a los políticos del PRI, sino porque parecía lógico que la mera alternancia política, primera en 70 años, rompiera complicidades y generara más transparencia y menos corrupción. Una década después, sin embargo, la realidad es otra. El proceso de democratización parece haber estimulado mayor corrupción, al menos en el corto plazo. México es percibido como más corrupto hoy que hace una década.

¿Qué ocurrió? ¿Por qué al parecer somos más corruptos que antes? ¿Falló la democracia? ¿Fallaron las personas? ¿Falló el sentido común?

¿Qué es la corrupción? ¿Cómo se mide?

La corrupción política es el abuso de la autoridad pública para un beneficio privado. Tiene diferentes modalidades, entre ellas el peculado o la malversación de recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno a gran escala (para obtener un contrato, por ejemplo), el soborno a pequeña escala (la “mordida”), entre otros.

Medir la corrupción es un ejercicio complejo y controvertido porque se trata de “medir” lo inobservable. Salvo que exista evidencia grabada o un cheque con la leyenda “soborno”, lo único observable son las declaraciones de los acusados, las percepciones de los ciudadanos o las consecuencias de la corrupción (por ejemplo, obra pública de baja calidad o precios inflados), pero aun en este caso se trata de derivaciones probables de la corrupción, no de hechos directos del acto corruptor.

Transparencia Internacional (TI) fue el primer organismo en medir la corrupción mediante el Índice de Percepciones de la Corrupción, construido con base en encuestas de opinión a inversionistas, analistas de riesgo político y público en general. El índice se publica desde 1995 y mide la percepción sobre el grado de corrupción entre funcionarios de gobierno y políticos de un país —arroja un número que es el promedio de hasta 16 encuestas diferentes. A pesar de sus limitaciones por basarse en percepciones más que en la ocurrencia real de la corrupción, el índice de TI se ha convertido en el medidor más comentado y usado para generar conciencia sobre el problema y motivar a la acción.

Se han desarrollado otros indicadores, entre ellos el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial, el Barómetro Global de la Corrupción y el Índice de Fuentes de Soborno (estos dos últimos elaborados por TI).1 Para trascender las limitaciones de los indicadores de percepciones, se han diseñado también medidas de la ocurrencia efectiva de la corrupción, como por ejemplo el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, en el que para su elaboración se pregunta a los encuestados sobre el número y tamaño de pagos que hacen para facilitar el acceso a servicios públicos.

¿Qué dicen los datos sobre México?
Sin excepción, todos los indicadores disponibles señalan que México padece un problema grave de corrupción y que sus altos niveles no mejoraron con la alternancia política de 2000. Más aún, se observa una tendencia de deterioro, que aunque moderada, sugiere que el problema ha empeorado lejos de mejorar como era la expectativa cuando Vicente Fox llegó a la presidencia de la República.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional colocaba a México con una calificación reprobatoria de 3.3 en 2000. El Índice va de 1 a 10, siendo 1 el máximo nivel de corrupción y 10 el grado máximo de integridad y honestidad. En 2010, cuando presuntamente México debía haber mejorado como resultado de la alternancia, el país sin embargo cayó: pasó de una calificación de 3.3 diez años antes a una de 3.1, ubicándose en el lugar 98 de 178 países incluidos en esa medición (ver gráfica 1).

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En términos comparativos con América Latina, México también aparece en un mal lugar, debajo de países como Chile, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Perú y Guatemala (ver gráfica 2).

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Por su parte, Transparencia Mexicana ha estimado la ocurrencia de la corrupción a pequeña escala —sobornos o “mordidas” para acceder a servicios públicos. Los datos muestran que esta modalidad también ha variado poco: pasó de 214 millones de actos en 2001 a 200 millones en 2010. El costo asociado (las “mordidas”) pasó de 24 mil millones de pesos corrientes en 2001 a 32 mil en 2010 (ver gráfica 3).

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Pero quizá el dato más significativo es la opinión persistente de la mayoría de los mexicanos de que la corrupción va en aumento. Según el Barómetro Global de la Corrupción, más del 70% de los mexicanos en 2010 manifestó que la corrupción había aumentado en los tres años previos y sólo 7% dijo que había disminuido. Según el Barómetro de las Américas, un estudio muy prestigioso de opinión pública realizado en toda América Latina, mientras en 2004 el 38.6% de los mexicanos pensaba que la corrupción estaba muy generalizada entre los funcionarios públicos, la cifra creció a 47.9% en 2010.

Aquí es preciso hacer cuatro comentarios. Primero, el significado cultural de la corrupción limita la precisión de los indicadores. El entendimiento del fenómeno por parte de un empresario, por ejemplo, es muy diferente al de un trabajador asalariado. La corrupción puede convertirse en un concepto “all-inclusive” en el cual caben desde asuntos vinculados directamente a la corrupción hasta la insatisfacción ciudadana por el alza de precios o con la política en general.

Segundo, hay una tendencia generalizada del público para afirmar que la corrupción siempre va en aumento y esos códigos de evaluación son rígidos y cambian con mucha dificultad. El Barómetro Global de la Corrupción 2010 muestra que en todas las regiones del mundo la gente piensa que la corrupción ha aumentado en los tres años previos, llegando a niveles tan altos como 73% en la Unión Europea, una región por naturaleza poco corrupta.

Tercero, la lucha en contra del narcotráfico en México afecta la percepción del ciudadano. A pesar de que esa lucha puede tener efectos positivos sobre la integridad del sistema de justicia, en lo inmediato la gente ve sangre y piensa en corrupción, lo cual perjudica la evaluación que se hace del país.

Cuarto, los países que experimentan cambios democráticos como México están sujetos a un mayor escrutinio y exposición pública de la corrupción, simplemente porque hay más libertad de prensa, lo que puede llevar a la percepción de que la corrupción es mayor, cuando en realidad lo que es mayor es la exposición del problema y no necesariamente el problema mismo.

¿Cuál es la modalidad más grave de la corrupción en México?

Sin considerar el narcotráfico, pues tiene características que trascienden la corrupción judicial y de policías, los mayores problemas de corrupción política en México por su magnitud son el soborno en contratos de gobierno (obra púbica y adquisiciones) y el peculado o malversación de recursos públicos. Por incidencia, aunque no por magnitud, el soborno a pequeña escala (las “mordidas”) es también un problema grave.

El soborno en contratos de gobierno ocurre cuando un contratista ofrece dinero a un funcionario público a cambio de trato privilegiado en un proceso de licitación, ya sea mediante la manipulación de las bases del concurso, la obtención de información privilegiada, o la eliminación de competidores por razones técnicas. Ocurre también a la inversa, cuando es el funcionario el que pide una comisión a cambio, por ejemplo, de agilizar el pago del contrato. Muchas empresas “pagan” comisiones que pueden ir desde el famoso diezmo (el 10% del contrato), hasta tasas que pueden llegar hasta 25% o 30%, de acuerdo a diversos estudios, entrevistas y evidencia anecdótica.

Es importante destacar que la discrecionalidad de los procesos de licitación y compras de gobierno en el ámbito federal se ha reducido porque las leyes han mejorado y porque hay mejores sistemas de información (por ejemplo, Compranet). Sin embargo, la opinión siempre off-the-record de algunos contratistas es que las leyes pueden ser mejores pero que en la práctica la corrupción en los contratos grandes permanece igual o peor que antes. Asimismo, el problema es mayor a nivel estatal, donde las leyes con frecuencia están rezagadas y hay mayor discrecionalidad para manipular las bases, dar información privilegiada y favorecer a licitantes.

En México, el gobierno federal destina entre el 25% y el 30% del presupuesto federal a contrataciones públicas. Eso significó, por ejemplo, que en 2009 se gastaron más de 970 mil millones de pesos en obra pública y adquisiciones, en adición al gasto que ejercieron los gobiernos estatales y locales con recursos propios.2 Si una proporción de esa suma se destina a sobornar funcionarios, que puede variar entre el 10% y el 25% de acuerdo a diversos estudios, el daño económico y presupuestal al país es enorme.3

La segunda modalidad más grave de corrupción por magnitud es el peculado o la malversación de fondos públicos. Desde los años ochenta se han fortalecido los mecanismos para combatir este delito en el nivel federal, mediante controles internos (contralorías) y controles externos (Auditoría Superior de la Federación). Sin embargo, este esquema de control y fiscalización en el ámbito federal no se reproduce en los estados y municipios, por razones legales y políticas. Por una parte, hay rezago en las leyes que regulan la contabilidad gubernamental, el presupuesto y la fiscalización. Por otra parte, en muchas entidades los gobernadores ejercen un control político férreo que limita la capacidad de los órganos de fiscalización para ejercer sus funciones.

El peculado tiene diversos fines y modalidades. Por una parte está el desvío de recursos públicos para financiar campañas políticas. Los gastos que registran los partidos son sólo la punta del iceberg de una industria electoral que consume enormes cantidades de dinero en efectivo y de apoyos en especie que con frecuencia provienen de las haciendas públicas, aunque de manera triangulada. Este fenómeno se ha restringido significativamente en el ámbito federal desde los años noventa pero se ha profundizado en los estados, en buena medida porque muchos gobernadores han adquirido la facultad informal de designar a los candidatos de su partido y tienen todos los incentivos para apoyarlos con medios legales y extralegales.

Por otra parte, el peculado tiene también como destino el enriquecimiento personal. Las modalidades son diversas, desde el pago de cheques por obras no realizadas, la transferencia de recursos entre partidas presupuestales, o bien, mediante el uso de los recursos que reciben los sindicatos de gobierno, ya sea por las cuotas de sus agremiados que no son fiscalizables o de transferencias que reciben de empresas públicas como Pemex y cuyo destino en ocasiones se desconoce.

Finalmente, están los sobornos a pequeña escala (las llamadas “mordidas”). De acuerdo al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, en 2010 se cometieron 200 millones de actos de corrupción para agilizar el acceso a servicios públicos (ver gráfica 3).

Aunque las “mordidas” no son la forma más relevante por tamaño sí lo son por la incidencia pues la practican millones a pequeña escala. Es quizá esta forma la que causa mayor daño al tejido social porque enseña que operar al margen de la ley es la vía para progresar. Si la corrupción de obra pública afecta las finanzas públicas y la calidad de la infraestructura, las “mordidas” afectan el capital social y la cultura de la legalidad.

¿Más democracia, más corrupción? La explicación está en FLIME
La teoría sugiere que más democracia es igual a menos corrupción. No obstante, en algunos países el proceso de democratización estimula mayores niveles de corrupción porque las nuevas democracias electorales se construyen sobre los mismos cimientos clientelistas, corruptos y de baja cultura de la legalidad del pasado, de tal forma que hay mayores libertades y derechos para que los líderes sindicales, los legisladores, los partidos y los empresarios usen el nuevo marco democrático para sus fines privados. Según Stephen D. Morris, la democracia reduce la corrupción, pero la democratización la incrementa.4

Los principales factores que en México explican cómo la democratización ha estimulado mayor corrupción se pueden resumir en el acrónimo FLIME: Fragmentación, Liquidez, Impunidad, Medios y Empresarios.

Fragmentación. La corrupción durante el siglo XX era resultado de la concentración del poder en la presidencia. La corrupción del siglo XXI es, en cambio, resultado de la dispersión del poder arriba y su concentración abajo, en las entidades del país. Antes había un proceso jerarquizado de corrupción política que ponía en la voluntad del Ejecutivo la cantidad y magnitud de negocios que se podían hacer al amparo del poder y ello limitaba la discrecionalidad para que otros actores fueran sobornados o cometieran peculado.

El problema después del 2000 es que los puntos de “venta” se han multiplicado, pero sin estar regulados ni vigilados por instituciones que garanticen un mínimo de rendición de cuentas para todas las entidades federativas. Ya no hay un presidente discrecional pero hay 32 gobernadores con mucho dinero y sin contrapesos políticos. En consecuencia, priva el descontrol en las entidades y se da una suerte de “corrupción competitiva” que es alimentada por el creciente costo para ganar elecciones, por los influjos extraordinarios de recursos que hay en la economía gubernamental (petróleo) y por la percepción de que la impunidad sigue permeando en todos los ámbitos de la vida pública.5

Liquidez. La liquidez que deriva de la explotación de recursos naturales es, en ocasiones, una maldición para los países que la disfrutan. La evidencia muestra que la mayor parte de los países productores de petróleo tienen a la vez altos niveles de corrupción porque la riqueza que brota de la naturaleza conlleva a gastar sin recaudar y eso inhibe la responsabilidad política y la rendición de cuentas, además de que estimula el gasto corriente para atender clientelas en lugar de inversión para el crecimiento.6

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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha estimado que entre 2006 y 2008, por ejemplo, las entidades del país recibieron transferencias extraordinarias por más de 350 mil millones de pesos. Eso significa que contaron con más recursos de los que tenían contemplados, por lo que el ejercicio de los mismos se realizó muy probablemente con insuficiente planeación, lo cual abre la puerta a mayor ineficiencia, opacidad y corrupción.

La liquidez del petróleo estimula que los gobiernos estatales se comporten como estados rentistas: como las fuentes para financiar el gasto provienen de transferencias y de impuestos que cobra la Federación, no desarrollan una relación mutua de responsabilidad política y de fiscalización con sus ciudadanos.

Impunidad. De acuerdo al Reporte de Integridad Global 2009, México ha mejorado en casi todos los rubros relacionados con las leyes y herramientas para combatir la corrupción, pero el estudio también destaca que la diferencia entre el marco legal y su implementación efectiva es enorme. Según el reporte, el “gap” entre leyes y aplicación es de 24 puntos.

Tenemos buenas leyes, pero la fiscalización se extravía en formalismos legales y técnicas contables que no tienen efecto sobre el mundo real de la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, realiza un trabajo profesional y emite su informe anual en varios tomos, pero sus observaciones con frecuencia carecen de consecuencias y sanciones. Por ejemplo, entre 2006 y 2008 la Auditoría presentó 16 denuncias de hechos ante el Ministerio Público por hechos constitutivos de acción penal. A la fecha, ninguno de ellos ha sido resuelto.7

En las entidades el panorama es a veces desolador. Por una parte, el marco legal está rezagado en muchas de ellas, pero el mayor problema es que los resultados de la fiscalización con frecuencia se negocian en el congreso local o en la oficina del gobernador. Hay “crimen sin castigo” porque se cumplen los requisitos formales de la fiscalización pero no hay consecuencias cuando se detectan irregularidades.8

Medios y empresarios. Finalmente, la corrupción sigue viva por la omisión y complacencia de muchos medios de comunicación y empresarios, dos actores que debiendo jugar un papel de contrapeso y vigilancia social, con frecuencia han actuado más como cómplices del poder público.

Buena parte de los medios no han hecho una labor para documentar la corrupción. Sin recursos ni lectores interesados en el periodismo de investigación, muchos de ellos viven de los boletines de prensa y de las declaraciones de los políticos. Los casos de corrupción que cubren son, en general, por filtraciones de las propias autoridades o porque se ejerció acción penal en contra de algún “pez gordo”. De alguna forma, los medios simplemente son voceros gratuitos de las políticas de castigo, con frecuencia selectivas, de las autoridades.

Este problema de falta de periodismo de investigación se agudiza porque muchos medios, sobre todo la prensa en el ámbito local, vive de la publicidad oficial. Se vuelven “paleros” del gobierno en turno y carecen de libertad para ejercer una labor de vigilancia ciudadana. Este fenómeno perverso de una prensa local silenciada por razones económicas inicia en las campañas políticas. Algunos medios actúan como extorsionadores de candidatos a quienes ofrecen “convenios de publicidad” para darles cobertura. Sin pago no hay candidato. Y con frecuencia venden las primeras planas por cuotas preestablecidas, igual que muchas radiodifusoras y televisoras venden entrevistas y cobertura informativa.

Por último, la otra voz “ciudadana” que debiese actuar como contrapeso del abuso y la corrupción política es la clase empresarial, pero amplios segmentos de ésta prefieren acomodarse con el gobierno en turno para obtener contratos de obra pública en lugar de denunciar irregularidades. Se cierra así un círculo de complicidades entre los gobiernos, los partidos políticos y sus candidatos, los medios de comunicación, especialmente locales, y el sector privado. Todos ganan y pocos quieren cambiar el statu quo.

Recomendaciones
Una vez hecho el diagnóstico, hago ahora nueve recomendaciones.

Primera, debemos erradicar el fatalismo histórico. “Somos corruptos porque heredamos una cultura clientelista de la Colonia”. Falso. Aunque ese pasado nos predispone a la corrupción y genera tolerancia hacia el fenómeno, también es cierto que otros países con pasados semejantes como Chile, cuentan con gobiernos más honestos.

Segunda, debemos erradicar el enfoque voluntarista que sostiene que todo es un asunto de voluntad política. Falso. Vicente Fox tuvo mucho empeño de acabar con la corrupción, pero carecía de un mapa global, de la sofisticación y de la habilidad para atacar el problema. Su voluntad sólo alcanzó para emocionar a quienes querían que cayeran “peces gordos”, pero al final de su gobierno no hubo uno solo tras las rejas.

Tercera, también es necesario erradicar la visión legalista que propone más leyes, más controles y más sanciones. Ciertamente, las leyes en el ámbito estatal deben mejorar mucho y las federales pueden ser afinadas, pero en México el problema no es de leyes sino de su aplicación. Tampoco mejorará el combate a la corrupción con más controles administrativos —peor aún, éstos tienden a generar parálisis en el gobierno, propician un régimen de terror entre la burocracia sin combatir la raíz del problema.

Cuarta, el problema de fondo radica en los arreglos macro del sistema político, más que en la estructura específica de la fiscalización o del control administrativo. Si las reglas “globales” del juego político no cambian, cualquier estrategia de combate a la corrupción será fallida. Hay dos arreglos que deben cambiarse porque facilitan y estimulan la corrupción: la coordinación fiscal-presupuestal y la no-reelección de alcaldes y gobernadores. En materia hacendaria, existe un triángulo de irresponsabilidad fiscal porque la Federación recauda y luego transfiere a los gobiernos locales para que gasten, sin que exista un vínculo directo entre ciudadano y gobernante. Ello estimula el gasto pero no la rendición de cuentas porque ambos, ciudadano y gobierno, se deben lealtad mutua por la vía del gasto, pero no de los impuestos. Sin una reforma al marco fiscal y presupuestal, persistirá el esquema clientelista y rentista proclive a la corrupción.

Con respecto a la no-reelección baste decir que ella estimula el “cortoplacismo político” que es el mejor aliado de la tentación para el peculado y el soborno. Muchos alcaldes enfrentan un sistema de incentivos claro al inicio de sus gestiones: gasta en lugar de recaudar, piensa en tu siguiente escalafón político y haz negocio personal. Con reelección el horizonte político del cargo se alargaría y eso atenuaría los efectos nocivos de la corrupción.

Quinta, el origen del ciclo corruptor en México y el mundo inicia con el financiamiento de las campañas políticas. Donantes que entregan cheques o efectivo a candidatos a cambio de contratos de gobierno futuros. Aunque la retórica diga otra cosa, el hecho es que las campañas cuestan varias veces de lo que la ley permite y los candidatos requieren más liquidez para ser competitivos (movilización del voto, cobertura mediática). Cambiar el proceso inflacionario de la democracia electoral requiere modificar la regulación electoral, no con más controles ni fiscalización que de poco sirven, sino alterando el sistema clientelista que subyace a todas las contiendas y cambiando de fondo la relación partidos-medios que sólo se ha encarecido desde la reforma electoral de 2007, que presuntamente haría la democracia más barata.

Sexta, la transparencia gubernamental es un ingrediente para combatir la corrupción, pero insuficiente por sí mismo. Este es el mayor logro de la gestión del presidente Vicente Fox: promulgar la Ley de Transparencia en 2002 y fomentar los valores de un gobierno transparente. Pero la realidad muestra que a pesar de los avances, el impacto sobre los niveles de corrupción ha sido prácticamente nulo. Más transparencia no significa menor corrupción, a menos que se cumplan algunas de las condiciones que se señalan en este artículo.

Séptima, la estrategia de los “peces gordos” es contraproducente para atacar la corrupción en el largo plazo, porque fomenta el castigo selectivo por razones políticas. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón han recurrido a esa táctica. Que los peces gordos sean culpables no elimina el hecho de que la ejecución de su captura se debió a consideraciones políticas en lugar de la aplicación universal y permanente de la ley. Curiosamente, a pesar de haber amenazado tanto a los “peces gordos”, fue el sexenio de Fox el único en que no se registran casos escandalosos como en otros.

Octava, la corrupción es un reflejo de la verdadera enfermedad del sistema político que es la impunidad. La corrupción es síntoma, no enfermedad. Por lo tanto, la solución de fondo consiste en atacar la impunidad, porque si sólo nos abocamos a atacar las manifestaciones no habrá soluciones de largo plazo. Y esto requiere reformas globales en materia de justicia, Estado de derecho, política, entre otras.

Éste es el reto más difícil porque llevamos dos siglos de independencia intentando crear un país de leyes que se cumplan, sin lograrlo. En el último medio siglo ningún gobierno ha sido escrupuloso en fomentar la agenda del Estado de derecho y la legalidad, en parte porque un país tan desigual como México requiere atender primero la pobreza y la inseguridad. Pero no debiera haber exclusión entre ambos fines. Al final del día la única forma de que la injusticia y la inseguridad se combatan con eficacia es que haya un país de leyes con aplicación universal.

Novena y última recomendación. Se requiere un nuevo liderazgo para dar un salto cualitativo y cuantitativo en materia de combate a la corrupción. Por una parte, la presidencia de la República es la única instancia que puede iniciar un ciclo de aplicación universal de la ley en materia de combate a la impunidad. Pero ello significa un compromiso inquebrantable y permanente de sancionar aun a sus partidarios con el costo enorme en términos de alianzas y apoyo político al interior del sistema.

Sin embargo, el liderazgo del gobierno es insuficiente. Hay un actor que siempre ha estado ausente en la lucha contra la corrupción y cuya participación y liderazgo podría inyectar aire fresco y fuerza ciudadana: el sector empresarial mexicano.

El liderazgo del sector privado es indispensable para relanzar la agenda de combate a la corrupción. Ya no es recomendable que sea el gobierno y los partidos quienes hagan siempre los llamados a la honestidad, se requieren voces nuevas. Siendo el sector empresarial uno de los actores que ha contribuido al problema de la corrupción, como sucede en todos los países del mundo, su participación daría credibilidad y liderazgo al esfuerzo y ayudaría a crear una gran coalición en contra de este problema.

Los empresarios mexicanos se han quejado históricamente del mal gobierno, pero han sido omisos en reconocer que muchos de ellos han sido cómplices del abuso y la corrupción. Es momento de que renueven su liderazgo y ayuden a mitigar uno de los mayores problemas históricos de México.

Luis Carlos Ugalde.
Director de Integralia Consultores e investigador residente en la Fundación Nacional para la Democracia, Washington, D.C.

Agradezco a José Luis Bustos, Carlos Petersen y Mario Guzmán su apoyo para la investigación de este artículo. Agradezco a Arturo del Castillo y a José Luis Bustos sus comentarios a una versión preliminar.

1 Transparencia Internacional publica a partir de 1999 el Índice de Fuentes de Soborno (Bribe Payers Index) que busca analizar el problema por el lado de la oferta (quién soborna) para complementar el índice de Percepciones que analiza el problema por el lado de la demanda (el sobornado).
2 Con base en información de la Secretaría de la Función Pública en la sección de Compranet.
3 Ciertamente no todos los contratos de gobierno implican soborno, pero la evidencia anecdótica, así como estudios de la OCDE, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y del Tecnológico de Monterrey, todos ellos concuerdan en que los contratistas mexicanos expresan que es común la práctica de pagos extralegales para obtener contratos de gobierno.
4 Ver Stephen D. Morris, Political Corruption in Mexico (Boulder: Lynne Reinner Publishers, 2009), capítulo 1. Ver también Daniel Treisman, “What Have We Learned About the Causes of Corruption from Ten Years of Cross-National Empirical Research?”, en Annual Review of Political Science 2007.
5 El problema de la fragmentación sin controles inicia en la década de los noventa cuando se inician los procesos de descentralización, tanto educativa como de salud, pero no se establecen mecanismos de fiscalización y control adecuados.
6 Ver Gabriella R. Montinola y Robert W. Jackman, “Sources of Corruption: A Cross-Country Study”, en British Journal of Political Science 32, 2002.
7 Fuente: Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2009.
8 Muchos argumentan que el problema radica en que los órganos de fiscalización carecen, en general, de facultades para fincar responsabilidades de manera directa, lo que obliga a turnar los expedientes al gobierno para que inicie procesos penales o administrativos. Como el gobierno es juez y parte, esos expedientes no llegan ante las autoridades competentes y cuando lo hacen son sujetos a procesos de negociación política y del famoso “carpetazo”.