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CÓMO VOTAN LOS INDÍGENAS

POR GUILLERMO TREJO Y JOSÉ ANTONIO AGUILAR RIVERA

Este artículo presenta algunos de los resultados del proyecto “Usos y costumbres en comunidades indígenas y procesos político-electorales” del Instituto Federal Electora!. La investigación, que se condujo entre 1998 y 1999, estuvo a cargo de José Antonio Aguilar. Ana Paula Pintado y Guillermo Trejo, e intenta explicar los conflictos en la organización de las elecciones, y durante la jornada electoral, en municipios con más de 30% de población indígena. Las opiniones no representan la posición del IFE.

En la demonologia o hagiografía de los indígenas en México los hechos rara vez cuentan. Para muchos, las comunidades indígenas son un paraíso de pureza comunitaria y autenticidad, mientras que para otros no son sino infiernos de atraso y opresión. El retrato maniqueo es ya un lugar común. Las visiones preconcebidas, sin embargo, se basan casi exclusivamente en evidencia anecdótica y en las filias o fobias respectivas. La organización y el desarrollo de las elecciones en zonas indígenas no escapan a estas visiones polares.

Para conducir el debate público de manera responsable es imperativo contar con datos que vayan más allá de la anécdota y la propaganda. Con este propósito, el Instituto Federal Electoral llevó a cabo una investigación sobre la elección federal de 1997 en las comunidades indígenas de México. Durante casi dos años un equipo interdisciplinario trabajó para intentar dar cuenta de los factores explicativos de los diferentes niveles de conflicto en la organización y en el desarrollo de los procesos electorales en esas regiones. Dos preguntas guiaron la investigación: ¿cuáles son los principales obstáculos en la organización y el desarrollo de las elecciones federales en zonas indígenas? y ¿porqué algunas poblaciones indígenas son más exitosas en la organización de elecciones imparciales mientras que en otras prevalece el conflicto?

En la vasta literatura sobre transiciones a la democracia, la organización y la implementación de las elecciones son temas que, de manera sorprendente, no han sido suficientemente estudiados. Eventos en apariencia tan simples como el empadronamiento, la insaculación y la capacitación de los funcionarios de casilla son en general catalogados como aspectos logísticamente triviales de la democracia. Cuando mucho, los académicos y observadores internacionales prestan atención al desarrollo de la jornada electoral en las llamadas “elecciones fundacionales”. Sin embargo, detrás de los aspectos “logísticos” de las elecciones se encuentran algunos de los principios básicos de la democracia. Cuando se violan algunos de estos principios, la democracia puede tornarse en un simple conjunto de procedimientos huecos.

Los estudiosos de la democratización en países en vías de desarrollo han hecho notar que algunos países adoptan instituciones electorales formales, sin haber democratizado otros procedimientos igualmente significativos en los procesos electorales mismos. Las elecciones se llevan a cabo sin ningún tipo de acuerdo sobre las normas básicas de la competencia política. Observadores como Terry Lynn Karl argumentan que las jornadas electorales son sólo “la parte más visible de las manifestaciones democráticas”: la punta del iceberg electoral.1 Al atender sólo al último eslabón de una larga cadena de instituciones democráticas concatenadas, en varias de las nuevas democracias latinoamericanas se ha caído en un simple “electoralismo”.

La democracia se refiere tanto a ideales políticos como a instituciones políticas. Es cosa frecuente dar por sentados los ideales que le confieren sustancia a los arreglos democráticos. Pero ¿qué tipo de acuerdos dan sustento a las instituciones democráticas? Siguiendo a Robert Dahl, podríamos afirmar que la democracia supone el que todo ciudadano tenga la oportunidad para formular y expresar sus preferencias individuales y que éstas tengan el mismo valor ante el Estado.2 Para que esto sea efectivo, se requiere de varias garantías institucionales. Entre las más importantes tenemos el derecho de votar y de tener elecciones libres y transparentes. En las democracias, las elecciones se organizan de manera que reflejen el compromiso normativo de tales acuerdos. Pocas veces éstos reciben la atención adecuada. ¿Cuáles son los ideales normativos detrás de la organización e instrumentación de las elecciones democráticas? La siguiente es una lista de las normas y los principios democráticos que se encuentran detrás de la organización y la instrumentación de las elecciones.

Empadronamiento. Ningún ciudadano debe ser excluido del derecho a empadronarse y votar. Todos los ciudadanos deben tener el derecho y la capacidad de votar y elegir a sus representantes. Aunque históricamente el número de personas con derecho al voto estuvo restringido por razones económicas o educativas, el sufragio universal se ha convertido en la piedra angular de las democracias modernas. El principio democrático que sustenta al empadronamiento es la inclusión.

Insaculación de los funcionarios de casilla. Tal vez la insaculación como método de selección sea una de las prácticas más antiguas en las democracias. Para Aristóteles el sorteo era el más democrático de todos los métodos para la selección de representantes. Aquellas personas seleccionadas por azar deben cumplir su encargo sin retribución alguna, como una obligación cívica. El principio detrás de la insaculación es el del autogobierno.

Capacitación de los funcionarios de casilla. Todo ciudadano debe contar con los conocimientos básicos para participar en el autogobierno. No sólo los ciudadanos deben tener las mismas posibilidades de ser electos, sino que todos deben ser capaces de aprender los principios básicos para servir como funcionarios de casilla. El principio democrático detrás de la capacitación es el de la competencia cívica.

Jornada electoral. Todos los ciudadanos deben ser libres para votar en secreto y sin ningún tipo de coerción. Cada ciudadano debe contar también con la mínima información para emitir un voto razonado. Los principios detrás de la jornada electoral son la libertad y la competencia cívica.

Lo que deseábamos explicar en esta investigación era el conflicto en la organización de las elecciones y durante la jornada electoral. De acuerdo con los ideales normativos que se encuentran detrás de cada fase de la organización y la instrumentación de las elecciones, construimos dos índices de conflicto. 3 Ambos índices de conflicto fueron elaborados a partir de una encuesta aplicada por el IFE a los vocales de distrito. La encuesta proporcionó información sobre las dificultades encontradas en el proceso de empadronamiento, insaculación y capacitación de los funcionarios de casilla, así como de los problemas encontrados durante la jornada electoral de 1997 en municipios con 30% o más de población indígena.

Según datos del Instituto Nacional Indigenista, en el país existen 803 municipios con 30% o más de población indígena, donde habita el 77% de la población indígena estimada.4 Se trata de una tercera parte de los municipios del país. Si bien algunos investigadores prefieren trabajar con municipios predominantemente indígenas (aquellos con 70% o más de población indígena), en este trabajo decidimos utilizar el umbral del 30% para saber si el grado de homogeneidad etnocultural es un factor explicativo de los diferentes niveles de conflicto. Cabe, por último, aclarar que aunque nuestro universo en principio incluye estos 803 municipios, nuestro universo real fue de 700 municipios, debido a que en varios distritos los vocales no respondieron a la encuesta realizada por el IFE. La mayor parte de la información está agregada a nivel distrital y municipal y sólo en algunos reportes se puede concluir algo sobre problemas a nivel de casillas.5 Para el análisis estadístico, utilizamos al municipio como unidad de análisis. Es decir, procedimos a reconstruir los problemas reportados en la elección federal a nivel municipal. Esta decisión se tomó por dos razones: primero porque las respuestas de los funcionarios del IFE no fueron uniformes y, segundo, porque la información para prácticamente todas las variables explicativas del conflicto existe únicamente a nivel municipal.

Los índices nos permitieron medir por primera vez el conflicto en la organización y en el desarrollo de las elecciones federales a nivel nacional. De los dos índices del conflicto en la organización y el desarrollo de la jornada electoral se pueden obtener algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, los resultados sugieren que en promedio los problemas relacionados con la organización y la instrumentación de elecciones federales en zonas indígenas son principalmente de tipo 1 y 2, es decir, son problemas logísticos, de coerción y discriminación. Como se puede apreciar en la figura 1, en lo que respecta al índice pre-electoral, el 91.56% de los casos caen entre los niveles uno y dos, siendo el nivel 2 el nivel porcentualmente mayor (58.85%). En lo que toca al índice del desarrollo electoral, los niveles 1 y 2 representan el 83.56% del total del conflicto.

Estos resultados agregados sugieren que. en lo que respecta a la organización y al desarrollo de elecciones federales, las comunidades indígenas en México no son ni el paraíso idílico y consensual que algunos antropólogos con frecuencia imaginan, ni tampoco es el reino de la opresión, la irracionalidad y la intolerancia que algunos críticos del indigenismo gustan imaginar. Aunque existen problemas importantes en la organización y la instrumentación de las elecciones federales, la mayor parte del México indígena dista mucho de la violencia electoral que se verifica en países como la India o en algunas regiones del continente africano.

En segundo lugar, comparando ambos índices es interesante señalar que en promedio se verifican más problemas en la fase de la organización que durante la jornada electoral: mientras que el nivel de conflicto promedio en la organización es de 1.56, la media para los conflictos durante la jornada electoral es de 1.31. Los principales problemas en la organización de las elecciones tienen que ver más con la insaculación y la capacitación de funcionarios que con el empadronamiento. Aunque los problemas en la jornada electoral son más visibles (por ejemplo, las quemas o los robos de urnas), los problemas asociados a la organización de las elecciones parecen ser más agudos.

En tercer lugar, una distinción adicional tiene que ver con la geografía del conflicto. Existen diferencias importantes entre las distintas regiones geográficas del país. En términos de la organización de las elecciones, el conflicto se concentra principalmente en los estados norteños de Chihuahua y Durango y de manera especial en el sur: en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. De los estados del sur Chiapas obtiene el nivel de conflicto más alto alcanzando un promedio de 2.2. Y detrás de este dato promedio se esconden niveles mayores de conflicto, principalmente en los Altos de Chiapas y en la Selva Lacandona. Ello no debe ser ninguna sorpresa. Aun cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) promovió la participación de sus miembros y simpatizantes en las elecciones federales y locales de 1994, en 1997 la Comandancia del EZLN decidió boicotear la elección federal.6 En los otros estados del sur —Guerrero y Oaxaca—, en la organización de las elecciones federales las dificultades logísticas se combinan con la discriminación de género y con la coerción que ejercen los caciques locales. Vale la pena notar que sólo dos comunidades de Oaxaca, en la zona triqui, registraron altos niveles de conflicto. Por lo demás, en la mayor parte de los distritos federales electorales de Oaxaca se registran niveles bajos e intermedios de conflicto: cuatro distritos con nivel 1 y otros siete con nivel 2. En Guerrero ninguna comunidad registró niveles altos de conflicto, pero en los cuatro distritos federales electorales los niveles promedio de conflicto son tipo 2 (medio).

En los estados de Chihuahua y Durango los niveles de conflicto en la organización de las elecciones son de nivel medio. Estas dos entidades contrastan con el estado de Sonora, en donde las elecciones fueron organizadas bajo circunstancias relativamente normales y los niveles de conflicto son relativamente bajos. Las zonas centro y centro-este mostraron niveles de conflicto bajo, excepto por Hidalgo y Morelos, que mostraron niveles de conflicto superiores a la media nacional. Finalmente, la región del sureste merece especial atención. En la mayoría de los distritos federales electorales de Campeche, Tabasco y Yucatán los niveles de conflicto se encuentran entre bajo y nulo.

Los niveles de conflicto en el desarrollo de la jornada electoral también muestran variaciones regionales importantes.

Es claro que aunque en la etapa pre-electoral los estados del norte y del sur mostraron niveles relativamente altos de conflicto, los problemas más agudos durante la jornada electoral se presentan primordialmente en los estados del sur. El nivel de conflicto promedio en el sur alcanza el 1.87, en donde Chiapas vuelve a tener el primer lugar con un nivel promedio de 2.12. Es por demás interesante hacer notar que aunque en la mayoría de las regiones el nivel de conflicto promedio durante la jornada electoral cae abruptamente en relación a la organización, en los estados del sur el nivel de conflicto permanece casi idéntico entre las dos fases o incluso llega a aumentar en Chiapas. Los distritos 01,02, 03, 05 y 08 fueron particularmente conflictivos en el estado de Chiapas, especialmente el distrito 03, donde se concentraron la mayor parte de las quemas y robos de urnas.

En el resto del país, centro, centro-este, norte y sureste, los problemas que se registran son, cuando mucho, de carácter logístico. Resaltan los estados del sureste. Campeche, Tabasco y Yucatán, en donde los niveles de conflicto se remiten al costo de oportunidad del tiempo de los votantes. De este escenario, sin embargo, valdría la pena señalar algunos casos que no siguen este patrón y presentan niveles medios de conflicto en el desarrollo de la jornada electoral: el distrito 02 de Morelos, el 02 de Puebla y el 02 de Querétaro.

¿Qué factores influyen para explicar los diferentes grados de conflicto electoral en las distintas regiones indígenas de México? Un primer paso para responder a esta pregunta es el análisis estadístico. A través del uso de herramientas del análisis de regresión, se pueden obtener pistas generales sobre las razones del conflicto que pueden ser verificadas mediante el estudio de campo.7 Dividimos en cuatro categorías los principales factores que pudieran explicar los índices de conflicto durante la organización e instrumentación de las elecciones: factores socio-demográficos y etnoculturales (dispersión geográfica, migración, alfabetismo, población monolingüe, población indígena, número efectivo de grupos étnicos, discriminación de género, grado de tradicionalismo, número efectivo de religiones), político-institucionales (número efectivo de partidos, autoridades locales elegidas por usos y costumbres) y económicos (marginación).8

Para probar estadísticamente estas hipótesis utilizamos modelos probit ordinales. Estos modelos son particularmente útiles cuando se manejan variables dependientes con rangos bien definidos entre diferentes categorías. Corrimos dos modelos separados, uno para dar cuenta de los niveles de conflicto en la organización de las elecciones federales y un segundo para los conflictos durante la jornada electoral. El cuadro 1 resume los resultados del primer modelo. Las variables con asteriscos denotan significancia estadística. Como se puede observar, los conflictos en la organización de las elecciones son principalmente resultado de los factores etnolingüísticos y culturales. En un contexto de dispersión geográfica, los factores más importantes para explicar los distintos niveles de conflicto son el monolingüismo, el número efectivo de grupos étnicos, la discriminación de género, el número efectivo de religiones y la elección de autoridades locales por los métodos comunitarios tradicionales. A continuación presentamos explicaciones más sólidas sobre las causas del conflicto en la organización de las elecciones.

Los resultados estadísticos confirman que la dispersión geográfica incrementa la probabilidad de conflicto en la organización de las elecciones.9 Esto es particularmente cierto cuando las poblaciones se encuentran dispersas en las montañas o en la selva. Llegar a esas poblaciones para insacular y capacitar a los funcionarios de casilla es muy costoso, tanto física como económicamente. Del mismo modo, para los ciudadanos indígenas que resultan insaculados, el cumplimiento de su obligación cívica puede resultar también oneroso, ya que en estas zonas generalmente existe tan sólo un número limitado y disperso de centros de capacitación. Los talleres de participación social confirman el problema de la dispersión geográfica en los municipios con niveles de conflicto 1, 2 y 3.

El nivel de conflicto en la organización de las elecciones federales se incrementa a la par del porcentaje de la población monolingüe. El monolingüismo resulta ser una de las variables de mayor significancia estadística en nuestro estudio. El monolingüismo mantiene un nivel alto de correlación con el analfabetismo. Saber leer y escribir en español es un requisito para servir como funcionario de casilla en México. Las poblaciones indígenas monolingües carecen de los conocimientos y la competencia mínimos sobre las leyes federales y por ello su participación en la organización de las elecciones federales es problemática. De hecho, en estas comunidades existe un grave problema de coordinación: el desconocimiento del idioma nacional hace que el cumplimiento y la aplicación de las leyes nacionales sean muy costosos.

La probabilidad de conflicto se incrementa también a medida que el número efectivo de grupos étnicos crece. Aunque en México los casos de conflictos interétnicos son raros (las movilizaciones indígenas son contra el Estado), la cooperación interétnica a nivel local se complica en la medida en que aumenta el número de lenguas. En aquellas comunidades donde se combina un alto número de grupos étnicos con un porcentaje significativo de población monolingüe, los problemas se agudizan: la ausencia de una lengua franca hace imposible la cooperación y la coordinación entre estos grupos, particularmente durante la capacitación de funcionarios de casilla.

La discriminación de género resultó ser estadísticamente significativa, pero con el signo opuesto a lo esperado. Contrario a nuestras expectativas teóricas, a mayor proporción de mujeres con educación primaria terminada, mayor es la probabilidad de conflicto. Como pudimos constatar a través de los talleres, las mujeres con mayor escolaridad se muestran más dispuestas a opinar en público y tienden a ser más independientes. También están dispuestas a cuestionar el status quo que con frecuencia les prohíbe participar libremente en los asuntos públicos. Una posible explicación del signo positivo puede ser que ante las demandas de las mujeres con mayor escolaridad, algunos hombres y autoridades tradicionales reaccionan subyugando al resto de la población femenina y obstaculizan su participación como funcionarías de casilla cuando resultan insaculadas. Paradójicamente, las mujeres indígenas educadas resultan ser un factor negativo para el resto de las mujeres del grupo. Esto es presumiblemente cierto en el corto plazo. Después de cierto umbral crítico de educación (el promedio de mujeres indígenas con educación primaria es aún muy bajo: 10.2%), los hombres y las autoridades tradicionales tendrían dificultades para coercionar a las mujeres, y bajo esas condiciones un porcentaje mayor de mujeres indígenas con educación básica sí podría contribuir a abatir los niveles de conflicto.

El número efectivo de religiones resultó ser una variable estadísticamente significativa en la organización de las elecciones. A mayor número efectivo de religiones, mayor es la probabilidad de que aumente el conflicto. En el medio indígena mexicano sobresalen particularmente tres categorías religiosas: el catolicismo (tradicional y progresista), los protestantismos y las religiones autóctonas tradicionales. La conversión al protestantismo o al catolicismo progresista (Teología de la Liberación) es una fuente importante del pluralismo cultural dentro de las comunidades indígenas. Sólo en algunos lugares la conversión religiosa ha derivado en fricciones intracomunitarias (por ejemplo, en los Altos de Chiapas, particularmente en San Juan Chamula). Aunque la conversión religiosa incide en el mismo corazón de la estructura de poder tradicional, en la mayor parte del país esto sucede sin violencia. Sin embargo, la coordinación y cooperación entre tradicionalistas y conversos al protestantismo y la Teología de la Liberación es problemática. Más aún, algunas iglesias protestantes (por ejemplo los Testigos de Jehová) y otros grupos tradicionalistas ortodoxos (algunos cultos católico-autóctonos) se rehúsan a cumplir con la obligación cívica de servir como funcionarios de casilla.

Una de las variables estadísticamente más significativas en el presente estudio es la elección de las autoridades locales por usos y costumbres. Aunque este es un problema que afecta exclusivamente a Oaxaca, los municipios de Oaxaca representan casi un tercio de nuestro universo muestral. En aquellas comunidades donde las autoridades locales son elegidas por medio de asambleas comunitarias y donde la ley no permite la participación de los partidos políticos, las elecciones federales son difíciles de realizar. Como se hizo evidente en los talleres de participación social, la insaculación de funcionarios de casilla suele entrar en contradicción con las jerarquías civiles y religiosas de las comunidades. Cuando algún ciudadano de rango menor en las jerarquías comunitarias (jóvenes o mujeres) resultan insaculados, los miembros con mayor jerarquía suelen obstaculizar su libre participación. Al referirse al proceso de insaculación, uno de los participantes en nuestros talleres expresó esta idea con claridad: “preferimos nosotros elegir a nuestras autoridades y no que una computadora en la Ciudad de México elija por nosotros”.

En resumidas cuentas, los factores etnoculturales y políticos resultaron tener un mayor poder explicativo que los factores sociodemográficos o económicos. Contrario a nuestras expectativas, ni el analfabetismo ni la marginación resultaron factores explicativos de relevancia. El monolingüismo parece absorber el peso del analfabetismo y la marginación.10 En un contexto en el que reina la dispersión geográfica, los factores etnolingüísticos fueron los más significativos en la organización de las elecciones: aquellas poblaciones con altos niveles de monolingüismo y de diversidad lingüística, enfrentan mayores problemas de coordinación en la organización de las elecciones federales. La discriminación de género es también un problema importante. Cuando algunas mujeres indígenas logran completar su educación primaria, esto parece cerrar la posibilidad de movilidad social y participación política para el resto de las mujeres, aumentando el nivel de conflicto. En Oaxaca, cuando estos factores etnolingüísticos se combinan con factores políticos como la elección de autoridades a través de usos y costumbres, aumenta la probabilidad de conflicto. En Chiapas, los conflictos entre zapatistas y antizapatistas también potencian el efecto de estos factores y los niveles de conflicto en la organización de las elecciones federales aumentan significativamente.

El cuadro 2 resume los resultados del segundo modelo. Nuevamente, las variables con asterisco denotan aquellas variables que resultaron ser estadísticamente significativas para explicar los niveles de conflicto en el desarrollo de la jornada electoral. Como se ilustra, en un contexto caracterizado por niveles agudos de pobreza y marginación, la variación en los niveles de conflicto en el desarrollo de la jornada electoral se explica nuevamente por factores etnoculturales y políticos: el monolingüismo, el número efectivo de grupos étnicos, la discriminación de género y la elección de autoridades por usos y costumbres. A continuación presentamos algunas explicaciones sobre estas relaciones.

Aunque la migración resultó ser estadísticamente insignificante para explicar el nivel de conflicto en la organización de las elecciones federales, aparece como factor estadísticamente relevante para explicar los conflictos durante la jornada electoral. Como se esperaba, conforme una comunidad pasa de “atraer” a “expulsar” población, la probabilidad de conflicto decrece. Sin el derecho a votar en el extranjero (para aquellos ciudadanos indígenas que migran a los Estados Unidos), estas poblaciones se convierten automáticamente en abstencionistas. Ciertamente lo que sugiere el signo de la regresión es que las jornadas electorales se facilitan en términos logísticos en la medida en que la población participante sea menor a la reportada en el padrón.11

Como en el caso de la organización de las elecciones, la probabilidad de conflicto se incrementa a la par que crece el porcentaje de la población monolingüe. Como pudimos comprobar en los talleres, esto es parcialmente una cuestión de competencia cívica y parte una cuestión de coerción. Para los grupos monolingües las elecciones federales no tienen significado: entienden muy poco de lo que está en juego y pocos conocen a los partidos y sus plataformas electorales. Como lo resumió una mujer indígena en el taller de Talquilpan, Veracruz, “la gente vota por el PRI porque tiene los mismos colores que la bandera”. No son las elecciones federales, sino las locales, las que hacen una diferencia en su vida cotidiana. Los conflictos entre grupos monolingües pueden también incrementar porque estas poblaciones son blanco privilegiado para la coerción por parte de caciques y líderes de partidos. En el taller de Cusararé, Chihuahua, uno de los participantes monolingües ejemplifica: “voto donde veo tres colores… ahí en el cabildo nos dicen que donde veamos tres colores”.

La probabilidad de conflicto durante la jornada electoral también se incrementa junto con el número efectivo de grupos étnicos. De nuevo, más que una situación de conflicto puro entre grupos étnicos, es un problema de coordinación. En aquellas poblaciones donde se combina la existencia de varios grupos étnicos con poblaciones monolingües, la jornada electoral se convierte en el Babel electoral.

La discriminación de género permanece como un factor estadísticamente significativo en la segunda fase del proceso electoral: a mayor el porcentaje de mujeres indígenas con educación básica, mayor la probabilidad del conflicto. Como sucede en la organización de las elecciones, durante el desarrollo de la jornada electoral los hombres y las autoridades tradicionales cierran filas a medida que el porcentaje de mujeres educadas aumenta. Por un lado, por “costumbre” las mujeres suelen ser relegadas de su puesto como funcionarios de casilla el día de la elección. Un indígena en el taller de Chanal, Chiapas, lo expresa con claridad: “la mujer no debe estar fuera de casa todo el día”. Por otro lado, cuando las mujeres asisten a las urnas se ven presionadas por los hombres al emitir su voto. Una mujer en Chenalhó, Chiapas, apunta contundentemente: “el voto no es secreto”.

La elección de autoridades locales por usos y costumbres aumenta la probabilidad de conflicto durante el desarrollo de la jornada electoral. Un problema generalizado en estas comunidades es la conformación de las mesas electorales. Cuando los ciudadanos, hombres o mujeres, con bajo nivel en la jerarquía comunitaria, resultan insaculados como presidentes de casilla las autoridades tradicionales proceden a removerlos. Como pudimos constatar en los talleres en Oaxaca, con frecuencia las autoridades tradicionales reemplazan a aquellos ciudadanos que fueron electos previamente por sorteo, especialmente a los jóvenes y a las mujeres. En San Martín Peras, Oaxaca, uno de los participantes en el taller advierte: “los jóvenes están bien preparados, pero los viejos no los dejan participar porque no han sido mayordomos”. La alteración de funcionarios de casilla también hace posible que los esposos o los padres puedan emitir su voto a nombre de su esposa o de sus hijas y que se les permita votar aún sin su credencial del IFE.

Contrario a lo reportado en el cuadro 1 sobre los determinantes del conflicto en la organización de las elecciones, la marginación resulta una variable estadísticamente significativa durante la jornada electoral. Dos explicaciones parecen apropiadas. Por un lado, las poblaciones indígenas están muy conscientes del costo de oportunidad de su tiempo. En las comunidades más pobres, la gente sabe muy bien que su tiempo significa dinero perdido, y no está dispuesta a sacrificar un día de labores para participar en una jornada electoral cuyo sentido no terminan de aprehender. En Jalapa de Díaz, Oaxaca, un campesino recalcó: “cuando hay que ir a votar, como es domingo, trabajamos y preferimos sembrar que ir lejos a votar”. La lógica instrumental es simple: los costos de participar son relativamente altos y los beneficios cercanos a cero. Por ello no votan. Por otra parte, algunas de las comunidades más pobres están sujetas a la coerción e intimidación por parte de los caciques locales el día de la elección.

En resumidas cuentas, los factores etnolingüísticos y culturales parecen tener un mayor peso explicativo para entender los diferentes niveles de conflicto durante la jornada electoral. Ciertamente los factores sociodemográflcos y económicos tienen relevancia. En un contexto de pobreza extrema, en donde se verifican niveles bajos de migración, la probabilidad del conflicto aumenta conforme aumentan la población monolingüe, la discriminación de género y el número efectivo de los grupos étnicos. La probabilidad de conflicto se potencia en la medida en que estos factores se hacen presentes en comunidades donde se eligen a las autoridades locales por usos y costumbres (Oaxaca) o donde existen autoridades locales duales (Chiapas).

Valdría la pena señalar algunas diferencias entre los determinantes del conflicto en la organización y en el desarrollo de la jornada electoral. En términos de los factores socio-demográficos, cabe destacar que, mientras que la dispersión geográfica resulta estadísticamente significativa para la organización de las elecciones, no lo es en el desarrollo de la jornada electoral. Las poblaciones indígenas enfrentan mayores dificultades para acudir a los centros de capacitación de funcionarios de casilla que a las casillas mismas. Asimismo, mientras que la migración resulta ser estadísticamente irrelevante para determinar los niveles de conflicto en la organización de las elecciones, resulta de mayor importancia durante la jornada electoral. Aunque los migrantes representan un porcentaje significativo de la población indígena abstencionista, los resultados estadísticos sugieren que este tipo de abstención forzada disminuye el grado de conflicto durante la jomada electoral.

En términos de las variables etnoculturales, los mismos problemas que se suscitaron en la organización de las elecciones persistieron durante el desarrollo de la jornada electoral. La única variable que desaparece de una fase a otra es la competencia religiosa. Una explicación plausible es que los cultos y las prácticas autóctonas tradicionales pudieran chocar con la organización de las elecciones, particularmente con la insaculación y la capacitación de funcionarios de casilla, pero no con el hecho mismo de votar. En lo que respecta a las variables políticas, la competencia de partidos permaneció como un factor irrelevante durante las dos fases del proceso electoral y la variable político-cultural que mostró ser particularmente significativa fue la elección de autoridades locales por usos y costumbres. Nuestro análisis sugiere que la coexistencia de un sistema legal de usos y costumbres a nivel local con un sistema nacional basado en principios liberales y democráticos genera inconsistencias importantes. El punto es que valores democráticos esenciales en la elección federal (por ejemplo el voto universal, libre y secreto) son irrelevantes en las elecciones locales por usos y costumbres. Finalmente, en cuanto a las variables económicas, la marginación resultó ser estadísticamente irrelevante para la organización de las elecciones, pero apareció como una variable estadísticamente significativa durante la jornada electoral. Este resultado sugiere que para las comunidades indígenas el costo de oportunidad de su tiempo es relevante para asistir a las urnas pero no parece ser la variable más relevante para determinar si asisten o no a la capacitación cuando resultan insaculados como funcionarios de casilla.

Los resultados de esta investigación abren una serie de preguntas sobre la organización y el desarrollo de elecciones federales en zonas indígenas que van más allá del horizonte temporal del 2000. Muchos de los factores que explican los problemas para organizar elecciones imparciales en regiones indígenas no se podrán corregir en unos cuantos meses. El problema es de largo plazo. En los próximos años tendremos que encarar preguntas de enorme relevancia para la consolidación de la democracia en todos los rincones del país. Para el México indígena, éstas son algunas de las preguntas centrales por responder:

1. ¿Cómo revertir el enorme escepticismo de las comunidades indígenas sobre la efectividad de la representación federal? ¿Cómo hacer posible la rendición efectiva de cuentas de los representantes federales en las poblaciones indígenas del país? Estos problemas, que afectan a todos los votantes mexicanos, son particularmente agudos en el México indio. En las regiones indígenas la escasa penetración de los partidos políticos de oposición del país hace posible el florecimiento de cacicazgos y redes clientelares, que obstaculizan el ejercicio de la rendición de cuentas y la representación efectiva. El monolingüismo y el analfabetismo dificultan también el que los votantes indígenas puedan identificar a sus representantes y castigarlos o premiarlos a través del voto.

2. ¿Será posible abatir la pobreza en aquellas regiones indígenas, aisladas y dispersas, con poblaciones menores a 2,500 habitantes? ¿Qué hacer con aquellas comunidades dispersas en donde sus ciudadanos se resisten a abandonar el terruño, por más improductivo que éste sea? El problema de la dispersión y la pobreza afectan negativamente la organización y el desarrollo de elecciones federales imparciales y competitivas. ¿Podrán las poblaciones indígenas mejorar sus actuales niveles de vida por canales democráticos si éstos no funcionan adecuadamente en parte por la pobreza en la que estas poblaciones se encuentran? Romper este círculo vicioso es uno de los grandes retos del país en el siglo que inicia.

3. ¿Cómo hacer compatible la introducción de sistemas de usos y costumbres a nivel local con instituciones liberales a nivel nacional? ¿Cómo hacer que las reformas locales en materia de representación política de minorías étnicas no aísle a los indígenas de la representación nacional? Más allá del debate sobre autonomías, todavía es materia pendiente el debate sobre los mecanismos institucionales para hacer compatible cualquier reforma institucional local con las instituciones políticas nacionales.

La consolidación de la democracia en México tiene que pasar por todos los rincones del país. La democracia efectiva no admite excepciones. Uno de los grandes retos que enfrenta el país en los próximos años es el de proporcionar los elementos materiales y educativos necesarios para que las poblaciones indígenas puedan hacer un uso efectivo de los instrumentos políticos de la democracia moderna. n

Guillermo Trejo. Profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. José Antonio Aguilar Rivera. Investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Acaba de aparecer su libro Tocqueville en México.

ABRIL 2000

1.Terry Lynn Karl: “Imposing Content? Electoralism vs. Democratization in El Salvador”, en Paul Drake: Elections and Democratization in Latin America. 1980-1985. University of California Press, San Diego, 1986.

2. Robert Dahl: Polyarchy. Participation and Oposition. Yale University Press. New Haven, 1971.

3.El índice es el siguiente: Conflicto nulo (y=0). En comunidades con este nivel de conflicto, el empadronamiento, la insaculación y la capacitación de funcionarios de casilla encuentran dificultades mínimas. El costo de oportunidad del tiempo es el único costo en el que incurren los ciudadanos al participar en el empadronamiento y la organización de las elecciones. Durante la jornada electoral no se reportaron conflictos en las comunidades con este nivel. Al participar  en la jornada electoral, el único costo que los votantes pagan es el costo de oportunidad del tiempo. Nivel bajo de conflicto (y=1). En comunidades con este nivel de conflicto, el empadronamiento, la insaculación y la capacitación de funcionarios de casilla enfrentan dificultades logísticas (por ejemplo, distancias largas). Los ciudadanos enfrentan costos de transacción relativamente altos en la organización de las elecciones. En comunidades con este nivel de conflicto. los votantes enfrentan dificultades logísticas para votar, pero no sufren violencia o coerción. Nivel medio de conflicto (y=2). En comunidades con este nivel de conflicto, algunos miembros de la comunidad (por ejemplo, mujeres o minorías religiosas) encuentran serias dificultades para empadronarse y participar como funcionarios de casilla en caso de resultar insaculados. La coerción se ejerce en contra de algunos ciudadanos y éstos ven coartados sus derechos ciudadanos. Durante la jornada electoral algunos ciudadanos en estas comunidades (por ejemplo, las mujeres o las minorías religiosas) no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto de manera libre y secreta. Autoridades locales o grupos de presión ejercieron coerción o intimidaron a dichos votantes al momento de emitir su voto. Nivel alto de conflicto (y=3). En lugares con este nivel de conflicto, grupos significativos dentro de las comunidades o las comunidades mismas se oponen a la celebración de elecciones y rechazan la participación del Instituto Federal Electoral (IFE) en sus “asuntos internos”. Pocos ciudadanos pueden registrarse y prácticamente ninguno de los insaculados ejerce su obligación cívica. La violencia física puede ser  el costo que paguen aquellos ciudadanos dispuestos a participar en la organización de las elecciones. En comunidades con este nivel de conflicto, la mayoría de los ciudadanos no pudo emitir su voto. Las casillas permanecieron cerradas o las urnas fueron destruidas durante la jornada electoral. En estos casos prevaleció la violencia física.

4.La mayor parte de la población que queda fuera de esta muestra habita en ciudades medias y grandes. Para determinar nuestra base poblacional seguimos los criterios y las cifras reportadas por el Instituto Nacional Indigenista. INI. Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México. 1990. INI. México. 1993. Existen diferencias significativas entre la base poblacional indígena calculada por el INI y la del INEGI. Para propósitos censales, el INEGI clasifica como indígenas a aquellos individuos mayores de cinco años cuya lengua materna es una lengua

5. Un problema adicional fue que la encuesta fue llevada a cabo en el verano de 1998. un año después de la elección federal. Aun así. con los 14 talleres participativos que llevamos a cabo, pudimos verificar que la mayor parte de la información proporcionada por los funcionarios del IFE fue veraz.

6. Al respecto, véase: Edmundo Henríquez y Juan Pedro Viqueira (coords.): Los indígenas y las elecciones en los Altos de Chiapas. IFE, México, 1999.

7. Como parte de este estudio se realizaron 12 talleres de participación social en 6 estados de la República. Para mayor información, véase José Antonio Aguilar Rivera. Ana Paula Pintado y Guillermo Trejo: “Informe final del proyecto ‘Usos y costumbres y procesos político- electorales en comunidades indígenas’ “, IFE. Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. México, 1999.

8. Para la justificación teórica de cada una de estas hipótesis véase Aguilar, Pintado y Trejo: Ibid.

9Cabe destacar que el signo resulta negativo debido al modo con que fue construido el modelo.

10. Excepto por el caso de la variable de población indígena, todos las otras variables resultaron tener el signo que se esperaba. Es necesario notar que el “número efectivo de partidos” fue eliminado del análisis final. Puesto que las comunidades que eligen a sus autoridades por métodos tradicionales no permiten la competencia de partidos, corrimos dos modelos: uno con el número efectivo de partidos, eliminando aquellas comunidades que eligen sus autoridades por métodos tradicionales (alrededor de 200) y un segundo con una variable dummy para las elecciones comunitarias. Debido a que la variable del “número efectivo de partidos” no resultó ser significativa en el primer modelo, decidimos eliminarla del análisis, puesto que su inclusión supone eliminar aproximadamente 200 casos.

11. Hay que notar que esta no es una conclusión normativa, sino positiva: la regresión reporta la relación fáctica (no la deseada) entre dos variables