AMÉRICA LATINA

CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA POLICIAL

POR ERNESTO LÓPEZ-PORTILLO VARGAS

Al observar a los cuerpos policiacos de América Latina se impone una conclusión más que preocupante: no están sometidos a un control democrático: de hecho, su estructura revela la existencia de un Estado en el que las garantías tienen poca vigencia.

El descrédito de la policía mexicana y los conflictos cotidianos que genera no constituyen un caso aislado en América Latina. Por el contrario, existen datos concretos sobre la corrupción y violencia de la policía en otros países de la región, que confirman la calificación que le ha dado la Organización de Estados Americanos, como la institución que más viola los derechos humanos y goza de mayor impunidad. La policía en América Latina vive la corrupción y la violencia como características de su comportamiento institucional, es decir, como respuestas de tipo estructural; derivan de un proceso histórico de manipulación política que, desde sus orígenes, asignó a los aparatos de seguridad la misión de proteger al Estado. Esto nos permitiría afirmar que las instituciones policiales a lo largo de la región no se han desarrollado en el marco de una experiencia democrática.

Los problemas de la policía en cada país de América Latina presentan importantes diferencias de grado y evidentes particularidades; al mismo tiempo, se detectan conflictos similares que permiten hablar de un continuo constituido por la debilidad o carencia de controles democráticos sobre las instituciones policiales.

Veamos los siguientes ejemplos. Buenos Aires atraviesa por un grado de desconfianza hacia la policía que llega al 85% de los ciudadanos;’ por su parte, en la Ciudad de México 75% de la gente piensa que la policía esta asociada a la delincuencia,2 y en Sao Paulo un dicho popular dice que es mejor morir que ser testigo de un asesinato, ya que las masacres usualmente son obra de la propia policía y en general quedan impunes.3

Es probable que la violencia de la policía militar en Brasil no tenga igual en el resto del hemisferio. La “chacina”, que significa masacre en portugués, es la palabra que se usa en Brasil para referirse a las masacres por droga. Según información disponible, en la primera mitad de 1998 se contaban 165 personas muertas en casi 50 masacres, “definidas por la ley brasileña como homicidios con tres o más víctimas. La gran mayoría de las masacres (ocurrió) en las favelas de Río (de Janeiro) y en los barrios periféricos de Sao Paulo”. Las causas de las chacinas “generalmente se encuentran en la competencia por las áreas de distribución de drogas”. En cuanto a los grupos de exterminio que se encargan de las chacinas, “estadísticamente se ha demostrado que (…) en su mayoría están compuestos por policías militares”, y cuando así sucede, la justicia esclarece sólo 1 de cada 20 crímenes”.4 Recientes investigaciones empíricas están demostrando cómo, durante ese periodo (1964 a 1985), la policía brasileña construyó un “código moral” propio, en donde, por ejemplo, la práctica de la tortura llegó a ser reconocida como el recurso de un buen elemento que ha actuado “cumpliendo con su deber, guiado por el autocontrol y la racionalidad”.5 Por otra parte, Perú muestra también elementos preocupantes en cuanto a su Policía Nacional.6 Ella está sometida por mandato constitucional al fuero militar. Sus grados son equivalentes a los de las Fuerzas Armadas y pertenece el Ministerio del Interior, controlado por el propio ejército. Más aún, se sabe que la policía peruana vive un proceso de búsqueda constante de asimilación hacia el ejército, mientras que éste, por su parte, pretende precisamente lo contrario, para mantenerla “debilitada y subordinada”.

La Policía Nacional del Perú parece moverse en contra de los contenidos más básicos de un proyecto policial democrático. Primero, se acerca al régimen militar, en lugar de trabajar para fortalecer su carácter civil; segundo, busca financiamiento y con ello compromisos de tipo privado, en lugar de garantizar el carácter público de los recursos que la sostienen y, tercero, no establece nuevas medidas de control que hagan partícipe a la sociedad civil.

La manera de pensar y comportarse de los policías en América Latina revela tanto el carácter global del problema como la agudización del mismo. Las siguientes cuatro declaraciones, que corresponden a un policía mexicano, uno argentino y dos brasileños, en ese orden, demuestran lo antes dicho.

Primera. “Hay que ser vivos, el chiste de un buen policía es que no lo descubran cuando hace sus movidas, si se trata de recibir lana del automovilista, éste debe irse agradecido porque lo dejaste ir, si atracas a alguien, hay que hacerlo en la noche y procurar que la víctima esté con copas y que no vea el número de la patrulla; si está en sus ‘cinco’ hay que usar el spray directo a los ojos, de sorpresa, para que no te identifique; si eres listo y no descuidas esto, llegas rápido a oficial, pues juntas tu feria y poco a poco compras los grados” (cargos).7

Segunda: “Cuando era comisario inspector, le descargué una pistola 45 a un tipo en pleno centro de Quilmes, a media tarde; con la calle repleta de gente, le bajé un cargador de 45. Todavía no se cómo no maté a ninguno de los que pasaban. Y ya era un tipo grande, eh, jefe de la Brigada de Investigaciones. Pero me apretaron en la calle con una 9 mm. para robarme, me pedían las llaves del auto y me puse loco. Hay momentos en que uno pierde el equilibrio.8

Tercera: “Había ciertos hombres en la policía, en mi equipo —yo conocía a uno— que cuando detenían a un delincuente sentían placer al matarlo. No era en defensa propia y ni siquiera podíamos decir: eliminemos a este tipo porque es malo. No, realmente querían matar —cuando una o dos balas eran suficientes para matar a alguien, terminaban tirando cinco cartuchos”.9

Ultima declaración: “Y, mire, hay dos tipos de torturadores. Está (quien) tortura teniendo presente el bien común y está el torturador —y la mayoría son de este segundo tipo— que quiere encontrar pruebas para extorsionar (a las familias por dinero)”.10

En el caso mexicano, ascender en la jerarquía policial es un asunto que se resuelve con dinero; en el argentino, es tolerada la posibilidad de que el empleo de la violencia esté fuera de control. En el primer ejemplo brasileño, la policía se vive como un vehículo para el empleo de la violencia.

y en el segundo se observa que la tortura es una práctica ordinaria que, en la percepción del policía, puede ser legítima, ya que supuestamente es un medio al servicio del bien común.

El ejemplo argentino no termina ahí; el policía que declara que “hay momentos en que uno pierde el equilibrio”, se convierte luego en jefe de la policía de Buenos Aires y es reconocido por el gobernador como el mejor policía en la historia de la institución. Se revela que la violencia de la policía argentina es consecuencia directa de políticas institucionales que la generan. Así sucede en cuanto al caso de la obligación que tiene de portar armas en todo momento, y de utilizarlas en cualquier circunstancia que considere pertinente. Le llaman “estado policial”, y significa que el individuo debe entender que es policía las 24 horas del día, esté o no en servicio, e incluso después del retiro. Una vez más el resultado se repite y la violencia crece: “para el periodo julio 1995 / agosto 1996, el 42% de las muertes por brutalidad policial en manos de policías federales han sido cometidas por agentes (fuera de servicio o retirados) y el 50% de los agentes muertos, en el mismo periodo, no estaban cumpliendo ninguna función específica”11

Los diagnósticos muestran que la policía en Argentina está fuertemente subordinada a los intereses políticos de los ministerios de gobierno, federal y locales, pero al mismo tiempo se desarrolla “con una fuerte dosis de poder institucional autónomo”.12 A pesar de que la ley habla de cuerpos civiles, tiene una estructura organizativa militarizada. jerarquías rígidas y “sistemas de control interno corporativos y poco transparentes”. Como sucede en muchas otras policías en el mundo, el contenido ideológico militar y represivo que nutre sus funciones provoca que perciban al delincuente como un “enemigo peligroso con quien debe librarse una guerra permanente”. Esta manera de entender al delincuente sirve para emplear la violencia policial en contra no sólo de quienes atentan contra la vida o el patrimonio, sino de igual manera contra disidentes políticos o defensores de derechos humanos, jóvenes en general, indocumentados, migrantes pobres de países vecinos, homosexuales, trabajadores informales de la calle, etc.13

La misma fuente afirma que “la mayor parte de los casos de brutalidad son perpetrados por suboficiales con escasa instrucción”. pero lo más grave es que la falta de instrucción formal es sustituida por la enseñanza de prácticas informales, como la tortura misma, que se convierte en parte de los “procedimientos privilegiados para solucionar casos cuando la presión política o los intereses sectoriales así lo demandan”.

Los anteriores son ejemplos de una situación que se repite a lo largo de América Latina. La región no parece haber consolidado el control democrático sobre sus instituciones policiales, y ello puede verse como evidencia de la debilidad estructural que los Estados correspondientes padecen, expresada en la no vigencia de un régimen democrático de garantías. Esto quiere decir que el rezago en la democratización de la policía es consecuencia del rezago en la democratización tanto del gobierno que la administra como de la sociedad en su conjunto. Visto desde otra perspectiva, la manera como la policía actúa es una respuesta a demandas específicas que gobierno y sociedad le imponen. Si esas demandas no cambian, la respuesta tampoco lo hará. Si a la policía no se le propone una experiencia democrática, la policía no encontrará razón para promoverla.

En América Latina pueden encontrarse ejemplos de esfuerzos por insertar a las instituciones policiales en mecanismos de control democrático eficaces, que buscan abrir paso al desarrollo de actividades que ordenen una creciente colaboración frente a la delincuencia, desde una perspectiva de aprovechamiento del espacio público para beneficio de todos. Es revelador que muchas veces esas actividades correspondan a organizaciones no gubernamentales, que asumen la responsabilidad de impulsar directamente el cambio en el comportamiento policial y en ocasiones en el sistema de justicia penal en su conjunto. Es decir, desde la sociedad se crea una demanda distinta hacia el aparato de gobierno, lo que inicia un complejo proceso de cambio en la respuesta que éste ofrece. Ello conlleva una responsabilidad directa y medular en la sociedad civil, que la ubica en una relación horizontal frente al aparato de gobierno. Horizontal significa que uno y otro asumen compromisos dirigidos a un mismo fin. El paternalismo es rebasado por la corresponsabilidad.

En algunos países de América Latina las propuestas democráticas de reforma policial recuperan a la sociedad civil como protagonista activadora del proceso, y rebasan con ello la tradicional y autoritaria tendencia de encargar el diseño del modelo policial única y exclusivamente a la cúpula que lo administra. Desafortunadamente esa clase de iniciativas aún no es familiar en México. Seguimos aplazando la democratización de la policía. No llega el debate abierto sobre las propuestas que se formulan desde el gobierno. No se crean contrapesos frente a las presiones internas y externas que empujan al endurecimiento del aparato represivo. La urgencia no deja espacio a la reflexión. El discurso oficial de la emergencia seduce, y entonces entre nosotros se impone la idea de que el mejor policía es el que está mejor armado. El contrasentido avanza, la democracia retrocede.    n

Ernesto López-Portillo Vargas. Asesor de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Consultor y articulista. Parte de este texto fue expuesto en la conferencia que el autor impartió en la Escuela de Policía de Cataluña, España, el 3 de junio de 1999.

1 Boletín Informativo, Martín Abregú (coord.): Policía y sociedad democrática. Centro de Estudios legales y Sociales. Buenos Aires; Elizabeth Sussekind (coord.): Viva Río-ISER, Río de Janieiro; Centro de Estudios del Desarrollo, Andrea Palma (coord.), Santiago; e Instituto de Defensa Legal, Manuel Piqueras (coord.), Lima, 1999. Número 2. p. 5.

2 Luis González Plascencia: La inseguridad subjetiva en la Ciudad de México: Estudio exploratorio acerca de la actitud de los capitalinos frente a la seguridad pública en el Distrito Federal. Fundación Rafael Preciado Hernández. México, DF. marzo de 1999.

3 Boletín Informativo: Policía y sociedad democrática. Número 1. p. 18.

4 ibidem.

5 Martha Huggins y Haritos-Fatourus: “Conciencia torturada: secretos y moralidad en la violencia policial brasileña” en Justicia en la calle. Ensayos sobre la policía en América Latina. Konrad Adenauer Stiftung: Instituto de Investigaciones sobre España y América Latina; Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo Latinoamericano. Medellín, 1996. pp. 324 y 348.

6 Cfr. Gino Costa: La Propuesta de Nueva Ley

Orgánica de la Policía Nacional del Perú: Novedades y Limitaciones en Control Democrático en el Mantenimiento de la Seguridad Interior. Hugo Früling (ed.), Centro de Estudios del Desarrollo. Santiago de Chile, 1998.

7Robert Shmid: “La corrupción de la Policía

Preventiva del Distrito Federal de México” en Justicia en la calle… Op. cit. p. 318.

8 Alicia Oliveira y Sofía Tiscomia: Estructura y prácticas de las policías en la Argentina. Las redes de la ilegalidad en control democrático en el mantenimiento de la seguridad interior. Hugo Früling (ed.), Centro de Estudios del Desarrollo. Santiago de Chile, 1998. p. 166.

9 Martha Huggis y Mika Haritos-Fatourus: “Conciencia torturada: secretos y moralidad en la violencia policial brasileña” en Justicia en la calle. Ensayos sobre la policía en América Latina. Op. cit. p. 342.

10 Ibidem. p 336

11 Alicia Oliveira y Sofía Tiscornia: Op. cit. p. 166.

12 Ibidem. p. 158.

13 Ibidem. p. 160.