LOS EDITORES

ENTRADA EN MATERIA

ESTADO Y VIOLENCIA

En esta esquina, la ley

El lunes 13 de septiembre los diarios nos entregaron una nueva versión de la vieja historia del vengador anónimo. Las imágenes fotográficas mostraban en primer plano dos hombres de mediana edad con las sogas al cuello y, al fondo, a un grupo de personas a punto de presenciar un linchamiento. La escena era brutal. y lo era más porque forma parte de un expediente en el que la justicia ya no supone la aplicación de la ley sino una expresión de cómo, ante la impunidad, ciertos ciudadanos se asumen como jueces arbitrarios que dictan penas y castigos. Escenas como ésta han dejado de ser extraordinarias para convertirse en ejemplos habituales de lo que significa el uso de la violencia de los particulares, eso que los antiguos llamaban venganza, un proceso infinito e interminable, que surge en un punto cualquiera de una comunidad y tiende a extenderse e invadir el conjunto del cuerpo social. Cuando se piensa en la venganza como una posibilidad, las instituciones judiciales son desplazadas por la Ley del Taitón. En este clima inquisitorial los medios de comunicación juegan un papel importante. En lugar de contener el ánimo vengativo, algunos han levantado tribunales para dictar condenas sin pruebas confiables, sólo con el procedimiento de las ocho columnas.

Dostoievski escribió la historia de un joven estudiante que se creía por encima de toda ley. Para probarlo y probarse como alguien más allá de la prohibición, decide asesinar a una vieja usurera. El joven estudiante se llama Raskolnikov y, en virtud de su aparente superioridad, cree que todo le está permitido.

¿Dónde queda la justicia cuando una comunidad escucha la voz de Raskolnikov, decide tomar la ley en sus manos y linchar a un presunto criminal? ¿Dónde queda? En manos de la espiral de la venganza.

En La violencia y lo sagrado, René Girard planteó que el sistema judicial busca “preservar la seguridad del grupo poniendo frenos a la venganza. Lo que se evita es la reciprocidad vengativa, por eso se elude al responsable directo de la agresión, de otra forma nunca se saldría del círculo vicioso de la represalia. En esta bifurcación podrían distinguirse las formas de convivencia denominadas primitivas, de lo que algunos llaman ‘civilización’ “. El orden impuesto por un procedimiento judicial constituye un mecanismo gracias al cual la fuerza deja de ser patrimonio de los particulares y se convierte en un instrumento de la sociedad para mediar y regular los conflictos entre los individuos. En pocas palabras, acabar con la violencia de los particulares significa construir, cumplir y hacer cumplir la ley.

En México la ley no ha tenido un funcionamiento normativo; ha sido más un ideal, un proyecto o, peor, un marco para la negociación. No ha impuesto un código de conducta. En las ciudades, miles de vendedores públicos han convertido la calle, un espacio público, en propiedad privada. Un pequeño grupo de estudiantes ha decidido tomar la UNAM y despojar a la comunidad universitaria de sus instalaciones, bloqueando las posibilidades del diálogo y la solución del conflicto durante ya cinco meses. Cuando un delincuente no es castigado, el delito se multiplica. En México, de cada diez delitos que se cometen sólo uno llega a ser castigado. Cuando el Estado ya no puede hacer cumplir la ley, y no ejerce su derecho legítimo al uso de la fuerza, el aumento del crimen no es la única amenaza a la convivencia, también se cultivan las posibilidades de que el miedo y la inseguridad se intercambien por agresividad y sed de venganza.

Durante dos décadas, la atención del debate político se centró en la limpieza en el proceso electoral. Ese esfuerzo logró uno de sus objetivos mayores: la construcción del IFE, una institución transparente que logró recuperar la confianza en el voto; sin duda, la credibilidad del instituto electoral era el nudo ciego de la democracia mexicana. Si queremos conservar los avances de la transición política y entrar en una época de normalidad democrática, la prioridad de hoy consiste en dedicar nuestros esfuerzos al problema del Estado de derecho y a la aplicación de la justicia.      n