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El salinismo

Por Jorge G. Castañeda

En el número de junio de 1999, Nexos abrió un espacio para el debate y la reflexión: el Foro de nexos. En aquella entrega el expresidente Carlos Salinas respondió a los cuestionamientos que Jorge G. Castañeda le hizo en el número de mayo de 1999 (Nexos 257). En esta ocasión, Jorge G. Castañeda ahonda en la polémica y hace un diagnóstico del periodo salinista. José Antonio Crespo reflexiona sobre la disputa de dos proyectos de nación que han permeado la vida política del país. Luis Rubio pasa lista a las reformas pendientes para la modernización, y Sergio Sarmiento escribe la crónica de la visita de Carlos Salinas a México.

El salinismo

Por Jorge G. Castañeda

No estoy seguro de que yo sea la persona más indicada para polemizar en estas páginas con Carlos Salinas. Creo que el debate de fondo de Salinas es con Ernesto Zedillo, sobre el «error de diciembre», y con aquellos mexicanos que se dejaron convencer por sus promesas y hechizos.

Pero el exmandatario optó por conferirme el dudoso privilegio de ser su interlocutor en esta polémica, al responder de manera selectiva y estridente a mi breve nota sobre su contribución inicial al debate en Nexos. Incluí en ese comentario un par de observaciones parentéticas, relativas a dos temas recurrentes en sus escritos recientes, que suscitaron una airada pero insustancial respuesta del expresidente. Al no recibir mis comentarios la publicidad que sí despertó la respuesta desde Dublin —publicada en Reforma debido a un error «mecánico» de la oficina de Salinas en México— me permito reiterarlos en forma sucinta, antes de pasar a la discusión de fondo, que Salinas eludió tanto en su primera intervención como en su réplica.

En primer lugar, consideré que las estadísticas esgrimidas por Salinas en defensa de su administración no eran concluyen- tes, por cuatro razones:

a)      Sus fuentes no son las que dice.1

b)       Sus cifras no son las que dice; otras fuentes dan otras cifras. Mencioné dos discrepancias citando dos fuentes distintas: una consultoría económica privada mexicana, de nombre GEA, fundada en 1991 por Jesús Reyes Heroles González Garza, de cuyo informe mensual de octubre de 1998 extraje los números sobre distribución del ingreso en los sucesivos sexenios;2 y estimaciones del staff del Banco Mundial, basadas en las encuestas del INEGI, donde obtuve las cifras no corregidas de pobreza en México y que muestran tanto las grandes divergencias que existen entre distintas fuentes, en diferentes momentos, como las alzas y bajas de la pobreza medida de esa manera, cuando se toma en cuenta un periodo largo, y no sólo un par de años.

c) Sus conclusiones no se derivan de sus premisas. De las mismas cifras propuestas por Salinas, expertos en la materia —funcionarios del BID y del Banco Mundial, que nunca disimularon su acuerdo o afinidad con muchas de las políticas económicas de Salinas— sacan otras conclusiones. Arriban a conclusiones opuestas a las de Salinas, revisando las mismas cifras.3

d) Su sexenio no es tampoco el que dice. Sólo evadiendo cualquier responsabilidad por la crisis de diciembre de 1994 y por la consiguiente debacle económica de 1995 puede Salinas omitir los números de aquel año terrible en el balance de su propio sexenio. Sólo si se considera que la dramática caída del empleo y de los ingresos en 1995, y la pérdida en muchos casos irreparable de ahorros, casas, automóviles, tierras y viabilidad como sujetos de crédito fueron totalmente ajenos a Salinas, se puede evitar incorporar los números de 1995 al balance sexenal. Las cifras del sexenio definido en el sentido estricto sólo reflejan la gran farra salinista, cuya cruda se pagó, con creces, a partir de 1995, y hasta la fecha. El que el régimen zedillista recule ante cualquier debate con el expresidente en esta materia —como durante la reciente visita de Salinas a México—, que pudiera demostrar la responsabilidad de Salinas en la catástrofe de 1995, sólo subraya la continuidad entre las dos administraciones.

Por cierto, el propio Salinas hizo exactamente lo contrario de lo que dice ahora en 1983, cuando como secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid le achacó los pésimos números del primer año del sexenio a José López Portillo. El único parangón de la renuencia de Salinas por cargar su parte de la culpa del desastre reside en la persistente negativa zedillista en asumir la suya.4

Segundo, en lo tocante a la nomenklatura, comenté que se trataba de un clásico eufemismo de la política mexicana. Como le respondió un mal citado Alan Riding a Salinas en Proceso una semana después de la polémica de marras, la nomenklatura de Salinas son los «emisarios del pasado» de Luis Echeverría, es decir, enemigos nunca nombrados, nunca acusados, nunca revelados, para no entorpecer una cercanía pasada o futura. Salinas no los puede identificar, porque entonces tendría que explicar por qué sus posibles candidatos políticos a la nomenklatura, como Fernando Gutiérrez Barrios, fungieron como su secretario de Gobernación durante cuatro años, después de haber apoyado su candidatura en 1987; por qué candidatos político-empresariales del círculo mencionado, como Carlos Hank González, pertenecieron durante seis años al gabinete salinista; o cómo empresarios protegidos y subsidiados durante medio siglo, como Roberto González del Grupo Maseca, mantienen una estrecha relación personal con la familia Salinas desde hace varias décadas.

Ya el lector de estos ires y venires polémicos dispone de los razonamientos de ambos autores; puede formarse una opinión sin necesidad de mayores elementos. No tiene mucho sentido seguir con esta parte de la discusión.

Quise centrar mi argumentación de fondo en algo que también retomó Salinas, pero sólo para perseverar en su incomprensible afán de desacreditar a un interlocutor que él mismo escogió. Me refiero al problema trascendente de la relación entre democracia y reforma económica, meollo de mi primera intervención en este debate y, por cierto, tema central de la crítica al sexenio salinista durante sus mejores (o peores) años. Mi tesis constante, invariable, desde el ensayo «Mexico at the Brink» publicado en noviembre de 1985 en Foreign Affairs,5 y hasta la fecha, era que en ausencia de una democratización de fondo del sistema político del país las reformas económicas —necesarias, sin duda— se viciarían de entrada, siendo «capturadas» por las poderosísimas élites mexicanas. Sin democracia, sin una transformación del movimiento obrero y de la política social —a su vez sólo posibles gracias a la democratización—, sin una reafirmación de la política exterior mexicana y de su concomitante erguidez frente a Estados Unidos, no sólo quedarían truncas e ineficaces las reformas económicas sino que incluso podrían volverse contraproducentes.

Este punto de vista prospectivo, compartido por muchos desde antes del inicio del sexenio salinista, pasó a ser factual y casi consensual en pleno salinismo, aunque divergían las conclusiones y las posturas éticas derivadas del diagnóstico. Lorenzo Meyer, si mal no recuerdo, acuñó la afortunada y lapidaria fórmula de la perestroika sin glasnost, para lamentar la evolución del régimen; otros críticos se limitaron a comprobar la ausencia de una reforma política que acompañara al proceso de apertura económica. La persistencia del fraude electoral y el advenimiento de las «concertacesiones», la naturaleza limitada, casi caricatural, de la reforma electoral de 1989, la persecución y el hostigamiento al PRD y a los críticos en general, la presión y manipulación sobre los medios, la corrupción creciente, fueron rasgos rápidamente detectados por tirios y troyanos.

Unos —los más— adoptaron la actitud que en mi artículo anterior comparé a la del cliente del restorán chino: escoger el platillo apetitoso —básicamente las reformas económicas— y dejar a un lado lo insípido o amargo: el autoritarismo, la corrupción, la arrogancia. Otros —los menos— insistimos en que los dos capítulos eran indisociables, y que la ausencia de apertura política y transparencia contaminaba irremediablemente lo económico, distorsionando su contenido, sus consecuencias y su rumbo. Hasta el propio Salinas reconoció, en la famosa entrevista de New Perspectives Quarterly —citada en mi artículo anterior—, que decidió conscientemente postergar la reforma política mientras realizaba las económicas, ya que de lo contrario correría la trágica suerte de Mijail Gorbachev. Igual la corrió, y sin siquiera poder reivindicarse como el gran democratizador de su país.

No obstante, nunca quedaron claras para muchos sectores las razones por las cuales algunos pensábamos que la transformación del sistema político no era únicamente un agregado a lo económico, sino que incidía de manera sustancial y decisiva en la orientación misma de lo económico. Muchos mexicanos de buena fe pensaron que, en efecto, era deseable eliminar el fraude electoral, o la corrupción, pero que la persistencia de ambas pestes no era óbice para reconocer y aplaudir las privatizaciones, la consolidación de la apertura comercial, las reformas constitucionales a los artículos 27 y 130, e incluso el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Para esos mexicanos hubiera sido preferible que se gestaran y se consumaran todas estas reformas en un contexto democrático, que implicara una verdadera rendición de cuentas, pero creían que revestían un valor intrínseco tal que las deficiencias del entorno político no podían pervertirlas. Ante esto, no era fácil convencerlos de lo contrario: a saber, que la democratización era indispensable para no viciar dichas transformaciones y que, en su ausencia, podían resultar fatales para el país.

Fatales por varios motivos, algunos de los cuales se pueden explicar en abstracto, y otros de modo más claro a través de los resultados. En primer término, la existencia de una oposición poderosa, no distraída por combates interminables, municipio por municipio y estado por estado, contra el constante fraude electoral salinista; de un Congreso fortalecido, fiscalizador y plural; de medios masivos de comunicación independientes y críticos; de instancias autónomas dentro del Estado, y de una sociedad civil vigorosa—sindicatos, asociaciones, grupos de consumidores, etc.— le hubiera impuesto un ritmo más pausado al proceso de reformas económicas. Ni todo se habría logrado de un golpe, ni habría salido todo al antojo del régimen salinista. No es casual que de los países donde se pusieron en práctica diversos procesos de reforma—exceptuando, por supuesto, las economías socialistas, no asimilables a la mexicana— sólo en Inglaterra y Nueva Zelanda se llevaron a cabo a tambor batiente y sin modificaciones o contratiempos. En cambio, dos de los procesos más acelerados y radicales de transformación —el de México y el de Chile— tuvieron lugar en un contexto de autoritarismo variable pero indiscutible.

Al darse de manera más lenta la aplicación de las reformas, aumentan las probabilidades —que no la certeza— de evitar errores, excesos y precipitaciones. La construcción europea, por ejemplo, se ha demorado casi medio siglo (empieza a finales de los años cuarenta con el Euratom y la confederación europea del carbón y del acero), ciertamente en ocasiones conduciendo a sus arquitectos a la desesperación debido a su ritmo aletargado. Por último, la lentitud permite resistir a la tentación de la moda: impulsar reformas seductoras a primera vista, pero perniciosas a la larga. Sin duda, a ello se debe el que casi ningún país europeo haya caído en el error de privatizar el seguro médico o las pensiones, como sí ocurrió en Chile y luego en varios países latinoamericanos, bajo el embrujo de José Piñera y la férula de Augusto Pinochet.

En segundo lugar, la vigencia de una institucionalidad democrática permite —aunque no asegura— que los sectores más débiles y castigados de la sociedad, que suelen ser también los más afectados en el corto plazo por las reformas a través de despidos, recortes de subsidios, desposesión de activos, etc., cuenten con mayores posibilidades de luchar por diversas salvaguardas, excepciones o mecanismos de protección. No es gratuito que en los países desarrollados, pero también en muchas naciones democráticas de América Latina, distintos sectores —obreros, pensionados, desempleados, campesinos sin tierra, estudiantes, etc.— han aprovechado los múltiples resquicios de la democracia para conseguir plazos de protección o ablandamiento de las reformas. Claro: estos mecanismos retrasan y complican la aplicación de las reformas, e incluso en algunos casos —ver las huelgas francesas del invierno de 1996— pueden impedirla. Pero también las corrigen, las rectifican, las mejoran o, cuando no corresponden al interés nacional, las anulan. En cambio, la ausencia de democracia, en un país como el nuestro, dominado por élites tan apabullantes y concentradoras de poder y riqueza, garantiza la captura de los beneficios de las reformas por esas élites, y la exclusión de los mismos de la vasta mayoría de la población, impotente y desprovista de derechos y mecanismos de representación.

Tercero, el debate nacional, que suele producirse a propósito de grandes cambios en sociedades dotadas de instituciones para dirimir conflictos y forjar consensos, tiende a obligar a definir secuencias y estrategias, y a construir esquemas más ricos y provechosos. Esos debates permiten asimismo detectar a tiempo los riesgos: por ejemplo, proceder a una privatización a ultranza sin contar con el marco regulatorio adecuado para ordenar a las nuevas empresas privadas, y sin la capacidad fiscalizadora e investigativa necesaria para realizar la transferencia masiva de activos públicos a manos privadas en condiciones de transparencia, limpieza y probidad. O, de la misma manera, un debate de esa naturaleza abre las puertas al diseño de políticas compensatorias para acotar los efectos dañinos de ciertas transformaciones (por ejemplo, la protección en Estados Unidos a los damnificados del TLC; por ejemplo, las medidas de apoyo a vinicultores franceses e italianos con la entrada de España al Mercado Común Europeo), o para elaborar una estrategia militar de largo plazo, de fomento al empleo, o a ciertos sectores clave de una economía, de un país, o de una sociedad (por ejemplo, la industria aeronáutica europea; por ejemplo, la construcción de la infraestructura española o el ingreso de España a la OTAN; por ejemplo, la actual tentativa norteamericana de permitir la inversión de los fondos de retiro públicos en la Bolsa de Valores.) Al revés, la ausencia de mecanismos democráticos funcionales para dirimir conflictos y construir acuerdos, en condiciones de un autoritarismo ya inviable, conduce a la parálisis estatal. Por ello, sin duda, la tarea institucional más apremiante hoy en México reside en el diseño y edificación de nuevos mecanismos para resolver controversias y crear convergencias sobre temas tan diversos como las cuotas de la UNAM, el financiamiento de la infraestructura, la inseguridad, la paz en Chiapas, los derechos indígenas, la segunda vuelta, la política social, etc.

Finalmente, la vinculación de la política económica con la democracia se refleja en lo que ahora el Banco Mundial y otros llaman ownership, o «corresponsabilidad» y que significa en realidad el sentimiento de identificación o asimilación de una sociedad con determinadas reformas o cambios en la economía o la organización social. Se trata del perenne dilema de lograr que reformas o cambios no necesariamente populares o generadores de beneficios inmediatos sean considerados por los habitantes de un país o de una región como propios y libremente consentidos, y no como impuestos por otros. El diseño y la construcción de los citados mecanismos de resolución de conflictos en una sociedad carente de una larga tradición democrática, y la consiguiente capacidad de fraguar consensos, constituye un componente esencial del ownership. Es cierto que esta faceta del tema es más complicada; así, la imposición brutal de las reformas en Chile no obstó para que al regreso de la democracia, los chilenos hayan conservado lo esencial de las reformas (tal vez por impotencia o temor, tal vez por convicción) aunque les impusieron una serie de correcciones importantes. De cualquier modo, la mejor manera de lograr la continuidad de determinadas políticas es su arraigo en el imaginario popular y su origen y consolidación mediante decisiones democráticas o consentidas. Y sobre todo, es lo único que permite construir ciertos consensos básicos en sociedades escasamente cohesionadas y fuertemente fragmentadas desde tiempos inmemoriales.

Ahora, en abstracto, todo eso suena bien pero le2jano. La clave consiste en elucidar si estas tesis eran o no aplicables al México de Carlos Salinas, e incluso al México actual. Sin poder agotar aquí la discusión ni abarcar la totalidad de los capítulos pertinentes, podemos citar algunos ejemplos evidentes de vinculación de democracia y reformas económicas durante el sexenio salmista, que claramente muestran cómo aquella es consustancial a éstas. Se trata del problema de las privatizaciones, de la apertura comercial y el empleo, y de la reforma fiscal.

Un primer balance estrictamente microeconómico de las privatizaciones salinistas es ya posible. Más allá de si el proceso de venta de empresas estatales fue bueno o malo para el país en su conjunto, disponemos ya de suficientes elementos para saber si dichas empresas o servicios se vendieron a quienes debieron ser vendidas, o no. Con muy contadas excepciones, como lo ha señalado en Nexos, pero por distintas razones a éstas, Luis Rubio —un ferviente partidario de la desincorporación en general—, las privatizaciones salinistas arrojan resultados mediocres. La lista de quiebras, quebrantos, re-nacionalizaciones, rescates y fraudes es larga de verdad: las carreteras, Mexicana de Aviación, Altos Hornos de México, Banpaís, Banca Unión, Banco del Atlántico, ahora tal vez Inverlat y Serfín, Televisión Azteca, los ingenios azucareros, la parte de Nacional Hotelera comprada por Sidek, Agro-nitrogenados (Fer- timex-Pajaritos), Saemsa (los aviones de Pemex vendidos a Protexa), por sólo mencionar a las más importantes. Todo ello sin entrar siquiera al tema de Fobaproa y la increíble hazaña de invertir más dinero para salvar a los bancos privatizados que lo que el gobierno recibió por venderlos; y sin hablar del Fobaproa de Nafinsa (Fiderca) y de las Uniones de Crédito. Sólo Telmex, Las Truchas (por ahora), algunas minas, los puertos y una que otra industria mediana han sobrevivido a la hecatombe posterior al frenesí privatizador.

Huelga decir que no se hubiera evitado automáticamente el cúmulo de desastres por el mero hecho de disponer de un marco regulatorio adecuado, de no hacer las cosas a la carrera, de contar con entes fiscalizadores e investigativos ex ante eficientes y honestos, y de mecanismos anticorrupción sólidos y eficaces. Tampoco es cierto que cada privatización fallida se debe a las mismas causas: en algunos casos el problema efectivamente fue la corrupción y el amiguismo; en otros, errores honestos de cálculo; en otros las prisas y las ansias excesivas por recaudar mayores fondos para el erario y, finalmente, la simple ignorancia. Pero nadie puede alegar hoy que venderle siderúrgicas a boticarios, televisoras a comerciantes de enseres domésticos, bancos a bolseros o líneas aéreas a salchicheros no tuvo nada que ver con los resultados a la vista. Tampoco se puede sostener que era innecesario preguntar de dónde provenía el dinero que ofrecían los compradores potenciales por distintas empresas, o que algún ente regulador consciente hubiera permitido que un postor recibiera un préstamo de 30 millones de dólares del hermano del presidente justo después de ganar la licitación sin por lo menos formular algunas interrogantes al respecto. Un régimen democrático quizá no hubiera evitado la crisis de 1994, ni el Fobaproa o los rescates carreteros y las otras quiebras. Pero tampoco habría dado lo mismo. Entre esos dos extremos, el hacer las cosas de otra manera hubiera dado otros resultados. La mejor prueba: las dificultades actuales con la energía eléctrica y la petroquímica muestran que en condiciones de democracia todo es más difícil, más lento, más vigilado, y a la larga más sano para el país en su conjunto, sea cual sea el desenlace.

Segundo tema: el empleo, la apertura y el sector exportador. Cuando se consumó la política de liberalización comercial, se pronunció aquella frase memorable del entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial: «La mejor política industrial es ninguna política industrial». En otras palabras, dejar todo al mercado es lo ideal. Hoy sabemos que las cosas no salieron como se esperaba y se deseaba: las exportaciones se han incrementado indudablemente (aunque no en las proporciones cacareadas por el gobierno: sin las ventas brutas del sector maquilador los índices de crecimiento son menos espectaculares), pero el empleo neto en el sector manufacturero no crece. Si el objetivo de la apertura y del TLC era crear más y mejores empleos para los mexicanos, hasta ahora en el sector manufacturero por lo menos no es así. De acuerdo con las cifras del INEGI, con un índice 1993= 100, en marzo de 1999 el empleo permanecía en 98.7%, es decir, en términos absolutos, 1.3% por debajo del penúltimo año salinista. 6 Si recordamos que en México la población global crece casi a un 2%, y la población en edad de trabajar a más del 3% anual, podemos concluir que de 1993 para acá la situación del empleo manufacturero —donde se ubica el sector exportador más dinámico, incluyendo las maquiladoras— no ha mejorado. Tampoco hay que celebrar en exceso el año base del índice: en 1993, con un índice 1980=100. el empleo manufacturero se hallaba en 85%; 7 por otra parte, de 1993 a la fecha las remuneraciones en el sector manufacturero tampoco se han recuperado en términos reales.

¿Qué tiene que ver esto con la democracia? Algo muy sencillo y a la vez muy complejo. Además del persistente estancamiento del mercado interno en general y de la demanda de bienes manufacturados en particular, las razones por las cuales no crece el empleo en el sector manufacturero a pesar del boom exportador es el altísimo contenido importado de nuestras exportaciones, y la ausencia de cadenas o eslabones hacia atrás (backward linkages) del sector exportador. Estos factores a su vez provienen, en parte, de la carencia de una política de fomento a proveedores, de sustitución de insumos para la industria de exportación, de falta de estrategia de construcción de cadenas industriales, etc. Y esa deficiencia en alguna medida se explica por la precipitación con la que se consumó la apertura, por la deriva ideológica y la postración de nuestras autoridades ante la moda liberalizadora y el anti-estatismo, para quedar bien, y por la simple ignorancia por parte de los muy contados individuos que tomaban las decisiones. Hoy sabemos que este tipo de expansión no repercute en incrementos netos significativos en el empleo, y que no hay política social que valga en condiciones generalizadas de desempleo, subempleo o empleo informal. ¿Hubieran resultado de otra manera las cosas en presencia de un grande debate nacional, con una oposición bien informada y bien preparada, con una disidencia priista no aterrorizada por la represión y la intimidación salinistas, con medios de información y grupos académicos participando con vigor e independencia?

Creo que sí, tal y como ha sucedido en muchas otras partes. ¿La democracia garantiza que todo va a salir bien? Evidentemente no, pero ayuda, y permite evitar las terribles exageraciones, simplificaciones y descuidos en los que incurrió el régimen de Salinas.

Por último, el problema fiscal, que sirve como contra-ejemplo o ejercicio contrafactual en esta demostración. Desde hace varios años en algunos casos, y más recientemente en otros, académicos ubicados en sitios tan disímbolos del espectro político e ideológico como Héctor Aguilar Camín, Carlos Elizondo Mayer- Serra, Roberto Mangabeira Unger y yo mismo hemos insistido en la necesidad de elevar los ingresos fiscales del Estado mexicano. Aunque Salinas y sus funcionarios hacendarios se vanagloriaron de haber incrementado la captación tributaria durante el sexenio sin aumentar los impuestos, el hecho es que la carga tributaria como proporción del Producto Interno Bruto prácticamente no se modificó durante esos años. En 1988, el último año del sexenio de Miguel de la Madrid, la proporción de ingresos del gobierno federal sobre el PIB (incluyendo la aportación de Pemex) fue de 15.60%; en 1991, a la mitad del sexenio de Salinas, alcanzó 15.58%; en 1994,9 el último año de Salinas, permaneció en 15.50%. 9

Por cierto, en el sexenio actual la situación no ha mejorado: la proporción correspondiente a 1998 es de 14.25%. Las cifras equivalentes en otros países de América Latina son muy superiores; y en Estados Unidos o Europa occidental son del doble al triple. La mediocridad y persistencia de las cifras mexicanas contrastan con el ejemplo español, tan caro al propio Salinas y a muchos de nuestros empresarios new age: entre 1982, cuando llegó al gobierno español Felipe González, y 1996, cuando terminan sus cuatro periodos, la carga tributaria como proporción del PIB pasa de 25% a 39%.

En otras palabras, el principal indicador del efecto redistributivo de la democracia representativa no se alteró en esos años, justamente por la falta de democracia. El sesgo re- distributivo de la democracia es bien conocido: más allá de las eternas discusiones sobre la juiciosidad macroeconómica de elevar los impuestos o no, el hecho es que en países de larga tradición democrática como los europeos, la necesidad de obtener votos, de lidiar con partidos obreros y de proporcionar servicios diversos a millones de votantes obligó a conseguir recursos de unos —los sectores más pudientes de la sociedad— para transferirlos a otros —los más desfavorecidos—. Pero esto no se dio por causalidad, sino como resultado precisamente de la vigencia de los mecanismos democráticos; al revés, la ausencia de dichos mecanismos explica cómo, a pesar de la magnitud y la intensidad de las reformas realizadas durante el sexenio salinista. la solvencia del Estado mexicano y la carga tributaria no variaron.

Lógicamente: las mismas élites que capturaron las ganancias de las reformas jamás van a pugnar por una mayor carga tributaria y redistributiva; sólo lo harán, en su caso, las mayorías desfavorecidos y excluidas. Ante una exigencia democrática. no dudo que muchos de nuestros empresarios pueden aceptar cambios en este sentido, pero pedirles que los encabecen es iluso. Sin democracia no hay reforma fiscal posible que no desemboque en menores ingresos para el Estado. Y sin elevar paulatina pero firmemente la carga fiscal a niveles cercanos al 25% del PIB —la mitad del promedio europeo y muy por debajo de Estados Unidos, Canadá o Japón— será imposible construir el tipo de sociedad cohesionada y solidaria a la que aspiramos todos los mexicanos.

Durante el sexenio de Carlos Salinas no sólo no variaron los principales indicadores pertinentes. Pero incrementarlos en el futuro cercano —y se trata quizá de la reforma más importante de todas las que están pendientes— sólo será factible si se consagra un gran acuerdo nacional libremente consentido y democráticamente concebido, de que conviene hacerlo;, acuerdo difícil de concebir hoy, justamente, debido a la falta de mecanismos para fraguarlo, falta motivada por la tardía e insuficiente democratización, postergada entre otros por el régimen de Salinas. Los sectores acaudalados del país, y las clases medias mexicanas —por definición quienes tendrán que pagar más— sólo aceptarán hacerlo bajos condiciones muy precisas de uso, justicia y transparencia. Esas condiciones no son susceptibles de ser creadas en ausencia de mecanismos democráticos audaces e imaginativos, que abarquen diferentes gravámenes —al consumo, por herencia, al predial, a las plusvalías en bolsa, al patrimonio y al ingreso de los estratos superiores de las personas físicas—, así como formas innovadoras de etiquetación de recursos, y de vigilancia de la utilización de dichos recursos.

Así, un debate nacional de estrategias, una capacidad investigativa acrecentada y un marco regulatorio severo y estable para hipotéticas privatizaciones futuras (sobre todo aquellas tan delicadas como la energía eléctrica, la petroquímica y los aeropuertos); una discusión de sustancia sobre el empleo y la aparente desvinculación de mediano plazo entre el crecimiento de las exportaciones y del empleo neto; y el principio de la construcción de un consenso entre élites y clases medias para iniciar la enorme tarea redistributiva mexicana a través del refinanciamiento del Estado mexicano, son tres de las asignaturas dejadas pendientes por el autoritarismo salinista y por la continuidad zedillista. Obviamente hay muchas más, y evidentemente la democracia no constituye un ingrediente desprovisto de desventajas en la cocción de esos consensos, ni mucho menos una panacea. Pero ya sabemos a dónde conduce su ausencia: a debacles como la de 1995 y a la completa subordinación de la política económica a los intereses políticos de un grupo en el poder. He allí la verdadera explicación de los Tesobonos, de la sobrevaluación del tipo de cambio, de la explosión del crédito y del aumento desmedido del dinero en circulación, y de la «cortina de humo» inventada por Carlos Salinas durante su última visita a México. La borrachera del 94 explica la cruda del 95, y no al revés.

A tal grado fue grave y pertinente para la política económica la falta de democratización que cinco años después las mencionadas tareas siguen no solo inconclusas, sino prácticamente en ciernes. Qué mejor prueba de la relación entre democracia y reforma económica, entre perestroika y glasnost, entre el todo y las partes, entre las diversas opciones de la carta del restorán chino, que esta terrible omisión salinista. He aquí un primer veredicto en el juicio histórico del sexenio de Carlos Salinas y, también, un primer paso hacia la rectificación del cúmulo de errores y fechorías del salinismo.  n

1 Las cifras que Salinas atribuye al BID son en realidad del Banco de México; las que cita de la CEPAL son generadas por instancias gubernamentales mexicanas y entregadas a la CEPAL. En los Anuarios Estadísticos en América Latina y el Caribe publicados cada año por la CEPAL figura al principio una sección de 15 páginas sobre fuentes; para el apartado 11 (condiciones sociales) y México, la fuente utilizada por el organismo con sede en Santiago es en todos los casos el INEGI o los Censos de Población y Vivienda. En cuanto al Informe sobre la Magnitud y Evolución de la Pobreza en México 1984-1992, publicado en octubre de 1993, es un documento conjunto CEPAL-INEGI y se basa en las encuestas de Ingresos y Gastos «realizados por el INEGI», en 1984, 1989 y 1992. Ver ONU-CEPAL-INEGI, Magnitud y Evolución de la Pobreza en México 1984-1992, Informe Metodológico p. 12. Conviene agregar que la asociación CEPAL-INEGI para este estudio provocó dudas y críticas dentro del organismo regional, al comprometer a la CEPAL en una operación política. Huelga decir también que sorprende la paradoja: el más anti-cepalino de los presidentes mexicanos escudándose detrás del organismo santiaguiño. La conclusión salta a la vista: si Salinas insiste tanto en invocar a una fuente externa y engañosa es porque él mismo cree que las fuentes reales e internas carecen de la credibilidad de las primeras.

2 AI comparar lo comparable, a saber, los coeficientes Gini derivados de las Encuestas de Ingreso-Gasto de los Hogares de 1963, 1968,1975, 1977, 1984, 1989, 1992, 1994 y 1996 (y no las encuestas propiamente tales). GEA concluye que la modificación más importante del coeficiente Gini hacia una mejor distribución del ingreso, de 0.45% a 0.38%, aconteció entre 1977 y 1984, es decir, aproximadamente durante los años correspondientes al sexenio de José López Portillo. Lo cual no es sorprendente, ya que fueron también los años de mayor crecimiento económico, el cual, así como en el caso del sexenio salinista, pero a propósito de un crecimiento muy inferior, pagamos carísimo después.

3  En toda la discusión sobre la pobreza y la desigualdad en México, las estimaciones y cifras de Nora Lustig son consideradas las más prudentes y optimistas. Nora Lustig nunca ha disfrazado su acuerdo con algunas de las posturas de Salinas, en particular con el Tratado de Libre Comercio. A pesar de ello, no concuerda con la conclusión de Salinas sobre la pobreza. Otros autores, tan prestigiados y competentes como Nora Lustig, pero más pesimistas, como Julio Boltvinik, proporcionan cifras y conclusiones sobre la pobreza y la desigualdad mucho más desoladoras, y llegan a conclusiones mucho más condenatorias sobre la evolución de la pobreza bajo el régimen de Salinas.

4 Según el informe más reciente de la misma CEPAL. que reitera que sus cifras provienen de las encuestas «gubernamentales» de Ingreso- Gasto de los hogares, la pobreza en México pasó de afectar a 34% de los hogares mexicanos a mediados de los ochenta, a 39% en 1989. a 36% en 1994 (la reducción de la que se jacta Salinas, que en realidad sólo recupera la mitad de lo perdido durante los ochenta) para volver a subir a43% para 1996, con motivo del colapso de 1995. ¿De qué sirvió la supuesta mejora salinista, si dos años después se perdió lo ganado, más otro tanto? CEPAL: Panorama Social de 1999, citado en Reforma, 17 de junio de 1999, p. 2.

5 «Mexico at the Brink», en Foreign Affairs. Invierno. 1985. páginas 287-303, y en particular las páginas no citadas por Salinas. 288-294.

6 INEGI: «Encuesta nacional de empleo», citado en Reforma, 1 de junio de 1999, sección de Negocios, p. 4.

7 Así, tomando un índice de 100=1980, en junio de 1993 el empleo manufacturero en México se hallaba en 77.9, es decir. 22% por debajo de 1980. El punto más alto del sexenio salinista fue en diciembre de 1990. Con un índice de 87.5. Conviene destacar que el año base de los cálculos actuales, 1993, fue un año de virtual recesión económica en México; de modo que los magros resultados seis años después son incluso más mediocres. Ver Banamex: Examen de la Situación Ecónomica de México, marzo 1994 y diciembre de 1992, p. 159 y 614 respectivamente.

8 Por ejemplo, las ventas al mayoreo de vehículos automotores durante los primeros cinco meses de 1999 sumaron 228,745 unidades, de acuerdo con las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz o una cifra analizada de entre 500,000 y 550,000 unidades (ver Reforma, 16 de junio de 1999. sección Negocios, primera plana). En 1981, el último año del «milagro mexicano», las ventas internas totales sumaron 561,249. En otras palabras, diecisiete años después y con casi 30 millones de mexicanos adicionales, la demanda interna de vehículos es inferior a la de entonces.

9 Carlos Elizondo Mayer-Serra: «La fragilidad tributaria del Estado mexicano: una explicación política», en El mercado de valores, julio de 1999.

Jorge G. Castañeda. Crítico y analista de política internacional. Es autor, entre otros libros, de Límites en la amistad México-EU y La utopía desarmada.