Carlos Martínez-Ulloa. Director General de INGEFIN Internacional S. C.

En los últimos años, y más durante 1995, la economía mexicana ha servido como un show case para evaluar lo que los políticos y más particularmente los economistas pueden hacer por el bienestar de la sociedad. No sólo de los que están en el poder y por lo tanto toman las decisiones que afectan a la mayoría, sino también de los que tienden a opinar sobre el estado y curso de los negocios, y también a predecir los eventos por acontecer. 

1995 fue un año de particular importancia en este contexto, pues entonces se registró la peor caída del PIB en los últimos cincuenta años. En momentos de crisis se puede conocer mejor la capacidad de los políticos y los dirigentes sociales para evaluar las causas, la profundidad y la manera más rápida y menos dolorosa para salir de ellos. 

Repasar lo que en su oportunidad se opinó o propuso respecto a estos temas y cómo se percibió la realidad, será de gran utilidad para conocer las influencias que debemos desoír y a quiénes debemos prestar atención para entender lo cotidiano y adecuar, en base a tales opiniones, las decisiones que todo agente económico se ve precisado a tomar en el desempeño de sus tareas. 

Para estos propósitos resulta de gran valor, primero, la loable e interesante promoción de discusiones que sobre los temas relacionados con la crisis organizó Rolando Cordera a través de sus programas televisivos de Nexos; después, la acuciosa y dedicada labor de compilación de estos testimonios, que recién aparecieron en su 1995: La economía mexicana en peligro, de ediciones Cal y arena. 

De las interpretaciones ahí consignadas son varias las que destacan por su divorcio con la realidad, debido tal vez a la necesidad de algunos funcionarios públicos y privados de mostrar solidaridad con una administración con la que se sienten comprometidos, o bien a la incapacidad para aceptar que un diagnóstico objetivo es el primer paso para salir adelante. 

De entre lo mucho que en ese entonces se opinó, resaltan en lo genérico los siguientes pronunciamientos. 

Sobre la profundidad de la crisis. Fueron pocos los que anticiparon la verdadera dimensión del colapso económico. En general, los funcionarios públicos, más que demostrar preocupación por sus efectos, tendieron, como casi siempre, a vender la ocasión como una nueva oportunidad para que en base a la devaluación se incrementara la productividad y las exportaciones, y se reacomodara el aparato productivo en torno a ellas para convertirlas en el nuevo motor del crecimiento e impulsoras del empleo. 

También insistieron estos mismos profesionistas en que el comportamiento intimidatorio de los mercados financieros, con la devaluación, la caída de la bolsa y la marcada elevación de las tasas de interés, nada tenía que ver con la situación real de la economía; esto es, que el aparato productivo estaba básicamente intacto, que contaba con un programa sólido, diseñado para minimizar los impactos negativos y tener un tránsito rápido hacia la estabilización primero y el crecimiento sostenido como consecuencia.

Sobre el impacto inflacionario de la devaluación. A nadie escapó que el efecto más inmediato de la crisis se presentaría en las presiones inflacionarias desencadenadas por la devaluación y la propensión a importar tanto bienes de consumo como de inversión. Sin embargo, nuevamente afloró el optimismo de los funcionarios públicos al creer que con un presupuesto gubernamental balanceado se podrían contener las burbujas inflacionarias, de tal forma que pivoteando en la contención salarial habría una rápida reactivación de la inversión para aprovechar las nuevas oportunidades de la exportación. Si bien se reconocía que el país ya venía con una acelerada inercia en las exportaciones, éstas quedaban concentradas en pocos sectores y unas cuantas empresas. De ahí que entonces se abrieran nuevas oportunidades por la devaluación, que permitirían que los esfuerzos de las mayores ventas al exterior permearan en forma de cadenas productivas al desarrollo interno. 

Sobre la necesidad de una política activa de fomento industrial. Pocos fueron quienes insistieron sobre la oportunidad y necesidad de contar con una deliberada y activa promoción industrial. No obstante que la devaluación por sí misma se convirtió, cuando menos en el corto plazo y hasta en tanto no dejara de ser real, en un subsidio a las exportaciones, escaso fue lo que se escuchó acerca de la conveniencia de generalizar otros subsidios para evitar la profundización de la recesión y la búsqueda de una más racional y equitativa distribución del costo social y económico de la crisis. 

Sobre el origen de la crisis. Aunque no fue un tema específico de los páneles, se expresó repetidamente, y existió una aceptación tácita inescapable, que la devaluación, causa y efecto de la crisis, se debió a un reconocimiento tardío y costoso de que la estrategia cambiaria, los crecientes déficit comerciales con el exterior y la pretensión de elevar las reservas internacionales a través de atraer capitales foráneos de corto plazo eran insostenibles en el mediano plazo. Sin embargo, el énfasis en la práctica, que ya no en la retórica, para controlar los efectos más nocivos de la crisis, se estableció más que en ningún otro lado y casi con exclusividad en los aspectos macroeconómicos y monetarios: controlar la emisión monetaria, elevar las tasas de interés, provocar una baja en la actividad económica que limitara las presiones sobre los precios por el lado de la demanda, y buscar el superávit presupuestal y comercial con el exterior. 

Poca preocupación causaron los efectos fuera del estricto y estrecho círculo de las variables macroeconómicas que conforman el mecanismo monetario que influye sobre los niveles de la inflación. Por ello, para lograr la estabilidad de los precios primero había que propiciar la recesión. Así, el trauma devaluatorio se asumió oficial y plenamente sin importar las consecuencias que tales decisiones acarrearan sobre la microeconomía, la sociedad y las reacciones políticas que dos años después tendrían la oportunidad de manifestarse. Tampoco se previó o anticipó la exacta magnitud de estas medidas recesivas, sobre el estado y la salud del sector de la intermediación bancaria y financiera; factores que hoy tanto impactan y limitan los esfuerzos para que la recuperación se extienda a la economía doméstica y se convierta así en autosustentable. 

Sobre el paquete de apoyo financiero. A nadie escapó su importancia e identificación como la acción que más claramente influyó para aminorar el ritmo del deterioro de la economía y lograr la estabilización de los mercados financieros. Si bien tuvo un efecto decisivo para la pronta y paulatina reapertura de los mercados internacionales de capital, no se logró continuar este esfuerzo para que impactara a los endeudamientos de empresas y particulares. No obstante diversos intentos al respecto, continúa sin solución definitiva el endeudamiento de una buena parte de la microeco-nomía, por lo que aún ahora se mantienen altos los costos de la crisis sobre la pequeña y mediana empresa, y los niveles de empleo formal.

Un aspecto importante que no fue plenamente percibido o comentado, es el de las consecuencias financieras sobre México, por la negativa del Congreso norteamericano para aprobar el paquete financiero en su concepción original y la posterior utilización de los privilegios presidenciales mediante los cuales Clinton autorizó una versión modificada, pero igualmente efectiva del mismo. 

En aquellos tiempos, el mandatario norteamericano se enfrentaba a un Congreso hostil y los analistas políticos lo consideraban como un presidente débil. Sin embargo, el hecho mismo de su reelección y la continuidad de la fortaleza de la economía de ese país, han modificado sensiblemente sus índices de popularidad y con ello la efectividad de su gestión. 

El reconocimiento de Clinton sobre la importancia estratégica que México guarda para los EU, tanto por su cercanía geográfica como por el tamaño de su deuda externa, y por ende su influencia en la estabilidad de los mercados financieros internacionales, ha sido reconocida por estos últimos de manera plena, lo cual ha facilitado las labores de renego-ciación de la deuda externa de México y el acceso a nuevos recursos para apoyar la estabilización y mejoría de los indicadores financieros del país. 

Sobre aquellos aspectos de la crisis, distintos a los indicadores monetarios y financieros. Fue mucho lo que se argumentó y múltiples los temas que se abordaron, distintos a las medidas monetarias necesarias para la estabilización. Los participantes no gubernamentales en las distintas mesas y fechas, abordaron temas bajo su óptica personal, pero que en su mayoría resultaban relevantes a las tareas de propiciar la discusión, sugerir alternativas y despertar la conciencia ciudadana sobre temas que a todos nos incumben y afectan, relacionados con el empleo, la supervivencia de las empresas, el tipo de cambio, medidas y políticas selectivas de apoyo a distintos sectores, etc. Sin embargo, al confrontar estas discusiones con lo que sucedió después, queda la inescapable conclusión de que quienes diseñan e implementan las políticas actuales, poco escuchan de foros como éste, para la selección y definición de políticas para atacar los grandes problemas nacionales.