Aníbal Gutiérrez. Asesor de la Coordinación de Estudios Económicos y Sociales de la Fundación Colosio A.C.

La LX Convención Bancaria fue un acto en el que los banqueros definieron sus nuevas prioridades, dado que la emergencia de los años anteriores se dio por superada. 

En las participaciones del presidente Ernesto Zedillo, del secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz, y del gobernador del Banco de México Miguel Mancera, se reiteró la confianza en la consolidación de la recuperación de la economía y en el desarrollo futuro de la banca y de todo el sistema financiero. 

El contexto de la reunión fue significativamente diferente a los anteriores en virtud de que los indicadores de crecimiento de la economía y del empleo presentan señales claras de recuperación. Al mismo tiempo, los programas de rescate y el incremento en la participación de capital externo en los bancos, permitieron evitar un gran colapso financiero. Las debilidades mostradas por la banca a raíz de la crisis, pero también resultado de su incapacidad estructural para servir de manera eficaz como intermediaria, condujeron a la revisión de otras regulaciones para dar paso a la introducción de un esquema contable más restrictivo y congruente con lo que se hace en otros países. En estas condiciones, la banca tendrá que realizar mejores evaluaciones de sus clientes, en tanto que los deudores contarán con menos opciones para diferir y negociar sus pagos. 

Por lo pronto, hay que tener presente que la cartera vencida total de la banca supera los 7 mil millones de dólares, lo que representa cerca del 7% de su cartera total. Asimismo, la cartera vendida al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con lo cual los bancos saneaban su cartera y establecían compromisos de capitalización, supera los 142 mil millones de pesos, algo así como 17,500 millones de dólares. 

Por el lado del financiamiento, lo que se observa es que se mantiene una reducción en el financiamiento real a la economía por parte de la banca. En promedio, en el último año el financiamiento directo al sector privado ha sufrido una contracción del 30% en tanto que la venta de títulos al Fobaproa creció casi 100 por ciento. 

Se aprecia así una situación en la que la banca intenta recomponer sus estados financieros y sentar las bases para una reorganización total. El reto es recuperar la capacidad de financiamiento y ofrecer condiciones de certidumbre y estabilidad. A ello se suma la próxima internacionalización de la Bolsa Mexicana de Valores, la creación de novedosos esquemas de refinanciamiento de la deuda externa y los ajustes del Banco de México a su capacidad de actuación sobre el mercado cambiario. 

Sin embargo, los banqueros insisten en señalar que a pesar de que han mejorado relativamente su situación, y de que hay una mayor demanda de créditos, sólo les prestarán a aquellos clientes que no hayan tenido problemas con la banca. Con esta postura, en los hechos se restringen las posibilidades de financiamiento, de modo que pese a que 70 de cada 100 empresas requieren recursos frescos, los bancos no prestarán a nadie que no haya saneado su deuda. Por lo pronto, una buena parte de micro y pequeños industriales no tendrá acceso al crédito. 

En este sentido, el nuevo presidente de la Asociación de Banqueros, Antonio del Valle, reiteró que para sus representados el problema del financiamiento no era de liquidez o falta de recursos para prestar, sino de seguridad jurídica. Es decir, cómo garantizar que la banca, al enfrentar problemas con sus deudores, podrá recuperar los recursos prestados. 

Con el argumento de que lo que prestan los bancos es un ahorro de la sociedad y no propiamente de ellos, en un contexto en el que la nueva contabilidad les exige revisar y respaldar en mayor medida los créditos y ante la intención de las autoridades de dejar de respaldar el 100% de la cartera de la banca, los banqueros demandan una mayor certeza para poder emprender acciones legales contra los deudores morosos. El pretexto es que en algunos estados y en ciertos juzgados la banca ha perdido varios juicios de embargo. No obstante, la seguridad jurídica, base del Estado de Derecho que se aspira a fortalecer en México, debe ser pareja; de lo contrario no sería justicia. Aquí entra el argumento esgrimido contra la banca de que fue la primera en saltarse la norma al cobrar intereses sobre intereses. 

El origen de esta situación fue la necesidad de incorporar esquemas de refinanciamiento en los que el monto del crédito y el plazo imponía mensualidades excesivas, por lo que se optó por aceptar el pago de una parte, en tanto que otra parte del pago mensual no se hacía pero se acumulaba al capital. Parte de esa transferencia a capital eran intereses no pagados. Lo mismo sucedió con los intereses moratorios que se cargaron no sólo contra la deuda sino contra los intereses no pagados. En un contexto de elevada inflación e intereses ésta fue la salida para no cerrar la ventanilla y mantener con vida los créditos pero ello implicó el comenzar a cobrar intereses sobre intereses. Aquí la seguridad jurídica fue puesta a un lado, lo que a la larga perjudicó a los deudores. 

Por su parte, ante la ofensiva de los banqueros, los industriales de la Concamín, a través del nuevo líder de los industriales, Jorge Marín Santillán, señalaron que la seguridad jurídica debe ser equitativa tanto para deudores como para intermediarios financieros y que el diseño de un nuevo marco jurídico debe abarcar a las dos partes. 

En estas condiciones, la Confederación de Cámaras Industriales estaría dispuesta a impulsar la profunda revisión del marco jurídico-financiero que plantean los banqueros si y sólo si se toma en cuenta la posición de las empresas endeudadas. De mantenerse en ello, esta postura de los industriales adquirirá un gran valor para hacer más transparente la relación de los usuarios con la banca. 

En esta discusión se advierte que es inminente supervisar mejor el dinero que administran los bancos; por ello la normatividad y funciones de instancias como el Buró Nacional de Crédito, además de relevante debe ser muy transparente. El Buró de Crédito es el organismo que concentra el historial financiero de todos los cuentahabientes, con lo que se convierte en un poderoso instrumento de supervisión, fiscalización o control de la banca. Pero también puede ser una instancia de “represión”. La información del Buró será de obligada consulta antes de que cualquier entidad financiera o incluso comercial acceda a otorgar cualquier tipo de crédito. Si hay cuentas pendientes con la banca habrá limitaciones para que las personas físicas o morales puedan hacer uso de los servicios bancarios o incluso, como pretenden los banqueros, sean excluidos de todo servicio que preste la banca. 

Por su importancia habrá que ver con cuidado su desarrollo, sus atribuciones y obligaciones, así como dar a conocer sus alcances. Como dato se estima que esta instancia ya concentra información de 16.7 millones de cuentas, tiene la participación de cerca de 90 empresas bancarias, comerciales y de servicios y tiene un grado de confiabilidad para los banqueros de un 92.8%. Este Buró puede ser importante para evitar transacciones de alto riesgo, detectar prácticas ilegales y cuidar mejor el ahorro de la población, pero el punto sería ahora conocer cómo o quién defenderá a los deudores de los errores y posibles abusos de esta poderosa entidad fiscalizadora. 

Superada la emergencia, la banca pasó a la ofensiva. Lo que se ve es que luego de haber sido el protagonista principal de las últimas crisis, de venir de un proceso de nacionalización a otro de “extranjeri-zación”, no ha podido cumplir cabalmente con su función de inter-mediación y apoyo al desarrollo económico y social del país. ¿Lo podrá hacer para el nuevo siglo?