Ricardo Becerra. Analista político.

Pedro Salazar. Licenciado en Derecho.

Están canceladas las posibilidades de un fraude en la elección del seis de julio. El propio desarrollo de los comicios habrá de demostrarlo, por supuesto; pero este texto intentará explicar, o mejor, describir por qué. De frente a la jornada electoral, vale la pena arriesgar una descripción general, un panorama que nos permita ver el bosque, el conjunto de medidas que hacen imposible un fraude electoral en México. 

Insistiremos en que el lector observe cómo cada medida es un antídoto contra esas prácticas que han hecho leyenda en nuestra picaresca electoral: contra el “fraude cibernético”, contra la “caída del sistema”, contra el “carrusel”, el “ratón loco”, o los “tacos”, contra la desigualdad que distorsiona la competencia. 

Al momento de redactar esta nota, el Consejo General del IFE ha tomado ya todas las medidas esenciales que dan cuerpo a la elección; cada una a su modo, inyecta confianza, propicia la equidad, induce una mayor competencia, refuerza la legalidad. El listado siguiente no es exhaustivo, pero quiere dar una idea de cómo se prepara una elección que queremos limpia, incuestionada.

1. Las autoridades electorales son producto del consenso de los partidos en todos sus niveles. Los jugadores estuvieron de acuerdo con la designación del árbitro. Desde la instancia superior, el Consejo General, se puso en práctica este modo de operación. El Presidente del Consejo y los ocho Consejeros Electorales fueron nombrados por unanimidad en la Cámara de Diputados. Luego, el Secretario Ejecutivo del IFE, y la Junta General Ejecutiva, es decir los directores responsables de las tareas del IFE, y la Junta General Ejecutiva, es decir los directores responsables de las tareas del IFE, fueron nombrados por la unanimidad de los Consejeros. Asimismo, los consejos de las 32 entidades federativas, después de amplias consultas y negociaciones con los partidos, fueron designados por unanimidad del Consejo General. En cascada, cada uno de los 300 Consejos Distritales fueron nombrados por el Consejo Local de la entidad correspondiente, bajo el mismo procedimiento y con el consenso de los partidos. El dato político es relevante: quienes han tomado las decisiones esenciales de este proceso son órganos colegiados, equilibrados, avalados por los partidos políticos. 

2. La estructura ejecutiva del IFE estuvo sujeta a un examen amplio y riguroso. Al arranque del proceso electoral, todos los cuadros profesionales del IFE, todos los vocales ejecutivos de los 32 estados y de los 300 distritos, fueron expuestos a la prueba y la impugnación de los partidos. El personal que opera la elección es pues una herencia valorada y sometida a prueba. En el nivel de los estados, fueron renovados nueve Vocales Ejecutivos; en el nivel distrital 24. Más allá de los números, lo realmente importante es que se trató de una renovación o confirmación plenamente fundamentada y efectuada con rigor legal; no fue un proceso fundado en generalizaciones vagas, en nociones preconcebidas o en prejuicios periodísticos, sino uno que estuvo atento a la forma, al mismo tiempo estricta y abierta. El ejercicio estuvo a cargo del propio Consejo General; ese órgano fue el responsable de ratificar y, en su caso, de cambiar a la parte principal (los vocales ejecutivos) de la estructura del IFE en todos sus niveles.

3. Estamos ante un proceso electoral mucho más equitativo que los precedentes. Como se sabe, el gran defecto de 1994, el impugnado por la oposición y reconocido incluso por el presidente Zedillo, fue la inequidad de los recursos con que los partidos asisten a las campañas. No es el caso del proceso de 1997. Veamos algunas cifras: en 1994 el PRI concentraba el 49.3% del financiamiento público, en 1997 baja al 44.3%, en cambio el PAN contaba con el 14.3% y ahora dispone del 26.4%, lo mismo el PRD que pasa del 10.2% al 19.7% y el PT que sube del 2.9% al 9.4% de la bolsa del financiamiento público. En otras palabras, en el arranque de la elección, los partidos disponen de recursos más equilibrados. Las aportaciones privadas no pueden generar una distorsión seria a este escenario porque la ley les establece un tope que no puede ser mayor al 10% del monto por actividades ordinarias. Pero hay más elementos: el Consejo General fijó topes a los gastos de campaña que son mucho menores que en 1994. Para las 300 campañas a diputado de mayoría relativa, el tope desciende 54% en términos reales. Para las campañas de senadores el descenso es aún más drástico: 61%. Esto quiere decir que hay un límite a los gastos que es más preciso y más realista, y que por ello contamos con un freno auténtico y mensurable contra las desproporciones. Al propio tiempo, las revisiones a las finanzas de los partidos se han hecho más incisivas, extensas y profundas porque los instrumentos de fiscalización se han mejorado. 

4. Los medios electrónicos son ya una palanca electoral utilizable por todos los partidos. Los partidos disponen de instrumentos privilegiados para la emisión de sus mensajes y propuestas: si en 1994 tuvimos 5,684 spots promocionales, en 1997 ya llevamos 16,792. En tiempo efectivo, esto significa que pasamos de 31 horas a más de 93. Los tiempos permanentes también se incrementaron de 114 a 906 horas. Los tiempos complementarios pasaron de 25 a 225 horas, es decir más del 700% de tiempo adicional disponible. Gracias a la nueva fórmula de reparto tenemos que el partido con menos tiempo otorgado por el IFE ha contado con 10.58%, y el que más con 18.5%. Además estos programas son transmitidos ahora en mejores horarios y por la vía de 20 canales de televisión (en 1994 eran sólo dos) y más de 100 frecuencias de radio (en 1994 eran sólo 16). 

5. Los medios de comunicación masiva se han convertido en espacios más abiertos y equilibrados en la cobertura y difusión de la contienda electoral. Hay que recordar de dónde venimos: en 1988 los principales noticieros de radio y de televisión dieron al PRI el 83.14% de su tiempo destinado a las campañas; al PAN el 3.15% y al entonces FDN el 1.62%. Hoy la situación es diametralmente distinta. Comparada con 1994, en la Ciudad de México, como en muchas otras regiones, el avance es incuestionable: hasta mayo de este año en televisión, el PAN pasa de 15.6% al 25.4%, el PRI tenía el 35.4% y hoy dispone del 22.6%, el PRD contaba con el 14.6 y en 1997 tiene ya el 22.4%, mientras que el PC contaba con 4.8% y hoy tiene el 6%. En la radio el PAN cuenta con el 31% de la cobertura en noticiarios, el PRI el 27% y el PRD el 23%. Se trata de la típica creación de un contexto de exigencia: de los partidos, de la autoridad electoral y de los grupos de ciudadanos organizados, frente a los medios. Se trata de una auténtica masificación de la información política. Es una obra colectiva que ha colocado a las campañas y a los candidatos en el centro del escrutinio público y en los hogares de millones de mexicanos, por la disposición y el aprendizaje democrático de los propios medios.

6. El padrón electoral volvió a pasar las más rigurosas pruebas de su confiabilidad, y dejó de ser el eje de la impugnación de los partidos. Desde su construcción, el padrón electoral lleva más de 45 exámenes. En 1997 todos los partidos políticos emprendieron un examen más, con un método y un alcance decidido por ellos: la Verificación Nacional Muestral. Se trató del estudio más completo ya que su alcance fue nacional. No hubo un solo partido que impugnara los resultados de esta verificación. Su resultado volvió a confirmar una consistencia superior al 95 por ciento. 

Por si esto no fuera suficiente, el Consejo General emprendió otros estudios recomendados por el Comité Técnico1 del Padrón: para contrastarlo frente a la información demográfica disponible en el país; para estudiar a detalle las regiones “atípicas”, es decir, las que presentan un comportamiento distinto al resto del país; para verificar la seguridad de los procedimientos informáticos que hacen al padrón; para estudiar los nombres repetidos (homonimias) y, finalmente, una prueba en campo para localizar ciudadanos, comprobar datos en la credencial de elector y sus domicilios. Estas pruebas fueron deliberadamente severas, es decir, no buscaron a todo lo largo y ancho del padrón sino precisamente en sus áreas “sospechosas”, en las que había más dudas. A pesar de la variedad de los estudios, la conclusión importante es una: el padrón electoral registra a ciudadanos verdaderos, ellos poseen su credencial y encuentra respaldo en los almacenes del Registro Federal de Electores. 

Todo esto es procesado cotidianamente bajo la vigilancia de los partidos. En tales condiciones, es sumamente difícil instrumentar operaciones como el “ratón loco” o la votación de “muertos y fantasmas”. Y más que eso. A medida que se desplegaban las evaluaciones, fue haciéndose claro que el padrón es un excelente instrumento para “mirar” la dinámica demográfica del país: sus migraciones, cambio estructural, movilidad y defunciones. Al final se corroboró que nuestro padrón de más de 53,022,198 mexicanos, contiene al 93% de la población en edad de votar, que tiene datos veraces en el 95% de los casos, y que desde 1994 ha pasado la prueba de más de 44 elecciones locales sin impugnación. La garantía ofrecida es una: que los ciudadanos mexicanos puedan ejercer su voto sin exclusiones arbitrarias.

7. Nadie puede votar dos veces. El antídoto es uno: el líquido indeleble. No es una tinta que recubre superficialmente el dedo del votante, sino una sustancia que genera una reacción biológica en la piel, que la hace pigmentarse por más de doce horas. Por eso es imborrable. Estos líquidos fueron manufacturados por el Instituto Politécnico Nacional, en severas condiciones de vigilancia y de transportación. Estarán esperando a cada votante en las 104,732 casillas. 

Por si eso no fuera suficiente los resultados electorales serán conocidos con certeza y rapidez. En la madrugada del siete de julio se contará con tendencias firmes de la votación para jefe de Gobierno, senadores, diputados; a todo el público en México y el mundo constará la manera en que llega la información de cada casilla, de cada distrito, de cada estado de la República. No hay posibilidad para el manejo de la información, para su administración conveniente, para una “caída” y, mucho menos, para su manipulación. Los 733,124 funcionarios de casilla son neutrales porque han surgido de un sorteo, luego del cual han sido entrenados por el IFE. Ellos proporcionan grandes dosis de confianza el día mismo de la jornada, pero también un involucramiento masivo de ciudadanos en la organización de las elecciones. Además, 32,945 ciudadanos solicitaron su acreditación como observadores electorales, y los partidos cuentan con el recurso de acudir al Tribunal Electoral para proteger sus derechos y garantizar la legalidad de cada etapa y cada evento de la elección. 

Este pequeño recuento ha querido hacer un ejercicio de atención y de esclarecimiento público; demostrar que una elección limpia el seis de julio no es una previsión de fe, sino un hecho que se funda en datos comprobables, en evaluaciones firmes, en un mar de cifras mensurables. Se trata, explícitamente, de anular ese horizonte crepuscular, sobreviviente de otra época, para el cual todos los gatos son pardos, todos los esfuerzos realizados son simulaciones, todos los fraudes son todavía posibles. Para fortuna de la viabilidad democrática de México, las profecías del fraude ya no se respaldan en los hechos, ya no las permite la obra de la organización electoral.

1 Es un grupo de nueve científicos, sin filiación partidista, especializados en materias como la estadística, la demografía, la sociología y las matemáticas.