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Arnaldo Córdova. Politólogo, actualmente prepara un libro que continuará La ideología de la Revolución Mexicana.

Para la próxima ocasión en que este robot de la era de Julio Verne entre en acción, habrá muchos más problemas de los que hoy podemos imaginarnos. Hay cuatro o cinco prospectos de precandidatos oficiales en la imaginación popular y en las especulaciones de los periodistas. Arnaldo Córdova

La sucesión presidencial, ni duda cabe, es el hecho más importante de la vida política de México. Debería ser, por ello mismo, al que mejor conociéramos o, al menos, el que tuviéramos mejor estudiado y analizado; pero no es así y esto se debe a que se trata de un acontecimiento totalmente clandestino, subterráneo de la vida política, oculto para la casi totalidad de los mexicanos. Lo que todos manejamos para explicárnoslo no son más que hipótesis que nunca hay posibilidades de comprobar con certeza. La más socorrida y aceptada es aquella que nos dice que el presidente en turno es el que elige a su sucesor, pero ésta es tan incomprobable como todas las demás. Podría decirse que los únicos que saben realmente cómo se lleva a cabo el proceso son quienes pertenecen al círculo más íntimo del poder y, aun así, puede probarse que a veces ni ellos mismos están al tanto de todos sus detalles y secretos. Ha sido, evidentemente, un modo de preservar el poder en manos de los mismos grupos, muy parecido (dicho sin ninguna intención ofensiva o dolosa) al que opera en la mafia siciliana, con conductos siempre ocultos que jamás se intercomunican y que llegan al centro de las decisiones a través de vericuetos sin fin, todo cubierto con la llamada ley de la omertà, que es el silencio y el secreto absolutos en torno de esas decisiones.

Mi hipótesis siempre ha sido que el presidente no elige solo a su sucesor e incluso que hay etapas en las cuales no le está permitido intervenir, sobre todo en los primeros tiempos, cuando comienzan a tomar forma las precandidaturas; en esa etapa se da lo que podría llamarse un destape interno, con la aparición de las figuras que crean expectativas y la conformación de adhesiones y alianzas entre grupos, muy difusas sobre todo porque no se dan en una sola dirección o en tomo a uno solo de los posibles precandidatos. Estos, además, deben actuar con gran sigilo para no exponerse demasiado a arriesgar una ruptura de las condiciones, sumamente estrechas, en las que se da la lucha por la nominación. Los cabildeos son en extremo cerrados y secretos, pero deben hacerse y siempre con el mayor cuidado; de ellos depende el éxito y no tanto de la imagen pública del posible precandidato, la que a veces puede perjudicarle, sea o no favorable. El presidente debe abstenerse de intervenir en favor de alguno de los posibles (y creo que, en condiciones normales, debe hacerlo hasta el momento mismo del destape).

El no podría declararse, en los foros internos del poder, sin riesgo de provocar rupturas en los equilibrios internos o abiertas rebeliones de quienes pudieran sentirse perjudicados. Su función esencial es la de ser árbitro (de última instancia, desde luego) de una lucha que debe desarrollarse sin dar ventajas extras a ninguno de los contendientes. Como árbitro, el presidente está llamado a ir pulsando el ritmo de las adhesiones y los apoyos que cada posible precandidato va ganando en torno suyo. Ninguno de ellos puede manifestarse en público, porque entonces provocaría las rupturas que sólo el secreto absoluto puede conjurar. Las adhesiones y los apoyos tampoco pueden darse a la luz del día y, por lo general, son definitivas sólo hasta el mismo día del destape, pues de otra manera darían también lugar a ventajas rupturistas.

El presidente debe ir registrando la fuerza que cada uno de los contendientes va adquiriendo entre los grupos que integran el círculo íntimo del poder. Eso sólo él debe saberlo y nadie más, porque de ello depende que los aspirantes puedan mantener vivas sus expectativas hasta el último momento, de lo que a su vez depende que la elección (o selección) sea aceptada por todos y no haya divisiones ni exclusiones en la cúpula del poder. Hasta los años setenta los aspirantes, al parecer, fueron siempre unos cuantos (probablemente no más de tres o cuatro). Eso debió estar firmemente establecido y en ello el presidente debió tener ciertas prerrogativas. No convenía que se ampliara demasiado la contienda por el poder y provocara divisiones o desquiciamientos en el equilibrio interno del mismo. Tampoco debieron ser muchos los grupos a los cuales realmente se les permitía decidir en el proceso de sucesión. Aparte los grupos de poder que se ubicaban en las Secretarías de Estado, se contaban con toda seguridad las dirigencias sindicales y algunos círculos empresariales. La dirección nacional del partido oficial jamás ha contado para nada en estos procesos; si acaso, se tomaba en cuenta la opinión de ciertos centros regionales de poder. Es por todo ello que los precandidatos no deben hacer campaña ni mover las aguas ni moverse ellos mismos. No hay vasos comunicantes entre los grupos: ellos tienen un solo contacto y éste es directamente con el presidente de la República. Cuando llega el momento de la decisión, en realidad, ésta ya está cocinada y no ha sido (por lo menos no de modo exclusivo) del presidente. Este sólo declara, también de modo directo y secreto a cada grupo, quién es el precandidato que obtuvo las mayores adhesiones. Creo que el presidente sólo puede jugar sus cartas personales cuando se dan casos de extrema polarización de fuerzas entre los contendientes. Eso debió ocurrir en 1957 y en 1975, cuando el candidato resultó ser un tercero en discordia, después de que los principales prospectos se habían anulado mutuamente por haber tenido fuerzas muy parejas. En esos casos, es el presidente el que decide finalmente.

Hay algo, sin embargo, que desde Luis Echeverría ni siquiera el poder del presidente ha podido evitar: que el número de aspirantes con las mismas posibilidades crezca desorbitadamente en cada sexenio, con el resultado de que la lucha interna se vuelve más difusa y a veces más enconada, arriesgando siempre que desborde los estrechos márgenes que impone el secreto esencial para el proceso, y de que el arbitraje del primer mandatario se vuelva cada vez más difícil y discutible. El pertenecer al llamado gabinete no ha sido un requisito, como a veces se ha postulado, para ser presidenciable. Todos los presidentes, desde los cuarenta, han salido del gabinete, porque es en el gabinete donde se tiene mayor poder y, por lo tanto, mayores posibilidades de obtener la nominación. Ya eso, de por sí, estrecha hasta la mínima expresión el sistema y el ámbito político en el cual se da y se decide la lucha por la Presidencia. Que de Miguel Alemán a Luis Echevería, además, todos los presidenciables hayan sido secretarios de Gobernación, con la única excepción de Adolfo López Mateos, nos habla de lo restringido que fue desde sus orígenes el sistema de selección. Que ésa, que fue casi una norma, haya periclitado y, desde José López Portillo tengamos presidentes que provienen de otras secretarías de Estado (Hacienda y Programación y Presupuesto), ha dado lugar a que se opine que lo “económico” llegó a prevalecer sobre lo “político”. Puede ser cierto, pero puede serlo también que desde entonces el número de precandidatos fuertes se ha multiplicado y que no ha sido posible limitarlo, afectando la capacidad de arbitraje del presidente. Ahora ya no hay posibles aspirantes sólo de entre los que conforman el gabinete. La rebelión cardenista de 1987 es una prueba de ello. Siendo más numerosos hoy, empero, siguen siendo demasiado pocos los privilegiados que pueden aspirar a la Presidencia. La obsolescencia del sistema de selección, sobre todo por su evidente estrechez y su omertà, resulta, entonces, ser doble: por un lado, ya es insuficiente y demasiado limitado para que los privilegiados puedan competir por el poder, sin que sus luchas pongan en peligro al propio sistema; por otro lado, es tan elitario que no puede absorber las inquietudes y las ambiciones que se generan en los mismos grupos de poder por fuera de las secretarías de Estado y debemos dar por descontado que cada vez crecerán en lugar de disminuir. Nuevos desprendimientos como el de 1987 podrían ocurrir en el futuro si el sistema de selección sigue tan cerrado, estrecho y exclusivo como lo ha sido hasta ahora.

Hay un problema adicional: al parecer el número de grupos de poder que deciden realmente en torno al proceso de sucesión ha disminuido, cuando lo natural y más sano habría sido que se incrementara. Las dirigencias sindicales, por lo pronto y según se ha podido ver desde 1981, ya no tienen capacidad alguna de decisión al respecto. Recuérdese el triste papel que le tocó desempeñar a Fidel Velázquez el día del destape de Miguel de la Madrid: a las 8 de la mañana el líder cetemista aseguraba a la prensa en los jardines de Los Pinos que todavía faltaban algunos meses para que la cosa se decidiera y, dos horas después, ocurría el destape del secretario de Programación y Presupuesto. El movimiento obrero (vale decir, sus dirigencias) ya no forma parte de los grupos de poder que deciden realmente en este país y menos en lo tocante a la sucesión presidencial. Respecto a los círculos empresariales, bien lo sabemos, la historia es muy otra: su poderío económico se ha incrementado al infinito y, dada la actual política económica del gobierno, que los involucra directamente y con responsabilidades que no tenían en el pasado, su poder político de decisión es ahora más grande que nunca antes. Pero no se trata de un nuevo grupo, sino del mismo de antaño, sólo que ahora con una mayor beligerancia y, desde luego, con mucho más poder. Podemos concluir que, en lugar de ampliarse, la cúpula del poder político en México se ha estrechado, con el agravante de que algunos privilegiados lo son más que antes, todo lo cual la inhabilita en extremo como el foro en el cual debe decidirse la sucesión presidencial. Los tradicionales pilares, sobre todo aquellos de apoyo popular, cada vez más pierden su capacidad de sostén y los nuevos, que los hay, no pueden ni siquiera soñar en tener participación en la gran fiesta. La crisis económica, que aún no se acaba de superar, a pesar de la recuperación, los ha hundido en el vil mundo de la necesidad y la desesperación por sobrevivir. Políticamente no cuentan y no está escrito que no puedan convertirse en focos de disturbios incontrolables para el sistema político imperante. Por lo pronto, éste tampoco tiene con qué ni en dónde darles un papel más protagónico en la política nacional. No desde luego en el proceso de selección del futuro candidato oficial a la Presidencia de la República, asunto que es exclusivo del pequeñísimo centro del verdadero poder.

Que el partido oficial no es un auténtico partido (ni un partido en el gobierno) lo demuestra el hecho de que, como tal, no tiene absolutamente ninguna intervención en la designación de su candidato presidencial, y este hecho, como ningún otro, constituye acaso el principal elemento motor del deterioro y la obsolescencia crecientes del sistema de selección del candidato oficial. No podría imaginarse, en efecto, mayor contradicción que la que se da entre un gigantesco partido de masas como lo es el PRI y un proceso de nominación de candidatos del que es totalmente excluido y que ocurre dentro de un muy reducido y muy exclusivo cenáculo de poder. El triste papel del partido del gobierno se reduce a legitimar, por aclamación de sus masas, las decisiones que se toman en la cúspide y luego a darle el triunfo en las urnas, por las buenas o por las malas (como sucede siempre). Esa extraña relación, sin embargo, tiene la particularidad de que nadie (arriba o abajo) en el campo del oficialismo la pone en discusión. La innovadora propuesta triunfadora en la XIV Asamblea Nacional del PRI de que se consultara a las bases para decidir las candidaturas no estaba pensada por ningún priísta para aplicarse en el caso de la selección de su candidato presidencial. Ahora esos mismos priístas han abjurado de la propuesta y estatutariamente sólo se tomará como base de selección de candidatos en casos de verdadera excepción (lo que quizá quiera decir que nunca) y, de ninguna manera, tratándose de la nominación del candidato presidencial. Esta permanece como asunto exclusivo y excluyente del poder central, al cual es posible que no lo integren más de unos 200 o 300 individuos. No es una dictadura perfecta, como algún atolondrado lo dijo: pero sí podría calificársele como una oligarquía perfecta, si no fuera por su todavía tan eficaz política de masas, ahora renovada bajo los auspicios del Pronasol, y a través de la cual se difuminan el ejercicio y los beneficios de un poder político férreamente centralizado.

Para la próxima ocasión en que este robot de la era de Julio Verne entre en acción, habrá muchos más problemas de los que hoy podemos imaginarnos. Hay cuatro o cinco prospectos de precandidatos oficiales en la imaginación popular y en las especulaciones de los periodistas. Adentro, se podría apostar, todavía no hay ni uno solo. Y no porque no haya ambiciosos que lo deseen, sino porque el recinto de ese colegio cardenalicio es demasiado estrecho y reducido como para que alguno pueda moverse sin pisarle los callos a otros. Algo increíble: sencillamente no hay posibilidades de escoger al mejor. Sólo se puede esperar a ver quién es el afortunado. En el Vaticano hay una verdadera selección y el sistema está diseñado para poder escoger al mejor. Entre nosotros lo que hay es una lotería cuyos resultados dependen del milagro de que las líneas transversales de los intereses de los grandes electores (esos cuantos cientos de privilegiados) se puedan encontrar en un punto, en el cual el presidente toma la palabra y decide por todos. Por supuesto que no es medieval, es mexicano. De ahí ésa su originalidad que a todos nos maravilla.