A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Lorenzo Meyer. Historiador, investigador de El Colegio de México. Su último libro es La segunda muerte de la Revolución Mexicana (Cal y arena).

I

En su ya clásico libro El orden político en las sociedades cambiantes (1968) Samuel P. Huntington dio, entre otras cosas, argumentos a quienes sostenían que el autoritarismo mexicano era, a fin de cuentas, una forma eficiente de concentrar el poder y la energía social, indispensables para encauzar una modernización históricamente tardía.(1) Veintitrés años después, en 1991, ese mismo autor explora lo que, a su juicio, es el evento político de fin de siglo más importante a nivel mundial: la ola democratizadora que ha ahogado a un buen número de sistemas totalitarios, autoritarios y dictatoriales.(2) En efecto, a partir de 1974 -con la Revolución de los Claveles en Portugal-, más de una treintena de países no democráticos han emprendido la tarea de construir sistemas abiertos, plurales y democráticos, tarea, por cierto, que está resultando más difícil de lo que se pensó inicialmente. Esa democratización masiva era simplemente imposible de imaginar hace 23 años, cuando el profesor Huntington exploró el problema de la modernización en sociedades periféricas.

(1)Political Order in Changing Societies (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1968), pp. 315-324.

(2)The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1991).

México, sin embargo, se mantiene hoy como una excepción a la ola democratizadora. La ola no ha llegado a sus playas, porque las estructuras políticas postrevolucionarias que el profesor Huntington analizó -y en cierto sentido legitimó- en 1968, resultaron tan eficientes en la concentración del poder, que han terminado por constituir un resistente rompeolas antidemocrático. Aunque cada vez con mayores dificultades, el presidencialismo autoritario mexicano sigue vigente.

Relativamente modesto y pragmático -no pretendió basarse en ninguna teoría universal ni buscó seguidores- el autoritarismo mexicano ha sabido evitar extremos y por ello pudo echar raíces y prosperar justo al lado de Estados Unidos. Hoy, este autoritarismo nacido de una revolución, se mantiene vivo, mientras que ya son historia el pretensioso y orgulloso totalitarismo soviético y sus derivados en la Europa del Este. El mexicano, vestido de civil, también ha sobrevivido a los autoritarismos llenos de galones y espadas, burocráticos y excluyentes, de América Latina Finalmente, ha hecho las paces con la Iglesia, y ha sobrevivido a los autoritarismos personalistas y católicos de la península ibérica. El autoritarismo mexicano no sólo ha sobrevivido, sino que ha sobrevivido bien; desde el acuerdo Calles-Morrow de fines de los años veinte, no ha sufrido el asedio del mundo externo -como es el caso de Cuba o Corea del Norte-, y ni siquiera ha estado bajo el reflector de la crítica externa, como le ocurre hoy a China.

El autoritarismo mexicano sistemáticamente ha negado que lo sea, ha sido relativamente abierto y flexible, sin ideología, con vocación por la cooptación más que por la represión, y ha ofrecido al mundo externo algo que le ha interesado en extremo: orden y estabilidad. Y con esa misma oferta y bajo esa misma bandera, está hoy tratando de esquivar, o al menos retardar, su encuentro con la ola democratizadora.

II

El tema de este ensayo es 1994, el año del cambio presidencial en México. En 1994 van a coincidir -de hecho están coincidiendo ya- dos procesos de cambio. Uno, previsto y puntual -el cambio presidencial-, y otro imprevisto, de mayor duración y que se inició hace por lo menos una docena de años: el cambio en el modelo de desarrollo o, lo que es lo mismo, de época histórica. Este segundo, inevitablemente, es el gran marco en el que se dará el proceso de transferencia del poder presidencial.

El cambio sexenal en la presidencia tiene reglas -aunque cada vez operan menos- y calendario, pero el otro no. Es verdad que no es posible determinar con exactitud el momento preciso en que se inicia cada cambio sexenal, pero eso poco importa, porque no hay duda sobre el momento de su conclusión. En contraste, el cambio largo, el histórico, sí tiene un punto de partida relativamente claro -el inicio de la crisis económica en 1982- pero no es posible saber cuándo y cómo habrá de concluir. Las reglas del cambio sexenal mexicano quedaron fijas en los años cincuenta, y por un buen tiempo funcionaron como mecanismo de relojería. Sin embargo, hoy ya no es el caso, pues la incertidumbre del cambio histórico le ha afectado: en 1988 el relevo sexenal fue accidentado precisamente porque la relación gobierno-oposición ya no siguió el patrón establecido. En resumen, hoy las viejas reglas del proceso de transmisión del poder presidencial ya no operan, pero las nuevas reglas aún no han sido acordadas, y ese es precisamente el meollo de un problema serio.

Es claro que el control presidencial sobre el proceso de transmisión del mando va a intentar ser tan férreo como siempre, pero hoy el peso de lo imprevisto, de los factores internos y externos que ya no están bajo control presidencial, es mucho mayor que antes. Lorenzo Meyer

En el cambio de fondo, el histórico -ese que pudiera llevar a México a la democracia pero también a otro lado- no hay reglas bien sabidas. La Constitución se ha modificado, y se sigue modificando, por decisión presidencial, pero lo inédito de la situación lleva a que en buena medida los actores jueguen sus papeles de oídas, improvisando, y con desacuerdos constantes.

El problema central de 1994 y del fin de siglo mexicano, es la falta de reglas de juego aceptables y aceptadas por la sociedad y por los principales actores políticos: los partidos, las corporaciones, las organizaciones sociales, los empresarios. No hay, pues, reglas en el cambio grande, y las viejas reglas del cambio chico -el “tapadismo”, el financiamiento del partido de Estado, el control de los medios de comunicación en materia política, la elección sin competencia real y bajo absoluto control gubernamental- están dejando de funcionar y están generando incertidumbre.

Antes de 1988, las reglas del cambio presidencial estaban claras para todos, y era el presidente saliente, y sólo él, quien las aplicaba. Ahora, como parte del cambio de largo plazo, las antiguas reglas sexenales ya no son aceptadas por todos los que participan en el proceso, particularmente las relacionadas con el proceso electoral. Y la razón es que en la mecánica del fin de sexenio se ha introducido algo nuevo: la incertidumbre. Hasta 1988 la característica central del sistema político mexicano era la predictibilidad del proceso de trasmisión del mando en todos sus detalles. Hoy ya no es el caso.

La elección presidencial de 1994 se va llevar a cabo con un marco electoral nuevo, y que sustituye al que apenas se negoció en 1989 y entró en vigor en 1990, pero que no logró dar credibilidad al proceso electoral. Hasta el momento de escribir estas líneas, el corazón de la reforma política propuesta por el gobierno -la nueva ley electoral- es objeto de rechazo por parte de los grandes partidos de oposición. La propuesta, hecha a través del PRI, es una ligera modificación a las reglas vigentes, y sigue favoreciendo abiertamente al partido de Estado. La élite política se resiste a permitir que se introduzca en el sistema político mexicano algo que es consustancial a toda democracia real: la incertidumbre que acompaña a las elecciones competidas. En las democracias bien asentadas hay una gran certidumbre y estabilidad macropolítica -la dan las instituciones y los grandes objetivos-, pero ésta es posible gracias a la aceptación por parte de todos, o casi todos, de la incertidumbre micropolítica, la del juego de grupos y partidos.

En vísperas de 1994, no hay en México reglas acordadas por lodos los que van a competir y recibidas positivamente por la sociedad. Es posible que la reforma política del gobierno sea aprobada sólo por el PRI y los pequeños partidos sostenidos por el gobierno, pero sin la aceptación de la oposición real. Esa oposición, que ha vivido la lucha cuesta arriba que significa disputar en las urnas el poder a un partido de Estado, necesita y tiene derecho a la seguridad sobre la imparcialidad de los órganos electorales y sistemas de calificación (eliminar la autocalificación) para evitar los fraudes e imposiciones del pasado; necesita y demanda transparencia en el manejo de los recursos de los partidos para cortar el grueso cordón umbilical que une al PRI con las arcas públicas y con la gran empresa; necesita y exige que el principal medio masivo de comunicación -la televisión- deje de estar al servicio del gobierno y del PRI, y se convierta en un instrumento imparcial de información y al que tengan acceso efectivo todos los partidos; necesita y demanda que no haya sobrerrepresentación en el Congreso; que el Senado deje de ser casi propiedad exclusiva del PRI, etc. Hasta ahora, sin un acuerdo efectivo sobre estos temas entre gobierno y oposición, 1994 puede ser el año de otra elección sin credibilidad.

En el pasado, la certeza básica que guiaba el proceso de cambio de poderes era la predeterminación de los resultados electorales a todos los niveles: desde el municipal hasta el presidencial. Tal predeterminación era la consecuencia lógica de un sistema de elecciones con partido de Estado y sin competencia real, sólo formal. Ahora bien, como resultado del trauma causado por el espectacular derrumbe del modelo económico estadocéntrico y de mercado protegido, la sociedad mexicana ha generado bases sustantivas para dos partidos de oposición, el PAN y el PRD, y a través de ellos busca acabar con los resultados electorales acordados de antemano. El objetivo final es hacer del gobierno un aparato responsable a las demandas y preferencias de la sociedad, y observador de los marcos legales. Desafortunadamente, la meta es en extremo difícil, sin precedentes. Hasta hoy, y salvo las de 1911, ninguna de las pocas elecciones nacionales realmente competidas que se han dado en México en el siglo XX, ha arrojado resultados creíbles.

El México de hoy continúa viviendo, en lo esencial, dentro de las estructuras políticas forjadas al inicio del largo periodo del autoritarismo postrevolucionario -de la Gran Depresión a la Segunda Guerra Mundial-, pero es claro que esas estructuras son cada vez menos funcionales, cada vez más sospechosas. El sistema autoritario mexicano se resiste a cambiar. En su ya larga vida -los 76 años que nos separan de 1917- este sistema ha creado y sigue creando intereses muy fuertes, que no ven en la democracia una alternativa política deseable sino una amenaza. Sin embargo, como no existe hoy alternativa legítima a la democracia, la actual élite del poder, pragmática como es, no rechaza el objetivo, simplemente ha resuelto prolongar al máximo el proceso de desmantelamiento del autoritarismo.

La lucha de la oposición en un sistema como el mexicano es particularmente difícil, pero, en última instancia, resulta que es esa oposición la que tiene la clave de la credibilidad del proceso electoral y de la legitimidad del gobierno. Una negativa a aceptar como válidos los resultados de la elección presidencial del año entrante, encontraría apoyo, entre otros, en la propia historia. Una historia llena de fraudes, cuyos momentos culminantes son 1929, 1940, 1952 y 1988, y a cuyo lado corren paralelas y en el mismo sentido, una infinidad de historias locales.

III

Desde sus inicios, el proceso de sucesión presidencial tiende a hacer aflorar las tensiones inherentes al sistema político. En México, cuando no había oposición, la verdadera disputa por el poder se dio dentro del propio grupo gobernante. Cuando la élite tiene que proceder a cambiar a su líder -y con él a miles de sus cuadros intermedios- afloran sus contradicciones y conflictos acumulados. Fue justamente al calor del conflicto generado por la sucesión presidencial que surgieron las grandes rebeliones postrevolucionarias: Agua Prieta, el delahuertismo y el escobarismo. Y fue igualmente en esa coyuntura del cambio interno que ciertas fracturas de la élite se transformaron en movimientos de oposición electoral: vasconcelismo, almazanismo, padillismo, henriquismo y, en fecha más reciente, el cardenismo.

La tensión y el conflicto interno al fin de cada ejercicio presidencial es, pues, inevitable. La razón se encuentra en la naturaleza misma de la presidencia. Al final de cada periodo gubernamental, la presidencia, temporal pero inevitablemente, se debilita y las fuerzas centrífugas adquieren mayor importancia. En efecto, con el nombramiento del candidato oficial para el siguiente periodo, el presidente en funciones empieza a perder parte del gran poder acumulado, y quien le sucederá aún no puede asumirlo plenamente. Es en esa coyuntura de cambio de guardia cuando se crean, por un corto tiempo, vacíos de poder; vacíos que permiten a las fuerzas e intereses dentro y fuera de la coalición gobernante, tratar de ganar y consolidar posiciones antes de que la disciplina presidencial vuelva a imponerse. En 1993-1994 seguramente se va a repetir este aflorar de tensiones, pero con la variante de que la lucha se dará -de hecho se da ya-, tanto dentro como fuera del partido del Estado.

El cerrado o compacto grupo que desde la presidencia encabeza hoy la revolución neoliberal mexicana, ha tenido un éxito notable en negociar y obtener el apoyo del gran capital privado nacional y extranjero, el de la Iglesia católica y también el de los gobiernos de las grandes potencias, particularmente de Estados Unidos. La recuperación del consumo (por la vía del déficit comercial) y el control de la inflación, ha devuelto a una parte de la clase media al conjunto de las bases gubernamentales. Finalmente, por la vía del Programa Nacional de Solidaridad, la presidencia ha reestablecido el control político sobre una buena parte de los sectores populares. En tales condiciones, es probable que si la economía no sufre un descalabro mayor de aquí al día de las elecciones -cosa que puede suceder-, la alianza forjada a la sombra del presidencialismo salinista pueda mantener la disciplina entre sus filas e imponer a la oposición su solución al cambio sexenal de 1994. Sin embargo, no se pueden descartar del todo nuevos desprendimientos dentro del PRI ni una revitalización de la oposición. En cualquier caso, esa oposición ya arraigó, y tendrá que ser tomada en cuenta e incorporada mediante el cambio de las instituciones electorales.

Hasta este momento -mediados de 1993- las próximas elecciones no se perfilan como la coyuntura que permitirá el tan deseado o temido, según el caso, cambio en la naturaleza del régimen. Sin embargo, el debilitamiento del añejo autoritarismo postrevolucionario y su pérdida relativa de legitimidad interna y externa, hacen que variables que antes no hubieran podido tener una importancia central en el proceso de sucesión, ahora sí lo tengan: el TLC, la recesión de la economía norteamericana o el enorme déficit externo, para mencionar las más obvias. Es claro que el control presidencial sobre el proceso de transmisión del mando va a intentar ser tan férreo como siempre, pero hoy el peso de lo imprevisto, de los factores internos y externos que ya no están bajo control presidencial, es mucho mayor que antes. Y ante esos imprevistos, la ausencia o presencia de credibilidad en el sistema y sus instituciones puede adquirir una dimensión nueva, pues la sociedad civil mexicana es hoy más activa y consciente de su fuerza e intereses que en el pasado.

IV

Tener credibilidad política significa, entre otras cosas, que la mayor parte del tiempo la mayoría de los ciudadanos aceptan como real y legítima la verdad oficial. Otra manera de definir credibilidad es un alto grado de confianza y respeto de los gobernados hacia sus instituciones -sus fines y medios- y las personas que las dirigen. Ahora bien, el problema es que la opinión pública mexicana tiende -como resultado de la experiencia-, a tomar con reservas las declaraciones y programas de los líderes políticos, las cifras e indicadores oficiales, los lemas y programas del partido del Estado, la vigencia de un Estado de derecho, la veracidad de lo asegurado en los medios masivos de comunicación y, sobre todo y en primer lugar… de los resultados electorales.

La persistencia de la desconfianza de la sociedad frente al grueso de sus instituciones -en primer lugar las públicas, pero también las privadas- y los líderes, es uno de los grandes obstáculos para llegar a la modernidad tan deseada.

La alta de confianza del público mexicano en su estructura institucional es algo evidente, confirmado por los datos. Una encuesta aparecida a fines de 1991 en la revista Este País, dio por resultado que las únicas instituciones en las que la mitad o más de los mexicanos dijeron confiar, fueron sólo tres y en este orden: la familia, la iglesia y la escuela. Fuera de estas tres, todo es duda y falta de confianza. Así, únicamente un tercio (32%) declaró confiar en el sistema legal que nos rige y supuestamente nos protege; un raquítico 16% dijo confiar en el Congreso; y apenas poco más de uno de cada diez mexicanos (12%) aceptó confiar en el proceso político en general. Así pues, para el 88% de los encuestados, la actividad política -esa que hace dos milenios y medio Aristóteles consideró la base insustituible de las virtudes y la felicidad colectivas- no es fuente de esperanza sino de lo opuesto.(3) El nivel de desconfianza y rechazo de la política -de sus actores e instituciones- entre los mexicanos encuestados en 1991, resultó ser mayor de la que cuatro años antes había encontrado Enrique Alduncin Abitia. En 1987, a la pregunta de si se debería tener plena confianza en los gobernantes, poco menos de la mitad de los encuestados (el 48%) respondió de manera positiva en tanto que el 43% se mostró en desacuerdo.(4) En ese mismo estudio se presentó una lista de 29 ocupaciones o figuras públicas que iban desde el presidente, el médico y el profesor universitario, hasta el líder político, el burócrata, el periodista y el policía. El presidente ocupó justamente el lugar intermedio en el nivel de aceptación (el 15o.), muy por debajo del médico, el profesor, el sacerdote o el banquero, y apenas arriba del burócrata, el gobernador, el periodista o el policía; para sorpresa de nadie, este último, el policía -el supuesto brazo armado de la ley- ocupó el lugar más bajo en la escala de aceptación social.(5)

(3)Este País (agosto 1991), p. 5.

(4) Alduncin Abitia, Enrique, Los valores de los mexicanos. T. II, México en tiempos de cambio (México: Fomento Cultural Banamex, A.C., 1991), p. 188.

(5) Idem, pp. 155-157.

En 1994, el problema político inmediato será la confianza del ciudadano en relación al respeto de su voto. Se ha dicho que la democracia no se agota en el voto. Efectivamente, el voto no define el objetivo o contenido de la democracia, pues se trata de un mero procedimiento. Pero en cualquier democracia moderna la competencia electoral es el mecanismo insustituible para proceder a la selección de los líderes.(6) Si el procedimiento electoral -el cimiento de la democracia- no es confiable -sólido-, el resto del magnífico edificio que pudiera albergar a la democracia sustantiva, al verdadero objetivo, simplemente no puede existir.

(6) Huntington, Samuel P., Democratization in…, op. cit., p. 6.

En la encuesta de 1991, menos de la mitad de los entrevistados (42%) respondió positivamente a la pregunta “¿Cree usted que se respetará el voto en la próxima elección?”.(7) A pregunta más concreta hecha en 1989 por The Los Angeles Times, el 73% de los encuestados declaró que no creía o al menos dudaba de la veracidad de los resultados oficiales de la elección presidencial de 1988. (8) En resumen, si como lo muestran los datos, más de la mitad de los mexicanos no tienen confianza en el respeto del voto; las instituciones que dicen basarse en él tienen una falla estructural en sus cimientos.

(7) Este País, op. cit., p. 6.

(8) Citado en: Castañeda, Jorge G., La casa por la ventana. México y América Latina después de la guerra fría (México: Cal y arena, 1993), p. 152.

En 1994 no se puede tratar de recuperar la confianza ciudadana en el voto sino de algo más importante: construirla, pues con la excepción de 1911, nunca ha existido. Desde que se instituyeron los procedimientos electorales en el siglo XIX, el voto careció de significado sustantivo en México. Siempre se le manipuló y las elecciones fueron meros procedimientos sin contenido.

En México, la desconfianza frente al mecanismo electoral, y frente a las estructuras políticas en general, es sólo parte de una desconfianza más amplia, y que se encuentra en el centro de la cultura cívica mexicana. Un estudio de opinión llevado a cabo en 1982 -justamente cuando se iniciaba la gran crisis de las estructuras económicas y políticas post- revolucionarias-, deja en claro que el primer gran principio que guía a los mexicanos en su relación mutua, es el de la desconfianza.(9) Y la situación no había variado cuando se llevó a cabo la encuesta de 1991. (10) Un pasado histórico de explotación colonial descarnada, una estructura social particularmente desequilibrada, y un sistema de gobierno oligárquico primero y autoritario y de “partido casi único” después, han sido algunos de los factores que han engendrado esa cultura de la desconfianza. Con este trasfondo y sin reglas claras, la elección de 1994 puede ser simplemente un remache más de esa desconfianza colectiva.

(9) Hernández Medina, Alberto y Luis Narro Roodríguez (coords.): Cómo somos los mexicanos (México: Centro de Estudios Educativos, A.C., 1987), p. 81.

(10) En la encuesta de Este País, sólo el 34% de los encuestados respondió de manera positiva a la pregunta sobre la confianza que se debería tener a las personas en general, op. cit., p. 5.

V

Todos los indicadores de los que se dispone -la ley electoral, su proyecto de reforma, las elecciones locales, el discurso oficial, el proceso de selección del candidato oficial, la actitud de la oposición, el apoyo del gran capital interno y externo al presidente Salinas, etc.-, llevan a dudar que 1994 vaya a ser el año en que la ola democrática llegue a las costas mexicanas. El partido del Estado, aunque debilitado, muestra su voluntad de seguir siendo lo que siempre ha sido: una enorme maquinaria sostenida directa e indirectamente por la fuerza y los recursos del Estado, para la cual la idea de la alternancia en el poder es inaceptable. La competencia electoral que se avecina, apunta a que ésta será una lucha tan desigual como siempre lo ha sido. Desde las alturas del poder, se ve posible otorgar algunos espacios a la oposición que apoya – gubernaturas y una mayor presencia en los cuerpos legislativos- pero de ninguna manera el poder mismo. Desde esta perspectiva, la presidencia estará en disputa en 1994 sólo en teoría, pues en la práctica existe la decisión de que esa institución quede otra vez en manos del designado por el presidente saliente, y de nadie más.

Ningún sistema político mantiene un nivel aceptable de apoyo sólo con base en los resultados materiales, tangibles e inmediatos de la gestión de gobierno. El apoyo de la sociedad al régimen y al gobierno depende también de la legitimidad que tengan los objetivos hacia los cuales encamina el gobierno las energías de la sociedad, y los medios para lograrlos. (11)

(11) Easton David, A System Analysis of Political Life (Nueva York: John Wiley & Sons, 1951. pp. 153-229.

En el México actual, las metas formales del neoliberalismo no parecieran ser ya objeto de rechazo por el grueso de la sociedad -eficacia económica, Estado con energías concentradas en lo esencial, democracia política y solidaridad-, de tal manera que el cambio de partido en el poder no significaría abandonar lo hecho y empezar de nuevo. En realidad, el problema consiste en que algunos de los objetivos formales no son necesariamente reales. Y, peor aún, algunos de los reales no son legítimos. Uno de estos últimos es justamente el de limitar la competencia por el poder mediante el sostenimiento de un sistema de partido de Estado. 

Si el desempeño del gobierno en el proceso de transformación económica no topa con grandes obstáculos entre hoy y el día de las elecciones, es posible que el déficit de legitimidad que puede significar la continuación de elecciones con los dados cargados, no produzca mayores problemas. Como bien lo señalara José Agustín Ortiz Pinchetti, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá -si se logra-, con un gasto social alto y bien dirigido por los canales del PRONASOL, y con la inflación bajo control, el gobierno de Carlos Salinas confía en poder “comprar” la elección de 1994.(12) Usando la misma lógica, resulta que si la coyuntura económica se tornara difícil, es difícil suponer también que el sistema contaría con un capital político de buena voluntad entre los gobernados como para sacar adelante su proyecto electoral sin tener que recurrir a la imposición.

(12) Ortiz Pinchetti, José Agustín, “Cómo defender el campeonato de todos los pesos”, en La Jornada (junio 27, 1993).

El que 1994 sea una cuenta más en el rosario de triunfos del presidencialismo autoritario mexicano, depende, como pocas veces, del comportamiento de la economía. Y la salud de la economía, a su vez, depende mucho del factor externo, factor sobre el que México tiene muy poca influencia. Ante el mayor grado de incertidumbre proveniente del ambiente exterior, el sistema debería reforzar ciertas variables internas no económicas y que sí controla: y una de ellas es precisamente la legitimidad. Un país realmente estable sólo puede serlo si cuenta con un sistema político y un gobierno, con la suficiente dosis de legitimidad, como para que ambos sean objeto de apoyo por parte de la sociedad, incluso cuando haya que pedirle sacrificios, disminuir las prestaciones y au- mentar las obligaciones. Las reservas de buena voluntad de los gobernados hacia el régimen y el gobierno requieren de credibilidad y legitimidad. Y ambas se adquieren, entre otras formas, a través de procesos electorales justos, claros, y sin trampas. Un verdadero estadista vería a 1994 desde esta perspectiva.